El reporte de la Superintendencia de Educación analiza 2015, el último año antes de la vigencia de la Ley de Inclusión el 1 de marzo pasado, y se basa en 490 denuncias recibidas por la institución a nivel nacional. Las cifras se dieron a conocer en el seminario La inclusión me incluye: Hacia una disciplina formativa en la escuela, realizado en el Aula Magna de la Universidad Católica de Chile, actividad encabezada por el Superintendente de Educación, Alexis Ramírez.

En lo que va de 2016, la Superintendencia recibió hasta el momento 78 expedientes de expulsión y 207 denuncias por esta causa de parte de padres y apoderados. En nuestra región la entidad declara que se registra solamente 1 caso por expediente de expulsión. La SIE añade que este mecanismo consiste cuando un colegio informa a la Superintendencia de Educación que aplicó la medida de expulsión. La entidad fiscalizadora revisa si esa medida se ajusta a la normativa. Hasta el momento no se registran denuncias de apoderados por esta temática.

La Ley de Inclusión contempla la medida de expulsión y cancelación de matrícula ante situaciones graves, precisando, sin embargo, que éstas “solo podrán aplicarse cuando sus causales estén claramente descritas en el Reglamento Interno del establecimiento, afecten gravemente la convivencia escolar o integridad de algún miembro de la comunidad educativa y se aplique el procedimiento señalado en la ley”, declara Víctor Alvarado Zepeda, director regional de la Superintendencia de Educación.

La normativa precisa, asimismo, que la aplicación de esta sanción, de carácter extremo y excepcional, debe estar sujeta al debido proceso, con etapas de reconsideración, y ajustada a los principios de proporcionalidad y no discriminación arbitraria; con previa comunicación a los padres de la inconveniencia de estas conductas y sus posibles sanciones, junto a acciones de apoyo pedagógico y psicosocial a los estudiantes afectados.

Estadísticas nacionales

Un desglose de las cifras revela que a nivel nacional el 62%  de las sanciones aplicadas por los establecimientos obedece a la acumulación de faltas disciplinarias por problemas de adaptación a las normas de la escuela, como hablar por celular, molestar a compañeros o gritar en la sala; un 31% por situaciones relacionadas con violencia y riesgo, entre las que predominan la de agresión entre pares y, en menor medida, las de hurto, porte de armas y consumo de marihuana, cigarros y/o fármacos, entre otros, y un 7% por casos de variado origen, como problemas con apoderados.

En cuanto a la dependencia, todas presentan casos de expulsión, con un 58% de los establecimientos particulares subvencionados; un 34% de los municipales; un 5% de los particulares pagados y un 3% de los de Administración Delegada, lo que tiene directa relación con la matrícula.

El reporte alerta que de acuerdo a los casos recibidos por la Superintendencia de Educación, 1,3 estudiantes fueron expulsados al día durante 2015, aunque advierte que existe una cifra negra con aquellos casos que no se denuncian, por lo que los números podrían ser mayores.