El debate político y cultural en los Estados Unidos ha sumado un nuevo e inesperado foco de tensión ideológica que ha encendido los algoritmos de las redes sociales. Durante la reciente Women’s Leadership Summit 2026, un megaevento de corte ultraconservador organizado por la plataforma Turning Point USA (TPUSA) entre el 5 y el 7 de junio en San Antonio, Texas, un grupo de expositoras e influencers locales generó una profunda controversia al defender públicamente la posibilidad de eliminar el derecho al voto individual de las mujeres, proponiendo en su lugar un modelo de sufragio corporativo o familiar. El congreso, que congregó a cerca de 3.000 asistentes de diversas partes del país norteamericano, operó como caja de resonancia para discursos que cuestionan las bases del ordenamiento democrático actual. En diversas entrevistas y paneles registrados durante las jornadas, varias participantes manifestaron estar dispuestas a renunciar formalmente a sus derechos políticos individuales si dicha cesión garantizaba el avance hacia una agenda de Estado marcadamente tradicionalista, fijando como metas prioritarias hitos legislativos como la prohibición absoluta de la interrupción voluntaria del embarazo. Una de las figuras más visibles que articuló esta postura en el ala digital fue Savanna Faith Stone, una creadora de contenido vinculada activamente al movimiento global conocido como tradwife ( traditional wife), una corriente estética e ideológica en internet que promueve el retorno al rol de la mujer exclusivamente abocada al matrimonio, la maternidad y las dinámicas del cuidado doméstico de mediados del siglo XX. Stone declaró explícitamente que el sufragio femenino individual rompe la armonía familiar y que cedería “con gusto” su derecho a voto con tal de asegurar un régimen político alineado con sus valores teológicos, insistiendo en que el cónyuge debe ejercer la autoridad última en la toma de decisiones. La tesis formalizada por este sector plantea la sustitución del voto universal por el denominado “voto por hogar”. Bajo esta arquitectura conceptual: La cumbre estuvo liderada por Erika Kirk, actual directora ejecutiva de Turning Point USA, y estructuró su pauta doctrinaria bajo las premisas de la fe cristiana y los roles biológicos rígidos. A lo largo de las ponencias, se emitieron severas críticas al feminismo de la tercera y cuarta ola, corriente a la que acusaron de debilitar la cohesión del núcleo familiar y de inyectar dinámicas de competencia artificial entre hombres y mujeres. A pesar del impacto mediático que han cobrado estas declaraciones en las plataformas de streaming y discusión pública, las propuestas vertidas en Texas carecen de cualquier tipo de viabilidad o correlato en el circuito institucional de la potencia norteamericana. En Estados Unidos, el sufragio de las mujeres se encuentra blindado a nivel federal por una de las mayores protecciones del derecho constitucional moderno. El ejercicio del voto femenino está explícitamente consagrado y protegido por la Decimonovena Enmienda de la Constitución de los Estados Unidos, ratificada e indexada en el ordenamiento legal desde el año 1920. Dicho texto prohíbe de forma taxativa e irrevocable que tanto el Gobierno federal como cualquiera de los estados que componen la Unión restrinjan, limiten o anulen el derecho ciudadano a sufragar basándose en el sexo de la persona. Por consecuencia directa, los planteamientos formulados en San Antonio se circunscriben estrictamente a discursos retóricos y narrativas de nicho impulsadas por redes de influencers, sin que existan proyectos de ley reales ni bancadas oficiales buscando la derogación de la enmienda. Fuente: Publimetro
