El uso de las redes sociales por parte de niños y adolescentes vuelve a instalarse en el debate legislativo chileno. Un proyecto de ley denominado Entornos Digitales Seguros avanzó en su tramitación parlamentaria y contempla nuevas restricciones para proteger a los menores frente a los riesgos de internet. La iniciativa avanzó luego de su paso por la Comisión de Futuro, Ciencias, Tecnología, Conocimiento e Innovación y deberá ser discutida y votada por la Sala de la Cámara de Diputadas y Diputados. ¿Qué propone el proyecto? Uno de sus principales puntos es prohibir el acceso a redes sociales a menores de 14 años. Para adolescentes entre 14 y 18 años, la propuesta considera mayores exigencias de privacidad y seguridad. Entre ellas, establece cuentas privadas por defecto y restricciones al contacto no solicitado de adultos desconocidos. Cambios en el funcionamiento de las plataformas El proyecto también apunta a modificar algunas características de las redes sociales y otros servicios digitales. Entre las medidas propuestas se encuentran restricciones a mecanismos como el desplazamiento infinito de contenidos, conocido como scroll infinito, la reproducción automática de videos y las recompensas asociadas al tiempo de permanencia. Además, busca fortalecer la protección de los datos personales de niños y adolescentes y establecer herramientas gratuitas de control parental. ¿Cuándo comenzaría a regir? Por ahora, ninguna de estas medidas constituye una prohibición vigente. La iniciativa debe continuar su discusión y cumplir las etapas correspondientes del proceso legislativo. El debate abre nuevamente una conversación sobre el equilibrio entre el acceso a la tecnología, la libertad digital y la protección de niños y adolescentes en internet. Fuente: BioBioChile
¿Tiene una empresa, organización o emprendimiento que está ayudando a reducir la basura? Los Premios Cero Basura extendieron su plazo de postulación hasta el próximo 30 de noviembre. La octava edición busca reconocer iniciativas concretas relacionadas con reciclaje, educación ambiental, gestión de residuos y economía circular. La convocatoria está dirigida a organizaciones y proyectos de distintas regiones del país. Es una oportunidad para visibilizar soluciones que están generando cambios positivos. En nuestra web revisamos las categorías y cómo participar. Nota completa para la web Premios Cero Basura extienden su convocatoria hasta el 30 de noviembre Las iniciativas que buscan reducir la generación de residuos y promover una gestión más sustentable tendrán una nueva oportunidad para participar en los VIII Premios Cero Basura. La organización Ecológica anunció la extensión del plazo de postulación hasta el 30 de noviembre de 2026, entregando dos semanas adicionales para que empresas, emprendimientos, instituciones y organizaciones puedan presentar sus proyectos. ¿Qué buscan reconocer estos premios? El certamen tiene como objetivo destacar experiencias que estén generando resultados concretos en materia de economía circular y gestión responsable de residuos. La convocatoria contempla iniciativas relacionadas con: Educación y cultura ambiental. Gestión de residuos. Valorización emergente. Minería circular y sustentable. Acuicultura circular y sustentable. La idea es identificar proyectos que puedan demostrar resultados y que sirvan como ejemplo para otras organizaciones. Una convocatoria con trayectoria Los Premios Cero Basura nacieron en 2019 y, después de siete ediciones, acumulan más de mil postulaciones y más de 90 proyectos reconocidos. La octava versión busca seguir impulsando soluciones que permitan reducir los desechos, aprovechar materiales y avanzar hacia modelos de producción más responsables. ¿Quiénes pueden participar? La convocatoria está orientada a empresas, emprendimientos, instituciones y organizaciones de distintas regiones de Chile que desarrollen iniciativas con resultados verificables. No se trata solamente de presentar una idea: el objetivo es mostrar proyectos que ya estén funcionando y que tengan un impacto demostrable. ¿Cómo postular? Las personas y organizaciones interesadas pueden revisar las bases y completar su inscripción en el sitio oficial de los Premios Cero Basura. El nuevo plazo de cierre es el 30 de noviembre de 2026. La iniciativa busca demostrar que la economía circular puede transformarse en una herramienta concreta para enfrentar los desafíos ambientales del país. Fuentes: Ecológica y Efecto Ciencia. Extensión anunciada el 17 de noviembre de 2026.
