Las redes sociales fueron testigos de una intensa discusión sobre el mercado laboral en Chile, desencadenada por una publicación en el portal ChileTrabajos que se volvió viral antes de ser retirada debido a la avalancha de comentarios negativos. El anuncio buscaba contratar a una psicóloga titulada para desempeñarse como “acompañante familiar puertas adentro” en un departamento de 50 metros cuadrados en Santiago, ofreciendo un salario de $800.000 líquidos. Sin embargo, lo que generó controversia entre los usuarios fue la combinación de funciones técnicas de salud con tareas domésticas cotidianas. Según la descripción del puesto, la profesional debía no solo brindar apoyo emocional a una adolescente y coordinarse con sus especialistas externos, sino también encargarse de las labores operativas del hogar. La fusión entre requisitos profesionales universitarios y responsabilidades propias del servicio doméstico provocó un rechazo inmediato en plataformas como X e Instagram, donde profesionales de la salud mental y usuarios en general calificaron la búsqueda como la intención de contratar una “nana con título”. Incluso, el psicólogo Felipe Petit-Breuilh, conocido como @psfelipepetitb en Instagram, publicó al respecto y su post tuvo gran repercusión. Junto con las críticas por la dilución de la profesión, surgieron dudas sobre el monto del salario, considerando las horas laborales requeridas por el trabajo “puertas adentro” y la doble responsabilidad de apoyo emocional y mantenimiento del departamento. A pesar de que el anuncio especificaba claramente que el acompañamiento “no reemplaza la atención psicológica, médica o psiquiátrica externa” y se respetarían los descansos legales, la reacción negativa generalizada obligó a retirar la publicación de la plataforma. Fuente: Publimetro
La implementación de la normativa contra el acoso vuelve a ser tema de discusión pública, esta vez en torno a la máxima autoridad sanitaria de la Región de Los Lagos. La enfermera Evelyn Brintrup, actual Seremi de Salud, se encuentra bajo investigación por múltiples acusaciones que apuntan a conductas que afectarían el ambiente laboral. El proceso se inició luego de que funcionarias de la repartición presentaran quejas formales. El presidente regional de funcionarios de la autoridad sanitaria, Alexis Díaz, explicó que “los hechos tienen que ver con maltratos, por eso se denuncia por Ley Karin”. Díaz detalló que hasta el 29 de julio se han registrado “5 denuncias las que tenemos y lo que más pena da, es que estas denuncias son hechas por mujeres”. Por su parte, la Seremi Brintrup reconoció haber sido notificada sobre las acusaciones en su contra, aunque mencionó una discrepancia en el número de notificaciones. En sus declaraciones oficiales, expresó: “yo fui notificada por cuatro y la verdad, las personas están en su pleno derecho de poder ejercer las denuncias. Fui notificada y solicité que se realice la investigación necesaria”. Para garantizar imparcialidad, se espera la llegada de fiscalizadores de otras regiones para liderar las investigaciones. Este caso surge en un contexto donde la Ley Karin cumple dos años de vigencia. Especialistas en derecho laboral destacan que el mayor impacto ha sido la transformación de la cultura organizacional. Pedro Peña, socio de Soy Trabajador, señala: “el mayor cambio que dejó la Ley Karin fue cultural. Hoy existe una mayor conciencia sobre la importancia de prevenir situaciones de acoso y violencia en el trabajo”. A pesar de los avances en canales de denuncia y protocolos, expertos indican que el principal desafío actual es fortalecer la prevención y garantizar investigaciones objetivas. Es crucial que empresas y organismos públicos cuenten con equipos capacitados para distinguir entre conflictos comunes y conductas de acoso laboral reguladas por ley. Fuente: Publimetro
