En octubre del 2024, una investigación por los delitos de abuso sexual y violación en contra del subsecretario del Interior de ese entonces, Manuel Monsalve, se presentó en la Fiscalía Metropolitana Centro Norte. Esto después de la denuncia de una subalterna de dicho ministerio. Monsalve, quien actualmente se encuentra cumpliendo la medida cautelar de arresto domiciliario total tras un periodo privado de libertad, recurrió al gobierno de José Antonio Kast para continuar con su aseveración de que el sumario que se realizó en su contra es ilegal. Su argumento se basa en que el sumario se dictó después de que él renunció formalmente a su cargo. Él está convencido de que en la administración de Gabriel Boric se adulteraron documentos oficiales. La Tercera tuvo acceso a un oficio de parte de Monsalve al actual subsecretario del Interior, Máximo Pavez, con el fin de que se analicen ciertos antecedentes que él puso a disposición. Su objetivo es que el Gobierno instruya un sumario e ingrese una denuncia al Ministerio Público por un eventual delito de falsificación de instrumento público. A través del Sistema de Gestión Documental (SIGE), una herramienta que mantiene un registro electrónico de actos administrativos y genera metadatos inmutables, el exsubsecretario pudo recopilar antecedentes para fundamentar su teoría. El insumo “Trazabilidad de Documento” permitió acreditar que la resolución exenta que daba curso a su sumario se creó seis horas después de que su renuncia se formalizó y se aceptó, el 17 de octubre de 2024 a las 20:10 horas. Sin embargo, la fecha que se estampó en la impresión era de 16 de octubre, por lo que sería falsa, y el documento que tendría la cronología correcta es inalterable, según lo subrayado por parte de Monsalve. Para argumentar su caso, él puntualizó leyes (Ley 19.799 sobre documentos electrónicos y la ley 21.180 de Transformación Digital del Estado) sobre documentos electrónicos de los órganos públicos que son los que prevalecen cuando existen contradicciones. Asimismo, citó declaraciones de funcionarios públicos como Carolina Tohá para recalcar las discrepancias con las fechas. La exministra del Interior indicó que en la Comisión Especial Investigadora de la Cámara de Diputados que el sumario “quedó decretado el viernes”, es decir, el 18 de octubre. A juicio del médico cirujano, el sumario que maneja la Contraloría no tendría validez, independiente de las posibles sanciones que propuso el fiscal instructor. Esto debido a que la resolución que lo origina no es legal tras la adulteración de la fecha de creación. Por lo mismo, Monsalve expuso que esto sería constitutivo del delito de falsificación de instrumento público. Si se llegase a acreditar esta presunta falsificación, se podría derribar los posibles cargos y sanciones de un sumario, lo que favorecería su posición al enfrentar el tribunal oral en lo penal. El medio citado pudo conocer que Pavez hizo acuso recibo y transmitió que analizaría los antecedentes presentados en el escrito de 11 páginas. Fuente: Publimetro
El exdiputado Joaquín Lavín León pasó su primera noche en el Anexo Penitenciario Capitán Yáber, luego de que el 7° Juzgado de Garantía de Santiago dictara la medida cautelar de prisión preventiva el viernes 8 de mayo. El hijo de Joaquín Lavín Infante y esposo de Cathy Barriga enfrenta cargos por fraude al fisco, tráfico de influencias y falsificación de instrumento privado mercantil. Este sábado, su abogado defensor, Cristóbal Bonacic, se presentó en el centro penitenciario para visitar a su cliente y conversar con los medios presentes en el lugar. “Esto está recién empezando. Luego de esto tiene que terminar la etapa de investigación, y un juicio. Toda persona tiene derecho a un juicio objetivo imparcial y no a una investigación sesgada como la que ha desarrollado hasta el día de hoy”, expresó Bonacic ante la prensa, según lo registrado por las cámaras de 24 Horas. “Por lo tanto, eso le da tranquilidad a mi representado dar cuenta de que cuando las pruebas son apreciadas en forma objetiva y en su totalidad, obviamente la conclusión va a ser distinta”, agregó. Cuando se le preguntó sobre la conversación con su cliente después de la primera noche en prisión preventiva, el abogado mencionó que “obviamente, no es grato estar