El Ministerio de Vivienda y Urbanismo abrió el segundo llamado nacional 2026 del Subsidio para Sectores Medios DS1, beneficio dirigido a familias que buscan comprar una vivienda nueva o usada, o construir en un sitio propio. La principal novedad de esta convocatoria es la incorporación del denominado Tramo 4.000, una alternativa que amplía las posibilidades de acceso a la vivienda para sectores medios. ¿En qué consiste el nuevo Tramo 4.000? Esta modalidad contempla un subsidio de 400 UF para adquirir viviendas cuyo valor sea superior a 2.200 UF y alcance hasta las 4.000 UF. En zonas extremas existen condiciones especiales y montos de subsidio diferenciados. Uno de los requisitos centrales es acreditar un ahorro mínimo de 200 UF, disponible en la cuenta de ahorro para la vivienda al 30 de octubre de 2026. ¿Cuáles son las fechas para postular? El calendario establecido por el Minvu contempla tres modalidades: Postulación automática: del 17 al 27 de noviembre. Postulación en línea: del 18 al 27 de noviembre. Postulación presencial: del 17 al 27 de noviembre, con reserva previa de hora en el Serviu. El cierre de las postulaciones está fijado para el viernes 27 de noviembre a las 16:00 horas. ¿Qué se necesita? Entre los requisitos generales se encuentran tener 18 años o más, no ser propietario de una vivienda, contar con Registro Social de Hogares y acreditar el ahorro exigido para el tramo correspondiente. Para realizar el procedimiento digital se necesita ClaveÚnica. Es importante considerar que cada tramo tiene condiciones particulares y que cumplir los requisitos no garantiza la selección. ¿Dónde realizar el trámite? Las personas interesadas pueden revisar las condiciones y postular a través del sitio oficial del Ministerio de Vivienda y Urbanismo. También pueden consultar las oficinas del Serviu de su región. La recomendación es revisar cuidadosamente los antecedentes antes de enviar la solicitud y no esperar hasta el último día. Fuentes: Minvu y ChileAtiende
La Contraloría General de la República detectó a 315 funcionarios y servidores públicos con condenas penales vigentes que permanecían vinculados a organismos del Estado, según los resultados de un nuevo informe de fiscalización difundido el martes 17 de noviembre. El hallazgo forma parte del Consolidado de Información Circularizada (CIC) N.º 29, documento que identificó un total de 317 registros de condena asociados a las 315 personas, debido a que dos funcionarios presentan más de una sentencia. El organismo advirtió que estas situaciones podrían contravenir las disposiciones legales que regulan el ingreso y la permanencia en la Administración Pública, particularmente lo establecido en el artículo 54, letra c), de la Ley N.º 18.575. De acuerdo con el reporte, 166 funcionarios pertenecen a organismos del Gobierno central y otros 149 se desempeñan en administraciones locales. Carabineros y Ejército concentran la mayor cantidad de casos El análisis de Contraloría identificó diferencias importantes entre las instituciones públicas que aparecen en el registro. Carabineros de Chile encabeza la nómina con 84 funcionarios que presentan condenas penales, seguido por el Ejército, con 22 casos, y la Armada, con ocho. Entre las instituciones municipales destaca Valdivia, con seis funcionarios, mientras que la Fuerza Aérea de Chile registra cinco. El informe también identifica trabajadores en otras municipalidades del país, entre ellas Hualpén, Tierra Amarilla, Chillán, Puerto Montt y Tocopilla. El desglose informado por Contraloría es el siguiente: Carabineros de Chile: 84 funcionarios. Ejército de Chile: 22 funcionarios. Armada de Chile: 8 funcionarios. Municipalidad de Valdivia: 6 funcionarios. Fuerza Aérea de Chile: 5 funcionarios. Municipalidad de Hualpén: 4 funcionarios. Municipalidad de Tierra Amarilla: 4 funcionarios. Municipalidad de Chillán: 4 funcionarios. Municipalidad de Puerto Montt: 4 funcionarios. Municipalidad de Tocopilla: 3 funcionarios. Estas cifras corresponden a la cantidad de personas identificadas por institución y no representan necesariamente la proporción de funcionarios afectados respecto de la dotación total de cada organismo. Informe registra 73 casos por crímenes y 244 condenas por simples delitos Otro de los antecedentes relevantes se relaciona con la gravedad de los hechos que originaron las condenas. Según el documento, 73 personas registran condenas por crímenes, mientras que los otros 244 registros corresponden a simples delitos. La revisión también estableció que 41 condenas están vinculadas a figuras penales contempladas en el Título V del Libro II del Código Penal, relativo a delitos cometidos por empleados públicos en el desempeño de sus