Un grupo de legisladores encabezado por la bancada de Renovación Nacional (RN) ha presentado un proyecto de ley que propone un novedoso sistema de incentivos financieros en el marco de las discusiones parlamentarias para combatir la delincuencia transnacional y las asociaciones ilícitas. Este proyecto busca permitir al Estado otorgar recompensas económicas a aquellas personas que proporcionen información sustancial, estratégica y determinante para la persecución, captura y desarticulación de organizaciones criminales en el país. Según el texto del proyecto, la asignación de fondos públicos estará a cargo del Presidente de la República, quien tendrá la facultad de establecer los montos y los casos objetivos a través de un decreto supremo. La normativa propuesta establece requisitos estrictos para la validez del incentivo, como que los datos entregados sean voluntarios, verificables técnicamente por equipos de inteligencia y desconocidos por las autoridades al momento de la denuncia. Además, se incluye un estatuto de protección de identidad para los informantes y sanciones penales para quienes suministren información falsa. Los impulsores del proyecto destacan la necesidad de implementar nuevas estrategias para combatir el crimen organizado. El diputado Diego Schalper enfatizó la importancia de incorporar métodos de incentivos utilizados en otras jurisdicciones internacionales para desarticular bandas criminales. En palabras del diputado Schalper: “Buscamos contar con mejores instrumentos para capturar prófugos, desbaratar bandas criminales y devolver la tranquilidad a las familias. La seguridad debe seguir siendo la primera prioridad del país”. Otro punto clave del proyecto es garantizar la seguridad de quienes decidan colaborar con este sistema. El diputado Francisco Orrego subrayó que el éxito del programa dependerá de la confianza en los sistemas informáticos y de encriptación del Estado. El objetivo principal es fomentar el flujo de información precisa para esclarecer delitos graves y desmantelar bandas criminales. Según Orrego, romper el silencio mediante incentivos económicos y protección real puede ser fundamental para recuperar la seguridad y tranquilidad en el país. El proyecto ahora pasará por su tramitación legislativa en las comisiones técnicas correspondientes, donde se evaluarán los impactos presupuestarios y las medidas para resguardar a los testigos cooperantes. Fuente: Publimetro
El panorama humanitario en Venezuela continúa agravándose a medida que se consolidan los reportes de las zonas devastadas por el doble terremoto de magnitud 7,2 y 7,5 registrado el pasado 24 de junio. En una conferencia de prensa realizada en Caracas, el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, ofreció una actualización de los datos críticos de la emergencia, elevando la cifra oficial de víctimas fatales a 4.333 personas fallecidas y cifrando en cerca de 18.000 los ciudadanos que quedaron completamente sin hogar producto de los colapsos estructurales. Durante su alocución, el representante del oficialismo e historiador del bloque gubernamental —hermano de la presidenta encargada, Delcy Rodríguez— reveló un complejo nudo forense: actualmente existen 315 cuerpos que permanecen sin identificar en las morgues y centros asistenciales móviles. De acuerdo con el desglose técnico entregado, este grupo representa aproximadamente el 7% del total de los fallecidos contabilizados hasta la fecha. El parlamentario argumentó que el reconocimiento ha sido inviable debido a que los restos no han podido ser identificados por familiares ni cruzados de forma exitosa mediante los sistemas de captura de huellas dactilares de los servicios de registro civil. Una de las principales críticas de los organismos internacionales y la prensa local apunta a la ausencia de un listado oficial y actualizado de personas desaparecidas desde que ocurrió la catástrofe hace semanas. Frente a este cuestionamiento, Rodríguez desestimó las acusaciones de ocultamiento de información por parte del Palacio de Miraflores, sosteniendo que la única variable matemática y científica que el Estado puede refrendar en este momento es el número de muertes constatadas. “Nosotros no podemos manejarnos en base a especulaciones, sino que tenemos que manejarnos en base a la realidad. Hasta el día de ayer, sin identificar, 315 personas, que no se pudo identificar porque ni fue reconocido ni al capturarle la huella dactilar pudimos asociarlo a una identificación”, defendió el legislador ante los medios de comunicación. En la misma línea, el vocero chavista rechazó las denuncias de organizaciones de derechos humanos que alertaban sobre el uso de fosas comunes para enterrar de forma exprés los restos no reclamados. Según la versión gubernamental, los cuerpos con identidad desconocida están siendo derivados al cementerio La Esperanza, un recinto ubicado a 25 kilómetros