El gobierno de José Antonio Kast ha decretado una alerta sanitaria oncológica con el objetivo de agilizar la atención de más de 20 mil pacientes que requieren tratamiento o diagnóstico relacionado con el cáncer. Esta medida busca reducir las largas esperas a las que se enfrentan estos individuos. La ministra de Salud, en presencia del Presidente Kast, anunció esta iniciativa que consta de cinco medidas destinadas a acelerar las atenciones y fortalecer la gestión frente a los diagnósticos oncológicos. En palabras de la ministra Chomali durante el evento: “Tenemos muchas personas que están esperando para saber si tienen o no tienen un cáncer, para iniciar su tratamiento de un cáncer, para rehabilitarse de un cáncer o para hacer un seguimiento del cáncer y desde todo punto de vista creo que no es aceptable en una sociedad como la nuestra, porque no es solo el enfermo, sino que su familia, el entorno familiar el no poder asistirse de una enfermedad que genera mucho dolor ”. Además, la ministra agregó: “ para poder hacer algo diferente, incorporar tecnologías e ir más rápido en las formas de hacer las cosas es que hemos decidido decretar una alerta sanitaria por los más de 20 mil pacientes que están esperando alguna prestación por cáncer”, destacando que esta medida beneficiará tanto a quienes tienen retrasos en el GES como a aquellos que no cuentan con este sistema. La titular de Salud explicó también que “ llegar tarde a atender un paciente con cáncer genera no solamente peores resultados, sino que también genera un mayor costo para las familias, para el sistema que nos impide ir en ayuda de otros pacientes... Esto nos va a dar flexibilidad para manejar recursos para implementar las medidas que hay que implementar”. El decreto de la alerta sanitaria incluye otorgar “facultades extraordinarias a organismos de salud para actuar con mayor rapidez”; “compra de atenciones al sector privado para reducir listas de espera”; “procesos más rápidos en la compra, contratación y distribución de medicamentos”; “creación de un comité nacional para coordinar y monitorear el plan”; y aplicar el plan en 90 días, con “contacto directo con pacientes y solución de casos pendientes”. Una publicación compartida por Gobierno de Chile (@gobiernodechile) Fuente: Publimetro
El exministro de Hacienda, Mario Marcel, respondió a las críticas del gobierno actual de José Antonio Kast sobre las dificultades fiscales que enfrentan, asegurando que durante su gestión las circunstancias eran aún más complejas. Marcel enfatizó que, a pesar de los desafíos, en su periodo no se dedicaron a quejarse ni culpar al gobierno anterior, sino que se enfocaron en trabajar y gobernar. Según sus palabras en una entrevista con radio Duna, esto ocurrió el viernes 20 de marzo. Además, el exministro destacó que el gobierno de Boric fue el único en reducir el gasto público en comparación con la administración anterior, alcanzando niveles históricamente bajos. Marcel señaló que este logro se refleja en las cifras del gasto primario, siendo las más bajas desde el retorno a la democracia. En relación al aumento del gasto público, Marcel explicó que se debe a mejoras en áreas como salud, pensiones y vivienda. Finalmente, al abordar los posibles cambios en el Mecanismo de estabilización de precios de los combustibles (Mepco), Marcel recordó que durante su gestión lograron reducir el gasto en un 23% manteniendo la operatividad del Mepco. Fuente: Publimetro
Un reciente análisis de fallos judiciales revela que los municipios del país enfrentan un creciente nivel de responsabilidad por accidentes ocurridos en espacios públicos. Según datos recopilados por Trifolia, entre 2023 y 2026 las condenas contra municipalidades por este tipo de hechos han aumentado, alcanzando en algunos casos indemnizaciones superiores a los $400 millones. La tendencia, observada en distintos tribunales del país, muestra cómo la jurisprudencia ha ido consolidando un estándar más exigente en torno al concepto de “falta de servicio”. Esto exige a los municipios un deber activo de mantención, supervisión y seguridad en veredas, plazas, parques e infraestructura urbana. El criterio que se ha asentado en la Corte