privado de libertad, pero tiene claro que es un proceso que va a tener que sobrellevar”. “Esperemos que sea lo más corto posible, tenemos la convicción de que aquí no hay delito y que hay una investigación que ha sido sesgada y armada para los efectos de dar una gran cantidad de delitos que no se justifican”. El abogado destacó que “la ley establece requisitos para la prisión preventiva, y a nuestro juicio no se cumple. Por lo tanto, hace que la resolución no sea justa”. Añadió que están preparando la apelación a esta medida cautelar, “en atención a la falta de fundamentos de la resolución de ayer, esperamos que la instancia que corresponda acojan nuestros planteamientos (...) siempre en miras de un juicio oral, no en una audiencia de formalización”. Fuente: Publimetro
Habló el alcalde de Santiago, Mario Desbordes, y llegó el turno del ministro de Justicia, Fernando Rabat, de responder. Todo comenzó después de las declaraciones del jefe de la cartera, quien confirmó la ampliación de la cárcel Santiago 1 ubicada en Pedro Montt. En conversación con La Tercera, Rabat señaló que “yo creo que ningún alcalde quiere que se construyan cárceles en su comuna. Hay que entender, en todo caso, que todo proyecto carcelario tiene importantes medidas de mitigación”. A modo de ejemplo, él sostuvo que “ los proyectos concesionados en algunos lugares tienen medidas de mitigación por 100.000 unidades de fomento, que es mucha plata ”. Al mismo medio citado, el alcalde de la comuna afectada alzó la voz en contra del ministro Rabat y rechazó categóricamente sus declaraciones. “Es un lugar completamente saturado, lo rechazo como representante de los vecinos. En esa zona hay miles de personas privadas de libertad en un par de kilómetros cuadrados”. Él añadió que “ es la zona con más presos en Chile, pero también la rechazó desde el punto de vista técnico, que probablemente el ministro desconoce absolutamente. No es recomendable hacer una cárcel de alta seguridad en el corazón de la capital. Muchos de los presos de máxima seguridad son personas que están recluidas por delitos cometidos en Lampa, en Talagante, en Puente Alto y, por lo tanto, habría que desplazarlos a esos lugares para poder llevarlos con la actual normativa a los distintos trámites de los tribunales”. Junto a esto, el alcalde de Santiago desmintió que la construcción de los recintos penitenciarios traigan consigo obras de mitigación. “La explicación bastante burla de que es necesario hacerla ahí, porque está al lado de la cárcel Santiago 1 y pasan por debajo, por el lado, sin recorridos, se cae por sí sola”, indicó. “Señor ministro, infórmese bien. No desinforme a la ciudadanía. No es verdad que haya grandes obras de mitigación. Eso no es cierto. A los vecinos de Pedro Montt se les engañó. Se les prometieron una serie de obras de mitigación cuando se construyó Santiago 1. Señor Rabat, ¿sabe cuántas obras se construyeron? Cero, cero. Por favor, no trate de engañar a los vecinos de la comuna”, cerró. “Se generó una polémica innecesaria”, fueron las palabras del ministro Fernando Rabat al describir este dime y diretes que se ocasionó. “Ya lo señalé públicamente. Está en los planes ampliar esa cárcel, más no construir ”, agregó, según lo recogido por La Tercera durante su visita al Centro Penitenciario Femenino de Temuco. Asimismo, se quiso referir al desmentido que le hizo el alcalde Desbordes tras señalar que no existen mitigaciones y los vecinos de Santiago no han recibido alguna. Él insistió en su punto inicial. “Quiero insistir también en la idea de que esos proyectos van acompañados de medidas de mitigación que esperamos que puedan morigerar todas las externalidades que una cárcel genera”, agregó. “Yo creo que el alcalde Desbordes no entendió bien lo que yo señalé. Lo llamo a leer las declaraciones una vez más para que no efectúe comentarios temerarios”, cerró. Fuente: Publimetro