La próxima edición de la norma internacional ISO 9001, cuya publicación está prevista para septiembre de 2026, traerá consigo cambios significativos en la forma en que las empresas demuestran la calidad de sus procesos. Esta actualización fortalecerá aspectos como el liderazgo, la ética, la gestión del cambio, la comunicación con clientes y la capacidad de respuesta a situaciones críticas. Aunque la estructura principal de la norma se mantiene, el proyecto final incorpora nuevos énfasis que buscan que los sistemas de gestión reflejen no solo el cumplimiento de requisitos, sino también la toma de decisiones y la construcción de una cultura de calidad. En palabras de Chanel Medellín, especialista en sistemas de gestión de BSI México: “Esto no representa una demolición de lo que ya tenemos. Vamos a construir de manera más inteligente sobre los buenos cimientos que ya establecimos desde 2015”. Uno de los cambios más relevantes será el mayor peso que tendrá la alta dirección dentro del sistema de gestión. La actualización busca que los líderes impulsen una verdadera cultura de calidad, demostrable en la forma en que toman decisiones, atienden problemas y se relacionan con clientes, colaboradores y otras partes interesadas. “Ya no es suficiente con exhibir una política firmada en la pared”, explicó Medellín. Los auditores buscarán evidencias concretas sobre cómo las organizaciones responden a los errores, promueven la transparencia y mantienen coherencia entre los valores declarados y las acciones realizadas. El comportamiento ético también adquiere mayor relevancia en esta actualización. La confiabilidad de la información, la veracidad de los registros y la transparencia en los procesos serán elementos fundamentales para respaldar un sistema de gestión sólido. Otra novedad importante es la incorporación más clara del cambio climático dentro del análisis del contexto organizacional. Las empresas deberán evaluar cómo fenómenos como eventos meteorológicos extremos pueden afectar su capacidad para entregar productos o servicios conforme a los estándares establecidos. La nueva versión también plantea una distinción más clara entre la gestión de riesgos y el aprovechamiento de oportunidades. Mientras los riesgos buscan prevenir pérdidas o interrupciones, las oportunidades deben analizarse como posibilidades de innovación o mejora continua. Además, se propone fortalecer la comunicación con los clientes durante interrupciones que afecten el suministro. Las organizaciones deberán definir con anticipación qué información comunicarán y quién será responsable, reduciendo así el impacto operativo y reputacional. La revisión refleja una evolución en la forma de entender la gestión de calidad. Más allá de procedimientos documentados, el nuevo enfoque busca que las organizaciones demuestren cómo responden ante situaciones complejas e integran principios éticos y de mejora continua en su operación cotidiana. De acuerdo con datos recientes, ISO 9001 sigue siendo la norma más adoptada a nivel mundial, con alrededor de 1.47 millones de certificados y más de 2.32 millones de sitios certificados. México cuenta con 9,090 certificados, consolidándose como uno de los principales mercados en América Latina. Para especialistas de BSI México, esta actualización representa una oportunidad para fortalecer los sistemas de gestión y adaptarlos a un entorno empresarial cada vez más dinámico e incierto. Fuente: Publimetro
El Gobierno ha dado inicio a la implementación de su plan para monetizar parte del patrimonio fiscal, según lo anunciado durante la Cuenta Pública del Ministerio de Bienes Nacionales por la ministra Catalina Parot. En esta primera etapa de la estrategia, se pondrán a la venta más de 100 propiedades provenientes de herencias vacantes y licitaciones desiertas, valuadas en cerca de US$ 70 millones, las cuales serán ofrecidas a través de licitación pública en un nuevo portal web. Esta iniciativa materializa una propuesta previamente adelantada por el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, en abril, donde se informó que el Ejecutivo consideraba desprenderse de alrededor de 1.200 inmuebles fiscales subutilizados o provenientes de herencias vacantes con el fin de fortalecer las finanzas públicas y recomponer los fondos soberanos. Se estima que este plan podría generar entre US$ 200 millones y US$ 300 millones para el Estado. 