cargos. Estos 41 casos representan aproximadamente el 13% de los registros examinados. La información permite dimensionar las distintas situaciones penales detectadas, aunque el reporte no entrega antecedentes individualizados sobre las circunstancias de cada condena. ¿Cómo detectó Contraloría a los funcionarios con condenas? Para elaborar el informe, la Contraloría cruzó información proveniente de tres fuentes oficiales. La primera fue el Registro Nacional de Condenas, administrado por el Servicio de Registro Civil e Identificación, que contiene antecedentes sobre sentencias penales. También se utilizaron registros del Servicio Electoral (Servel) y del Sistema de Información y Control del Personal de la Administración del Estado (SIAPER). Mediante este procedimiento, el organismo identificó coincidencias entre personas que registraban condenas y trabajadores que continuaban vinculados a instituciones públicas. El cruce permitió establecer la existencia de 317 registros penales asociados a 315 funcionarios, con antecedentes que deberán ser revisados por cada servicio involucrado. Contraloría ordena investigar eventuales responsabilidades administrativas Tras conocer los resultados, el organismo fiscalizador instruyó a las reparticiones públicas involucradas iniciar las investigaciones correspondientes. Uno de los objetivos será determinar si los funcionarios informaron oportunamente sus condenas a sus superiores jerárquicos y si existieron omisiones que puedan constituir responsabilidades administrativas. Además, las instituciones deberán iniciar los procedimientos para evaluar la aplicación de la inhabilidad sobreviniente, figura que contempla situaciones que impiden continuar desempeñando funciones públicas después de haber ingresado a la Administración del Estado. La Contraloría también solicitó revisar si los antecedentes penales fueron considerados adecuadamente en los procesos de calificación funcionaria, particularmente en aspectos relacionados con el comportamiento y la probidad. Estas medidas buscan esclarecer las circunstancias particulares de cada caso y determinar las actuaciones administrativas que correspondan. Revisión abre nuevo proceso de fiscalización en el sector público El informe CIC N.º 29 incorpora nuevos antecedentes al trabajo de fiscalización sobre el cumplimiento de las obligaciones legales de los funcionarios estatales. La detección de personas con condenas vigentes plantea interrogantes sobre los mecanismos de comunicación, actualización y revisión de antecedentes utilizados por los organismos públicos. En adelante, cada institución deberá analizar los casos observados y adoptar las medidas que correspondan de acuerdo con la normativa aplicable. La identificación de los 315 funcionarios no implica que todos hayan sido destituidos ni que exista una resolución administrativa definitiva sobre cada situación. Por el momento, el proceso se encuentra en una etapa de investigación y revisión de responsabilidades, conforme a las instrucciones impartidas por la Contraloría General de la República.
El proyecto de Sala Cuna Universal dio un nuevo paso en su tramitación legislativa, luego de que la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputadas y Diputados aprobara las modificaciones a su sistema de financiamiento y la incorporación de beneficios destinados a familias de menores ingresos. La iniciativa, que busca ampliar el acceso al derecho de sala cuna para trabajadoras, trabajadores y determinados independientes, quedó en condiciones de ser discutida por la Sala de la Cámara durante este miércoles 18 de noviembre. Entre los principales cambios figura la reducción de la cotización destinada a financiar el nuevo sistema, que pasará del 0,35% originalmente propuesto al 0,30%, mediante una reasignación de aportes patronales vinculados al Seguro de Cesantía. La propuesta también incorpora mecanismos de apoyo para jardines infantiles que reciben recursos públicos y suplementos económicos para familias que podrían enfrentar copagos. ¿Cómo se financiará la Sala Cuna Universal? Uno de los aspectos centrales de la reforma es la creación de un Fondo de Sala Cuna destinado a financiar el acceso al beneficio. La fórmula aprobada considera una cotización equivalente al 0,30% de las remuneraciones imponibles, con cargo al empleador y compensada mediante ajustes a sus aportes al Seguro de Cesantía. El mecanismo se divide en dos componentes: 0,15 puntos porcentuales provenientes de una reducción del aporte patronal asociado a las Cuentas Individuales de Cesantía. 