Una resolución judicial sin precedentes ha sentado un hito en el ámbito de los derechos reproductivos en el sistema judicial chileno. Se ha ordenado el pago de una indemnización de $100 millones a favor de Catalina Pizarro. La afectada se vio obligada a llevar a término la gestación de su hija Clara, a pesar de saber, desde las 12 semanas de embarazo, que la condición médica del feto era incompatible con la vida. A pesar del diagnóstico desfavorable, su médico tratante le negó el acceso a la interrupción voluntaria del embarazo, argumentando que la patología específica no estaba contemplada en el reglamento técnico para autorizar el procedimiento bajo la causal de inviabilidad fetal. Como resultado de esta negativa institucional, Pizarro tuvo que esperar dos meses en su hogar el desenlace fatal. Este periodo de espera forzada tuvo graves consecuencias emocionales y un daño psicológico duradero en la paciente. Al recordar la experiencia de mantener una gestación sin viabilidad médica, Pizarro expresó: “Es como estar al borde de la locura”. Según informa Biobio Chile, la mujer describió las secuelas de permanecer en casa sabiendo que el embarazo no llegaría a buen término, manifestando: “En ese tiempo que uno está en casa, uno de verdad se siente como si uno fuera la muerte”. En relación con los controles médicos y la evolución clínica observada en las ecografías, la madre agregó: “Al ver la ecografía y ver cómo se descomponía, cómo su corazón iba explotando de a poco, es horrible”. La decisión judicial estableció la responsabilidad por la violación del derecho a recibir atención médica garantizada por la legislación sobre el aborto legal. En Chile, la normativa actual permite interrumpir un embarazo bajo tres causales específicas: riesgo vital para la madre, inviabilidad fetal letal y violación. La sentencia reconoció los daños derivados de la falta de asistencia médica y reavivó el debate público sobre la implementación práctica y los criterios médicos que regulan el acceso real a la ley de tres causales en el país. Fuente: Publimetro
En un testimonio entregado el 3 de septiembre ante la Fiscalía, Gonzalo Migueles modificó radicalmente su versión sobre el grado de conocimiento que poseía su expareja, Ángela Vivanco, respecto a los cobros asociados al litigio entre Codelco y el consorcio Belaz-Movitec (CBM). Según el relato revelado por CIPER, Migueles afirmó que en septiembre de 2023 le informó a la entonces jueza de la Tercera Sala que el abogado Eduardo Lagos le pagaría si se obtenían resultados favorables. Sobre el momento exacto en que la exmagistrada se habría enterado de los compromisos económicos, Migueles declaró textualmente: “Es en ese momento y no antes en que ella toma conocimiento de los pagos que yo recibiría por esta causa”. Días después de dicho aviso, la sala acogió el recurso favorable a la empresa bielorrusa con el voto de Vivanco sin inhabilitarse, resolución que obligó a Codelco a desembolsar aproximadamente $4.400 millones. El nuevo relato de Migueles contrasta con sus afirmaciones vertidas en abril ante el Ministerio Público, cuando defendió a la exministra expresando: “Ella nunca supo lo de la plata, nunca supo de eso, sino hasta la formalización, y en estos seis meses no hemos hablado”. Del mismo modo, Vivanco había negado en agosto cualquier vínculo con los cobros al señalar que “Lagos, Vargas ni Silber me comentaron algo respecto de la causa. Migueles tampoco”. En su reciente confesión, Migueles admitió haber recibido cinco pagos vinculados al consorcio por un monto total de US$95 mil, detallando que la primera entrega de US$15 mil en efectivo ocurrió el 3 de julio de 2023 en la oficina de Lagos. Asimismo, reconoció que parte de los fondos se destinaron a gastos comunes de la pareja, como el arriendo de la vivienda que compartían y un viaje a Buenos Aires. La entrega de estos antecedentes fue considerada por la Fiscalía como una colaboración sustancial en la investigación penal, factor que permitió a Migueles revertir la medida de prisión preventiva el pasado 30 de septiembre. Por su parte, la exministra Ángela Vivanco enfrenta el proceso penal bajo las medidas cautelares de arresto domiciliario total, arraigo nacional y la prohibición absoluta de comunicarse con los demás imputados del caso “Muñeca Bielorrusa”. Fuente: Publimetro
