La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, anunció oficialmente este martes que su administración ha solicitado ayuda humanitaria y técnica urgente a naciones con experiencia en catástrofes telúricas como Chile, Japón y Perú. Esta solicitud se realiza tras el violento doble terremoto del 24 de junio, que ha desencadenado una de las peores crisis humanitarias recientes en Sudamérica. El balance oficial de los terremotos de magnitud 7,2 y 7,5 incluye al menos 3.535 personas fallecidas, más de 16.740 heridos y 17.854 ciudadanos damnificados. Delcy Rodríguez reconoció las deficiencias en la infraestructura local y destacó la importancia del apoyo de los gobiernos del Pacífico para evaluar los daños en edificaciones comerciales y residenciales. La mandataria interina resalta la necesidad de reformar los procesos de edificación en Venezuela debido a las fallas geológicas activas del país. La urgencia gubernamental radica en evaluar rápidamente los complejos habitacionales afectados por los sismos en el sector norte. Paralelamente, se han desplegado ingenieros civiles y arquitectos estatales en Caracas, La Guaira y Miranda para inspeccionar las zonas dañadas y prevenir colapsos secundarios. Delcy Rodríguez hace un llamado a la unidad interna para llevar a cabo los proyectos de reconstrucción estructural. Ante la complejidad logística para proporcionar soluciones habitacionales a las familias afectadas, se mantienen mesas de trabajo con organismos técnicos internacionales y agencias de financiamiento global para implementar viviendas modulares de emergencia. A pesar de los anuncios sobre la entrega de viviendas e incentivos económicos, la magnitud de la destrucción mantiene en alerta a los expertos internacionales. El éxito del plan habitacional dependerá del apoyo técnico captado desde Chile y Japón, referentes mundiales en resiliencia urbana e ingeniería sismorresistente. En sus declaraciones, Delcy Rodríguez enfatizó que Venezuela es un país sísmico y lo seguirá siendo, subrayando la importancia de atender los procesos constructivos con habilitación técnica para evitar futuros riesgos para las familias. Fuente: Publimetro
La Fiscalía de Chile ha logrado un avance significativo en la lucha contra el crimen financiero y la corrupción política al confirmarse que la Corte de Apelaciones de Puerto Montt revisará este viernes la solicitud de desafuero contra el senador Miguel Ángel Calisto. Este paso es crucial para que la justicia pueda avanzar hacia el juicio oral en contra del legislador, ya que busca quitarle la inmunidad del cargo debido a sospechas de corrupción durante su ejercicio en el Congreso nacional. La Fiscalía Regional de Aysén ha tomado una drástica medida al presentar una acusación formal contra Calisto y otras siete personas, solicitando una pena de 12 años de presidio efectivo por delitos reiterados de fraude al fisco y fraude de subvenciones. El conflicto surge porque, a pesar de haber sido desaforado como diputado anteriormente, al asumir como senador adquirió un nuevo fuero constitucional, lo que llevó a la Fiscalía a presentar este nuevo requerimiento técnico para romper el blindaje político. La investigación realizada por el Ministerio Público señala que las actividades ilícitas se llevaron a cabo entre 2018 y 2022, cuando Calisto era diputado. Se sostiene que junto a su exjefe de campaña y otra persona, desviaron fondos públicos del presupuesto del Congreso simulando asesorías legislativas inexistentes. Según la acusación, Carla Graf actuaba como funcionaria fantasma, recibiendo pagos mensuales sin prestar servicios reales al Estado. Estos fondos eran luego transferidos a cuentas personales de Calisto y su operador político. El perjuicio patrimonial supera los $100 millones, lo que agrava la conducta ilícita. Ante las acusaciones, Calisto ha defendido su postura argumentando que las asesorías cuestionadas sí se llevaron a cabo y contaban con documentación respaldatoria. Afirma que Graf realizaba labores externas que no requerían su presencia física en las oficinas habituales del equipo legislativo. La decisión de la Corte de Apelaciones de Puerto Montt este viernes será determinante para el futuro político y legal del sur del país. En caso de que se apruebe la petición de desafuero, la defensa del senador deberá apelar ante la Corte Suprema. Solo si esta ratifica la pérdida de inmunidad, la Fiscalía podrá llevarlo a juicio oral. Fuente: Publimetro