'Anunciamos el primer plan de venta de bienes provenientes de herencias vacantes y de licitaciones que se habían declarado desiertas. Son más de 100 inmuebles fiscales para licitación pública, con un avalúo cercano a los US$ 70 millones', sostuvo la secretaria de Estado. La ministra explicó que el objetivo principal es transformar inmuebles abandonados o subutilizados en activos que generen recursos para el Fisco y los gobiernos regionales, mediante procesos abiertos que garanticen transparencia e igualdad de oportunidades para los interesados. Como parte de esta estrategia, Bienes Nacionales ha presentado un nuevo portal de licitaciones donde se publicarán los inmuebles disponibles para la venta. Esta plataforma incorporará un visor georreferenciado para consultar la ubicación y los principales antecedentes de cada propiedad. La ministra destacó que esta herramienta permitirá una mayor visibilidad a los procesos de licitación y facilitará el acceso a la información tanto para inversionistas como para cualquier interesado en participar. Además, recordó que una nueva orden ministerial vigente desde el 1 de julio establece la licitación pública como mecanismo preferente para la venta y concesión de inmuebles fiscales, reafirmando que las ocupaciones irregulares no generan derechos preferentes sobre estos bienes. De esta forma, aquellos interesados en adquirir una propiedad deberán revisar las licitaciones publicadas en el portal, conocer las condiciones de cada inmueble y presentar su oferta dentro de los plazos establecidos por Bienes Nacionales. Para más información sobre cómo participar en la compra de propiedades fiscales, se puede acceder al portal oficial aquí. Fuente: Meganoticias
Mientras avanza el proceso legislativo del proyecto 'Escucha su Corazón', una nueva propuesta liderada por el diputado republicano Agustín Romero busca endurecer las sanciones contra la comercialización ilegal de medicamentos abortivos. Esta iniciativa se centra en la venta y distribución clandestina de misoprostol, especialmente a través de internet y redes sociales. El objetivo de este proyecto es imponer penas de cárcel a aquellos que vendan, distribuyan o faciliten medicamentos abortivos de forma clandestina. Según el texto, quienes realicen estas acciones podrían enfrentar penas de presidio menor en su grado mínimo, las cuales podrían aumentar si la venta se realiza a través de medios digitales. 'No podemos aceptar que en Chile existan personas lucrando a través de redes sociales con la venta clandestina de medicamentos destinados a provocar abortos ilegales. Este proyecto no afecta sus usos médicos ni las tres causales vigentes; persigue a quienes los venden, sin receta, sin control sanitario y aprovechándose de mujeres que muchas veces se encuentran en una situación de vulnerabilidad', afirmó el diputado Romero. Se enfatizó que la intención no es modificar los usos médicos reconocidos del misoprostol. En cuanto a las reacciones en el Congreso, la diputada Carolina Cucumides (IND-PS) expresó: 'Mientras el Partido Republicano está decidido a enfrentar una batalla cultural y a ir en contra de las mujeres de Chile, nosotros estamos en el territorio enfrentando una emergencia climática que tiene afectada a mucha gente'. Desde el Frente Amplio, la diputada Lorena Fries señaló: 'No se podía esperar mucho más del diputado Romero, que no solo agrede en el podio, sino que ahora quiere atentar contra los derechos y las libertades que nos ha costado tanto conquistar a las mujeres en este país'. Por su parte, la diputada Zandra Parisi destacó: 'Creo que es importante recordar que el misoprostol no es un medicamento que se utilice exclusivamente para provocar aborto. También tiene indicaciones médicas reconocidas, como el tratamiento de úlceras gástricas, la inducción del parto en caso justificado y el tratamiento de hemorragias posparto'. 'Por eso, más que centrar el debate en un medicamento en particular, deberíamos fortalecer la persecución de todas las redes que comercializan fármacos de manera ilegal', agregó Parisi. En resumen, esta nueva propuesta busca combatir la venta ilegal de medicamentos abortivos y proteger los derechos y la salud de las mujeres en Chile. Fuente: Meganoticias
