En la madrugada de hoy, un lamentable incidente sacudió la tranquilidad en la carretera el Cobre en Machalí, Región de O'Higgins, cuando un bus que transportaba aproximadamente a 48 personas hacia la faena de División El Teniente de Codelco se vio envuelto en llamas. Según las primeras investigaciones llevadas a cabo por Carabineros, individuos desconocidos instalaron neumáticos y barricadas en el kilómetro 10 de la mencionada ruta, desencadenando el incendio del vehículo. El Mayor Cristian Vargas, comisario de la 3ª Comisaría de Rancagua Oriente, señaló que las causas del incendio aún están bajo investigación, mientras que el delegado presidencial de O’Higgins, Fabio López, anunció la presentación de una querella criminal para perseguir a los responsables. El Ministerio del Interior y esta Delegación Presidencial presentaremos en las próximas horas una querella en los tribunales competentes contra quienes resulten responsables, dado que debemos garantizar la seguridad y tranquilidad de la ciudadanía y de cada uno de los trabajadores , subrayó López, resaltando la gravedad del suceso. Por su parte, Codelco División El Teniente expresó su rechazo ante los hechos. Codelco El Teniente informa que en el transcurso del día presentará ante los tribunales competentes una querella en contra de quienes resulten responsables y que aportará todos los antecedentes con que cuenta para el esclarecimiento de los hechos y la búsqueda de los responsables. En respuesta a este incidente, se llevaron a cabo reuniones entre autoridades regionales, representantes de Codelco y Carabineros, con el fin de coordinar acciones preventivas para evitar la repetición de estos eventos y garantizar la seguridad tanto de los trabajadores como de la comunidad en general.
La Sala de la Cámara de Diputados y Diputadas ha aprobado por mayoría la creación de una comisión investigadora destinada a esclarecer las actuaciones de las Fuerzas Armadas en relación con el ejercicio militar llevado a cabo en Putre, que resultó en la muerte del conscripto Franco Vargas y dejó a otros soldados enfermos e incluso hospitalizados. La aprobación de esta comisión investigadora se fundamenta en el deseo de arrojar luz sobre los eventos que rodearon el fatídico ejercicio militar y determinar posibles responsabilidades. Según consignó La Radio, el Partido Comunista e Independientes tienen previsto presentar un proyecto de ley de reforma al Código de Justicia Militar para excluir del ámbito de esta jurisdicción las actuaciones relacionadas con conscriptos o voluntarios en servicio militar activo. Esto supondría limitar la competencia de la justicia militar a casos que involucren únicamente a efectivos militares profesionales. La votación en la Cámara de Diputados reflejó una clara mayoría a favor de la creación de la comisión investigadora, con 65 votos a favor, 3 en contra y siete abstenciones. Los diputados Jorge Guzmán, Cristóbal Martínez y Francisco Undurraga votaron en contra, mientras que Gustavo Benavente, Sergio Bobadilla, Juan Antonio Coloma, Eduardo Cornejo, Juan Fuenzalida, Christian Matheson y Hotuiti Teao se abstuvieron. Por otro lado, el Tribunal de Garantía de Arica ha decidido que la justicia civil continúe con el caso de los conscriptos y la muerte del soldado Franco Vargas. No obstante, la decisión final recae en la Corte Suprema, que deberá determinar si la causa permanece en la justicia civil o se traslada a la justicia militar.