La comunidad aeronáutica de Argentina se encuentra conmocionada tras un trágico incidente ocurrido el pasado sábado en la zona de Córdoba. Durante una práctica aérea de rutina, el instructor Leandro Andrés Bertazzo falleció tras caer de una aeronave tipo Cessna mientras se encontraba a gran altura. Bertazzo era un profesional con diez años de trayectoria en la institución argentina y contaba con experiencia previa trabajando en Chile. El avance de las indagatorias judiciales permitió conocer el crudo testimonio de la alumna que acompañaba a Bertazzo en la cabina. La joven de 22 años, que ya poseía licencia de piloto privado pero contaba con pocas horas de vuelo, relató los segundos previos a la tragedia. Según la reconstrucción del hecho, el instructor le indicó que mantuviera el control de la aeronave antes de realizar una serie de acciones que la dejaron atónita. La alumna detalló: En un momento él le dice que mantenga el vuelo. Se saca sus auriculares, acomoda sus elementos, su celular, se saca el cinto, abre la puerta y se tira. Tras el salto, la joven logró mantener la calma, enviar un mensaje informando la situación y realizar un aterrizaje de emergencia exitoso sin sufrir lesiones. Uno de los puntos clave de la investigación se centra en el estado de salud mental del instructor. Tras el suceso, el director de la escuela de vuelo reveló un antecedente que no figuraba en sus registros profesionales. Al respecto, la autoridad de la institución señaló a Clarín : Él había ido a un instituto neuropsiquiátrico, pero nadie sabía de ese tema. Solo la familia. Leandro Andrés Bertazzo no era un desconocido para el sector aéreo regional, ya que desarrolló parte de su carrera profesional en Chile antes de establecerse definitivamente en Argentina. La alumna, tras aterrizar, colaboró activamente en la búsqueda y logró encontrar el lugar exacto donde el instructor cayó, permitiendo dar aviso inmediato a las autoridades de socorro. Actualmente, la justicia argentina mantiene abierta la causa para esclarecer las motivaciones detrás de la decisión del piloto. Fuente: Publimetro
La exministra de Seguridad Pública, María Trinidad Steinert, ha presentado una extensa documentación de 26 páginas ante la Contraloría General de la República en Santiago, marcando un nuevo capítulo en su batalla legal. El objetivo de este recurso administrativo es anular de manera definitiva el controvertido dictamen D344 emitido por el organismo fiscalizador el 1 de julio de 2026. El pronunciamiento cuestionó que un oficio reservado enviado por Steinert a la Policía de Investigaciones (PDI) en marzo excedió sus atribuciones legales. En respuesta, la exsecretaria de Estado ha decidido actuar formalmente mediante este escrito técnico, argumentando que la resolución vulneró su derecho constitucional a la defensa al no ser notificada del dictamen. La defensa jurídica de Steinert destaca una supuesta contradicción normativa por parte de la Contraloría en comparación con procedimientos anteriores. Se menciona que la misma entidad solicitó información sensible en enero de 2026, respaldada posteriormente por las Cortes de Apelaciones. Bajo esta premisa, Steinert argumenta que si se validó el resguardo de datos para una entidad fiscalizadora, el mismo principio debió aplicarse a las solicitudes del Ministerio de Seguridad Pública. Además, se cuestiona la redacción del dictamen D344 y se critica el uso de la expresión no se ajusta estrictamente para evaluar las potestades ejecutivas. La defensa considera que calificar grados variables de cumplimiento normativo implica una extralimitación de las facultades del organismo contralor sobre decisiones políticas. El escrito también señala la divulgación masiva del oficio reservado antes de llegar a las instancias fiscalizadoras del Congreso. Steinert critica que el órgano contralor haya centrado su atención en la solicitud regular mientras ignoraba la filtración del texto original a los medios. Para rebatir las acusaciones sobre su labor previa como fiscal regional, se incluyó en el expediente una declaración oficial del director general de la PDI ante la Comisión de Seguridad Ciudadana. En esta declaración, se ratifica que las decisiones sobre remociones fueron autónomas y exclusivas de los mandos institucionales, buscando demostrar que su requerimiento no interfería en la estructura institucional. Fuente: Publimetro