0,15 puntos porcentuales provenientes de una disminución del aporte patronal al Fondo de Cesantía Solidario. Con esta modificación, la cotización total se reduce en 0,05 puntos porcentuales respecto de la propuesta anterior, que establecía un aporte del 0,35%. El objetivo de esta fórmula es financiar la ampliación del beneficio mediante una redistribución de cotizaciones existentes, evitando incrementar en igual proporción el costo total de contratación para las empresas. Nuevos aportes para jardines infantiles financiados por Junji El proyecto también contempla un mecanismo destinado a mejorar las condiciones de financiamiento de los jardines infantiles que funcionan bajo la modalidad Vía Transferencia de Fondos (VTF) de la Junta Nacional de Jardines Infantiles (Junji). Para estos establecimientos se incorpora un aporte de equidad, destinado a compensar diferencias entre el financiamiento público que reciben actualmente y los montos de referencia considerados en el nuevo sistema de sala cuna. Los recursos provendrán del Fondo de Sala Cuna y se calcularán según la cantidad de niños y niñas beneficiarios que asistan a cada establecimiento. La medida busca permitir que los jardines VTF participen del sistema con condiciones de financiamiento más equilibradas respecto de otros establecimientos que entregan el servicio. ¿Qué beneficios contempla para las familias vulnerables? Otra de las modificaciones aprobadas por la Comisión de Hacienda corresponde a la incorporación de un suplemento solidario dirigido a hogares de menores ingresos. Este mecanismo busca disminuir los eventuales copagos que podrían enfrentar las familias cuando el costo del establecimiento supere el aporte base contemplado en el sistema. El beneficio se distribuirá según la clasificación socioeconómica del Registro Social de Hogares (RSH). Los hogares pertenecientes al 40% más vulnerable podrán acceder a un suplemento equivalente al 50% de la diferencia considerada para el cálculo del beneficio. En tanto, las familias ubicadas entre el 41% y el 60% del RSH podrán recibir un aporte equivalente al 30% de esa diferencia. Para determinar el monto se considerará el valor de la matrícula o mensualidad del establecimiento, con un límite de referencia equivalente a 1,15 veces el aporte de sala cuna correspondiente. Si el establecimiento tiene un costo inferior a ese límite, el cálculo utilizará el valor efectivo del servicio. De esta manera, se busca reducir las barreras económicas para acceder al beneficio, especialmente entre los hogares con menos recursos. Reforma busca terminar con la exigencia de 20 trabajadoras El proyecto de Sala Cuna Universal también apunta a modificar las condiciones establecidas actualmente en el Código del Trabajo. La normativa vigente obliga a las empresas que emplean a 20 o más trabajadoras a proporcionar el beneficio de sala cuna, lo que genera diferencias en el acceso dependiendo de la composición de la dotación laboral. La reforma busca superar esa condición y avanzar hacia un sistema que contemple a trabajadoras, trabajadores y determinados independientes, bajo los requisitos que establezca la legislación. El Ejecutivo ha planteado que este cambio podría contribuir a disminuir las barreras de acceso al empleo femenino y facilitar la conciliación entre las responsabilidades laborales y familiares. Gobierno destaca avance y espera votación en la Cámara Tras la aprobación de las modificaciones, el ministro del Trabajo y Previsión Social, Tomás Rau, valoró el avance de la iniciativa y destacó el trabajo realizado durante su tramitación. El secretario de Estado recordó que el proyecto ha sido abordado en aproximadamente 30 sesiones de distintas comisiones legislativas desde junio. Asimismo, expresó su expectativa de que el Congreso permita avanzar hacia la implementación de un sistema de sala cuna con mayor cobertura. La propuesta también recibió el respaldo de la Comisión de Trabajo y Seguridad Social, donde previamente se analizaron sus principales disposiciones. ¿Cuándo comenzará a regir la Sala Cuna Universal? Pese a la aprobación obtenida en las comisiones parlamentarias, la Sala Cuna Universal todavía no es ley y sus nuevos beneficios no se encuentran vigentes. El siguiente paso es la votación en la Sala de la Cámara de Diputados, programada para este miércoles 18 de noviembre. Si la iniciativa obtiene el respaldo necesario, deberá continuar su tramitación legislativa, incluyendo la revisión de las modificaciones por parte del Senado. Solo después de completar las etapas constitucionales y la promulgación y publicación de la ley podrán definirse las condiciones definitivas y los plazos de implementación. Por ahora, la aprobación del financiamiento y los nuevos mecanismos de apoyo representa un avance en la discusión de una reforma que busca ampliar el acceso al cuidado infantil en Chile.
