La comunidad de Viña del Mar se encuentra preocupada por el estado de la cruz que corona la Iglesia de los Padres Carmelitas, ubicada en uno de los sectores más emblemáticos de la Ciudad Jardín. Vecinos han alertado sobre una inclinación notable en la estructura, generando temores de un posible colapso. La cruz, situada en el campanario del templo en Avenida Libertad, entre 4 y 5 Norte, fue objeto de atención luego del sismo de magnitud 6,0 que sacudió la zona de Quintero a finales de mayo. Esta situación motivó la intervención de voluntarios del Cuerpo de Bomberos de Viña del Mar, quienes acudieron al lugar para evaluar los posibles riesgos para peatones y conductores. Expertos han informado que la cruz, fabricada en fibra de vidrio y con un peso superior a los 20 kilos, se encuentra a una altura cercana a los 40 metros. Esta condición ha complicado las labores de inspección y ha planteado desafíos logísticos para su eventual reparación o remoción. Se barajan opciones como el uso de una grúa especializada o incluso un helicóptero debido a la dificultad de acceso. La Iglesia de los Carmelitas es reconocida como uno de los íconos arquitectónicos más importantes de Viña del Mar. Inaugurada en 1926 en estilo neogótico, destaca por su aguja imponente, siendo parte integral del patrimonio histórico y cultural de la ciudad. Fuente: Publimetro
El proyecto de ley que crea el denominado Registro Único de Incivilidades y Actos Vandálicos sigue siendo tema de debate en el Congreso. La propuesta, presentada por el Gobierno, tiene como objetivo identificar a personas condenadas por conductas que afectan el orden público y los espacios comunes, imponiendo consecuencias administrativas mientras estén registradas. Uno de los puntos clave del proyecto es la duración de las inscripciones. Según el texto presentado en el Parlamento, aquellos condenados por actos vandálicos permanecerán en el registro por cinco años. En el caso de menores de 18 años, la inscripción se reducirá a dos años. Para las conductas consideradas incivilidades, la permanencia será de un año, una vez que exista una resolución judicial firme que ordene la inclusión en el sistema. El proyecto también contempla sanciones más severas para reincidentes mientras estén registrados. En el caso de los delitos vandálicos, cada nueva condena extenderá el plazo en el registro. Para las incivilidades, la primera reincidencia aumentará la inscripción a dos años, y posteriores infracciones podrían elevarla hasta tres años. Una vez cumplido el período correspondiente y sin nuevas sanciones, la inscripción será eliminada automáticamente por el Servicio de Registro Civil e Identificación, entidad encargada de administrar la plataforma. El registro será público, permitiendo a cualquier ciudadano consultar si una persona está inscrita, con un límite de cinco consultas al año y previa identificación. Sin embargo, los antecedentes de menores serán confidenciales y no accesibles por terceros. Mientras estén inscritas en el Registro Único de Incivilidades y Actos Vandálicos, las personas enfrentarán diversas restricciones administrativas. Esto incluye la imposibilidad de postular a ciertos subsidios habitacionales y beneficios estudiantiles, acceder a fondos concursables estatales, renovar licencias o pasaportes, registrar vehículos o propiedades e incluso asistir a eventos masivos o partidos de fútbol profesional. Además, en casos de reincidencia o delitos específicos determinados por ley, se podría suspender temporalmente beneficios como la gratuidad en educación superior y la Pensión Garantizada Universal (PGU). Actualmente, el proyecto se encuentra en su fase inicial de tramitación legislativa y deberá ser discutido por las comisiones correspondientes antes de ser votado en el Congreso. Fuente: Publimetro
Un incidente que ha conmocionado a la capital colombiana este domingo ha dado un giro inesperado tras las declaraciones oficiales del Gobierno. Lo que inicialmente se informó como una captura flagrante por abuso sexual de un menor ha sido desmentido por el propio Presidente de la República, Gustavo Petro, quien hizo un llamado a la sociedad para reflexionar sobre los juicios colectivos basados en apariencias. El caso comenzó cuando transeúntes presenciaron una escena en el balcón de un apartamento en un sector acomodado de Bogotá. Los ciudadanos, creyendo que se trataba de una agresión sexual en curso, alertaron a la Policía y se aglomeraron frente al edificio para increpar al sospechoso y defender al niño. El hombre, un ciudadano estadounidense originario de Texas, fue arrestado de inmediato por las autoridades mientras los menores involucrados eran trasladados