del núcleo urbano de Catia La Mar —una de las comunas costeras más golpeadas por el sismo—, detallando que las sepulturas se realizan de forma individualizada tras levantar actas forenses y fijar muestras de ADN para permitir reconocimientos filiales en el futuro. El avance de los equipos de emergencia en las zonas cero también ha sido objeto de controversia debido a la desesperación de los civiles atrapados. Ante esto, Rodríguez atajó las críticas por la supuesta demora en el despeje de las vías principales y el retiro de mampostería pesada en los cascos históricos y barriadas. El jefe del parlamento aseguró que la velocidad del proceso está calculada bajo protocolos estrictos de búsqueda y rescate en estructuras colapsadas. La tesis del ejecutivo venezolano apunta a que acelerar los trabajos con maquinaria pesada de alto calado podría sepultar definitivamente las opciones de supervivencia para ciudadanos atrapados bajo escombros. “Esta etapa tiene que ser lenta porque si se hace abruptamente y se utilizan máquinas pesadas podríamos perder vidas humanas en ese proceso”, argumentó Rodríguez, concluyendo que las cuadrillas técnicas deben operar con minuciosidad tanto por la preservación potencialmente sobrevivientes como por respeto a familias buscando recuperar restos íntegros. Fuente: Publimetro
El Gobierno informó este viernes en la noche que la situación derivada del sistema frontal que afectó a la zona centro-sur del país evoluciona favorablemente, permitiendo avanzar desde la fase de respuesta a la etapa de recuperación, manteniendo un monitoreo permanente en las zonas donde aún existen alertas preventivas. El Subsecretario del Interior, Máximo Pavez, destacó que, gracias al trabajo coordinado entre el Ministerio de Obras Públicas, las delegaciones presidenciales, Senapred, los municipios, las Fuerzas Armadas y Bomberos, la Región de Los Ríos presenta un escenario de normalidad. Lee también: Escándalo en Rancagua: PDI allana seis domicilios por red que distribuía material íntimo de alumnas del Colegio Marista “La totalidad de los caminos se encuentra despejada y transitable. Asimismo, las calles de la comuna de Corral, especialmente la calle Chacabuco, ya se encuentran despejadas, lo que ha sido posible gracias a la mejora de las condiciones meteorológicas y al intenso trabajo desplegado en terreno por los distintos equipos de emergencia”, señaló la autoridad. El Subsecretario agregó que el Ejecutivo ya inició una nueva etapa del trabajo en la comuna de Corral, centrada en la evaluación de daños y el levantamiento de información para definir las ayudas que requerirán las familias afectadas. “Estamos intensificando los catastros para determinar los niveles de apoyo que necesitará la comunidad de Corral y seguiremos trabajando hasta dar por superada esta emergencia lo antes posible”, afirmó. Por su parte, la directora nacional de Senapred, Alicia Cebrián, informó que las mayores afectaciones del sistema frontal se concentraron en la Región del Maule, donde se mantienen alertas por el aumento de caudales de distintos cursos de agua. En ese contexto, indicó que se mantiene la alerta roja para las comunas de Molina y Linares por los desbordes de los ríos Palos y Achibueno, respectivamente. Asimismo, continúa vigente una alerta amarilla para la comuna de San Clemente debido al aumento del caudal del río Maule, situación que es monitoreada permanentemente por la Dirección General de Aguas y Senapred.La autoridad precisó que, pese a estos eventos, no se registran personas afectadas producto de los desbordes. En San Clemente permanecen aisladas preventivamente 21 personas debido al aumento del caudal del estero Tricahue. Respecto de la zona insular, Senapred informó que en Rapa Nui se mantienen en evaluación daños en 10 viviendas producto de fuertes ráfagas de viento que provocaron desprendimientos de techumbres y caída de árboles. Además, el suministro eléctrico, que había resultado interrumpido en toda la comuna, comenzó a restablecerse de manera paulatina. Las autoridades reiteraron que el monitoreo del sistema frontal continuará de forma permanente e hicieron un llamado a la ciudadanía a mantenerse informada únicamente a través de los canales oficiales y a seguir las recomendaciones de los organismos de emergencia. Fuente: Publimetro
