














Alcalde Manouchehri difunde video con IA que podría ser violencia laboral
La abogada María José Lira advierte que la publicación del alcalde de Coquimbo, utilizando inteligencia artificial para mostrar al administrador municipal de La Serena, Gonzalo Arceu, podría ser motivo de investigación por la Contraloría y, en caso de dictamen negativo, llevar a su destitución. Asimismo, destaca la necesidad de activar medidas de protección para el funcionario afectado por parte del municipio serenense.
9 de junio de 2026
La polémica en torno a un video generado con inteligencia artificial que muestra al administrador municipal de La Serena, Gonzalo Arceu, ha tomado un nuevo rumbo tras las advertencias de una especialista en derecho público. Según la experta, los hechos podrían estar en violación de la Ley Karin, que sanciona ciertas conductas.
El conflicto se desencadenó luego de que el alcalde de Coquimbo, Ali Manouchehri, compartiera en redes sociales un video creado con inteligencia artificial donde aparecen caricaturizados Arceu y el administrador municipal de Coquimbo, David Díaz. Este video surgió en medio de un debate sobre la instalación de un casino en La Serena.
María José Lira, abogada y magíster en Derecho Público, señaló que este caso podría constituir violencia laboral en el entorno digital. Según sus palabras: "Desde la perspectiva del derecho, este caso es un claro ejemplo de violencia laboral en el entorno digital, una conducta tipificada y sancionada por la Ley Karin". Explicó que la normativa protege a los funcionarios públicos frente a agresiones incluso de terceros ajenos a la relación laboral.
Lira también mencionó que, dado que el presunto responsable es una autoridad comunal en ejercicio, la denuncia debería presentarse ante la Contraloría General de la República. Además, destacó que la responsabilidad del autor no exime a la institución empleadora del funcionario afectado de actuar para protegerlo.
Entre las posibles consecuencias para la autoridad denunciada, Lira indicó que los actos podrían tener implicancias relacionadas con el principio de probidad administrativa. En caso de confirmarse los hechos, un dictamen desfavorable de la Contraloría podría llevar al concejo municipal a evaluar acciones contra el alcalde.
Fuente: DiarioElDia Región