a un hospital para exámenes periciales. En un primer momento, el presidente Petro reaccionó con dureza en sus plataformas digitales, llegando a afirmar queel pedófilo estadounidense es de Texas y de derecha en Estados Unidos, vinculando estos actos con el fascismo. Sin embargo, la revisión de los hechos y la situación familiar de los involucrados obligaron a una corrección total de la narrativa gubernamental durante la jornada del lunes. A través de sus canales oficiales, el mandatario informó a la opinión pública sobre el error de interpretación que llevó a la detención. Explicó:Debo notificar a la sociedad colombiana, porque mi compromiso es con la verdad, que el ciudadano norteamericano de origen en Texas, capturado en un apartamento del norte de Bogotá, al parecer no violó ninguno de sus hijos adoptados en Colombia. Lo sacó al balcón por un atoramiento por comer mal la comida. El jefe de Estado consideró que este episodio es unabuena lección de realidad a quienes fácilmente pueden serengañados colectivamente por imágenes que no concuerdan con la realidad. Reconociendo el daño causado a la reputación del implicado, añadió:Creo que hemos transformado en pedófilo a alguien que no lo es, pidiendo explícitamente quela justicia debe entregarle todos sus derechos como ser humano, al estadounidense. Más allá del incidente puntual, el presidente Petro utilizó el caso para cuestionar la gestión de la niñez en el país. Al confirmarse que los tres niños presentes en el inmueble habían sido adoptados por el estadounidense y su pareja a través de gestiones privadas, solicitó cambios estructurales. Manifestó:He pedido que se acaben las tercerizaciones en el ICBF porque el Estado debe asumir su misión de cuidar de la niñez en Colombia cuando falla la familia. Este suceso ocurre en un momento de alerta nacional por la seguridad de los menores. Según cifras de Migración Colombia, se ha registrado una tendencia preocupante en el ingreso de extranjeros con posibles fines de explotación sexual, contabilizando más de 60 inadmisiones hasta abril del 2026, superando así más del 50% de los casos detectados en todo el año anterior. Fuente: Publimetro
Una situación sin precedentes quedó al descubierto en la frontera norte de Chile tras el hallazgo de un puente construido sobre la zanja de Colchane. La obra, que no fue levantada de forma artesanal, contó con una planificación logística de gran envergadura y tenía como objetivo principal burlar los controles policiales y militares fronterizos, facilitando tanto el ingreso de personas como el egreso de mercancías ilícitas. El descubrimiento de esta infraestructura ha encendido las alertas debido a la capacidad técnica requerida para su ejecución. Según los antecedentes, la construcción se habría realizado utilizando maquinaria pesada en una zona que se encuentra bajo el resguardo del Ejército de Chile. Este hecho evidencia una vulnerabilidad en los límites territoriales y la sofisticación de las bandas que operan en la macrozona norte. Desde el Ejecutivo, el ministro Martín Arrau fue enfático al describir la magnitud del desafío. “Tenemos un enemigo poderoso, no se malentienda, un adversario. El crimen organizado es muy poderoso, maneja muchos recursos, maneja información, hoy día maneja tecnología y es capaz también de corromper instituciones públicas”, señaló la autoridad de Estado al referirse al poder económico de estos grupos. La investigación preliminar descarta que este tipo de pasos se realicen con herramientas básicas. Se trata de una red manejada por bandas organizadas que buscan maximizar sus beneficios mediante diversos delitos transnacionales. Entre las funciones del puente, se identificó que el “paso informal permite trasladar autos robados en Chile hacia Bolivia”, además de facilitar el ingreso de migrantes en situación irregular y el traslado de mercancías ilícitas aprovechando la extensión fronteriza. Como respuesta inmediata, el Ministerio de Obras Públicas intervendrá la zona durante la semana para concretar la destrucción de la estructura apenas esté disponible la maquinaria necesaria. En paralelo, se reforzará la seguridad en el sector de Colchane mediante un monitoreo constante. El plan de acción incluye que “se pondrán monitoreos mayores, se pondrán estos puestos avanzados de observación”, sumado a patrullajes diurnos y nocturnos realizados por el Ejército y Carabineros. Estas labores contarán con el apoyo de sensores de alta resolución y televigilancia remota para impedir que el crimen organizado vuelva a levantar infraestructuras similares en la frontera. Fuente: Publimetro