La exministra vocera del gobierno del expresidente Gabriel Boric, Camila Vallejo, ha asumido un nuevo cargo internacional luego de concluir sus funciones en el Palacio de La Moneda. Vallejo se ha integrado formalmente a la Conferencia Interamericana de Seguridad Social (CISS) como directora de la iniciativa Ruta Continental: Escuela Latinoamericana de Liderazgos en Seguridad Social. La CISS confirmó la llegada de la exministra a través de sus canales oficiales, informando que ya ha comenzado a reunirse con los equipos técnicos para coordinar el desarrollo del proyecto en la región. Fundada en 1942, la Conferencia Interamericana de Seguridad Social (CISS) es un organismo técnico y permanente dedicado a promover el bienestar y la protección social en las Américas, centrándose en investigación, cooperación e instrucción especializada. La Escuela de Liderazgo Ruta Continental tiene como objetivo formar y articular a las juventudes latinoamericanas, brindándoles competencias técnicas para desarrollar iniciativas relacionadas con la seguridad social. Sobre la incorporación de Vallejo, la CISS destacó:La trayectoria y el liderazgo de Camila serán clave para formar, conectar y acompañar a las juventudes. Este nombramiento marca una nueva etapa en la carrera de Camila Vallejo después de dejar el Gobierno chileno. Desde su salida del Ejecutivo, ha mantenido una agenda activa participando en encuentros de sectores progresistas en América Latina. También ha intervenido públicamente en la discusión nacional sobre las decisiones y prioridades presupuestarias del Gobierno de José Antonio Kast. Con su llegada a la CISS, liderará un programa continental enfocado en formación técnica y protección social. Fuente: Publimetro
Un grave episodio de violencia se registró cerca de las 21:30 horas del lunes en la comuna de Santiago, en la Región Metropolitana. Según los antecedentes policiales, un ciudadano chileno de 33 años caminaba por la intersección de Vicuña Mackenna con Viollier cuando fue abordado sorpresivamente por un grupo de tres sujetos. De acuerdo con las primeras investigaciones lideradas por el fiscal Felipe Olivari, los atacantes serían todos menores de edad y actuaron con armas de fuego para intimidar a la víctima durante el intento de robo. En medio de la intimidación, uno de los delincuentes percutó un disparo directamente contra el rostro del transeúnte. Respecto a la dinámica del hecho, el persecutor penal detalló: Premunidos con armas de fuego, lo intimidan y lo intentan asaltar. Uno de ellos le dispara con una pistola en la boca, y la bala ingresó por el sector del paladar. Tras dejar al afectado herido en la vía pública, los tres asaltantes sustrajeron las pertenencias de la víctima y se dieron a la fuga en dirección desconocida. A pesar de la gravedad de la lesión, el afectado logró llegar por sus propios medios hasta un centro asistencial cercano para recibir atención médica de urgencia. En el recinto hospitalario, el equipo médico constató que el paciente se encuentra en condición grave, pero fuera de riesgo vital. Sobre la condición clínica del afectado, el fiscal Olivari precisó: “Tiene un impacto balístico a la altura del paladar, en la zona de la boca, sin salida de proyectil. Por lo tanto, van a ver si se le puede intervenir para efectos de retirar el proyectil balístico”. Finalmente, la Fiscalía Centro Norte instruyó al OS9 de Carabineros la revisión de cámaras de seguridad y pericias en el sitio del suceso para dar con el paradero de los imputados. Fuente: Publimetro