La ministra del Medio Ambiente, Francisca Toledo, ha anunciado la publicación de un nuevo decreto relacionado con la Ley de Responsabilidad Extendida del Productor (REP). Esta normativa tiene como objetivo establecer metas de recolección y reciclaje para pilas y aparatos eléctricos y electrónicos en todo el territorio nacional. Esta medida busca facilitar el proceso de reciclaje de residuos como celulares, computadores, tablets, refrigeradores, lavadoras y microondas. Para lograrlo, se habilitarán nuevos puntos limpios y puntos verdes, además de llevar a cabo campañas de retiro domiciliario y establecer espacios de recepción en grandes comercios. De acuerdo a información proporcionada por el Ministerio del Medio Ambiente, en Chile se generan aproximadamente 220 mil toneladas de residuos electrónicos y más de 2.600 toneladas de pilas al año, lo que sitúa al país como líder en la producción de “chatarra electrónica” en Latinoamérica con más de 10 kilos por persona anuales. Sin embargo, actualmente solo se recicla el 4,1% de estos residuos. En palabras de la ministra Toledo: “La publicación de este decreto marca un nuevo hito ambiental para nuestro país, porque establece metas y obligaciones concretas para avanzar en la recolección, reparación, reutilización y reciclaje de pilas y aparatos eléctricos y electrónicos”. Según lo establecido en la normativa, las empresas que comercializan estos productos serán responsables de financiar y organizar su recolección una vez que hayan cumplido su vida útil. Las metas comenzarán a aplicarse a partir de mayo de 2028 y aumentarán gradualmente hasta alcanzar un 45% de recolección y valorización en un plazo de diez años. Además, el decreto contempla la instalación progresiva de puntos limpios en 36 comunas que van desde Arica hasta Punta Arenas. También se llevarán a cabo campañas de recolección domiciliaria al menos dos veces al año y se establecerán puntos de recepción en tiendas con más de 400 metros cuadrados que vendan este tipo de productos. En palabras de la secretaria de Estado: “Queremos que reciclar sea cada vez más simple, más cercano y más accesible. Que las personas no tengan que acumular aparatos en sus casas ni ver electrónicos abandonados en barrios, calles o microbasurales”. La fiscalización de esta normativa estará a cargo de la Superintendencia del Medio Ambiente, entidad que podrá imponer multas que lleguen hasta las 10 mil UTA en caso de incumplimientos. Fuente: Publimetro
El viernes 8 de mayo, el exdiputado Joaquín Lavín León quedó en prisión preventiva después de una extensa semana de audiencia de formalización. Se le imputaron los delitos de fraude al fisco, tráfico de influencias y falsificación de instrumento privado mercantil. El magistrado Daniel Urrutia, del Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago, acogió la solicitud de otorgar la medida cautelar más gravosa al exdiputado Lavín Jr., realizada por el Ministerio Público y los querellantes, entre los que están el Servicio de Impuestos Internos (SII), la Municipalidad de Maipú y el Consejo de Defensa del Estado (CDE). En su argumentación, el tribunal dio por acreditados todos los delitos por los cuales fueron formalizados y la participación de los imputados, indicando que es necesario que queden en prisión preventiva por considerar que su libertad “constituye un peligro para la seguridad de la sociedad”. En esa línea, el tribunal señaló que los imputados formaron una red de corrupción, gravedad de los hechos, reiteración y la pena asignada a los delitos. Por otra parte, el magistrado dio un plazo de 90 días para realizar la investigación, mientras que Gendarmería deberá determinar el penal donde el exdiputado Lavín León tendrá que cumplir con la medida cautelar de prisión preventiva. El actual alcalde de la comuna de Maipú, Tomás Vodanovic, se pronunció después de que se dictó la prisión preventiva de Joaquín Lavín León, el esposo de la exalcaldesa Cathy Barriga. Vodanovic expresó: “La prisión preventiva dada como medida cautelar al ex diputado Joaquín Lavín, demuestra una vez más que nuestras acusaciones estaban lejos de ser inventos o una persecución política, sino que existían elementos contundentes para pensar en la comisión de delitos graves en instituciones públicas”. “Como municipio seguiremos colaborando con el proceso investigativo, confiando en las instituciones y el debido proceso, y esperando sanciones ejemplificadoras en caso de comprobarse culpabilidad. Defender las instituciones públicas y la democracia es tarea de todos, y como municipio cumpliremos nuestro rol hasta las últimas instancias. La corrupción se combate siempre”, concluyó Vodanovic. Fuente: Publimetro