En una entrevista matinal con radio Duna este miércoles, el presidente de la Asociación Nacional de Fiscales del Ministerio Público, Francisco Bravo, defendió la labor realizada por el fiscal José Morales de la Fiscalía Metropolitana Centro Norte en el caso contra el ex comandante en jefe del Ejército, Juan Miguel Fuente-Alba. La defensa surge luego de que Fuente-Alba y su esposa, Anita Pinochet, resultaran absueltos en el juicio oral por lavado de activos. Bravo enfatizó que en la formalización de la investigación, el Ministerio Público actúa ante los tribunales de garantía, quienes dictan las medidas cautelares, y que estas decisiones son revisadas por diversos niveles judiciales, incluyendo los tribunales superiores y las cortes de apelaciones. Aquí nosotros no actuamos solos en el proceso penal , destacó. Bravo recordó que el Consejo de Defensa del Estado también participó en el caso y sostuvo la misma acusación que el Ministerio Público, respaldada con la misma prueba durante los nueve meses del juicio. Además, señaló que nuestra opinión es que había elementos suficientes para dar por establecido tanto el delito de malversación de caudales, que es el delito base o precedente, como técnicamente se denomina, y el lavado de dinero, que es un tipo penal o es un delito que es complejo de entenderlo y es complejo también de probar en el sentido de que la prueba generalmente del lavado de dinero es lo que se denomina prueba indirecta Por otro lado, en una conversación con radio Agricultura, el fiscal Eugenio Campos, director de la Unidad Anticorrupción, Lavado de Activos y Probidad Interna de la Fiscalía Nacional, abordó las críticas surgidas tras la decisión del 4° Tribunal Oral en lo Penal de Santiago. Campos destacó la importancia de esperar el fallo para poder opinar con propiedad en el tema. Lo que tenemos el día de hoy es efectivamente un veredicto de un tribunal en el cual no logró convicción respecto a la existencia de ese delito. Tenemos que esperar una lectura de fallo para ver todo el razonamiento de la prueba que hizo el tribunal, del Ministerio Público, del Consejo de Justicia del Estado, como también de la defensa. Entonces, desde ahí, el Ministerio Público tendrá que analizar para ver si existe mérito o no para poder recurrir de nulidad , afirmó Campos. Nosotros no nos miramos el ombligo todos los días diciendo que lo hacemos fantástico y cada minuto, con rigurosidad, vemos cómo podemos mejorar el desarrollo de las investigaciones y esta será también otra oportunidad más para ello , añadió.
La protesta por parte de los camioneros del norte del país ya lleva 12 horas en curso. La movilización, que se ha declarado de carácter indefinido, tiene como motivo principal elaumento de la inseguridad en la nación sudamericana. La Confederación Fuerza del Norte encabezó el llamado a la protesta, sin embargo, no recibió el respaldo esperado de otros gremios importantes del sector, como la Confederación Nacional Gremial de Dueños de Camiones (CNDC) o la Confederación Nacional Del Transporte De Carga (CNTC). A pesar de ello, según información preliminar, camiones estarían bloqueando rutas en regiones clave como Antofagasta, Coquimbo y en la Ruta 5 Sur en la Región Metropolitana. En medio de este escenario, autoridades locales han intentado mantener la calma y asegurar el normal funcionamiento de las actividades. Karen Behrens, delegada presidencial de Antofagasta, destacó la situación de tranquilidad en la región y afirmó que se está trabajando estrechamente con los comercios para garantizar el abastecimiento de la población. Además, informó que el suministro de combustibles está garantizado al 100% en toda la región, gracias a un esfuerzo coordinado con Carabineros para mantener la seguridad en rutas y puntos críticos. Por su parte, Galo Luna, delegado presidencial de la Región de Coquimbo, señaló la existencia de tres puntos de corte en carreteras dentro de su jurisdicción. En estos lugares, los camiones bloquean parcialmente el tráfico, aunque se permite la circulación en ambos sentidos en algunos casos, como en El Panul. A pesar de la disposición al diálogo por parte del Gobierno, expresada por Luna, las demandas de los manifestantes parecen ir más allá de las preocupaciones cotidianas del sector. La Confederación Fuerza del Norte presentó un documento con una serie de exigencias al Gobierno, entre las que se incluyen medidas como el cierre de fronteras, la expulsión de extranjeros con antecedentes penales y el establecimiento de puntos de seguridad vial.