El uso de las redes sociales por parte de niños y adolescentes vuelve a instalarse en el debate legislativo chileno. Un proyecto de ley denominado Entornos Digitales Seguros avanzó en su tramitación parlamentaria y contempla nuevas restricciones para proteger a los menores frente a los riesgos de internet. La iniciativa avanzó luego de su paso por la Comisión de Futuro, Ciencias, Tecnología, Conocimiento e Innovación y deberá ser discutida y votada por la Sala de la Cámara de Diputadas y Diputados. ¿Qué propone el proyecto? Uno de sus principales puntos es prohibir el acceso a redes sociales a menores de 14 años. Para adolescentes entre 14 y 18 años, la propuesta considera mayores exigencias de privacidad y seguridad. Entre ellas, establece cuentas privadas por defecto y restricciones al contacto no solicitado de adultos desconocidos. Cambios en el funcionamiento de las plataformas El proyecto también apunta a modificar algunas características de las redes sociales y otros servicios digitales. Entre las medidas propuestas se encuentran restricciones a mecanismos como el desplazamiento infinito de contenidos, conocido como scroll infinito, la reproducción automática de videos y las recompensas asociadas al tiempo de permanencia. Además, busca fortalecer la protección de los datos personales de niños y adolescentes y establecer herramientas gratuitas de control parental. ¿Cuándo comenzaría a regir? Por ahora, ninguna de estas medidas constituye una prohibición vigente. La iniciativa debe continuar su discusión y cumplir las etapas correspondientes del proceso legislativo. El debate abre nuevamente una conversación sobre el equilibrio entre el acceso a la tecnología, la libertad digital y la protección de niños y adolescentes en internet. Fuente: BioBioChile
¿Tiene una empresa, organización o emprendimiento que está ayudando a reducir la basura? Los Premios Cero Basura extendieron su plazo de postulación hasta el próximo 30 de noviembre. La octava edición busca reconocer iniciativas concretas relacionadas con reciclaje, educación ambiental, gestión de residuos y economía circular. La convocatoria está dirigida a organizaciones y proyectos de distintas regiones del país. Es una oportunidad para visibilizar soluciones que están generando cambios positivos. En nuestra web revisamos las categorías y cómo participar. Nota completa para la web Premios Cero Basura extienden su convocatoria hasta el 30 de noviembre Las iniciativas que buscan reducir la generación de residuos y promover una gestión más sustentable tendrán una nueva oportunidad para participar en los VIII Premios Cero Basura. La organización Ecológica anunció la extensión del plazo de postulación hasta el 30 de noviembre de 2026, entregando dos semanas adicionales para que empresas, emprendimientos, instituciones y organizaciones puedan presentar sus proyectos. ¿Qué buscan reconocer estos premios? El certamen tiene como objetivo destacar experiencias que estén generando resultados concretos en materia de economía circular y gestión responsable de residuos. La convocatoria contempla iniciativas relacionadas con: Educación y cultura ambiental. Gestión de residuos. Valorización emergente. Minería circular y sustentable. Acuicultura circular y sustentable. La idea es identificar proyectos que puedan demostrar resultados y que sirvan como ejemplo para otras organizaciones. Una convocatoria con trayectoria Los Premios Cero Basura nacieron en 2019 y, después de siete ediciones, acumulan más de mil postulaciones y más de 90 proyectos reconocidos. La octava versión busca seguir impulsando soluciones que permitan reducir los desechos, aprovechar materiales y avanzar hacia modelos de producción más responsables. ¿Quiénes pueden participar? La convocatoria está orientada a empresas, emprendimientos, instituciones y organizaciones de distintas regiones de Chile que desarrollen iniciativas con resultados verificables. No se trata solamente de presentar una idea: el objetivo es mostrar proyectos que ya estén funcionando y que tengan un impacto demostrable. ¿Cómo postular? Las personas y organizaciones interesadas pueden revisar las bases y completar su inscripción en el sitio oficial de los Premios Cero Basura. El nuevo plazo de cierre es el 30 de noviembre de 2026. La iniciativa busca demostrar que la economía circular puede transformarse en una herramienta concreta para enfrentar los desafíos ambientales del país. Fuentes: Ecológica y Efecto Ciencia. Extensión anunciada el 17 de noviembre de 2026.