En octubre del 2024, una investigación por los delitos de abuso sexual y violación en contra del subsecretario del Interior de ese entonces, Manuel Monsalve, se presentó en la Fiscalía Metropolitana Centro Norte. Esto después de la denuncia de una subalterna de dicho ministerio. Monsalve, quien actualmente se encuentra cumpliendo la medida cautelar de arresto domiciliario total tras un periodo privado de libertad, recurrió al gobierno de José Antonio Kast para continuar con su aseveración de que el sumario que se realizó en su contra es ilegal. Su argumento se basa en que el sumario se dictó después de que él renunció formalmente a su cargo. Él está convencido de que en la administración de Gabriel Boric se adulteraron documentos oficiales. La Tercera tuvo acceso a un oficio de parte de Monsalve al actual subsecretario del Interior, Máximo Pavez, con el fin de que se analicen ciertos antecedentes que él puso a disposición. Su objetivo es que el Gobierno instruya un sumario e ingrese una denuncia al Ministerio Público por un eventual delito de falsificación de instrumento público. A través del Sistema de Gestión Documental (SIGE), una herramienta que mantiene un registro electrónico de actos administrativos y genera metadatos inmutables, el exsubsecretario pudo recopilar antecedentes para fundamentar su teoría. El insumo “Trazabilidad de Documento” permitió acreditar que la resolución exenta que daba curso a su sumario se creó seis horas después de que su renuncia se formalizó y se aceptó, el 17 de octubre de 2024 a las 20:10 horas. Sin embargo, la fecha que se estampó en la impresión era de 16 de octubre, por lo que sería falsa, y el documento que tendría la cronología correcta es inalterable, según lo subrayado por parte de Monsalve. Para argumentar su caso, él puntualizó leyes (Ley 19.799 sobre documentos electrónicos y la ley 21.180 de Transformación Digital del Estado) sobre documentos electrónicos de los órganos públicos que son los que prevalecen cuando existen contradicciones. Asimismo, citó declaraciones de funcionarios públicos como Carolina Tohá para recalcar las discrepancias con las fechas. La exministra del Interior indicó que en la Comisión Especial Investigadora de la Cámara de Diputados que el sumario “quedó decretado el viernes”, es decir, el 18 de octubre. A juicio del médico cirujano, el sumario que maneja la Contraloría no tendría validez, independiente de las posibles sanciones que propuso el fiscal instructor. Esto debido a que la resolución que lo origina no es legal tras la adulteración de la fecha de creación. Por lo mismo, Monsalve expuso que esto sería constitutivo del delito de falsificación de instrumento público. Si se llegase a acreditar esta presunta falsificación, se podría derribar los posibles cargos y sanciones de un sumario, lo que favorecería su posición al enfrentar el tribunal oral en lo penal. El medio citado pudo conocer que Pavez hizo acuso recibo y transmitió que analizaría los antecedentes presentados en el escrito de 11 páginas. Fuente: Publimetro
El exdiputado Joaquín Lavín León pasó su primera noche en el Anexo Penitenciario Capitán Yáber, luego de que el 7° Juzgado de Garantía de Santiago dictara la medida cautelar de prisión preventiva el viernes 8 de mayo. El hijo de Joaquín Lavín Infante y esposo de Cathy Barriga enfrenta cargos por fraude al fisco, tráfico de influencias y falsificación de instrumento privado mercantil. Este sábado, su abogado defensor, Cristóbal Bonacic, se presentó en el centro penitenciario para visitar a su cliente y conversar con los medios presentes en el lugar. “Esto está recién empezando. Luego de esto tiene que terminar la etapa de investigación, y un juicio. Toda persona tiene derecho a un juicio objetivo imparcial y no a una investigación sesgada como la que ha desarrollado hasta el día de hoy”, expresó Bonacic ante la prensa, según lo registrado por las cámaras de 24 Horas. “Por lo tanto, eso le da tranquilidad a mi representado dar cuenta de que cuando las pruebas son apreciadas en forma objetiva y en su totalidad, obviamente la conclusión va a ser distinta”, agregó. Cuando se le preguntó sobre la conversación con su cliente después de la primera noche en prisión preventiva, el abogado mencionó que “obviamente, no es grato estar