En un trágico suceso que ha dejado a la familia de Bárbara Neira en vilo durante cinco largos años, los restos de su abuelo desaparecieron misteriosamente cuando debían ser reducidos y sepultados junto a su esposa en el cementerio municipal de Las Compañías, en La Serena. Desde entonces, la familia no ha recibido respuestas claras ni una solución que les permita cerrar el duelo. Todo comenzó en febrero del 2020, cuando Bárbara solicitó que los restos de su abuelo fueran reducidos para ser sepultados junto a su abuela recién fallecida. Asistió personalmente al proceso y presenció cómo los restos eran manipulados: Vimos cómo echaron los restos a una bolsa, vimos el color y el tamaño, relató al Diario La Región de Coquimbo. Sin embargo, al día siguiente, cuando llegó el momento de reunir los restos en la sepultura, algo no cuadraba. Nos dijeron que esa era la única bolsa en custodia y que había que ponerla no más, porque no podía estar un día más así. Yo me rehusé, porque mi abuela no podía quedar con un extraño, recordó Bárbara. Su negativa derivó en una denuncia ante la administración del cementerio, que accedió a realizar una prueba de ADN. El resultado confirmó lo que ella temía: los restos entregados no correspondían a su abuelo. Desde entonces, han pasado más de cinco años sin una respuesta concreta. No sabemos dónde está mi abuelito hasta el día de hoy, lamentó Bárbara, y añadió: Les dijimos que eso no bastaba. Lo que queremos es encontrar a mi abuelo y que pueda descansar en paz junto a mi abuelita. El caso de la familia Neira no es único. Una investigación liderada por la Fiscalía reveló múltiples anomalías en el cementerio, entre ellas exhumaciones sin protocolos, cuerpos extraviados y restos humanos sin identificación. Hasta ahora, se contabilizan al menos nueve cuerpos desaparecidos y 31 conjuntos de restos no identificados, lo que ha motivado una denuncia formal ante la Municipalidad de La Serena por posibles delitos de inhumación ilegal, ultraje de cadáver y de sepultura. Fuente: Publimetro
Acabar con el secreto de la investigación. Por ese motivo la Corte Suprema ordenó entregar una copia íntegra de la carpeta investigativa, acogiendo un recurso de amparo presentado por la Defensoría Penal Pública a favor del tío abuelo de Tomás Bravo, Jorge Escobar Escobar. Actualmente, Escobar es el único imputado por la desaparición y muerte del menor, hecho ocurrido el 17 de febrero del 2021, en la localidad de Caripilún de la comuna de Arauco. El fin de la Corte es acabar con el secreto de las diligencias que lleva la Fiscalía sobre la tercera arista de la investigación, relacionada con la sustracción de menor con resultado de muerte. De esta forma y tal como consigna Cooperativa,el Misterio Público queda obligado a abrir la carpeta investigativa para defensa del tío Tomás. No podemos permitir que el secreto se transforme en regla, y que los imputados sean privados del acceso a los antecedentes que determinan su situación procesal. La Corte ha sido clara en señalar que esta práctica es ilegal y vulneratoria del debido proceso. Las garantías procesales no son una mera formalidad, sino un derecho esencial para asegurar juicios justos y equilibrados, destacó Nelly Díaz defensora. Fuente: Publimetro
En un trágico suceso que ha dejado a la familia de Bárbara Neira en vilo durante cinco largos años, los restos de su abuelo desaparecieron misteriosamente cuando debían ser reducidos y sepultados junto a su esposa en el cementerio municipal de Las Compañías, en La Serena. Desde entonces, la familia no ha recibido respuestas claras ni una solución que les permita cerrar el duelo. Todo comenzó en febrero del 2020, cuando Bárbara solicitó que los restos de su abuelo fueran reducidos para ser sepultados junto a su abuela recién fallecida. Asistió personalmente al proceso y presenció cómo los restos eran manipulados: Vimos cómo echaron los restos a una bolsa, vimos el color y el tamaño, relató al Diario La Región de Coquimbo. Sin embargo, al día siguiente, cuando llegó el momento de reunir los restos en la sepultura, algo no cuadraba. Nos dijeron que esa era la única bolsa en custodia y que había que ponerla no más, porque no podía estar un día más así. Yo me rehusé, porque mi abuela no podía quedar con un extraño, recordó Bárbara. Su negativa derivó en una denuncia ante la administración del cementerio, que accedió a realizar una prueba de ADN. El resultado confirmó lo que ella temía: los restos entregados no correspondían a su abuelo. Desde entonces, han pasado más de cinco años sin una respuesta concreta. No sabemos dónde está mi abuelito hasta el día de hoy, lamentó Bárbara, y añadió: Les dijimos que eso no bastaba. Lo que queremos es encontrar a mi abuelo y que pueda descansar en paz junto a mi abuelita. El caso de la familia Neira no es único. Una investigación liderada por la Fiscalía reveló múltiples anomalías en el cementerio, entre ellas exhumaciones sin protocolos, cuerpos extraviados y restos humanos sin identificación. Hasta ahora, se contabilizan al menos nueve cuerpos desaparecidos y 31 conjuntos de restos no identificados, lo que ha motivado una denuncia formal ante la Municipalidad de La Serena por posibles delitos de inhumación ilegal, ultraje de cadáver y de sepultura. Fuente: Publimetro
Acabar con el secreto de la investigación. Por ese motivo la Corte Suprema ordenó entregar una copia íntegra de la carpeta investigativa, acogiendo un recurso de amparo presentado por la Defensoría Penal Pública a favor del tío abuelo de Tomás Bravo, Jorge Escobar Escobar. Actualmente, Escobar es el único imputado por la desaparición y muerte del menor, hecho ocurrido el 17 de febrero del 2021, en la localidad de Caripilún de la comuna de Arauco. El fin de la Corte es acabar con el secreto de las diligencias que lleva la Fiscalía sobre la tercera arista de la investigación, relacionada con la sustracción de menor con resultado de muerte. De esta forma y tal como consigna Cooperativa,el Misterio Público queda obligado a abrir la carpeta investigativa para defensa del tío Tomás. No podemos permitir que el secreto se transforme en regla, y que los imputados sean privados del acceso a los antecedentes que determinan su situación procesal. La Corte ha sido clara en señalar que esta práctica es ilegal y vulneratoria del debido proceso. Las garantías procesales no son una mera formalidad, sino un derecho esencial para asegurar juicios justos y equilibrados, destacó Nelly Díaz defensora. Fuente: Publimetro