En una decisión unánime, el Cuarto Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Santiago ha absuelto al ex comandante en Jefe del Ejército, Juan Miguel Fuente-Alba, y a su esposa, Ana María Pinochet, del delito de lavado de activos. La sentencia final se dará a conocer el próximo lunes 5 de agosto, anunciaron los magistrados tras la lectura del veredicto. La jueza Carolina Escandón, al leer el veredicto, destacó que no se pudo establecer una conexión directa entre el delito base y las maniobras de lavado de activos, específicamente relacionadas con la inyección de efectivo en cuentas corrientes y tarjetas de crédito. Esta declaración llega después de que el Ministerio Público acusara al matrimonio de utilizar fondos provenientes de los gastos reservados del Ejército para su beneficio personal. Durante el juicio, se presentaron detalles sobre cómo supuestamente Fuente-Alba y su esposa desviaron grandes sumas de dinero hacia cuentas personales, utilizándolas para la adquisición de vehículos, pagos de pie para departamentos, entre otros gastos. El fiscal centro norte, José Morales, durante los alegatos de clausura, destacó la frecuencia inusual de las operaciones en efectivo realizadas por Fuente-Alba, señalando que fue cada dos días al banco , lo cual levantó sospechas sobre la conducta del exuniformado. Sin embargo, durante la lectura de la sentencia, el tribunal cuestionó varios aspectos de la investigación liderada por el Ministerio Público. En particular, se señaló una falta de profundización en el análisis de los movimientos de las tarjetas de crédito de Fuente-Alba, lo que dificultó seguir el rastro completo de los fondos y confirmar las fuentes de ingresos y egresos. Además, se criticó el rol del comisario de la Policía de Investigaciones (PDI) Claudio Escobedo, argumentando que no se dieron cuenta de las diligencias realizadas sobre el delito de lavado de activos, y se destacó la necesidad de evidencias sólidas y antecedentes verificables para respaldar las conclusiones de manera contundente. En este contexto, se plantearondudas razonables sobre la solidez de la imputación, especialmente en relación con la inconsistencia entre el análisis patrimonial realizado por el perito Cristian Álvarez y la acusación presentada, desde el punto de vista del incremento patrimonial.
En la madrugada de hoy, un lamentable incidente sacudió la tranquilidad en la carretera el Cobre en Machalí, Región de O'Higgins, cuando un bus que transportaba aproximadamente a 48 personas hacia la faena de División El Teniente de Codelco se vio envuelto en llamas. Según las primeras investigaciones llevadas a cabo por Carabineros, individuos desconocidos instalaron neumáticos y barricadas en el kilómetro 10 de la mencionada ruta, desencadenando el incendio del vehículo. El Mayor Cristian Vargas, comisario de la 3ª Comisaría de Rancagua Oriente, señaló que las causas del incendio aún están bajo investigación, mientras que el delegado presidencial de O’Higgins, Fabio López, anunció la presentación de una querella criminal para perseguir a los responsables. El Ministerio del Interior y esta Delegación Presidencial presentaremos en las próximas horas una querella en los tribunales competentes contra quienes resulten responsables, dado que debemos garantizar la seguridad y tranquilidad de la ciudadanía y de cada uno de los trabajadores , subrayó López, resaltando la gravedad del suceso. Por su parte, Codelco División El Teniente expresó su rechazo ante los hechos. Codelco El Teniente informa que en el transcurso del día presentará ante los tribunales competentes una querella en contra de quienes resulten responsables y que aportará todos los antecedentes con que cuenta para el esclarecimiento de los hechos y la búsqueda de los responsables. En respuesta a este incidente, se llevaron a cabo reuniones entre autoridades regionales, representantes de Codelco y Carabineros, con el fin de coordinar acciones preventivas para evitar la repetición de estos eventos y garantizar la seguridad tanto de los trabajadores como de la comunidad en general.