Suprema de Chile establece que las municipalidades deben resguardar la seguridad en los bienes nacionales de uso público dentro de sus comunas, incluso cuando existan contratistas, concesiones o intervenciones de otros organismos estatales. En dichas situaciones, los gobiernos locales siguen siendo responsables de supervisar o advertir sobre posibles riesgos para las personas. Uno de los casos recientes que ejemplifica esta tendencia ocurrió el 30 de enero de 2026, cuando la Corte de Apelaciones de Talca revocó una sentencia previa y condenó a la Municipalidad de San Javier a pagar $25.921.347 a una mujer que sufrió un accidente en la vereda de la calle Sargento Aldea. Según los antecedentes, la víctima cayó luego de que su pie quedara atrapado en un hoyo provocado por la ausencia de una palmeta, situación originada tras trabajos autorizados por el propio municipio que no contaban con señalización. La Corte concluyó que existió falta de servicio al no garantizar condiciones seguras en un espacio público bajo administración municipal. Para ello, aplicó normas contenidas en la Ley N°18.575 (que regula la responsabilidad del Estado), la Ley N°18.695 (que establece las funciones de las municipalidades) y la Ley N°18.290 (que asigna responsabilidad por daños derivados del mal estado o falta de señalización en vías públicas). Javier Ramírez Vodnizza, abogado de Trifolia, explicó que “lo que muestran estos fallos es que los tribunales están ampliando el concepto de falta de servicio en el ámbito municipal”. “Hoy no basta con que exista un contratista o que la infraestructura haya sido instalada por otro organismo; si el espacio es utilizado por la comunidad dentro de la comuna, el municipio tiene un deber activo de supervisión, mantención o advertencia de riesgos”. Frente a esta evolución jurisprudencial, especialistas advierten que los gobiernos locales deberán adaptar sus políticas de gestión y fiscalización de infraestructura. El aumento de condenas judiciales y montos indemnizatorios refuerza la percepción de que la seguridad en espacios públicos se ha convertido en un tema prioritario en la agenda de los tribunales, con un impacto directo en la forma en que las municipalidades deberán planificar y ejecutar el mantenimiento urbano en los próximos años. Fuente: ADN Radio Nacional
El Presidente José Antonio Kast se pronunció sobre el trágico asesinato del sargento Javier Figueroa en Puerto Varas. Tras varios días en estado de muerte cerebral, se confirmó su fallecimiento el pasado jueves. En una conferencia de prensa desde La Moneda, el Presidente expresó: “hoy es un día de profundo dolor para nuestra patria. Recién anoche se nos comunicó el sensible fallecimiento del sargento Javier Figueroa, quien prestaba servicio en Puerto Varas. Luego de varios días de lucha por su vida, murió en la noche de ayer. Con un gesto a los demás, ya que es donante de órganos”. Además, enfatizó que “el fallecimiento de este carabinero nos hace actuar como Estado con fuerza. Vuelvo a reiterar a Carabineros y a las policías que no están solos, que el Estado está con ustedes. No pudimos llegar previamente a resguardar su vida, pero haremos todo lo que está en nuestras manos para encontrar a los responsables de este alevoso crimen”. Asimismo, abordó las agresiones contra funcionarios de Carabineros, señalando que “atacar a un Carabinero es atacar a Chile entero. Y no solamente causarle la muerte, atacar a un carabinero parte con insultos, con agresiones físicas, con deteriorar su imagen”. El mandatario además aseguró que no pudimos llegar previamente a resguardar su vida, pero haremos todo lo que está en nuestras manos para encontrar a los responsables de este alevoso crimen. Fuente: CNN Chile País