La muerte de Maria Eduarda Rodrigues de Freitas, una estudiante de 21 años durante una actividad de puenting en Brasil ha generado incertidumbre. Tres hombres detenidos en relación con el caso han declarado a las autoridades que no recuerdan quién fue responsable de colocar o revisar el equipo de seguridad antes del fatídico salto. La tragedia ocurrió cuando la joven fue lanzada desde un puente abandonado en Limeira, estado de Sao Paulo, sin ningún tipo de protección, lo que ha causado conmoción en Brasil y llevó a la detención de tres empleados de la empresa Entre Cordas, encargada de organizar la actividad extrema. De acuerdo con información difundida por medios locales, los detenidos coincidieron al afirmar que no recuerdan si llevaron a cabo las verificaciones de seguridad antes del salto. Uno de los implicados, Luis Felipe Feliciano Egoroff, mencionó a la Policía Civil que en la empresa no existía una estructura clara para determinar quién debía asumir la responsabilidad final de revisar los equipos. Cuando se le preguntó si él había asegurado a Maria Eduarda, respondió que no podía recordarlo. Otro detenido, Maicon Fernandes Cintra, admitió haber participado en la revisión de los equipos antes del salto, pero al ser cuestionado sobre si verificó específicamente la cuerda de seguridad que debía proteger a la joven, también declaró no recordar haberlo hecho. Estas declaraciones han despertado el interés de los investigadores, quienes buscan reconstruir minuciosamente cómo se llevó a cabo la preparación del salto que terminó en tragedia. El abogado defensor de los trabajadores, Rafael Gomes dos Santos, argumentó que sus clientes tienen dificultades para recordar los hechos debido al impacto emocional provocado por el accidente. Gomes dos Santos explicó que los involucrados siguen afectados por lo sucedido, ya que nunca habían enfrentado una situación similar a pesar de años realizando actividades similares. Mientras continúan las investigaciones, las autoridades brasileñas están determinando si hubo negligencia, fallas en los protocolos de seguridad o responsabilidades individuales dentro de la organización del evento. Este caso ha reavivado el debate sobre los controles de seguridad en actividades extremas y la necesidad de establecer procedimientos claros para prevenir tragedias como la que cobró la vida de Maria Eduarda Rodrigues de Freitas. Fuente: Publimetro
La comunidad de Viña del Mar se encuentra preocupada por el estado de la cruz que corona la Iglesia de los Padres Carmelitas, ubicada en uno de los sectores más emblemáticos de la Ciudad Jardín. Vecinos han alertado sobre una inclinación notable en la estructura, generando temores de un posible colapso. La cruz, situada en el campanario del templo en Avenida Libertad, entre 4 y 5 Norte, fue objeto de atención luego del sismo de magnitud 6,0 que sacudió la zona de Quintero a finales de mayo. Esta situación motivó la intervención de voluntarios del Cuerpo de Bomberos de Viña del Mar, quienes acudieron al lugar para evaluar los posibles riesgos para peatones y conductores. Expertos han informado que la cruz, fabricada en fibra de vidrio y con un peso superior a los 20 kilos, se encuentra a una altura cercana a los 40 metros. Esta condición ha complicado las labores de inspección y ha planteado desafíos logísticos para su eventual reparación o remoción. Se barajan opciones como el uso de una grúa especializada o incluso un helicóptero debido a la dificultad de acceso. La Iglesia de los Carmelitas es reconocida como uno de los íconos arquitectónicos más importantes de Viña del Mar. Inaugurada en 1926 en estilo neogótico, destaca por su aguja imponente, siendo parte integral del patrimonio histórico y cultural de la ciudad. Fuente: Publimetro
El proyecto de ley que crea el denominado Registro Único de Incivilidades y Actos Vandálicos sigue siendo tema de debate en el Congreso. La propuesta, presentada por el Gobierno, tiene como objetivo identificar a personas condenadas por conductas que afectan el orden público y los espacios comunes, imponiendo consecuencias administrativas mientras estén registradas. Uno de los puntos clave del proyecto es la duración de las inscripciones. Según el texto presentado en el Parlamento, aquellos condenados por actos vandálicos permanecerán en el registro por cinco años. En el caso de menores de 18 años, la inscripción se reducirá a dos años. Para las conductas consideradas incivilidades, la permanencia será de un año, una vez que exista una resolución judicial firme que ordene la inclusión en el sistema. El proyecto también contempla sanciones más severas para reincidentes mientras estén registrados. En el caso de los delitos vandálicos, cada nueva condena extenderá el