La entrada en vigencia de la nueva Ley de Protección de Datos Personales (N°21.719) tendrá un impacto significativo en la forma en que las empresas gestionan la información personal. Esta normativa cambiará la manera en que las compañías recopilan, utilizan, almacenan y protegen los datos personales que poseen en sus bases de datos. Las implicaciones de esta ley no se limitarán únicamente a los datos de clientes o usuarios, sino que también afectarán la información que las empresas mantienen sobre su propio personal. En particular, los antecedentes médicos de los empleados son considerados sensibles, ya que su divulgación indebida puede acarrear sanciones graves, llegando incluso a multas de hasta 20.000 UTM. En palabras del abogado Patricio Silva-Riesco, especialista en el tema: “Una empresa que revele antecedentes médicos de sus trabajadores vulnerando su confidencialidad puede cometer una infracción gravísima, sancionable con hasta 20.000 UTM bajo el nuevo régimen. Identificar quién accede a esa información y cómo se utiliza permite detectar riesgos que suelen pasar inadvertidos en la gestión cotidiana”. Uno de los desafíos más importantes para las organizaciones será determinar con precisión qué información personal manejan, con qué propósito la utilizan, quién puede acceder a ella y cuál es el fundamento legal para su tratamiento. Según Silva-Riesco, la Ley N°21.719 elevará el estándar en el manejo de información tanto de clientes como de trabajadores. Para cumplir con esta normativa, es necesario revisar detalladamente cómo se recopilan, utilizan y comparten estos datos. Un análisis jurídico adecuado permitirá identificar posibles riesgos y proteger la confianza fundamental para el negocio. Además, la nueva regulación plantea un desafío adicional: no solo cumplir con las obligaciones establecidas, sino también demostrar efectivamente el cumplimiento de las mismas. Esto requerirá una revisión exhaustiva de políticas internas, contratos, responsabilidades, relaciones con proveedores, protocolos de seguridad y procedimientos para responder a solicitudes de los titulares de los datos o a posibles incidentes. En palabras del abogado Silva-Riesco: “La nueva ley exigirá que las empresas puedan demostrar cómo cumplen sus obligaciones sobre datos personales. Esa capacidad se construye revisando contratos, responsabilidades y prácticas cotidianas. Comprender dónde está expuesta cada organización será decisivo para tomar medidas adecuadas antes de enfrentar un reclamo”. Fuente: Publimetro
Una resolución judicial sin precedentes ha sentado un hito en el ámbito de los derechos reproductivos en el sistema judicial chileno. Se ha ordenado el pago de una indemnización de $100 millones a favor de Catalina Pizarro. La afectada se vio obligada a llevar a término la gestación de su hija Clara, a pesar de saber, desde las 12 semanas de embarazo, que la condición médica del feto era incompatible con la vida. A pesar del diagnóstico desfavorable, su médico tratante le negó el acceso a la interrupción voluntaria del embarazo, argumentando que la patología específica no estaba contemplada en el reglamento técnico para autorizar el procedimiento bajo la causal de inviabilidad fetal. Como resultado de esta negativa institucional, Pizarro tuvo que esperar dos meses en su hogar el desenlace fatal. Este periodo de espera forzada tuvo graves consecuencias emocionales y un daño psicológico duradero en la paciente. Al recordar la experiencia de mantener una gestación sin viabilidad médica, Pizarro expresó: “Es como estar al borde de la locura”. Según informa Biobio Chile, la mujer describió las secuelas de permanecer en casa sabiendo que el embarazo no llegaría a buen término, manifestando: “En ese tiempo que uno está en casa, uno de verdad se siente como si uno fuera la muerte”. En relación con los controles médicos y la evolución clínica observada en las ecografías, la madre agregó: “Al ver la ecografía y ver cómo se descomponía, cómo su corazón iba explotando de a poco, es horrible”. La decisión judicial estableció la responsabilidad por la violación del derecho a recibir atención médica garantizada por la legislación sobre el aborto legal. En Chile, la normativa actual permite interrumpir un embarazo bajo tres causales específicas: riesgo vital para la madre, inviabilidad fetal letal y violación. La sentencia reconoció los daños derivados de la falta de asistencia médica y reavivó el debate público sobre la implementación práctica y los criterios médicos que regulan el acceso real a la ley de tres causales en el país. Fuente: Publimetro