Las redes sociales fueron testigos de una intensa discusión sobre el mercado laboral en Chile, desencadenada por una publicación en el portal ChileTrabajos que se volvió viral antes de ser retirada debido a la avalancha de comentarios negativos. El anuncio buscaba contratar a una psicóloga titulada para desempeñarse como “acompañante familiar puertas adentro” en un departamento de 50 metros cuadrados en Santiago, ofreciendo un salario de $800.000 líquidos. Sin embargo, lo que generó controversia entre los usuarios fue la combinación de funciones técnicas de salud con tareas domésticas cotidianas. Según la descripción del puesto, la profesional debía no solo brindar apoyo emocional a una adolescente y coordinarse con sus especialistas externos, sino también encargarse de las labores operativas del hogar. La fusión entre requisitos profesionales universitarios y responsabilidades propias del servicio doméstico provocó un rechazo inmediato en plataformas como X e Instagram, donde profesionales de la salud mental y usuarios en general calificaron la búsqueda como la intención de contratar una “nana con título”. Incluso, el psicólogo Felipe Petit-Breuilh, conocido como @psfelipepetitb en Instagram, publicó al respecto y su post tuvo gran repercusión. Junto con las críticas por la dilución de la profesión, surgieron dudas sobre el monto del salario, considerando las horas laborales requeridas por el trabajo “puertas adentro” y la doble responsabilidad de apoyo emocional y mantenimiento del departamento. A pesar de que el anuncio especificaba claramente que el acompañamiento “no reemplaza la atención psicológica, médica o psiquiátrica externa” y se respetarían los descansos legales, la reacción negativa generalizada obligó a retirar la publicación de la plataforma. Fuente: Publimetro
La implementación de la normativa contra el acoso vuelve a ser tema de discusión pública, esta vez en torno a la máxima autoridad sanitaria de la Región de Los Lagos. La enfermera Evelyn Brintrup, actual Seremi de Salud, se encuentra bajo investigación por múltiples acusaciones que apuntan a conductas que afectarían el ambiente laboral. El proceso se inició luego de que funcionarias de la repartición presentaran quejas formales. El presidente regional de funcionarios de la autoridad sanitaria, Alexis Díaz, explicó que “los hechos tienen que ver con maltratos, por eso se denuncia por Ley Karin”. Díaz detalló que hasta el 29 de julio se han registrado “5 denuncias las que tenemos y lo que más pena da, es que estas denuncias son hechas por mujeres”. Por su parte, la Seremi Brintrup reconoció haber sido notificada sobre las acusaciones en su contra, aunque mencionó una discrepancia en el número de notificaciones. En sus declaraciones oficiales, expresó: “yo fui notificada por cuatro y la verdad, las personas están en su pleno derecho de poder ejercer las denuncias. Fui notificada y solicité que se realice la investigación necesaria”. Para garantizar imparcialidad, se espera la llegada de fiscalizadores de otras regiones para liderar las investigaciones. Este caso surge en un contexto donde la Ley Karin cumple dos años de vigencia. Especialistas en derecho laboral destacan que el mayor impacto ha sido la transformación de la cultura organizacional. Pedro Peña, socio de Soy Trabajador, señala: “el mayor cambio que dejó la Ley Karin fue cultural. Hoy existe una mayor conciencia sobre la importancia de prevenir situaciones de acoso y violencia en el trabajo”. A pesar de los avances en canales de denuncia y protocolos, expertos indican que el principal desafío actual es fortalecer la prevención y garantizar investigaciones objetivas. Es crucial que empresas y organismos públicos cuenten con equipos capacitados para distinguir entre conflictos comunes y conductas de acoso laboral reguladas por ley. Fuente: Publimetro