La Sala de la Cámara de Diputados y Diputadas ha aprobado por mayoría la creación de una comisión investigadora destinada a esclarecer las actuaciones de las Fuerzas Armadas en relación con el ejercicio militar llevado a cabo en Putre, que resultó en la muerte del conscripto Franco Vargas y dejó a otros soldados enfermos e incluso hospitalizados. La aprobación de esta comisión investigadora se fundamenta en el deseo de arrojar luz sobre los eventos que rodearon el fatídico ejercicio militar y determinar posibles responsabilidades. Según consignó La Radio, el Partido Comunista e Independientes tienen previsto presentar un proyecto de ley de reforma al Código de Justicia Militar para excluir del ámbito de esta jurisdicción las actuaciones relacionadas con conscriptos o voluntarios en servicio militar activo. Esto supondría limitar la competencia de la justicia militar a casos que involucren únicamente a efectivos militares profesionales. La votación en la Cámara de Diputados reflejó una clara mayoría a favor de la creación de la comisión investigadora, con 65 votos a favor, 3 en contra y siete abstenciones. Los diputados Jorge Guzmán, Cristóbal Martínez y Francisco Undurraga votaron en contra, mientras que Gustavo Benavente, Sergio Bobadilla, Juan Antonio Coloma, Eduardo Cornejo, Juan Fuenzalida, Christian Matheson y Hotuiti Teao se abstuvieron. Por otro lado, el Tribunal de Garantía de Arica ha decidido que la justicia civil continúe con el caso de los conscriptos y la muerte del soldado Franco Vargas. No obstante, la decisión final recae en la Corte Suprema, que deberá determinar si la causa permanece en la justicia civil o se traslada a la justicia militar.
En una entrevista matinal con radio Duna este miércoles, el presidente de la Asociación Nacional de Fiscales del Ministerio Público, Francisco Bravo, defendió la labor realizada por el fiscal José Morales de la Fiscalía Metropolitana Centro Norte en el caso contra el ex comandante en jefe del Ejército, Juan Miguel Fuente-Alba. La defensa surge luego de que Fuente-Alba y su esposa, Anita Pinochet, resultaran absueltos en el juicio oral por lavado de activos. Bravo enfatizó que en la formalización de la investigación, el Ministerio Público actúa ante los tribunales de garantía, quienes dictan las medidas cautelares, y que estas decisiones son revisadas por diversos niveles judiciales, incluyendo los tribunales superiores y las cortes de apelaciones. Aquí nosotros no actuamos solos en el proceso penal , destacó. Bravo recordó que el Consejo de Defensa del Estado también participó en el caso y sostuvo la misma acusación que el Ministerio Público, respaldada con la misma prueba durante los nueve meses del juicio. Además, señaló que nuestra opinión es que había elementos suficientes para dar por establecido tanto el delito de malversación de caudales, que es el delito base o precedente, como técnicamente se denomina, y el lavado de dinero, que es un tipo penal o es un delito que es complejo de entenderlo y es complejo también de probar en el sentido de que la prueba generalmente del lavado de dinero es lo que se denomina prueba indirecta Por otro lado, en una conversación con radio Agricultura, el fiscal Eugenio Campos, director de la Unidad Anticorrupción, Lavado de Activos y Probidad Interna de la Fiscalía Nacional, abordó las críticas surgidas tras la decisión del 4° Tribunal Oral en lo Penal de Santiago. Campos destacó la importancia de esperar el fallo para poder opinar con propiedad en el tema. Lo que tenemos el día de hoy es efectivamente un veredicto de un tribunal en el cual no logró convicción respecto a la existencia de ese delito. Tenemos que esperar una lectura de fallo para ver todo el razonamiento de la prueba que hizo el tribunal, del Ministerio Público, del Consejo de Justicia del Estado, como también de la defensa. Entonces, desde ahí, el Ministerio Público tendrá que analizar para ver si existe mérito o no para poder recurrir de nulidad , afirmó Campos. Nosotros no nos miramos el ombligo todos los días diciendo que lo hacemos fantástico y cada minuto, con rigurosidad, vemos cómo podemos mejorar el desarrollo de las investigaciones y esta será también otra oportunidad más para ello , añadió.