El Ministerio de Vivienda y Urbanismo abrió el segundo llamado nacional 2026 del Subsidio para Sectores Medios DS1, beneficio dirigido a familias que buscan comprar una vivienda nueva o usada, o construir en un sitio propio. La principal novedad de esta convocatoria es la incorporación del denominado Tramo 4.000, una alternativa que amplía las posibilidades de acceso a la vivienda para sectores medios. ¿En qué consiste el nuevo Tramo 4.000? Esta modalidad contempla un subsidio de 400 UF para adquirir viviendas cuyo valor sea superior a 2.200 UF y alcance hasta las 4.000 UF. En zonas extremas existen condiciones especiales y montos de subsidio diferenciados. Uno de los requisitos centrales es acreditar un ahorro mínimo de 200 UF, disponible en la cuenta de ahorro para la vivienda al 30 de octubre de 2026. ¿Cuáles son las fechas para postular? El calendario establecido por el Minvu contempla tres modalidades: Postulación automática: del 17 al 27 de noviembre. Postulación en línea: del 18 al 27 de noviembre. Postulación presencial: del 17 al 27 de noviembre, con reserva previa de hora en el Serviu. El cierre de las postulaciones está fijado para el viernes 27 de noviembre a las 16:00 horas. ¿Qué se necesita? Entre los requisitos generales se encuentran tener 18 años o más, no ser propietario de una vivienda, contar con Registro Social de Hogares y acreditar el ahorro exigido para el tramo correspondiente. Para realizar el procedimiento digital se necesita ClaveÚnica. Es importante considerar que cada tramo tiene condiciones particulares y que cumplir los requisitos no garantiza la selección. ¿Dónde realizar el trámite? Las personas interesadas pueden revisar las condiciones y postular a través del sitio oficial del Ministerio de Vivienda y Urbanismo. También pueden consultar las oficinas del Serviu de su región. La recomendación es revisar cuidadosamente los antecedentes antes de enviar la solicitud y no esperar hasta el último día. Fuentes: Minvu y ChileAtiende
La Contraloría General de la República detectó a 315 funcionarios y servidores públicos con condenas penales vigentes que permanecían vinculados a organismos del Estado, según los resultados de un nuevo informe de fiscalización difundido el martes 17 de noviembre. El hallazgo forma parte del Consolidado de Información Circularizada (CIC) N.º 29, documento que identificó un total de 317 registros de condena asociados a las 315 personas, debido a que dos funcionarios presentan más de una sentencia. El organismo advirtió que estas situaciones podrían contravenir las disposiciones legales que regulan el ingreso y la permanencia en la Administración Pública, particularmente lo establecido en el artículo 54, letra c), de la Ley N.º 18.575. De acuerdo con el reporte, 166 funcionarios pertenecen a organismos del Gobierno central y otros 149 se desempeñan en administraciones locales. Carabineros y Ejército concentran la mayor cantidad de casos El análisis de Contraloría identificó diferencias importantes entre las instituciones públicas que aparecen en el registro. Carabineros de Chile encabeza la nómina con 84 funcionarios que presentan condenas penales, seguido por el Ejército, con 22 casos, y la Armada, con ocho. Entre las instituciones municipales destaca Valdivia, con seis funcionarios, mientras que la Fuerza Aérea de Chile registra cinco. El informe también identifica trabajadores en otras municipalidades del país, entre ellas Hualpén, Tierra Amarilla, Chillán, Puerto Montt y Tocopilla. El desglose informado por Contraloría es el siguiente: Carabineros de Chile: 84 funcionarios. Ejército de Chile: 22 funcionarios. Armada de Chile: 8 funcionarios. Municipalidad de Valdivia: 6 funcionarios. Fuerza Aérea de Chile: 5 funcionarios. Municipalidad de Hualpén: 4 funcionarios. Municipalidad de Tierra Amarilla: 4 funcionarios. Municipalidad de Chillán: 4 funcionarios. Municipalidad de Puerto Montt: 4 funcionarios. Municipalidad de Tocopilla: 3 funcionarios. Estas cifras corresponden a la cantidad de personas identificadas por institución y no representan necesariamente la proporción de funcionarios afectados respecto de la dotación total de cada organismo. Informe registra 73 casos por crímenes y 244 condenas por simples delitos Otro de los antecedentes relevantes se relaciona con la gravedad de los hechos que originaron las condenas. Según el documento, 73 personas registran condenas por crímenes, mientras que los otros 244 registros corresponden a simples delitos. La revisión también estableció que 41 condenas están vinculadas a figuras penales contempladas en el Título V del Libro II del Código Penal, relativo a delitos cometidos por empleados públicos en el desempeño de sus