La próxima edición de la norma internacional ISO 9001, cuya publicación está prevista para septiembre de 2026, traerá consigo cambios significativos en la forma en que las empresas demuestran la calidad de sus procesos. Esta actualización fortalecerá aspectos como el liderazgo, la ética, la gestión del cambio, la comunicación con clientes y la capacidad de respuesta a situaciones críticas. Aunque la estructura principal de la norma se mantiene, el proyecto final incorpora nuevos énfasis que buscan que los sistemas de gestión reflejen no solo el cumplimiento de requisitos, sino también la toma de decisiones y la construcción de una cultura de calidad. En palabras de Chanel Medellín, especialista en sistemas de gestión de BSI México: “Esto no representa una demolición de lo que ya tenemos. Vamos a construir de manera más inteligente sobre los buenos cimientos que ya establecimos desde 2015”. Uno de los cambios más relevantes será el mayor peso que tendrá la alta dirección dentro del sistema de gestión. La actualización busca que los líderes impulsen una verdadera cultura de calidad, demostrable en la forma en que toman decisiones, atienden problemas y se relacionan con clientes, colaboradores y otras partes interesadas. “Ya no es suficiente con exhibir una política firmada en la pared”, explicó Medellín. Los auditores buscarán evidencias concretas sobre cómo las organizaciones responden a los errores, promueven la transparencia y mantienen coherencia entre los valores declarados y las acciones realizadas. El comportamiento ético también adquiere mayor relevancia en esta actualización. La confiabilidad de la información, la veracidad de los registros y la transparencia en los procesos serán elementos fundamentales para respaldar un sistema de gestión sólido. Otra novedad importante es la incorporación más clara del cambio climático dentro del análisis del contexto organizacional. Las empresas deberán evaluar cómo fenómenos como eventos meteorológicos extremos pueden afectar su capacidad para entregar productos o servicios conforme a los estándares establecidos. La nueva versión también plantea una distinción más clara entre la gestión de riesgos y el aprovechamiento de oportunidades. Mientras los riesgos buscan prevenir pérdidas o interrupciones, las oportunidades deben analizarse como posibilidades de innovación o mejora continua. Además, se propone fortalecer la comunicación con los clientes durante interrupciones que afecten el suministro. Las organizaciones deberán definir con anticipación qué información comunicarán y quién será responsable, reduciendo así el impacto operativo y reputacional. La revisión refleja una evolución en la forma de entender la gestión de calidad. Más allá de procedimientos documentados, el nuevo enfoque busca que las organizaciones demuestren cómo responden ante situaciones complejas e integran principios éticos y de mejora continua en su operación cotidiana. De acuerdo con datos recientes, ISO 9001 sigue siendo la norma más adoptada a nivel mundial, con alrededor de 1.47 millones de certificados y más de 2.32 millones de sitios certificados. México cuenta con 9,090 certificados, consolidándose como uno de los principales mercados en América Latina. Para especialistas de BSI México, esta actualización representa una oportunidad para fortalecer los sistemas de gestión y adaptarlos a un entorno empresarial cada vez más dinámico e incierto. Fuente: Publimetro
El Gobierno ha dado inicio a la implementación de su plan para monetizar parte del patrimonio fiscal, según lo anunciado durante la Cuenta Pública del Ministerio de Bienes Nacionales por la ministra Catalina Parot. En esta primera etapa de la estrategia, se pondrán a la venta más de 100 propiedades provenientes de herencias vacantes y licitaciones desiertas, valuadas en cerca de US$ 70 millones, las cuales serán ofrecidas a través de licitación pública en un nuevo portal web. Esta iniciativa materializa una propuesta previamente adelantada por el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, en abril, donde se informó que el Ejecutivo consideraba desprenderse de alrededor de 1.200 inmuebles fiscales subutilizados o provenientes de herencias vacantes con el fin de fortalecer las finanzas públicas y recomponer los fondos soberanos. Se estima que este plan podría generar entre US$ 200 millones y US$ 300 millones para el Estado. 