privado de libertad, pero tiene claro que es un proceso que va a tener que sobrellevar”. “Esperemos que sea lo más corto posible, tenemos la convicción de que aquí no hay delito y que hay una investigación que ha sido sesgada y armada para los efectos de dar una gran cantidad de delitos que no se justifican”. El abogado destacó que “la ley establece requisitos para la prisión preventiva, y a nuestro juicio no se cumple. Por lo tanto, hace que la resolución no sea justa”. Añadió que están preparando la apelación a esta medida cautelar, “en atención a la falta de fundamentos de la resolución de ayer, esperamos que la instancia que corresponda acojan nuestros planteamientos (...) siempre en miras de un juicio oral, no en una audiencia de formalización”. Fuente: Publimetro
Habló el alcalde de Santiago, Mario Desbordes, y llegó el turno del ministro de Justicia, Fernando Rabat, de responder. Todo comenzó después de las declaraciones del jefe de la cartera, quien confirmó la ampliación de la cárcel Santiago 1 ubicada en Pedro Montt. En conversación con La Tercera, Rabat señaló que “yo creo que ningún alcalde quiere que se construyan cárceles en su comuna. Hay que entender, en todo caso, que todo proyecto carcelario tiene importantes medidas de mitigación”. A modo de ejemplo, él sostuvo que “ los proyectos concesionados en algunos lugares tienen medidas de mitigación por 100.000 unidades de fomento, que es mucha plata ”. Al mismo medio citado, el alcalde de la comuna afectada alzó la voz en contra del ministro Rabat y rechazó categóricamente sus declaraciones. “Es un lugar completamente saturado, lo rechazo como representante de los vecinos. En esa zona hay miles de personas privadas de libertad en un par de kilómetros cuadrados”. Él añadió que “ es la zona con más presos en Chile, pero también la rechazó desde el punto de vista técnico, que probablemente el ministro desconoce absolutamente. No es recomendable hacer una cárcel de alta seguridad en el corazón de la capital. Muchos de los presos de máxima seguridad son personas que están recluidas por delitos cometidos en Lampa, en Talagante, en Puente Alto y, por lo tanto, habría que desplazarlos a esos lugares para poder llevarlos con la actual normativa a los distintos trámites de los tribunales”. Junto a esto, el alcalde de Santiago desmintió que la construcción de los recintos penitenciarios traigan consigo obras de mitigación. “La explicación bastante burla de que es necesario hacerla ahí, porque está al lado de la cárcel Santiago 1 y pasan por debajo, por el lado, sin recorridos, se cae por sí sola”, indicó. “Señor ministro, infórmese bien. No desinforme a la ciudadanía. No es verdad que haya grandes obras de mitigación. Eso no es cierto. A los vecinos de Pedro Montt se les engañó. Se les prometieron una serie de obras de mitigación cuando se construyó Santiago 1. Señor Rabat, ¿sabe cuántas obras se construyeron? Cero, cero. Por favor, no trate de engañar a los vecinos de la comuna”, cerró. “Se generó una polémica innecesaria”, fueron las palabras del ministro Fernando Rabat al describir este dime y diretes que se ocasionó. “Ya lo señalé públicamente. Está en los planes ampliar esa cárcel, más no construir ”, agregó, según lo recogido por La Tercera durante su visita al Centro Penitenciario Femenino de Temuco. Asimismo, se quiso referir al desmentido que le hizo el alcalde Desbordes tras señalar que no existen mitigaciones y los vecinos de Santiago no han recibido alguna. Él insistió en su punto inicial. “Quiero insistir también en la idea de que esos proyectos van acompañados de medidas de mitigación que esperamos que puedan morigerar todas las externalidades que una cárcel genera”, agregó. “Yo creo que el alcalde Desbordes no entendió bien lo que yo señalé. Lo llamo a leer las declaraciones una vez más para que no efectúe comentarios temerarios”, cerró. Fuente: Publimetro