La Asociación Gremial de Transportes de Carga por Carreteras de Chile ha salido en defensa de la continuidad del Mecanismo de Estabilización de Precios de los Combustibles (Mepco), en medio de la presión internacional por el alza del petróleo y las dudas sobre cómo enfrentar un eventual incremento en el valor de las bencinas, el diésel y la parafina en el país. Para el gremio, eliminar o debilitar esta herramienta tendría efectos directos no solo sobre el transporte, sino también sobre la economía en general. A través de un comunicado, el sector recalcó que el Mepco cumple una función clave en escenarios de alta volatilidad externa. En esa línea, sostuvo que esta política pública “es necesaria para el funcionamiento de la economía”, remarcando que no se trata de una medida accesoria, sino de un instrumento que ayuda a moderar el impacto de shocks internacionales sobre los combustibles en Chile. Uno de los puntos centrales del mensaje fue la defensa del mecanismo frente a cuestionamientos sobre su costo fiscal. Desde la organización descartaron que mantener el Mepco represente un gasto innecesario y afirmaron que “no es un subsidio permanente ni un gasto estructural del Estado, sino un mecanismo contracíclico que compensa alzas y bajas en el tiempo”. El gremio fue aún más allá y definió el mecanismo como “una política pública eficaz, responsable y necesaria para el funcionamiento de la economía”. A juicio de los transportistas, el efecto del Mepco no se agota en el precio que pagan los conductores al cargar combustible, sino que también repercute en los costos logísticos, en la cadena de abastecimiento y, finalmente, en los precios que enfrentan los hogares. En ese sentido, advirtieron que, en un escenario internacional marcado por la incertidumbre, el instrumento ha permitido “suavizar las alzas abruptas, evitando impactos inmediatos en los costos de transporte, en la cadena de abastecimiento y, en definitiva, en el bolsillo de las familias”. Por eso, insistieron en que políticas de este tipo son válidas a nivel internacional y pidieron no solo preservarlo, sino también fortalecerlo. La señal del gremio aparece en un momento especialmente sensible para Chile, donde cualquier salto en los combustibles puede traducirse en mayores costos de distribución, presión sobre la inflación y un golpe directo a la economía diaria. Por lo mismo, los camioneros cerraron su declaración con una advertencia política y económica: “Preservar y fortalecer el Mepco, aporta a la estabilidad al país”. Fuente: ADN Radio Nacional
El gobierno de José Antonio Kast ha decretado una alerta sanitaria oncológica con el objetivo de agilizar la atención de más de 20 mil pacientes que requieren tratamiento o diagnóstico relacionado con el cáncer. Esta medida busca reducir las largas esperas a las que se enfrentan estos individuos. La ministra de Salud, en presencia del Presidente Kast, anunció esta iniciativa que consta de cinco medidas destinadas a acelerar las atenciones y fortalecer la gestión frente a los diagnósticos oncológicos. En palabras de la ministra Chomali durante el evento: “Tenemos muchas personas que están esperando para saber si tienen o no tienen un cáncer, para iniciar su tratamiento de un cáncer, para rehabilitarse de un cáncer o para hacer un seguimiento del cáncer y desde todo punto de vista creo que no es aceptable en una sociedad como la nuestra, porque no es solo el enfermo, sino que su familia, el entorno familiar el no poder asistirse de una enfermedad que genera mucho dolor ”. Además, la ministra agregó: “ para poder hacer algo diferente, incorporar tecnologías e ir más rápido en las formas de hacer las cosas es que hemos decidido decretar una alerta sanitaria por los más de 20 mil pacientes que están esperando alguna prestación por cáncer”, destacando que esta medida beneficiará tanto a quienes tienen retrasos en el GES como a aquellos que no cuentan con este sistema. La titular de Salud explicó también que “ llegar tarde a atender un paciente con cáncer genera no solamente peores resultados, sino que también genera un mayor costo para las familias, para el sistema que nos impide ir en ayuda de otros pacientes... Esto nos va a dar flexibilidad para manejar recursos para implementar las medidas que hay que implementar”. El decreto de la alerta sanitaria incluye otorgar “facultades extraordinarias a organismos de salud para actuar con mayor rapidez”; “compra de atenciones al sector privado para reducir listas de espera”; “procesos más rápidos en la compra, contratación y distribución de medicamentos”; “creación de un comité nacional para coordinar y monitorear el plan”; y aplicar el plan en 90 días, con “contacto directo con pacientes y solución de casos pendientes”. Una publicación compartida por Gobierno de Chile (@gobiernodechile) Fuente: Publimetro