En un testimonio entregado el 3 de septiembre ante la Fiscalía, Gonzalo Migueles modificó radicalmente su versión sobre el grado de conocimiento que poseía su expareja, Ángela Vivanco, respecto a los cobros asociados al litigio entre Codelco y el consorcio Belaz-Movitec (CBM). Según el relato revelado por CIPER, Migueles afirmó que en septiembre de 2023 le informó a la entonces jueza de la Tercera Sala que el abogado Eduardo Lagos le pagaría si se obtenían resultados favorables. Sobre el momento exacto en que la exmagistrada se habría enterado de los compromisos económicos, Migueles declaró textualmente: “Es en ese momento y no antes en que ella toma conocimiento de los pagos que yo recibiría por esta causa”. Días después de dicho aviso, la sala acogió el recurso favorable a la empresa bielorrusa con el voto de Vivanco sin inhabilitarse, resolución que obligó a Codelco a desembolsar aproximadamente $4.400 millones. El nuevo relato de Migueles contrasta con sus afirmaciones vertidas en abril ante el Ministerio Público, cuando defendió a la exministra expresando: “Ella nunca supo lo de la plata, nunca supo de eso, sino hasta la formalización, y en estos seis meses no hemos hablado”. Del mismo modo, Vivanco había negado en agosto cualquier vínculo con los cobros al señalar que “Lagos, Vargas ni Silber me comentaron algo respecto de la causa. Migueles tampoco”. En su reciente confesión, Migueles admitió haber recibido cinco pagos vinculados al consorcio por un monto total de US$95 mil, detallando que la primera entrega de US$15 mil en efectivo ocurrió el 3 de julio de 2023 en la oficina de Lagos. Asimismo, reconoció que parte de los fondos se destinaron a gastos comunes de la pareja, como el arriendo de la vivienda que compartían y un viaje a Buenos Aires. La entrega de estos antecedentes fue considerada por la Fiscalía como una colaboración sustancial en la investigación penal, factor que permitió a Migueles revertir la medida de prisión preventiva el pasado 30 de septiembre. Por su parte, la exministra Ángela Vivanco enfrenta el proceso penal bajo las medidas cautelares de arresto domiciliario total, arraigo nacional y la prohibición absoluta de comunicarse con los demás imputados del caso “Muñeca Bielorrusa”. Fuente: Publimetro
La exministra vocera del gobierno del expresidente Gabriel Boric, Camila Vallejo, ha asumido un nuevo cargo internacional luego de concluir sus funciones en el Palacio de La Moneda. Vallejo se ha integrado formalmente a la Conferencia Interamericana de Seguridad Social (CISS) como directora de la iniciativa Ruta Continental: Escuela Latinoamericana de Liderazgos en Seguridad Social. La CISS confirmó la llegada de la exministra a través de sus canales oficiales, informando que ya ha comenzado a reunirse con los equipos técnicos para coordinar el desarrollo del proyecto en la región. Fundada en 1942, la Conferencia Interamericana de Seguridad Social (CISS) es un organismo técnico y permanente dedicado a promover el bienestar y la protección social en las Américas, centrándose en investigación, cooperación e instrucción especializada. La Escuela de Liderazgo Ruta Continental tiene como objetivo formar y articular a las juventudes latinoamericanas, brindándoles competencias técnicas para desarrollar iniciativas relacionadas con la seguridad social. Sobre la incorporación de Vallejo, la CISS destacó:La trayectoria y el liderazgo de Camila serán clave para formar, conectar y acompañar a las juventudes. Este nombramiento marca una nueva etapa en la carrera de Camila Vallejo después de dejar el Gobierno chileno. Desde su salida del Ejecutivo, ha mantenido una agenda activa participando en encuentros de sectores progresistas en América Latina. También ha intervenido públicamente en la discusión nacional sobre las decisiones y prioridades presupuestarias del Gobierno de José Antonio Kast. Con su llegada a la CISS, liderará un programa continental enfocado en formación técnica y protección social. Fuente: Publimetro
