Tras una acusación presentada por la Fiscalía Local de Tocopilla, el Juzgado de Garantía de la ciudad vía audiencia de procedimiento abreviado, pronunció la sentencia definitiva en que condenó a S.E.R.O. de nacionalidad boliviana, a la pena de 800 días de reclusión menor en su grado medio, como autor del delito consumado de tráfico de migrantes, de carácter reiterado. Delito perpetrado entre el 23 y 25 de junio de este año en Tocopilla. 

El sentenciado fue condenado también a las penas accesorias de inhabilitación absoluta y perpetua para postular a cargos y oficios públicos, ejercer derechos políticos y suspensión de cargos y oficios públicos, mientras transcurra la condena. Asimismo, recibió una multa de 10 UTM junto con la expulsión del territorio nacional, con un plazo de 60 días para su ejecución correspondiente.

Cabe señalar, que el acusado tiene una pena adicional de prohibición de reingreso al país por un periodo de 10 años.

La investigación del caso dirigida por el fiscal (s) de Tocopilla, Pablo Araos, con colaboración de la Brianco de la PDI pudo acreditar que el acusado concertado con un chileno, captaban a trabajadores en Bolivia y luego los trasladaban a Chile, eludiendo el control fronterizo vía sector Colchane.

“El acusado le daba instrucciones a los migrantes acerca de lo que tenían que decir y hacer si los sorprendían las autoridades chilenas, todo esto con la finalidad que ellos trabajaran en Copiapó, específicamente, en la cosecha de uvas. Por este traslado el imputado les cobraba 790 pesos bolivianos a los migrantes”, explicó Araos.

Antecedentes

Una vez captados los migrantes, ya en territorio chileno los miembros de la organización les daban instrucciones a los extranjeros para llegar principalmente a Iquique, desde donde buscarían transporte hacia Copiapó.  Sin embargo, fueron fiscalizados en el trayecto hacia  Tocopilla por parte de la BICRIM.

Es así que el 24 de junio alrededor de las 4:00 horas, las víctimas ocho ciudadanos bolivianos (6 hombres y 2 mujeres, todos  mayores de edad) salieron desde Pisiga (Bolivia) hacia Chile, motivados por la oferta de trabajo que le habían hecho el condenado y otro ciudadano chileno, quienes le habían ofrecido campamento y alimentación gratuita más un sueldo de 250 a 600 pesos bolivianos, para desempeñarse como cosechadores de uva.