La comunidad escolar de la región de O’Higgins se ve afectada por un complejo escenario judicial e institucional. La Policía de Investigaciones (PDI) llevó a cabo el allanamiento simultáneo de seis domicilios particulares en la zona como parte de una investigación penal iniciada por denuncias de alumnas del Colegio Marista de Rancagua. Estas estudiantes acusaron públicamente a sus compañeros de almacenar y distribuir material íntimo y de connotación sexual de menores de edad. Según informes publicados por La Tercera, la Brigada Investigadora de Delitos Sexuales (Brisexme) de la PDI determinó preliminarmente que esta red operaba desde hace al menos dos años a través de carpetas compartidas en Google Drive. Debido a la extensión y antigüedad de la red, los fiscales no descartan la participación de estudiantes de otros colegios en la comuna en el acceso o traspaso de estos archivos. Durante los allanamientos, se incautaron teléfonos celulares, computadores portátiles y tablets. El subprefecto Pablo Guzmán explicó que se están investigando los delitos relacionados con material pornográfico infantil, y todos los dispositivos confiscados fueron entregados al Ministerio Público para análisis forenses informáticos. El fiscal regional suplente, Pablo Muñoz, confirmó que se aseguró la evidencia tecnológica sensible y que se está brindando apoyo a las víctimas. Además, reveló que se está investigando una posible omisión de denuncia por parte de los estamentos administrativos del colegio. Las alumnas organizaron manifestaciones tanto dentro como fuera del colegio, cuestionando las medidas tomadas por la dirección y exigiendo sanciones contra los responsables del acoso virtual. Ante esta crisis interna, el rector del Colegio Marista de Rancagua, Claudio Castillo, defendió las acciones tomadas por la dirección, afirmando que se activaron los protocolos internos y que se realizó la denuncia temprana ante los tribunales competentes. Castillo declaró: “Ninguna forma de vulneración a la dignidad o intimidad tiene cabida en un colegio que se define por el cuidado y protección de cada persona”. Fuente: Publimetro
El debate político y cultural en los Estados Unidos ha sumado un nuevo e inesperado foco de tensión ideológica que ha encendido los algoritmos de las redes sociales. Durante la reciente Women’s Leadership Summit 2026, un megaevento de corte ultraconservador organizado por la plataforma Turning Point USA (TPUSA) entre el 5 y el 7 de junio en San Antonio, Texas, un grupo de expositoras e influencers locales generó una profunda controversia al defender públicamente la posibilidad de eliminar el derecho al voto individual de las mujeres, proponiendo en su lugar un modelo de sufragio corporativo o familiar. El congreso, que congregó a cerca de 3.000 asistentes de diversas partes del país norteamericano, operó como caja de resonancia para discursos que cuestionan las bases del ordenamiento democrático actual. En diversas entrevistas y paneles registrados durante las jornadas, varias participantes manifestaron estar dispuestas a renunciar formalmente a sus derechos políticos individuales si dicha cesión garantizaba el avance hacia una agenda de Estado marcadamente tradicionalista, fijando como metas prioritarias hitos legislativos como la prohibición absoluta de la interrupción voluntaria del embarazo. Una de las figuras más visibles que articuló esta postura en el ala digital fue Savanna Faith Stone, una creadora de contenido vinculada activamente al movimiento global conocido como tradwife ( traditional wife), una corriente estética e ideológica en internet que promueve el retorno al rol de la mujer exclusivamente abocada al matrimonio, la maternidad y las dinámicas del cuidado doméstico de mediados del siglo XX. Stone declaró explícitamente que el sufragio femenino individual rompe la armonía familiar y que cedería “con gusto” su derecho a voto con tal de asegurar un régimen político alineado con sus valores teológicos, insistiendo en que el cónyuge debe ejercer la autoridad última en la toma de decisiones. La tesis formalizada por este sector plantea la sustitución del voto universal por el denominado “voto por hogar”. Bajo esta arquitectura conceptual: La cumbre estuvo liderada por Erika Kirk, actual directora