La Bolsa de Santiago sufrió una jornada de fuertes pérdidas este jueves, marcando su mayor caída desde mayo. Este descenso se produjo en medio de la escalada de tensiones en Medio Oriente y las dudas sobre las millonarias inversiones en inteligencia artificial (IA). El S&P IPSA retrocedió un 1,88% y cerró en 10.780,31 puntos, alcanzando su nivel más bajo desde el 26 de junio. Esta sesión se convirtió en la peor desde el 13 de mayo. De acuerdo con lo informado por Diario Financiero, las pérdidas afectaron a las principales empresas del mercado chileno. De las 31 acciones que conforman el índice, solo cinco lograron cerrar con ganancias. Entre las compañías que más influyeron en la caída se encuentran SQM-B (-3,2%), Copec (-2,9%), Bci (-2,6%), Santander (-2,5%) y Banco de Chile (-2,3%). Además, el IPSA medido en dólares ha alcanzado mínimos del año debido a la significativa depreciación del peso chileno.
Una investigación de seis años por presuntos delitos de propiedad intelectual y lavado de activos permitió la detención de 16 personas en las regiones Metropolitana y de La Araucanía. La indagatoria apunta a una presunta red dedicada a retransmitir señales de televisión digital sin autorización. Esta actividad habría generado movimientos de dinero superiores a los $4.500 millones, canalizados mediante distintas plataformas de pago. Durante el operativo, los equipos policiales ingresaron a 14 domicilios e incautaron vehículos y una avioneta, como parte de las diligencias destinadas a esclarecer el funcionamiento de la presunta organización. La investigación considera posibles maniobras de lavado de activos y eventuales delitos relacionados con la propiedad intelectual.
La exministra de la Secretaría General de Gobierno (Segegob), Mara Sedini, analizó la situación comunicacional del Ejecutivo ante las constantes intervenciones públicas de exsecretarios de Estado de la administración de Gabriel Boric. En particular, hizo referencia a las apariciones de Camila Vallejo y Jaime Gajardo, quienes han cuestionado públicamente las rebajas de condena a violadores y abusadores de menores. Sedini expresó su opinión sobre la situación política actual, señalando que “a mí me parece que la oposición está aprovechando el espacio, y lamentablemente ese espacio se lo está dejando el Gobierno”. En una entrevista con Radio Agricultura, la exvocera destacó la falta de reconocimiento y visibilidad de las autoridades actuales como una debilidad comunicacional que necesita ser corregida con prontitud. Al analizar las demandas del momento, Sedini enfatizó la importancia de que los ministros asuman un rol más activo como voceros de sus respectivas carteras. En este sentido, mencionó que “Yo creo que ahí tiene un desafío importante: que los ministros se hagan conocidos, salgan a hablar, muestren sus políticas y además enfrenten a la oposición”. Asimismo, subrayó la necesidad de contrarrestar el impacto mediático opositor con voceros oficiales de igual jerarquía. Al evaluar el tiempo transcurrido desde el inicio del mandato, Sedini destacó que “ya después de siete meses, el Gobierno debiese tener un despliegue ministerial, comunicacional, mucho más potente del que está teniendo”. Ante la incertidumbre sobre si esta situación se debe a una deficiencia del equipo o a una estrategia deliberada, comentó: “No sé si es debilidad del gabinete o es una estrategia del Gobierno de aparecer menos. No sé, no tengo claro qué es”. Dentro de su análisis, la exministra resaltó las capacidades comunicativas de figuras como los ministros Wulf, Rincón, Rabat, Barros, Poduje y Quiroz. Sin embargo, hizo hincapié en que el papel desempeñado por la vocería de Gobierno es fundamental para el éxito del flujo informativo. Por último, Sedini destacó el rol que desempeñará el nuevo vocero, Gonzalo Arenas, en la traducción de normativas técnicas complejas en áreas como Hacienda, Economía o Trabajo, hacia un lenguaje accesible y comprensible para la opinión pública. Fuente: Publimetro
La Municipalidad de Quilicura ha presentado una denuncia ante la justicia por posibles delitos relacionados con la presunta falsificación de documentos públicos que vinculan al concejal republicano Mario Esteban Muñoz Chacón, quien habría afirmado poseer el título de ingeniero comercial de la Universidad Tecnológica Metropolitana (UTEM). La acción legal tiene como objetivo investigar los hechos y determinar las posibles responsabilidades, luego de que la UTEM informara que el concejal no aparece como estudiante regular en la institución. Según la denuncia a la que tuvo acceso Publimetro.cl, el municipio recibió el 19 de agosto de 2026 una solicitud por correo electrónico para verificar la trayectoria académica del concejal. Se señalaba una discrepancia entre su identificación como ingeniero comercial y los registros públicos de titulados de la UTEM, donde no se encontraba su nombre. Ante esta situación, la Secretaría Municipal