plazo en el registro. Para las incivilidades, la primera reincidencia aumentará la inscripción a dos años, y posteriores infracciones podrían elevarla hasta tres años. Una vez cumplido el período correspondiente y sin nuevas sanciones, la inscripción será eliminada automáticamente por el Servicio de Registro Civil e Identificación, entidad encargada de administrar la plataforma. El registro será público, permitiendo a cualquier ciudadano consultar si una persona está inscrita, con un límite de cinco consultas al año y previa identificación. Sin embargo, los antecedentes de menores serán confidenciales y no accesibles por terceros. Mientras estén inscritas en el Registro Único de Incivilidades y Actos Vandálicos, las personas enfrentarán diversas restricciones administrativas. Esto incluye la imposibilidad de postular a ciertos subsidios habitacionales y beneficios estudiantiles, acceder a fondos concursables estatales, renovar licencias o pasaportes, registrar vehículos o propiedades e incluso asistir a eventos masivos o partidos de fútbol profesional. Además, en casos de reincidencia o delitos específicos determinados por ley, se podría suspender temporalmente beneficios como la gratuidad en educación superior y la Pensión Garantizada Universal (PGU). Actualmente, el proyecto se encuentra en su fase inicial de tramitación legislativa y deberá ser discutido por las comisiones correspondientes antes de ser votado en el Congreso. Fuente: Publimetro
Un incidente que ha conmocionado a la capital colombiana este domingo ha dado un giro inesperado tras las declaraciones oficiales del Gobierno. Lo que inicialmente se informó como una captura flagrante por abuso sexual de un menor ha sido desmentido por el propio Presidente de la República, Gustavo Petro, quien hizo un llamado a la sociedad para reflexionar sobre los juicios colectivos basados en apariencias. El caso comenzó cuando transeúntes presenciaron una escena en el balcón de un apartamento en un sector acomodado de Bogotá. Los ciudadanos, creyendo que se trataba de una agresión sexual en curso, alertaron a la Policía y se aglomeraron frente al edificio para increpar al sospechoso y defender al niño. El hombre, un ciudadano estadounidense originario de Texas, fue arrestado de inmediato por las autoridades mientras los menores involucrados eran trasladados a un hospital para exámenes periciales. En un primer momento, el presidente Petro reaccionó con dureza en sus plataformas digitales, llegando a afirmar queel pedófilo estadounidense es de Texas y de derecha en Estados Unidos, vinculando estos actos con el fascismo. Sin embargo, la revisión de los hechos y la situación familiar de los involucrados obligaron a una corrección total de la narrativa gubernamental durante la jornada del lunes. A través de sus canales oficiales, el mandatario informó a la opinión pública sobre el error de interpretación que llevó a la detención. Explicó:Debo notificar a la sociedad colombiana, porque mi compromiso es con la verdad, que el ciudadano norteamericano de origen en Texas, capturado en un apartamento del norte de Bogotá, al parecer no violó ninguno de sus hijos adoptados en Colombia. Lo sacó al balcón por un atoramiento por comer mal la comida. El jefe de Estado consideró que este episodio es unabuena lección de realidad a quienes fácilmente pueden serengañados colectivamente por imágenes que no concuerdan con la realidad. Reconociendo el daño causado a la reputación del implicado, añadió:Creo que hemos transformado en pedófilo a alguien que no lo es, pidiendo explícitamente quela justicia debe entregarle todos sus derechos como ser humano, al estadounidense. Más allá del incidente puntual, el presidente Petro utilizó el caso para cuestionar la gestión de la niñez en el país. Al confirmarse que los tres niños presentes en el inmueble habían sido adoptados por el estadounidense y su pareja a través de gestiones privadas, solicitó cambios estructurales. Manifestó:He pedido que se acaben las tercerizaciones en el ICBF porque el Estado debe asumir su misión de cuidar de la niñez en Colombia cuando falla la familia. Este suceso ocurre en un momento de alerta nacional por la seguridad de los menores. Según cifras de Migración Colombia, se ha registrado una tendencia preocupante en el ingreso de extranjeros con posibles fines de explotación sexual, contabilizando más de 60 inadmisiones hasta abril del 2026, superando así más del 50% de los casos detectados en todo el año anterior. Fuente: Publimetro