Un grave episodio de violencia se registró cerca de las 21:30 horas del lunes en la comuna de Santiago, en la Región Metropolitana. Según los antecedentes policiales, un ciudadano chileno de 33 años caminaba por la intersección de Vicuña Mackenna con Viollier cuando fue abordado sorpresivamente por un grupo de tres sujetos. De acuerdo con las primeras investigaciones lideradas por el fiscal Felipe Olivari, los atacantes serían todos menores de edad y actuaron con armas de fuego para intimidar a la víctima durante el intento de robo. En medio de la intimidación, uno de los delincuentes percutó un disparo directamente contra el rostro del transeúnte. Respecto a la dinámica del hecho, el persecutor penal detalló: Premunidos con armas de fuego, lo intimidan y lo intentan asaltar. Uno de ellos le dispara con una pistola en la boca, y la bala ingresó por el sector del paladar. Tras dejar al afectado herido en la vía pública, los tres asaltantes sustrajeron las pertenencias de la víctima y se dieron a la fuga en dirección desconocida. A pesar de la gravedad de la lesión, el afectado logró llegar por sus propios medios hasta un centro asistencial cercano para recibir atención médica de urgencia. En el recinto hospitalario, el equipo médico constató que el paciente se encuentra en condición grave, pero fuera de riesgo vital. Sobre la condición clínica del afectado, el fiscal Olivari precisó: “Tiene un impacto balístico a la altura del paladar, en la zona de la boca, sin salida de proyectil. Por lo tanto, van a ver si se le puede intervenir para efectos de retirar el proyectil balístico”. Finalmente, la Fiscalía Centro Norte instruyó al OS9 de Carabineros la revisión de cámaras de seguridad y pericias en el sitio del suceso para dar con el paradero de los imputados. Fuente: Publimetro
La entrada en vigencia de la nueva Ley de Protección de Datos Personales (N°21.719) tendrá un impacto significativo en la forma en que las empresas gestionan la información personal. Esta normativa cambiará la manera en que las compañías recopilan, utilizan, almacenan y protegen los datos personales que poseen en sus bases de datos. Las implicaciones de esta ley no se limitarán únicamente a los datos de clientes o usuarios, sino que también afectarán la información que las empresas mantienen sobre su propio personal. En particular, los antecedentes médicos de los empleados son considerados sensibles, ya que su divulgación indebida puede acarrear sanciones graves, llegando incluso a multas de hasta 20.000 UTM. En palabras del abogado Patricio Silva-Riesco, especialista en el tema: “Una empresa que revele antecedentes médicos de sus trabajadores vulnerando su confidencialidad puede cometer una infracción gravísima, sancionable con hasta 20.000 UTM bajo el nuevo régimen. Identificar quién accede a esa información y cómo se utiliza permite detectar riesgos que suelen pasar inadvertidos en la gestión cotidiana”. Uno de los desafíos más importantes para las organizaciones será determinar con precisión qué información personal manejan, con qué propósito la utilizan, quién puede acceder a ella y cuál es el fundamento legal para su tratamiento. Según Silva-Riesco, la Ley N°21.719 elevará el estándar en el manejo de información tanto de clientes como de trabajadores. Para cumplir con esta normativa, es necesario revisar detalladamente cómo se recopilan, utilizan y comparten estos datos. Un análisis jurídico adecuado permitirá identificar posibles riesgos y proteger la confianza fundamental para el negocio. Además, la nueva regulación plantea un desafío adicional: no solo cumplir con las obligaciones establecidas, sino también demostrar efectivamente el cumplimiento de las mismas. Esto requerirá una revisión exhaustiva de políticas internas, contratos, responsabilidades, relaciones con proveedores, protocolos de seguridad y procedimientos para responder a solicitudes de los titulares de los datos o a posibles incidentes. En palabras del abogado Silva-Riesco: “La nueva ley exigirá que las empresas puedan demostrar cómo cumplen sus obligaciones sobre datos personales. Esa capacidad se construye revisando contratos, responsabilidades y prácticas cotidianas. Comprender dónde está expuesta cada organización será decisivo para tomar medidas adecuadas antes de enfrentar un reclamo”. Fuente: Publimetro