cargos. Estos 41 casos representan aproximadamente el 13% de los registros examinados. La información permite dimensionar las distintas situaciones penales detectadas, aunque el reporte no entrega antecedentes individualizados sobre las circunstancias de cada condena. ¿Cómo detectó Contraloría a los funcionarios con condenas? Para elaborar el informe, la Contraloría cruzó información proveniente de tres fuentes oficiales. La primera fue el Registro Nacional de Condenas, administrado por el Servicio de Registro Civil e Identificación, que contiene antecedentes sobre sentencias penales. También se utilizaron registros del Servicio Electoral (Servel) y del Sistema de Información y Control del Personal de la Administración del Estado (SIAPER). Mediante este procedimiento, el organismo identificó coincidencias entre personas que registraban condenas y trabajadores que continuaban vinculados a instituciones públicas. El cruce permitió establecer la existencia de 317 registros penales asociados a 315 funcionarios, con antecedentes que deberán ser revisados por cada servicio involucrado. Contraloría ordena investigar eventuales responsabilidades administrativas Tras conocer los resultados, el organismo fiscalizador instruyó a las reparticiones públicas involucradas iniciar las investigaciones correspondientes. Uno de los objetivos será determinar si los funcionarios informaron oportunamente sus condenas a sus superiores jerárquicos y si existieron omisiones que puedan constituir responsabilidades administrativas. Además, las instituciones deberán iniciar los procedimientos para evaluar la aplicación de la inhabilidad sobreviniente, figura que contempla situaciones que impiden continuar desempeñando funciones públicas después de haber ingresado a la Administración del Estado. La Contraloría también solicitó revisar si los antecedentes penales fueron considerados adecuadamente en los procesos de calificación funcionaria, particularmente en aspectos relacionados con el comportamiento y la probidad. Estas medidas buscan esclarecer las circunstancias particulares de cada caso y determinar las actuaciones administrativas que correspondan. Revisión abre nuevo proceso de fiscalización en el sector público El informe CIC N.º 29 incorpora nuevos antecedentes al trabajo de fiscalización sobre el cumplimiento de las obligaciones legales de los funcionarios estatales. La detección de personas con condenas vigentes plantea interrogantes sobre los mecanismos de comunicación, actualización y revisión de antecedentes utilizados por los organismos públicos. En adelante, cada institución deberá analizar los casos observados y adoptar las medidas que correspondan de acuerdo con la normativa aplicable. La identificación de los 315 funcionarios no implica que todos hayan sido destituidos ni que exista una resolución administrativa definitiva sobre cada situación. Por el momento, el proceso se encuentra en una etapa de investigación y revisión de responsabilidades, conforme a las instrucciones impartidas por la Contraloría General de la República.
El proyecto de Sala Cuna Universal dio un nuevo paso en su tramitación legislativa, luego de que la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputadas y Diputados aprobara las modificaciones a su sistema de financiamiento y la incorporación de beneficios destinados a familias de menores ingresos. La iniciativa, que busca ampliar el acceso al derecho de sala cuna para trabajadoras, trabajadores y determinados independientes, quedó en condiciones de ser discutida por la Sala de la Cámara durante este miércoles 18 de noviembre. Entre los principales cambios figura la reducción de la cotización destinada a financiar el nuevo sistema, que pasará del 0,35% originalmente propuesto al 0,30%, mediante una reasignación de aportes patronales vinculados al Seguro de Cesantía. La propuesta también incorpora mecanismos de apoyo para jardines infantiles que reciben recursos públicos y suplementos económicos para familias que podrían enfrentar copagos. ¿Cómo se financiará la Sala Cuna Universal? Uno de los aspectos centrales de la reforma es la creación de un Fondo de Sala Cuna destinado a financiar el acceso al beneficio. La fórmula aprobada considera una cotización equivalente al 0,30% de las remuneraciones imponibles, con cargo al empleador y compensada mediante ajustes a sus aportes al Seguro de Cesantía. El mecanismo se divide en dos componentes: 0,15 puntos porcentuales provenientes de una reducción del aporte patronal asociado a las Cuentas Individuales de Cesantía. 