El exministro de Hacienda, Mario Marcel, respondió a las críticas del gobierno actual de José Antonio Kast sobre las dificultades fiscales que enfrentan, asegurando que durante su gestión las circunstancias eran aún más complejas. Marcel enfatizó que, a pesar de los desafíos, en su periodo no se dedicaron a quejarse ni culpar al gobierno anterior, sino que se enfocaron en trabajar y gobernar. Según sus palabras en una entrevista con radio Duna, esto ocurrió el viernes 20 de marzo. Además, el exministro destacó que el gobierno de Boric fue el único en reducir el gasto público en comparación con la administración anterior, alcanzando niveles históricamente bajos. Marcel señaló que este logro se refleja en las cifras del gasto primario, siendo las más bajas desde el retorno a la democracia. En relación al aumento del gasto público, Marcel explicó que se debe a mejoras en áreas como salud, pensiones y vivienda. Finalmente, al abordar los posibles cambios en el Mecanismo de estabilización de precios de los combustibles (Mepco), Marcel recordó que durante su gestión lograron reducir el gasto en un 23% manteniendo la operatividad del Mepco. Fuente: Publimetro
Un reciente análisis de fallos judiciales revela que los municipios del país enfrentan un creciente nivel de responsabilidad por accidentes ocurridos en espacios públicos. Según datos recopilados por Trifolia, entre 2023 y 2026 las condenas contra municipalidades por este tipo de hechos han aumentado, alcanzando en algunos casos indemnizaciones superiores a los $400 millones. La tendencia, observada en distintos tribunales del país, muestra cómo la jurisprudencia ha ido consolidando un estándar más exigente en torno al concepto de “falta de servicio”. Esto exige a los municipios un deber activo de mantención, supervisión y seguridad en veredas, plazas, parques e infraestructura urbana. El criterio que se ha asentado en la Corte Suprema de Chile establece que las municipalidades deben resguardar la seguridad en los bienes nacionales de uso público dentro de sus comunas, incluso cuando existan contratistas, concesiones o intervenciones de otros organismos estatales. En dichas situaciones, los gobiernos locales siguen siendo responsables de supervisar o advertir sobre posibles riesgos para las personas. Uno de los casos recientes que ejemplifica esta tendencia ocurrió el 30 de enero de 2026, cuando la Corte de Apelaciones de Talca revocó una sentencia previa y condenó a la Municipalidad de San Javier a pagar $25.921.347 a una mujer que sufrió un accidente en la vereda de la calle Sargento Aldea. Según los antecedentes, la víctima cayó luego de que su pie quedara atrapado en un hoyo provocado por la ausencia de una palmeta, situación originada tras trabajos autorizados por el propio municipio que no contaban con señalización. La Corte concluyó que existió falta de servicio al no garantizar condiciones seguras en un espacio público bajo administración municipal. Para ello, aplicó normas contenidas en la Ley N°18.575 (que regula la responsabilidad del Estado), la Ley N°18.695 (que establece las funciones de las municipalidades) y la Ley N°18.290 (que asigna responsabilidad por daños derivados del mal estado o falta de señalización en vías públicas). Javier Ramírez Vodnizza, abogado de Trifolia, explicó que “lo que muestran estos fallos es que los tribunales están ampliando el concepto de falta de servicio en el ámbito municipal”. “Hoy no basta con que exista un contratista o que la infraestructura haya sido instalada por otro organismo; si el espacio es utilizado por la comunidad dentro de la comuna, el municipio tiene un deber activo de supervisión, mantención o advertencia de riesgos”. Frente a esta evolución jurisprudencial, especialistas advierten que los gobiernos locales deberán adaptar sus políticas de gestión y fiscalización de infraestructura. El aumento de condenas judiciales y montos indemnizatorios refuerza la percepción de que la seguridad en espacios públicos se ha convertido en un tema prioritario en la agenda de los tribunales, con un impacto directo en la forma en que las municipalidades deberán planificar y ejecutar el mantenimiento urbano en los próximos años. Fuente: ADN Radio Nacional