solicitó acceso a la información pública el 30 de agosto para confirmar si Muñoz Chacón había sido alumno regular en la universidad y si había obtenido algún título profesional o técnico allí. El 28 de septiembre, la UTEM respondió a la solicitud indicando que la persona señalada no ha sido estudiante regular en nuestra Universidad, según el documento adjunto a la denuncia. Otro aspecto relevante es un certificado emitido por el Servicio de Registro Civil e Identificación. Un certificado del 6 de julio mencionaba la profesión de ingeniero comercial para el concejal, pero al solicitar un nuevo documento el 28 de septiembre, ya no se registraba esa profesión. La cédula de identidad del republicano también indicaba dicha profesión cuestionada. Estos hechos plantean dudas sobre la veracidad de la información inicialmente registrada y las razones detrás de su eliminación en un certificado posterior. La investigación deberá esclarecer cómo surgieron estas discrepancias y si hay alguna irregularidad involucrada. En su presentación, el municipio sugiere que los hechos podrían constituir delitos como ejercicio ilegal de la profesión, falsificación de instrumento público o uso malicioso de instrumento público falso, entre otros. Por tanto, ha solicitado que se admita la denuncia y se ordene a la Policía de Investigaciones (PDI) llevar a cabo diligencias para esclarecer los hechos, incluyendo entrevistas al concejal y posibles testigos. Además, se ha pedido al Registro Civil obtener el historial completo de las cédulas emitidas a Muñoz Chacón y los certificados presentados ante el organismo. De esta manera, la Municipalidad de Quilicura busca que las autoridades competentes determinen la autenticidad de los documentos y las posibles responsabilidades involucradas en este caso. Fuente: Publimetro
El ministro de Justicia y Derechos Humanos, Fernando Rabat Celis, ha generado controversia a nivel nacional luego de que se revelara que su cartera concedió un total de 56 rebajas de condena entre marzo y septiembre de 2026. Estas rebajas beneficiaron a 27 personas condenadas por abuso sexual y a 29 por violación de menores, lo que resultó en la liberación de la mayoría de los implicados. Incluso se confirmó que al menos dos internos del penal Punta Peuco, condenados por delitos de lesa humanidad como tortura y secuestro, también se vieron favorecidos por esta medida. La noticia, difundida en el programa Meganoticias Prime, desató un intenso debate público debido a las modificaciones legales implementadas en 2022, las cuales excluyen específicamente a los condenados por delitos sexuales contra menores de cualquier reducción en sus penas. Frente a las críticas recibidas, el ministro Rabat defendió la legalidad de los decretos emitidos durante su gestión en el gobierno del presidente José Antonio Kast. Según sus declaraciones, la reforma normativa del 2022 no puede aplicarse retroactivamente en detrimento de aquellos condenados cuyas sentencias fueron dictadas antes de dicha fecha, respaldándose en garantías constitucionales y en la jurisprudencia establecida por la Corte Suprema. Rabat argumentó que las decisiones tomadas por el Ministerio de Justicia se ajustaron rigurosamente a la Constitución, las leyes vigentes y los tratados internacionales. Por lo tanto, afirmó rotundamente que no existen fundamentos legales para iniciar una acusación constitucional por simplemente cumplir con la ley. A pesar de las explicaciones brindadas por el ministro, sectores tanto de la oposición como del oficialismo expresaron su descontento. Figuras políticas como Karla Rubilar exigieron disculpas públicas, solicitaron la renuncia del ministro y llamaron a considerar medidas parlamentarias al respecto. Con el objetivo de evitar futuras situaciones consideradas como un vacío legal, el Gobierno anunció la presentación de proyectos de ley con suma urgencia, buscando cerrar posibles lagunas normativas y prevenir la repetición de este tipo de reducciones de pena en el futuro. Fuente: Publimetro
La Bolsa de Santiago sufrió una jornada de fuertes pérdidas este jueves, marcando su mayor caída desde mayo. Este descenso se produjo en medio de la escalada de tensiones en Medio Oriente y las dudas sobre las millonarias inversiones en inteligencia artificial (IA). El S&P IPSA retrocedió un 1,88% y cerró en 10.780,31 puntos, alcanzando su nivel más bajo desde el 26 de junio. Esta sesión se convirtió en la peor desde el 13 de mayo. De acuerdo con lo informado por Diario Financiero, las pérdidas afectaron a las principales empresas del mercado chileno. De las 31 acciones que conforman el índice, solo cinco lograron cerrar con ganancias. Entre las compañías que más influyeron en la caída se encuentran SQM-B (-3,2%), Copec (-2,9%), Bci (-2,6%), Santander (-2,5%) y Banco de Chile (-2,3%). Además, el IPSA medido en dólares ha alcanzado mínimos del año debido a la significativa depreciación del peso chileno.