La comunidad local de seguidores de la agrupación de K-pop BTS, conocidos como ARMY, ha estado en vilo ante la incertidumbre sobre la viabilidad técnica de sus presentaciones en el Estadio Nacional. Sin embargo, recientemente ha surgido un pronunciamiento oficial desde el núcleo del Ejecutivo. Desde el Palacio de La Moneda, la ministra del Deporte, Natalia Duco, ha abordado la situación y descartado cualquier responsabilidad institucional o gubernamental en el retraso del otorgamiento de las autorizaciones pertinentes, señalando directamente a la empresa productora a cargo de los espectáculos en el país. La secretaria de Estado ha manifestado su comprensión por la preocupación de los fanáticos locales. La tensión se intensificó luego de que el Instituto Nacional del Deporte (IND) anunciara su negativa para los shows programados para octubre, los cuales ya tenían todas las entradas vendidas. Ante esta situación, los seguidores de BTS organizaron una manifestación en la Alameda como protesta. Sin embargo, Duco ha enfatizado que las demandas deben dirigirse formalmente hacia la firma privada DG Medios, eximiendo a los organismos estatales de responsabilidad en los problemas logísticos. La realización de conciertos en el Estadio Nacional requiere cumplir estrictos protocolos coordinados por el IND para evitar daños estructurales. La ministra reveló que tras una reunión con DG Medios en marzo, se rechazó un plan de mitigación propuesto por la productora, lo que llevó a la negativa oficial la semana pasada. Duco criticó la pasividad de la empresa privada ante los requerimientos: “La productora tuvo que esperar que nosotros diéramos una respuesta oficial negativa para dar una nueva propuesta. Esto podría haber ocurrido antes”, afirmó. Los ejes técnicos exigidos a DG Medios se centran en tres pilares: A pesar de los retrasos administrativos, el Gobierno está evaluando una nueva propuesta técnica para autorizar los conciertos. La viabilidad de las fechas quedará sujeta al análisis técnico del nuevo plan operativo. La ministra Duco ha afirmado que están dispuestos a ceder el Estadio Nacional si se demuestra científicamente que no habrá daños al campo de juego. Declaración oficial: “Le dimos otra oportunidad a la productora para que nos presente nuevamente los documentos y estamos a la espera de que eso ocurra. Si es que la productora nos presenta los nuevos antecedentes compatibles con la mantención del pasto, nosotros le vamos a ceder el coliseo del Estadio Nacional”, indicó Duco. El Ministerio del Deporte ha dejado claro que la protección de la infraestructura pública está por encima de las presiones del entretenimiento. Para el ARMY chileno, las próximas evaluaciones serán decisivas: si el plan presentado cumple con las exigencias, las luces del Estadio Nacional se encenderán en octubre; de lo contrario, el coloso cerrará sus puertas al K-pop este año. Fuente: Publimetro
La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, anunció oficialmente este martes que su administración ha solicitado ayuda humanitaria y técnica urgente a naciones con experiencia en catástrofes telúricas como Chile, Japón y Perú. Esta solicitud se realiza tras el violento doble terremoto del 24 de junio, que ha desencadenado una de las peores crisis humanitarias recientes en Sudamérica. El balance oficial de los terremotos de magnitud 7,2 y 7,5 incluye al menos 3.535 personas fallecidas, más de 16.740 heridos y 17.854 ciudadanos damnificados. Delcy Rodríguez reconoció las deficiencias en la infraestructura local y destacó la importancia del apoyo de los gobiernos del Pacífico para evaluar los daños en edificaciones comerciales y residenciales. La mandataria interina resalta la necesidad de reformar los procesos de edificación en Venezuela debido a las fallas geológicas activas del país. La urgencia gubernamental radica en evaluar rápidamente los complejos habitacionales afectados por los sismos en el sector norte. Paralelamente, se han desplegado ingenieros civiles y arquitectos estatales en Caracas, La Guaira y Miranda para inspeccionar las zonas dañadas y prevenir colapsos secundarios. Delcy Rodríguez hace un llamado a la unidad interna para llevar a cabo los proyectos de reconstrucción estructural. Ante la complejidad logística para proporcionar soluciones habitacionales a las familias afectadas, se mantienen mesas de trabajo con organismos técnicos internacionales y agencias de financiamiento global para implementar viviendas modulares de emergencia. A pesar de los anuncios sobre la entrega de viviendas e incentivos económicos, la magnitud de la destrucción mantiene en alerta a los expertos internacionales. El éxito del plan habitacional dependerá del apoyo técnico captado desde Chile y Japón, referentes mundiales en resiliencia urbana e ingeniería sismorresistente. En sus declaraciones, Delcy Rodríguez enfatizó que Venezuela es un país sísmico y lo seguirá siendo, subrayando la importancia de atender los procesos constructivos con habilitación técnica para evitar futuros riesgos para las familias. Fuente: Publimetro