Una situación sin precedentes quedó al descubierto en la frontera norte de Chile tras el hallazgo de un puente construido sobre la zanja de Colchane. La obra, que no fue levantada de forma artesanal, contó con una planificación logística de gran envergadura y tenía como objetivo principal burlar los controles policiales y militares fronterizos, facilitando tanto el ingreso de personas como el egreso de mercancías ilícitas. El descubrimiento de esta infraestructura ha encendido las alertas debido a la capacidad técnica requerida para su ejecución. Según los antecedentes, la construcción se habría realizado utilizando maquinaria pesada en una zona que se encuentra bajo el resguardo del Ejército de Chile. Este hecho evidencia una vulnerabilidad en los límites territoriales y la sofisticación de las bandas que operan en la macrozona norte. Desde el Ejecutivo, el ministro Martín Arrau fue enfático al describir la magnitud del desafío. “Tenemos un enemigo poderoso, no se malentienda, un adversario. El crimen organizado es muy poderoso, maneja muchos recursos, maneja información, hoy día maneja tecnología y es capaz también de corromper instituciones públicas”, señaló la autoridad de Estado al referirse al poder económico de estos grupos. La investigación preliminar descarta que este tipo de pasos se realicen con herramientas básicas. Se trata de una red manejada por bandas organizadas que buscan maximizar sus beneficios mediante diversos delitos transnacionales. Entre las funciones del puente, se identificó que el “paso informal permite trasladar autos robados en Chile hacia Bolivia”, además de facilitar el ingreso de migrantes en situación irregular y el traslado de mercancías ilícitas aprovechando la extensión fronteriza. Como respuesta inmediata, el Ministerio de Obras Públicas intervendrá la zona durante la semana para concretar la destrucción de la estructura apenas esté disponible la maquinaria necesaria. En paralelo, se reforzará la seguridad en el sector de Colchane mediante un monitoreo constante. El plan de acción incluye que “se pondrán monitoreos mayores, se pondrán estos puestos avanzados de observación”, sumado a patrullajes diurnos y nocturnos realizados por el Ejército y Carabineros. Estas labores contarán con el apoyo de sensores de alta resolución y televigilancia remota para impedir que el crimen organizado vuelva a levantar infraestructuras similares en la frontera. Fuente: Publimetro
La muerte de Maria Eduarda Rodrigues de Freitas, una estudiante de 21 años durante una actividad de puenting en Brasil ha generado incertidumbre. Tres hombres detenidos en relación con el caso han declarado a las autoridades que no recuerdan quién fue responsable de colocar o revisar el equipo de seguridad antes del fatídico salto. La tragedia ocurrió cuando la joven fue lanzada desde un puente abandonado en Limeira, estado de Sao Paulo, sin ningún tipo de protección, lo que ha causado conmoción en Brasil y llevó a la detención de tres empleados de la empresa Entre Cordas, encargada de organizar la actividad extrema. De acuerdo con información difundida por medios locales, los detenidos coincidieron al afirmar que no recuerdan si llevaron a cabo las verificaciones de seguridad antes del salto. Uno de los implicados, Luis Felipe Feliciano Egoroff, mencionó a la Policía Civil que en la empresa no existía una estructura clara para determinar quién debía asumir la responsabilidad final de revisar los equipos. Cuando se le preguntó si él había asegurado a Maria Eduarda, respondió que no podía recordarlo. Otro detenido, Maicon Fernandes Cintra, admitió haber participado en la revisión de los equipos antes del salto, pero al ser cuestionado sobre si verificó específicamente la cuerda de seguridad que debía proteger a la joven, también declaró no recordar haberlo hecho. Estas declaraciones han despertado el interés de los investigadores, quienes buscan reconstruir minuciosamente cómo se llevó a cabo la preparación del salto que terminó en tragedia. El abogado defensor de los trabajadores, Rafael Gomes dos Santos, argumentó que sus clientes tienen dificultades para recordar los hechos debido al impacto emocional provocado por el accidente. Gomes dos Santos explicó que los involucrados siguen afectados por lo sucedido, ya que nunca habían enfrentado una situación similar a pesar de años realizando actividades similares. Mientras continúan las investigaciones, las autoridades brasileñas están determinando si hubo negligencia, fallas en los protocolos de seguridad o responsabilidades individuales dentro de la organización del evento. Este caso ha reavivado el debate sobre los controles de seguridad en actividades extremas y la necesidad de establecer procedimientos claros para prevenir tragedias como la que cobró la vida de Maria Eduarda Rodrigues de Freitas. Fuente: Publimetro