ejecutiva de Turning Point USA, y estructuró su pauta doctrinaria bajo las premisas de la fe cristiana y los roles biológicos rígidos. A lo largo de las ponencias, se emitieron severas críticas al feminismo de la tercera y cuarta ola, corriente a la que acusaron de debilitar la cohesión del núcleo familiar y de inyectar dinámicas de competencia artificial entre hombres y mujeres. A pesar del impacto mediático que han cobrado estas declaraciones en las plataformas de streaming y discusión pública, las propuestas vertidas en Texas carecen de cualquier tipo de viabilidad o correlato en el circuito institucional de la potencia norteamericana. En Estados Unidos, el sufragio de las mujeres se encuentra blindado a nivel federal por una de las mayores protecciones del derecho constitucional moderno. El ejercicio del voto femenino está explícitamente consagrado y protegido por la Decimonovena Enmienda de la Constitución de los Estados Unidos, ratificada e indexada en el ordenamiento legal desde el año 1920. Dicho texto prohíbe de forma taxativa e irrevocable que tanto el Gobierno federal como cualquiera de los estados que componen la Unión restrinjan, limiten o anulen el derecho ciudadano a sufragar basándose en el sexo de la persona. Por consecuencia directa, los planteamientos formulados en San Antonio se circunscriben estrictamente a discursos retóricos y narrativas de nicho impulsadas por redes de influencers, sin que existan proyectos de ley reales ni bancadas oficiales buscando la derogación de la enmienda. Fuente: Publimetro
Un grupo de legisladores encabezado por la bancada de Renovación Nacional (RN) ha presentado un proyecto de ley que propone un novedoso sistema de incentivos financieros en el marco de las discusiones parlamentarias para combatir la delincuencia transnacional y las asociaciones ilícitas. Este proyecto busca permitir al Estado otorgar recompensas económicas a aquellas personas que proporcionen información sustancial, estratégica y determinante para la persecución, captura y desarticulación de organizaciones criminales en el país. Según el texto del proyecto, la asignación de fondos públicos estará a cargo del Presidente de la República, quien tendrá la facultad de establecer los montos y los casos objetivos a través de un decreto supremo. La normativa propuesta establece requisitos estrictos para la validez del incentivo, como que los datos entregados sean voluntarios, verificables técnicamente por equipos de inteligencia y desconocidos por las autoridades al momento de la denuncia. Además, se incluye un estatuto de protección de identidad para los informantes y sanciones penales para quienes suministren información falsa. Los impulsores del proyecto destacan la necesidad de implementar nuevas estrategias para combatir el crimen organizado. El diputado Diego Schalper enfatizó la importancia de incorporar métodos de incentivos utilizados en otras jurisdicciones internacionales para desarticular bandas criminales. En palabras del diputado Schalper: “Buscamos contar con mejores instrumentos para capturar prófugos, desbaratar bandas criminales y devolver la tranquilidad a las familias. La seguridad debe seguir siendo la primera prioridad del país”. Otro punto clave del proyecto es garantizar la seguridad de quienes decidan colaborar con este sistema. El diputado Francisco Orrego subrayó que el éxito del programa dependerá de la confianza en los sistemas informáticos y de encriptación del Estado. El objetivo principal es fomentar el flujo de información precisa para esclarecer delitos graves y desmantelar bandas criminales. Según Orrego, romper el silencio mediante incentivos económicos y protección real puede ser fundamental para recuperar la seguridad y tranquilidad en el país. El proyecto ahora pasará por su tramitación legislativa en las comisiones técnicas correspondientes, donde se evaluarán los impactos presupuestarios y las medidas para resguardar a los testigos cooperantes. Fuente: Publimetro