La protesta por parte de los camioneros del norte del país ya lleva 12 horas en curso. La movilización, que se ha declarado de carácter indefinido, tiene como motivo principal elaumento de la inseguridad en la nación sudamericana. La Confederación Fuerza del Norte encabezó el llamado a la protesta, sin embargo, no recibió el respaldo esperado de otros gremios importantes del sector, como la Confederación Nacional Gremial de Dueños de Camiones (CNDC) o la Confederación Nacional Del Transporte De Carga (CNTC). A pesar de ello, según información preliminar, camiones estarían bloqueando rutas en regiones clave como Antofagasta, Coquimbo y en la Ruta 5 Sur en la Región Metropolitana. En medio de este escenario, autoridades locales han intentado mantener la calma y asegurar el normal funcionamiento de las actividades. Karen Behrens, delegada presidencial de Antofagasta, destacó la situación de tranquilidad en la región y afirmó que se está trabajando estrechamente con los comercios para garantizar el abastecimiento de la población. Además, informó que el suministro de combustibles está garantizado al 100% en toda la región, gracias a un esfuerzo coordinado con Carabineros para mantener la seguridad en rutas y puntos críticos. Por su parte, Galo Luna, delegado presidencial de la Región de Coquimbo, señaló la existencia de tres puntos de corte en carreteras dentro de su jurisdicción. En estos lugares, los camiones bloquean parcialmente el tráfico, aunque se permite la circulación en ambos sentidos en algunos casos, como en El Panul. A pesar de la disposición al diálogo por parte del Gobierno, expresada por Luna, las demandas de los manifestantes parecen ir más allá de las preocupaciones cotidianas del sector. La Confederación Fuerza del Norte presentó un documento con una serie de exigencias al Gobierno, entre las que se incluyen medidas como el cierre de fronteras, la expulsión de extranjeros con antecedentes penales y el establecimiento de puntos de seguridad vial.
En una decisión unánime, el Cuarto Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Santiago ha absuelto al ex comandante en Jefe del Ejército, Juan Miguel Fuente-Alba, y a su esposa, Ana María Pinochet, del delito de lavado de activos. La sentencia final se dará a conocer el próximo lunes 5 de agosto, anunciaron los magistrados tras la lectura del veredicto. La jueza Carolina Escandón, al leer el veredicto, destacó que no se pudo establecer una conexión directa entre el delito base y las maniobras de lavado de activos, específicamente relacionadas con la inyección de efectivo en cuentas corrientes y tarjetas de crédito. Esta declaración llega después de que el Ministerio Público acusara al matrimonio de utilizar fondos provenientes de los gastos reservados del Ejército para su beneficio personal. Durante el juicio, se presentaron detalles sobre cómo supuestamente Fuente-Alba y su esposa desviaron grandes sumas de dinero hacia cuentas personales, utilizándolas para la adquisición de vehículos, pagos de pie para departamentos, entre otros gastos. El fiscal centro norte, José Morales, durante los alegatos de clausura, destacó la frecuencia inusual de las operaciones en efectivo realizadas por Fuente-Alba, señalando que fue cada dos días al banco , lo cual levantó sospechas sobre la conducta del exuniformado. Sin embargo, durante la lectura de la sentencia, el tribunal cuestionó varios aspectos de la investigación liderada por el Ministerio Público. En particular, se señaló una falta de profundización en el análisis de los movimientos de las tarjetas de crédito de Fuente-Alba, lo que dificultó seguir el rastro completo de los fondos y confirmar las fuentes de ingresos y egresos. Además, se criticó el rol del comisario de la Policía de Investigaciones (PDI) Claudio Escobedo, argumentando que no se dieron cuenta de las diligencias realizadas sobre el delito de lavado de activos, y se destacó la necesidad de evidencias sólidas y antecedentes verificables para respaldar las conclusiones de manera contundente. En este contexto, se plantearondudas razonables sobre la solidez de la imputación, especialmente en relación con la inconsistencia entre el análisis patrimonial realizado por el perito Cristian Álvarez y la acusación presentada, desde el punto de vista del incremento patrimonial.