La ministra del Medio Ambiente, Francisca Toledo, ha anunciado la publicación de un nuevo decreto relacionado con la Ley de Responsabilidad Extendida del Productor (REP). Esta normativa tiene como objetivo establecer metas de recolección y reciclaje para pilas y aparatos eléctricos y electrónicos en todo el territorio nacional. Esta medida busca facilitar el proceso de reciclaje de residuos como celulares, computadores, tablets, refrigeradores, lavadoras y microondas. Para lograrlo, se habilitarán nuevos puntos limpios y puntos verdes, además de llevar a cabo campañas de retiro domiciliario y establecer espacios de recepción en grandes comercios. De acuerdo a información proporcionada por el Ministerio del Medio Ambiente, en Chile se generan aproximadamente 220 mil toneladas de residuos electrónicos y más de 2.600 toneladas de pilas al año, lo que sitúa al país como líder en la producción de “chatarra electrónica” en Latinoamérica con más de 10 kilos por persona anuales. Sin embargo, actualmente solo se recicla el 4,1% de estos residuos. En palabras de la ministra Toledo: “La publicación de este decreto marca un nuevo hito ambiental para nuestro país, porque establece metas y obligaciones concretas para avanzar en la recolección, reparación, reutilización y reciclaje de pilas y aparatos eléctricos y electrónicos”. Según lo establecido en la normativa, las empresas que comercializan estos productos serán responsables de financiar y organizar su recolección una vez que hayan cumplido su vida útil. Las metas comenzarán a aplicarse a partir de mayo de 2028 y aumentarán gradualmente hasta alcanzar un 45% de recolección y valorización en un plazo de diez años. Además, el decreto contempla la instalación progresiva de puntos limpios en 36 comunas que van desde Arica hasta Punta Arenas. También se llevarán a cabo campañas de recolección domiciliaria al menos dos veces al año y se establecerán puntos de recepción en tiendas con más de 400 metros cuadrados que vendan este tipo de productos. En palabras de la secretaria de Estado: “Queremos que reciclar sea cada vez más simple, más cercano y más accesible. Que las personas no tengan que acumular aparatos en sus casas ni ver electrónicos abandonados en barrios, calles o microbasurales”. La fiscalización de esta normativa estará a cargo de la Superintendencia del Medio Ambiente, entidad que podrá imponer multas que lleguen hasta las 10 mil UTA en caso de incumplimientos. Fuente: Publimetro
El viernes 8 de mayo, el exdiputado Joaquín Lavín León quedó en prisión preventiva después de una extensa semana de audiencia de formalización. Se le imputaron los delitos de fraude al fisco, tráfico de influencias y falsificación de instrumento privado mercantil. El magistrado Daniel Urrutia, del Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago, acogió la solicitud de otorgar la medida cautelar más gravosa al exdiputado Lavín Jr., realizada por el Ministerio Público y los querellantes, entre los que están el Servicio de Impuestos Internos (SII), la Municipalidad de Maipú y el Consejo de Defensa del Estado (CDE). En su argumentación, el tribunal dio por acreditados todos los delitos por los cuales fueron formalizados y la participación de los imputados, indicando que es necesario que queden en prisión preventiva por considerar que su libertad “constituye un peligro para la seguridad de la sociedad”. En esa línea, el tribunal señaló que los imputados formaron una red de corrupción, gravedad de los hechos, reiteración y la pena asignada a los delitos. Por otra parte, el magistrado dio un plazo de 90 días para realizar la investigación, mientras que Gendarmería deberá determinar el penal donde el exdiputado Lavín León tendrá que cumplir con la medida cautelar de prisión preventiva. El actual alcalde de la comuna de Maipú, Tomás Vodanovic, se pronunció después de que se dictó la prisión preventiva de Joaquín Lavín León, el esposo de la exalcaldesa Cathy Barriga. Vodanovic expresó: “La prisión preventiva dada como medida cautelar al ex diputado Joaquín Lavín, demuestra una vez más que nuestras acusaciones estaban lejos de ser inventos o una persecución política, sino que existían elementos contundentes para pensar en la comisión de delitos graves en instituciones públicas”. “Como municipio seguiremos colaborando con el proceso investigativo, confiando en las instituciones y el debido proceso, y esperando sanciones ejemplificadoras en caso de comprobarse culpabilidad. Defender las instituciones públicas y la democracia es tarea de todos, y como municipio cumpliremos nuestro rol hasta las últimas instancias. La corrupción se combate siempre”, concluyó Vodanovic. Fuente: Publimetro