0,15 puntos porcentuales provenientes de una disminución del aporte patronal al Fondo de Cesantía Solidario. Con esta modificación, la cotización total se reduce en 0,05 puntos porcentuales respecto de la propuesta anterior, que establecía un aporte del 0,35%. El objetivo de esta fórmula es financiar la ampliación del beneficio mediante una redistribución de cotizaciones existentes, evitando incrementar en igual proporción el costo total de contratación para las empresas. Nuevos aportes para jardines infantiles financiados por Junji El proyecto también contempla un mecanismo destinado a mejorar las condiciones de financiamiento de los jardines infantiles que funcionan bajo la modalidad Vía Transferencia de Fondos (VTF) de la Junta Nacional de Jardines Infantiles (Junji). Para estos establecimientos se incorpora un aporte de equidad, destinado a compensar diferencias entre el financiamiento público que reciben actualmente y los montos de referencia considerados en el nuevo sistema de sala cuna. Los recursos provendrán del Fondo de Sala Cuna y se calcularán según la cantidad de niños y niñas beneficiarios que asistan a cada establecimiento. La medida busca permitir que los jardines VTF participen del sistema con condiciones de financiamiento más equilibradas respecto de otros establecimientos que entregan el servicio. ¿Qué beneficios contempla para las familias vulnerables? Otra de las modificaciones aprobadas por la Comisión de Hacienda corresponde a la incorporación de un suplemento solidario dirigido a hogares de menores ingresos. Este mecanismo busca disminuir los eventuales copagos que podrían enfrentar las familias cuando el costo del establecimiento supere el aporte base contemplado en el sistema. El beneficio se distribuirá según la clasificación socioeconómica del Registro Social de Hogares (RSH). Los hogares pertenecientes al 40% más vulnerable podrán acceder a un suplemento equivalente al 50% de la diferencia considerada para el cálculo del beneficio. En tanto, las familias ubicadas entre el 41% y el 60% del RSH podrán recibir un aporte equivalente al 30% de esa diferencia. Para determinar el monto se considerará el valor de la matrícula o mensualidad del establecimiento, con un límite de referencia equivalente a 1,15 veces el aporte de sala cuna correspondiente. Si el establecimiento tiene un costo inferior a ese límite, el cálculo utilizará el valor efectivo del servicio. De esta manera, se busca reducir las barreras económicas para acceder al beneficio, especialmente entre los hogares con menos recursos. Reforma busca terminar con la exigencia de 20 trabajadoras El proyecto de Sala Cuna Universal también apunta a modificar las condiciones establecidas actualmente en el Código del Trabajo. La normativa vigente obliga a las empresas que emplean a 20 o más trabajadoras a proporcionar el beneficio de sala cuna, lo que genera diferencias en el acceso dependiendo de la composición de la dotación laboral. La reforma busca superar esa condición y avanzar hacia un sistema que contemple a trabajadoras, trabajadores y determinados independientes, bajo los requisitos que establezca la legislación. El Ejecutivo ha planteado que este cambio podría contribuir a disminuir las barreras de acceso al empleo femenino y facilitar la conciliación entre las responsabilidades laborales y familiares. Gobierno destaca avance y espera votación en la Cámara Tras la aprobación de las modificaciones, el ministro del Trabajo y Previsión Social, Tomás Rau, valoró el avance de la iniciativa y destacó el trabajo realizado durante su tramitación. El secretario de Estado recordó que el proyecto ha sido abordado en aproximadamente 30 sesiones de distintas comisiones legislativas desde junio. Asimismo, expresó su expectativa de que el Congreso permita avanzar hacia la implementación de un sistema de sala cuna con mayor cobertura. La propuesta también recibió el respaldo de la Comisión de Trabajo y Seguridad Social, donde previamente se analizaron sus principales disposiciones. ¿Cuándo comenzará a regir la Sala Cuna Universal? Pese a la aprobación obtenida en las comisiones parlamentarias, la Sala Cuna Universal todavía no es ley y sus nuevos beneficios no se encuentran vigentes. El siguiente paso es la votación en la Sala de la Cámara de Diputados, programada para este miércoles 18 de noviembre. Si la iniciativa obtiene el respaldo necesario, deberá continuar su tramitación legislativa, incluyendo la revisión de las modificaciones por parte del Senado. Solo después de completar las etapas constitucionales y la promulgación y publicación de la ley podrán definirse las condiciones definitivas y los plazos de implementación. Por ahora, la aprobación del financiamiento y los nuevos mecanismos de apoyo representa un avance en la discusión de una reforma que busca ampliar el acceso al cuidado infantil en Chile.