La Fiscalía de Chile ha logrado un avance significativo en la lucha contra el crimen financiero y la corrupción política al confirmarse que la Corte de Apelaciones de Puerto Montt revisará este viernes la solicitud de desafuero contra el senador Miguel Ángel Calisto. Este paso es crucial para que la justicia pueda avanzar hacia el juicio oral en contra del legislador, ya que busca quitarle la inmunidad del cargo debido a sospechas de corrupción durante su ejercicio en el Congreso nacional. La Fiscalía Regional de Aysén ha tomado una drástica medida al presentar una acusación formal contra Calisto y otras siete personas, solicitando una pena de 12 años de presidio efectivo por delitos reiterados de fraude al fisco y fraude de subvenciones. El conflicto surge porque, a pesar de haber sido desaforado como diputado anteriormente, al asumir como senador adquirió un nuevo fuero constitucional, lo que llevó a la Fiscalía a presentar este nuevo requerimiento técnico para romper el blindaje político. La investigación realizada por el Ministerio Público señala que las actividades ilícitas se llevaron a cabo entre 2018 y 2022, cuando Calisto era diputado. Se sostiene que junto a su exjefe de campaña y otra persona, desviaron fondos públicos del presupuesto del Congreso simulando asesorías legislativas inexistentes. Según la acusación, Carla Graf actuaba como funcionaria fantasma, recibiendo pagos mensuales sin prestar servicios reales al Estado. Estos fondos eran luego transferidos a cuentas personales de Calisto y su operador político. El perjuicio patrimonial supera los $100 millones, lo que agrava la conducta ilícita. Ante las acusaciones, Calisto ha defendido su postura argumentando que las asesorías cuestionadas sí se llevaron a cabo y contaban con documentación respaldatoria. Afirma que Graf realizaba labores externas que no requerían su presencia física en las oficinas habituales del equipo legislativo. La decisión de la Corte de Apelaciones de Puerto Montt este viernes será determinante para el futuro político y legal del sur del país. En caso de que se apruebe la petición de desafuero, la defensa del senador deberá apelar ante la Corte Suprema. Solo si esta ratifica la pérdida de inmunidad, la Fiscalía podrá llevarlo a juicio oral. Fuente: Publimetro
La comunidad aeronáutica de Argentina se encuentra conmocionada tras un trágico incidente ocurrido el pasado sábado en la zona de Córdoba. Durante una práctica aérea de rutina, el instructor Leandro Andrés Bertazzo falleció tras caer de una aeronave tipo Cessna mientras se encontraba a gran altura. Bertazzo era un profesional con diez años de trayectoria en la institución argentina y contaba con experiencia previa trabajando en Chile. El avance de las indagatorias judiciales permitió conocer el crudo testimonio de la alumna que acompañaba a Bertazzo en la cabina. La joven de 22 años, que ya poseía licencia de piloto privado pero contaba con pocas horas de vuelo, relató los segundos previos a la tragedia. Según la reconstrucción del hecho, el instructor le indicó que mantuviera el control de la aeronave antes de realizar una serie de acciones que la dejaron atónita. La alumna detalló: En un momento él le dice que mantenga el vuelo. Se saca sus auriculares, acomoda sus elementos, su celular, se saca el cinto, abre la puerta y se tira. Tras el salto, la joven logró mantener la calma, enviar un mensaje informando la situación y realizar un aterrizaje de emergencia exitoso sin sufrir lesiones. Uno de los puntos clave de la investigación se centra en el estado de salud mental del instructor. Tras el suceso, el director de la escuela de vuelo reveló un antecedente que no figuraba en sus registros profesionales. Al respecto, la autoridad de la institución señaló a Clarín : Él había ido a un instituto neuropsiquiátrico, pero nadie sabía de ese tema. Solo la familia. Leandro Andrés Bertazzo no era un desconocido para el sector aéreo regional, ya que desarrolló parte de su carrera profesional en Chile antes de establecerse definitivamente en Argentina. La alumna, tras aterrizar, colaboró activamente en la búsqueda y logró encontrar el lugar exacto donde el instructor cayó, permitiendo dar aviso inmediato a las autoridades de socorro. Actualmente, la justicia argentina mantiene abierta la causa para esclarecer las motivaciones detrás de la decisión del piloto. Fuente: Publimetro