El Presidente José Antonio Kast se pronunció sobre el trágico asesinato del sargento Javier Figueroa en Puerto Varas. Tras varios días en estado de muerte cerebral, se confirmó su fallecimiento el pasado jueves. En una conferencia de prensa desde La Moneda, el Presidente expresó: “hoy es un día de profundo dolor para nuestra patria. Recién anoche se nos comunicó el sensible fallecimiento del sargento Javier Figueroa, quien prestaba servicio en Puerto Varas. Luego de varios días de lucha por su vida, murió en la noche de ayer. Con un gesto a los demás, ya que es donante de órganos”. Además, enfatizó que “el fallecimiento de este carabinero nos hace actuar como Estado con fuerza. Vuelvo a reiterar a Carabineros y a las policías que no están solos, que el Estado está con ustedes. No pudimos llegar previamente a resguardar su vida, pero haremos todo lo que está en nuestras manos para encontrar a los responsables de este alevoso crimen”. Asimismo, abordó las agresiones contra funcionarios de Carabineros, señalando que “atacar a un Carabinero es atacar a Chile entero. Y no solamente causarle la muerte, atacar a un carabinero parte con insultos, con agresiones físicas, con deteriorar su imagen”. El mandatario además aseguró que no pudimos llegar previamente a resguardar su vida, pero haremos todo lo que está en nuestras manos para encontrar a los responsables de este alevoso crimen. Fuente: CNN Chile País
La Asociación Gremial de Transportes de Carga por Carreteras de Chile ha salido en defensa de la continuidad del Mecanismo de Estabilización de Precios de los Combustibles (Mepco), en medio de la presión internacional por el alza del petróleo y las dudas sobre cómo enfrentar un eventual incremento en el valor de las bencinas, el diésel y la parafina en el país. Para el gremio, eliminar o debilitar esta herramienta tendría efectos directos no solo sobre el transporte, sino también sobre la economía en general. A través de un comunicado, el sector recalcó que el Mepco cumple una función clave en escenarios de alta volatilidad externa. En esa línea, sostuvo que esta política pública “es necesaria para el funcionamiento de la economía”, remarcando que no se trata de una medida accesoria, sino de un instrumento que ayuda a moderar el impacto de shocks internacionales sobre los combustibles en Chile. Uno de los puntos centrales del mensaje fue la defensa del mecanismo frente a cuestionamientos sobre su costo fiscal. Desde la organización descartaron que mantener el Mepco represente un gasto innecesario y afirmaron que “no es un subsidio permanente ni un gasto estructural del Estado, sino un mecanismo contracíclico que compensa alzas y bajas en el tiempo”. El gremio fue aún más allá y definió el mecanismo como “una política pública eficaz, responsable y necesaria para el funcionamiento de la economía”. A juicio de los transportistas, el efecto del Mepco no se agota en el precio que pagan los conductores al cargar combustible, sino que también repercute en los costos logísticos, en la cadena de abastecimiento y, finalmente, en los precios que enfrentan los hogares. En ese sentido, advirtieron que, en un escenario internacional marcado por la incertidumbre, el instrumento ha permitido “suavizar las alzas abruptas, evitando impactos inmediatos en los costos de transporte, en la cadena de abastecimiento y, en definitiva, en el bolsillo de las familias”. Por eso, insistieron en que políticas de este tipo son válidas a nivel internacional y pidieron no solo preservarlo, sino también fortalecerlo. La señal del gremio aparece en un momento especialmente sensible para Chile, donde cualquier salto en los combustibles puede traducirse en mayores costos de distribución, presión sobre la inflación y un golpe directo a la economía diaria. Por lo mismo, los camioneros cerraron su declaración con una advertencia política y económica: “Preservar y fortalecer el Mepco, aporta a la estabilidad al país”. Fuente: ADN Radio Nacional