El panorama humanitario en Venezuela continúa agravándose a medida que se consolidan los reportes de las zonas devastadas por el doble terremoto de magnitud 7,2 y 7,5 registrado el pasado 24 de junio. En una conferencia de prensa realizada en Caracas, el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, ofreció una actualización de los datos críticos de la emergencia, elevando la cifra oficial de víctimas fatales a 4.333 personas fallecidas y cifrando en cerca de 18.000 los ciudadanos que quedaron completamente sin hogar producto de los colapsos estructurales. Durante su alocución, el representante del oficialismo e historiador del bloque gubernamental —hermano de la presidenta encargada, Delcy Rodríguez— reveló un complejo nudo forense: actualmente existen 315 cuerpos que permanecen sin identificar en las morgues y centros asistenciales móviles. De acuerdo con el desglose técnico entregado, este grupo representa aproximadamente el 7% del total de los fallecidos contabilizados hasta la fecha. El parlamentario argumentó que el reconocimiento ha sido inviable debido a que los restos no han podido ser identificados por familiares ni cruzados de forma exitosa mediante los sistemas de captura de huellas dactilares de los servicios de registro civil. Una de las principales críticas de los organismos internacionales y la prensa local apunta a la ausencia de un listado oficial y actualizado de personas desaparecidas desde que ocurrió la catástrofe hace semanas. Frente a este cuestionamiento, Rodríguez desestimó las acusaciones de ocultamiento de información por parte del Palacio de Miraflores, sosteniendo que la única variable matemática y científica que el Estado puede refrendar en este momento es el número de muertes constatadas. “Nosotros no podemos manejarnos en base a especulaciones, sino que tenemos que manejarnos en base a la realidad. Hasta el día de ayer, sin identificar, 315 personas, que no se pudo identificar porque ni fue reconocido ni al capturarle la huella dactilar pudimos asociarlo a una identificación”, defendió el legislador ante los medios de comunicación. En la misma línea, el vocero chavista rechazó las denuncias de organizaciones de derechos humanos que alertaban sobre el uso de fosas comunes para enterrar de forma exprés los restos no reclamados. Según la versión gubernamental, los cuerpos con identidad desconocida están siendo derivados al cementerio La Esperanza, un recinto ubicado a 25 kilómetros del núcleo urbano de Catia La Mar —una de las comunas costeras más golpeadas por el sismo—, detallando que las sepulturas se realizan de forma individualizada tras levantar actas forenses y fijar muestras de ADN para permitir reconocimientos filiales en el futuro. El avance de los equipos de emergencia en las zonas cero también ha sido objeto de controversia debido a la desesperación de los civiles atrapados. Ante esto, Rodríguez atajó las críticas por la supuesta demora en el despeje de las vías principales y el retiro de mampostería pesada en los cascos históricos y barriadas. El jefe del parlamento aseguró que la velocidad del proceso está calculada bajo protocolos estrictos de búsqueda y rescate en estructuras colapsadas. La tesis del ejecutivo venezolano apunta a que acelerar los trabajos con maquinaria pesada de alto calado podría sepultar definitivamente las opciones de supervivencia para ciudadanos atrapados bajo escombros. “Esta etapa tiene que ser lenta porque si se hace abruptamente y se utilizan máquinas pesadas podríamos perder vidas humanas en ese proceso”, argumentó Rodríguez, concluyendo que las cuadrillas técnicas deben operar con minuciosidad tanto por la preservación potencialmente sobrevivientes como por respeto a familias buscando recuperar restos íntegros. Fuente: Publimetro
El Gobierno informó este viernes en la noche que la situación derivada del sistema frontal que afectó a la zona centro-sur del país evoluciona favorablemente, permitiendo avanzar desde la fase de respuesta a la etapa de recuperación, manteniendo un monitoreo permanente en las zonas donde aún existen alertas preventivas. El Subsecretario del Interior, Máximo Pavez, destacó que, gracias al trabajo coordinado entre el Ministerio de Obras Públicas, las delegaciones presidenciales, Senapred, los municipios, las Fuerzas Armadas y Bomberos, la Región de Los Ríos presenta un escenario de normalidad. Lee también: Escándalo en Rancagua: PDI allana seis domicilios por red que distribuía material íntimo de alumnas del Colegio Marista “La totalidad de los caminos se encuentra despejada y transitable. Asimismo, las calles de la