16 de octubre de 2020

Casi 3.500 imputados fueron investigados por cometer delitos durante el estallido social en la región de Antofagasta

Asimismo, ingresaron un total de 709 casos relacionados a apremios ilegítimos y 75 por torturas de funcionarios públicos.

A pocos días de cumplirse un año del estallido social, la Fiscalía Regional de Antofagasta entregó un balance, informando que más de 3.400 imputados han sido investigados por delitos de alta connotación social, entre el 18 de octubre del 2019 y el 30 de septiembre de este año.

Entre los ingresos, destacan el robo en lugar no habitado, robo con violencia e intimidación, desórdenes públicos, incendios, daños y receptación. También están los delitos vinculados a los Derechos Humanos, como apremios ilegítimos cometidos por empleados públicos, abusos contra particulares y torturas perpetradas por agentes del Estado.

José Troncoso, abogado vocero de la Fiscalía Regional, explicó “a pesar de las complicaciones producidas por el estallido social y la pandemia por Covid-19, podemos afirmar que el 31% de los casos vinculados delitos con connotación social, han sido finalizadas a través de sentencias definitivas condenatorias y monitorios”.

Asimismo, el vocero recordó “durante el año 2019 la Fiscalía de Chile tuvo un 12% de los casos con sentencias condenatorias. En la Fiscalía Regional de Antofagasta esa cifra alcanzó el 22% de condenas, siendo la segunda más alta de Chile”.

Con respecto a las medidas cautelares, la prisión preventiva corresponde a los imputados por delitos relacionados con saqueos, un 72% de ellos corresponden a robo en lugar no habitado y 28% a receptación. Entre ellos, 91% ya contaban con antecedentes penales anteriores, siendo la edad promedio 28 años.

Otra problemática que deben enfrentar, tiene relación con la pandemia, donde más de 21 mil personas han infringido el artículo 318 del Código Penal.

Finalmente, en cuanto al estado de los delitos que atentan contra los Derechos Humanos, los casos ingresados por delitos de apremios ilegítimos referente a empleados públicos, alcanzaron un total de 709, siendo 277 ya finalizados y 432 en estado vigente.

En tanto, el ingreso de delitos por torturas de funcionarios públicos llegó a un total de 75 casos, de ellos 30 fueron resueltos y 45 se mantienen en estado de vigencia. Algo que dificulta la labor, es que de ellos el 98% posee imputado desconocido y sólo 2% son conocidos.