La exministra de Seguridad Pública, María Trinidad Steinert, ha presentado una extensa documentación de 26 páginas ante la Contraloría General de la República en Santiago, marcando un nuevo capítulo en su batalla legal. El objetivo de este recurso administrativo es anular de manera definitiva el controvertido dictamen D344 emitido por el organismo fiscalizador el 1 de julio de 2026. El pronunciamiento cuestionó que un oficio reservado enviado por Steinert a la Policía de Investigaciones (PDI) en marzo excedió sus atribuciones legales. En respuesta, la exsecretaria de Estado ha decidido actuar formalmente mediante este escrito técnico, argumentando que la resolución vulneró su derecho constitucional a la defensa al no ser notificada del dictamen. La defensa jurídica de Steinert destaca una supuesta contradicción normativa por parte de la Contraloría en comparación con procedimientos anteriores. Se menciona que la misma entidad solicitó información sensible en enero de 2026, respaldada posteriormente por las Cortes de Apelaciones. Bajo esta premisa, Steinert argumenta que si se validó el resguardo de datos para una entidad fiscalizadora, el mismo principio debió aplicarse a las solicitudes del Ministerio de Seguridad Pública. Además, se cuestiona la redacción del dictamen D344 y se critica el uso de la expresión no se ajusta estrictamente para evaluar las potestades ejecutivas. La defensa considera que calificar grados variables de cumplimiento normativo implica una extralimitación de las facultades del organismo contralor sobre decisiones políticas. El escrito también señala la divulgación masiva del oficio reservado antes de llegar a las instancias fiscalizadoras del Congreso. Steinert critica que el órgano contralor haya centrado su atención en la solicitud regular mientras ignoraba la filtración del texto original a los medios. Para rebatir las acusaciones sobre su labor previa como fiscal regional, se incluyó en el expediente una declaración oficial del director general de la PDI ante la Comisión de Seguridad Ciudadana. En esta declaración, se ratifica que las decisiones sobre remociones fueron autónomas y exclusivas de los mandos institucionales, buscando demostrar que su requerimiento no interfería en la estructura institucional. Fuente: Publimetro
La comunidad local de seguidores de la agrupación de K-pop BTS, conocidos como ARMY, ha estado en vilo ante la incertidumbre sobre la viabilidad técnica de sus presentaciones en el Estadio Nacional. Sin embargo, recientemente ha surgido un pronunciamiento oficial desde el núcleo del Ejecutivo. Desde el Palacio de La Moneda, la ministra del Deporte, Natalia Duco, ha abordado la situación y descartado cualquier responsabilidad institucional o gubernamental en el retraso del otorgamiento de las autorizaciones pertinentes, señalando directamente a la empresa productora a cargo de los espectáculos en el país. La secretaria de Estado ha manifestado su comprensión por la preocupación de los fanáticos locales. La tensión se intensificó luego de que el Instituto Nacional del Deporte (IND) anunciara su negativa para los shows programados para octubre, los cuales ya tenían todas las entradas vendidas. Ante esta situación, los seguidores de BTS organizaron una manifestación en la Alameda como protesta. Sin embargo, Duco ha enfatizado que las demandas deben dirigirse formalmente hacia la firma privada DG Medios, eximiendo a los organismos estatales de responsabilidad en los problemas logísticos. La realización de conciertos en el Estadio Nacional requiere cumplir estrictos protocolos coordinados por el IND para evitar daños estructurales. La ministra reveló que tras una reunión con DG Medios en marzo, se rechazó un plan de mitigación propuesto por la productora, lo que llevó a la negativa oficial la semana pasada. Duco criticó la pasividad de la empresa privada ante los requerimientos: “La productora tuvo que esperar que nosotros diéramos una respuesta oficial negativa para dar una nueva propuesta. Esto podría haber ocurrido antes”, afirmó. Los ejes técnicos exigidos a DG Medios se centran en tres pilares: A pesar de los retrasos administrativos, el Gobierno está evaluando una nueva propuesta técnica para autorizar los conciertos. La viabilidad de las fechas quedará sujeta al análisis técnico del nuevo plan operativo. La ministra Duco ha afirmado que están dispuestos a ceder el Estadio Nacional si se demuestra científicamente que no habrá daños al campo de juego. Declaración oficial: “Le dimos otra oportunidad a la productora para que nos presente nuevamente los documentos y estamos a la espera de que eso ocurra. Si es que la productora nos presenta los nuevos antecedentes compatibles con la mantención del pasto, nosotros le vamos a ceder el coliseo del Estadio Nacional”, indicó Duco. El Ministerio del Deporte ha dejado claro que la protección de la infraestructura pública está por encima de las presiones del entretenimiento. Para el ARMY chileno, las próximas evaluaciones serán decisivas: si el plan presentado cumple con las exigencias, las luces del Estadio Nacional se encenderán en octubre; de lo contrario, el coloso cerrará sus puertas al K-pop este año. Fuente: Publimetro