Una investigación de seis años por presuntos delitos de propiedad intelectual y lavado de activos permitió la detención de 16 personas en las regiones Metropolitana y de La Araucanía. La indagatoria apunta a una presunta red dedicada a retransmitir señales de televisión digital sin autorización. Esta actividad habría generado movimientos de dinero superiores a los $4.500 millones, canalizados mediante distintas plataformas de pago. Durante el operativo, los equipos policiales ingresaron a 14 domicilios e incautaron vehículos y una avioneta, como parte de las diligencias destinadas a esclarecer el funcionamiento de la presunta organización. La investigación considera posibles maniobras de lavado de activos y eventuales delitos relacionados con la propiedad intelectual.
La exministra de la Secretaría General de Gobierno (Segegob), Mara Sedini, analizó la situación comunicacional del Ejecutivo ante las constantes intervenciones públicas de exsecretarios de Estado de la administración de Gabriel Boric. En particular, hizo referencia a las apariciones de Camila Vallejo y Jaime Gajardo, quienes han cuestionado públicamente las rebajas de condena a violadores y abusadores de menores. Sedini expresó su opinión sobre la situación política actual, señalando que “a mí me parece que la oposición está aprovechando el espacio, y lamentablemente ese espacio se lo está dejando el Gobierno”. En una entrevista con Radio Agricultura, la exvocera destacó la falta de reconocimiento y visibilidad de las autoridades actuales como una debilidad comunicacional que necesita ser corregida con prontitud. Al analizar las demandas del momento, Sedini enfatizó la importancia de que los ministros asuman un rol más activo como voceros de sus respectivas carteras. En este sentido, mencionó que “Yo creo que ahí tiene un desafío importante: que los ministros se hagan conocidos, salgan a hablar, muestren sus políticas y además enfrenten a la oposición”. Asimismo, subrayó la necesidad de contrarrestar el impacto mediático opositor con voceros oficiales de igual jerarquía. Al evaluar el tiempo transcurrido desde el inicio del mandato, Sedini destacó que “ya después de siete meses, el Gobierno debiese tener un despliegue ministerial, comunicacional, mucho más potente del que está teniendo”. Ante la incertidumbre sobre si esta situación se debe a una deficiencia del equipo o a una estrategia deliberada, comentó: “No sé si es debilidad del gabinete o es una estrategia del Gobierno de aparecer menos. No sé, no tengo claro qué es”. Dentro de su análisis, la exministra resaltó las capacidades comunicativas de figuras como los ministros Wulf, Rincón, Rabat, Barros, Poduje y Quiroz. Sin embargo, hizo hincapié en que el papel desempeñado por la vocería de Gobierno es fundamental para el éxito del flujo informativo. Por último, Sedini destacó el rol que desempeñará el nuevo vocero, Gonzalo Arenas, en la traducción de normativas técnicas complejas en áreas como Hacienda, Economía o Trabajo, hacia un lenguaje accesible y comprensible para la opinión pública. Fuente: Publimetro
La Municipalidad de Quilicura ha presentado una denuncia ante la justicia por posibles delitos relacionados con la presunta falsificación de documentos públicos que vinculan al concejal republicano Mario Esteban Muñoz Chacón, quien habría afirmado poseer el título de ingeniero comercial de la Universidad Tecnológica Metropolitana (UTEM). La acción legal tiene como objetivo investigar los hechos y determinar las posibles responsabilidades, luego de que la UTEM informara que el concejal no aparece como estudiante regular en la institución. Según la denuncia a la que tuvo acceso Publimetro.cl, el municipio recibió el 19 de agosto de 2026 una solicitud por correo electrónico para verificar la trayectoria académica del concejal. Se señalaba una discrepancia entre su identificación como ingeniero comercial y los registros públicos de titulados de la UTEM, donde no se encontraba su nombre. Ante esta situación, la Secretaría Municipal