'Anunciamos el primer plan de venta de bienes provenientes de herencias vacantes y de licitaciones que se habían declarado desiertas. Son más de 100 inmuebles fiscales para licitación pública, con un avalúo cercano a los US$ 70 millones', sostuvo la secretaria de Estado. La ministra explicó que el objetivo principal es transformar inmuebles abandonados o subutilizados en activos que generen recursos para el Fisco y los gobiernos regionales, mediante procesos abiertos que garanticen transparencia e igualdad de oportunidades para los interesados. Como parte de esta estrategia, Bienes Nacionales ha presentado un nuevo portal de licitaciones donde se publicarán los inmuebles disponibles para la venta. Esta plataforma incorporará un visor georreferenciado para consultar la ubicación y los principales antecedentes de cada propiedad. La ministra destacó que esta herramienta permitirá una mayor visibilidad a los procesos de licitación y facilitará el acceso a la información tanto para inversionistas como para cualquier interesado en participar. Además, recordó que una nueva orden ministerial vigente desde el 1 de julio establece la licitación pública como mecanismo preferente para la venta y concesión de inmuebles fiscales, reafirmando que las ocupaciones irregulares no generan derechos preferentes sobre estos bienes. De esta forma, aquellos interesados en adquirir una propiedad deberán revisar las licitaciones publicadas en el portal, conocer las condiciones de cada inmueble y presentar su oferta dentro de los plazos establecidos por Bienes Nacionales. Para más información sobre cómo participar en la compra de propiedades fiscales, se puede acceder al portal oficial aquí. Fuente: Meganoticias
Mientras avanza el proceso legislativo del proyecto 'Escucha su Corazón', una nueva propuesta liderada por el diputado republicano Agustín Romero busca endurecer las sanciones contra la comercialización ilegal de medicamentos abortivos. Esta iniciativa se centra en la venta y distribución clandestina de misoprostol, especialmente a través de internet y redes sociales. El objetivo de este proyecto es imponer penas de cárcel a aquellos que vendan, distribuyan o faciliten medicamentos abortivos de forma clandestina. Según el texto, quienes realicen estas acciones podrían enfrentar penas de presidio menor en su grado mínimo, las cuales podrían aumentar si la venta se realiza a través de medios digitales. 'No podemos aceptar que en Chile existan personas lucrando a través de redes sociales con la venta clandestina de medicamentos destinados a provocar abortos ilegales. Este proyecto no afecta sus usos médicos ni las tres causales vigentes; persigue a quienes los venden, sin receta, sin control sanitario y aprovechándose de mujeres que muchas veces se encuentran en una situación de vulnerabilidad', afirmó el diputado Romero. Se enfatizó que la intención no es modificar los usos médicos reconocidos del misoprostol. En cuanto a las reacciones en el Congreso, la diputada Carolina Cucumides (IND-PS) expresó: 'Mientras el Partido Republicano está decidido a enfrentar una batalla cultural y a ir en contra de las mujeres de Chile, nosotros estamos en el territorio enfrentando una emergencia climática que tiene afectada a mucha gente'. Desde el Frente Amplio, la diputada Lorena Fries señaló: 'No se podía esperar mucho más del diputado Romero, que no solo agrede en el podio, sino que ahora quiere atentar contra los derechos y las libertades que nos ha costado tanto conquistar a las mujeres en este país'. Por su parte, la diputada Zandra Parisi destacó: 'Creo que es importante recordar que el misoprostol no es un medicamento que se utilice exclusivamente para provocar aborto. También tiene indicaciones médicas reconocidas, como el tratamiento de úlceras gástricas, la inducción del parto en caso justificado y el tratamiento de hemorragias posparto'. 'Por eso, más que centrar el debate en un medicamento en particular, deberíamos fortalecer la persecución de todas las redes que comercializan fármacos de manera ilegal', agregó Parisi. En resumen, esta nueva propuesta busca combatir la venta ilegal de medicamentos abortivos y proteger los derechos y la salud de las mujeres en Chile. Fuente: Meganoticias