comuna de Corral, especialmente la calle Chacabuco, ya se encuentran despejadas, lo que ha sido posible gracias a la mejora de las condiciones meteorológicas y al intenso trabajo desplegado en terreno por los distintos equipos de emergencia”, señaló la autoridad. El Subsecretario agregó que el Ejecutivo ya inició una nueva etapa del trabajo en la comuna de Corral, centrada en la evaluación de daños y el levantamiento de información para definir las ayudas que requerirán las familias afectadas. “Estamos intensificando los catastros para determinar los niveles de apoyo que necesitará la comunidad de Corral y seguiremos trabajando hasta dar por superada esta emergencia lo antes posible”, afirmó. Por su parte, la directora nacional de Senapred, Alicia Cebrián, informó que las mayores afectaciones del sistema frontal se concentraron en la Región del Maule, donde se mantienen alertas por el aumento de caudales de distintos cursos de agua. En ese contexto, indicó que se mantiene la alerta roja para las comunas de Molina y Linares por los desbordes de los ríos Palos y Achibueno, respectivamente. Asimismo, continúa vigente una alerta amarilla para la comuna de San Clemente debido al aumento del caudal del río Maule, situación que es monitoreada permanentemente por la Dirección General de Aguas y Senapred.La autoridad precisó que, pese a estos eventos, no se registran personas afectadas producto de los desbordes. En San Clemente permanecen aisladas preventivamente 21 personas debido al aumento del caudal del estero Tricahue. Respecto de la zona insular, Senapred informó que en Rapa Nui se mantienen en evaluación daños en 10 viviendas producto de fuertes ráfagas de viento que provocaron desprendimientos de techumbres y caída de árboles. Además, el suministro eléctrico, que había resultado interrumpido en toda la comuna, comenzó a restablecerse de manera paulatina. Las autoridades reiteraron que el monitoreo del sistema frontal continuará de forma permanente e hicieron un llamado a la ciudadanía a mantenerse informada únicamente a través de los canales oficiales y a seguir las recomendaciones de los organismos de emergencia. Fuente: Publimetro
La comunidad escolar de la región de O’Higgins se ve afectada por un complejo escenario judicial e institucional. La Policía de Investigaciones (PDI) llevó a cabo el allanamiento simultáneo de seis domicilios particulares en la zona como parte de una investigación penal iniciada por denuncias de alumnas del Colegio Marista de Rancagua. Estas estudiantes acusaron públicamente a sus compañeros de almacenar y distribuir material íntimo y de connotación sexual de menores de edad. Según informes publicados por La Tercera, la Brigada Investigadora de Delitos Sexuales (Brisexme) de la PDI determinó preliminarmente que esta red operaba desde hace al menos dos años a través de carpetas compartidas en Google Drive. Debido a la extensión y antigüedad de la red, los fiscales no descartan la participación de estudiantes de otros colegios en la comuna en el acceso o traspaso de estos archivos. Durante los allanamientos, se incautaron teléfonos celulares, computadores portátiles y tablets. El subprefecto Pablo Guzmán explicó que se están investigando los delitos relacionados con material pornográfico infantil, y todos los dispositivos confiscados fueron entregados al Ministerio Público para análisis forenses informáticos. El fiscal regional suplente, Pablo Muñoz, confirmó que se aseguró la evidencia tecnológica sensible y que se está brindando apoyo a las víctimas. Además, reveló que se está investigando una posible omisión de denuncia por parte de los estamentos administrativos del colegio. Las alumnas organizaron manifestaciones tanto dentro como fuera del colegio, cuestionando las medidas tomadas por la dirección y exigiendo sanciones contra los responsables del acoso virtual. Ante esta crisis interna, el rector del Colegio Marista de Rancagua, Claudio Castillo, defendió las acciones tomadas por la dirección, afirmando que se activaron los protocolos internos y que se realizó la denuncia temprana ante los tribunales competentes. Castillo declaró: “Ninguna forma de vulneración a la dignidad o intimidad tiene cabida en un colegio que se define por el cuidado y protección de cada persona”. Fuente: Publimetro