solicitó acceso a la información pública el 30 de agosto para confirmar si Muñoz Chacón había sido alumno regular en la universidad y si había obtenido algún título profesional o técnico allí. El 28 de septiembre, la UTEM respondió a la solicitud indicando que la persona señalada no ha sido estudiante regular en nuestra Universidad, según el documento adjunto a la denuncia. Otro aspecto relevante es un certificado emitido por el Servicio de Registro Civil e Identificación. Un certificado del 6 de julio mencionaba la profesión de ingeniero comercial para el concejal, pero al solicitar un nuevo documento el 28 de septiembre, ya no se registraba esa profesión. La cédula de identidad del republicano también indicaba dicha profesión cuestionada. Estos hechos plantean dudas sobre la veracidad de la información inicialmente registrada y las razones detrás de su eliminación en un certificado posterior. La investigación deberá esclarecer cómo surgieron estas discrepancias y si hay alguna irregularidad involucrada. En su presentación, el municipio sugiere que los hechos podrían constituir delitos como ejercicio ilegal de la profesión, falsificación de instrumento público o uso malicioso de instrumento público falso, entre otros. Por tanto, ha solicitado que se admita la denuncia y se ordene a la Policía de Investigaciones (PDI) llevar a cabo diligencias para esclarecer los hechos, incluyendo entrevistas al concejal y posibles testigos. Además, se ha pedido al Registro Civil obtener el historial completo de las cédulas emitidas a Muñoz Chacón y los certificados presentados ante el organismo. De esta manera, la Municipalidad de Quilicura busca que las autoridades competentes determinen la autenticidad de los documentos y las posibles responsabilidades involucradas en este caso. Fuente: Publimetro
El ministro de Justicia y Derechos Humanos, Fernando Rabat Celis, ha generado controversia a nivel nacional luego de que se revelara que su cartera concedió un total de 56 rebajas de condena entre marzo y septiembre de 2026. Estas rebajas beneficiaron a 27 personas condenadas por abuso sexual y a 29 por violación de menores, lo que resultó en la liberación de la mayoría de los implicados. Incluso se confirmó que al menos dos internos del penal Punta Peuco, condenados por delitos de lesa humanidad como tortura y secuestro, también se vieron favorecidos por esta medida. La noticia, difundida en el programa Meganoticias Prime, desató un intenso debate público debido a las modificaciones legales implementadas en 2022, las cuales excluyen específicamente a los condenados por delitos sexuales contra menores de cualquier reducción en sus penas. Frente a las críticas recibidas, el ministro Rabat defendió la legalidad de los decretos emitidos durante su gestión en el gobierno del presidente José Antonio Kast. Según sus declaraciones, la reforma normativa del 2022 no puede aplicarse retroactivamente en detrimento de aquellos condenados cuyas sentencias fueron dictadas antes de dicha fecha, respaldándose en garantías constitucionales y en la jurisprudencia establecida por la Corte Suprema. Rabat argumentó que las decisiones tomadas por el Ministerio de Justicia se ajustaron rigurosamente a la Constitución, las leyes vigentes y los tratados internacionales. Por lo tanto, afirmó rotundamente que no existen fundamentos legales para iniciar una acusación constitucional por simplemente cumplir con la ley. A pesar de las explicaciones brindadas por el ministro, sectores tanto de la oposición como del oficialismo expresaron su descontento. Figuras políticas como Karla Rubilar exigieron disculpas públicas, solicitaron la renuncia del ministro y llamaron a considerar medidas parlamentarias al respecto. Con el objetivo de evitar futuras situaciones consideradas como un vacío legal, el Gobierno anunció la presentación de proyectos de ley con suma urgencia, buscando cerrar posibles lagunas normativas y prevenir la repetición de este tipo de reducciones de pena en el futuro. Fuente: Publimetro
