30 de agosto de 2017

Gobierno firma decreto para guardar datos de tus llamadas, internet y mensajes por 2 años.

¿Sabías que un decreto preparado por el Gobierno obligará a las empresas telefónicas a mantener por 2 años un registro con todos los datos de tus llamadas, navegación de internet, correos, mensajes de texto y WhatsApp e incluso el uso que das a las aplicaciones que tengas en tu celular? Este decreto va por tus […]

¿Sabías que un decreto preparado por el Gobierno obligará a las empresas telefónicas a mantener por 2 años un registro con todos los datos de tus llamadas, navegación de internet, correos, mensajes de texto y WhatsApp e incluso el uso que das a las aplicaciones que tengas en tu celular?

Este decreto va por tus metadatos, aquellas huellas casi imperceptibles que dejan las comunicaciones electrónicas: la fecha y hora en que llamaste, a quién llamaste y cuánto duró, desde qué dirección de internet (IP) te conectaste y qué sitios visitaste, cuántos mensajes y a quién los enviaste, qué aplicaciones usas más, qué tipo de teléfono tienes y cuál es su número de registro…

Esa ley es el artículo 222 del Código Penal, el cual indica que cuando existan sospechas fundadas de que alguien está involucrado en un delito con pena de crimen (o sea, pasar más de 5 años y un día a la sombra), se podrán interceptar y grabar sus llamadas telefónicas, así como conocer las direcciones IP -una especie de RUT que identifica a cada computador o teléfono conectado a internet- a las que ha accedido.

Entonces, para regular esto último se dictó en 2005, durante el gobierno de Ricardo Lagos, el decreto 142, el cual obliga a las empresas de telecomunicaciones a conservar un registro de estas direcciones durante al menos 6 meses, plazo que fue extendido a 1 año por la ley contra la pedofilia.

Según explica un artículo publicado por El Mostrador, en 2014 las autoridades de la época se dieron cuenta de que el asunto no estaba resultando. Por una parte, la tecnología había evolucionado rápidamente y tener sólo una lista de direcciones IP no bastaba. Por otra, tomaba tanto tiempo cursar una orden judicial y que las empresas la acataran, que cuando se daba acceso al registro, los datos ya habían sido eliminados.

Fue tras el bombazo en la estación de metro Escuela Militar que el entonces Fiscal Nacional, Sabas Chahuán, propuso la primera reforma a la normativa: que el solicitante de la información fuera el Ministerio Público y no las policías, además de ampliar todo lo posible el concepto de “comunicaciones”, a fin de prever los avances tecnológicos.

Finalmente y tras llegar a acuerdo con las empresas de telecomunicaciones, sería el subsecretario del Interior, Mahmud Aleuy, quien obtendría la firma de la presidenta Bachelet para ingresar a Contraloría el pasado 4 de agosto el nuevo decreto, listo para enfrentar el crimen en el siglo XXI.

Desde su concepción, el nuevo decreto fue polémico. El Ministerio Público dejó de participar a poco de iniciadas las mesas de trabajo el año pasado, según el organismo, porque el Gobierno no volvió a llamarlos (este, por su parte, asegura que fueron ellos quienes los dejaron con los chequecitos de WhatsApp en “visto”).

Otra crítica contra el Gobierno fue la discreción con que se llevó a cabo la tarea. No hubo información a la ciudadanía, ni tampoco se pidió a expertos o académicos que asistieran.

“Este proceso se hizo a puertas cerradas. No hubo consulta pública. Aquí el Ministerio del Interior se sentó con las empresas de telecomunicaciones a elaborar el nuevo decreto, con una lista de supermercado de las pretensiones de la Policía de Investigaciones (PDI)”, indicó a BioBioChile el analista de políticas públicas de la ONG Derechos Digitales, Pablo Viollier.

Y la organización está sólo calentando. Para Voillier, la iniciativa también es inconstitucional, pues el Ejecutivo intenta modificar vía decreto una ley que correspondería al Congreso, ampliando de forma exagerada la cantidad de datos y el plazo en que se conservarán.

“Estamos hablando prácticamente de todos los datos comunicacionales, incluyendo la georreferenciación (ubicación) de los usuarios. Es algo extremadamente complejo y desproporcionado. Hoy puedes saber más de una persona a través de sus metadatos que con sus propios mensajes o llamadas”, señala el abogado.

Pero para la ONG, lo más preocupante es que la ambigüedad -o amplitud- de los términos en que fue redactado el decreto, no dejan claro quienes y en qué circunstancias tendrán acceso a los datos de los usuarios.

“El nuevo decreto indica que cualquier organismo público autorizado podrá tener acceso a la información. ¿Qué significa eso? ¿Por qué todos los chilenos nos debemos someter a la vigilancia del Estado? El texto se presta para múltiples abusos y fue preparado en un proceso sumamente sospechoso. No es digno de una democracia”, sentencia Voillier.