La administración del presidente José Antonio Kast ha generado controversia al decidir detener la expropiación del terreno de Colonia Dignidad. El ministro Iván Poduje argumenta que esta medida se debe a la escasez de recursos y a la supuesta falta de atribuciones del Minvu para expropiar terrenos que no estén destinados a viviendas sociales, descartando su uso como museo de memoria. En respuesta, se cuestionó la opinión jurídica de Poduje, recordando que el Minvu tiene la facultad de expropiar terrenos para diversos fines de utilidad pública, como redes ferroviarias o terminales de transporte. Según Montes, La Venda Sexy en Macul también la expropió el Ministerio de la Vivienda y se constituyó un centro de memoria ahí; se ha hecho en varias otras ocasiones, indicando que si existe un vacío legal, corresponde al Ejecutivo presentar una ley que lo permita. Es importante destacar que Colonia Dignidad es Monumento Nacional desde 2016. En una entrevista con 24 Horas de TVN, un exfuncionario mencionó que este estatus facilita la adquisición por parte del Estado y avanza hacia su transformación en un espacio de reflexión histórica. Además, se mencionó la existencia de una comisión mixta chileno-alemana encargada de definir el futuro del predio. Según Montes, Yo creo que tiene mucho contenido político, llámelo usted ideológico y de todo tipo, resaltando la importancia de que el Estado encuentre una solución definitiva en un lugar donde se cometieron graves violaciones a los derechos humanos. Montes situó la discusión sobre Colonia Dignidad en el contexto de la gestión habitacional en Chile. Durante su mandato, se entregaron más de 260,000 viviendas bajo el Plan de Emergencia Habitacional. Sin embargo, reconoció dificultades en áreas como la reconstrucción tras el mega incendio en Viña del Mar, donde solo el 15% de las viviendas fueron entregadas y el 52% seguía en proceso de construcción. Montes atribuyó esta lentitud a la falta de institucionalidad adecuada para hacer frente a catástrofes en el país. Fuente: Publimetro
El miércoles 1 de abril, se publicó en el Diario Oficial la Ley de Convivencia Escolar, la cual permitirá que los establecimientos educacionales implementen recursos tecnológicos para la identificación o detección de armas, como por ejemplo un detector de metales. Esta medida surge tras el trágico incidente ocurrido en el Instituto Obispo Silva Lezaeta de Calama, donde un estudiante de cuarto medio ingresó con armas blancas e implementos incendiarios, resultando en la muerte de una inspectora y el ataque a otras cuatro personas, incluyendo estudiantes. En el artículo 10 de la legislación se establece que los sostenedores de los colegios podrán implementar estos recursos tecnológicos previo acuerdo con el Consejo Escolar o la comunidad educativa. Esto con el fin de identificar elementos que representen un riesgo para la vida o integridad física de quienes forman parte de la comunidad educativa, en cumplimiento con la ley N° 21.659 sobre seguridad privada. Sin embargo, se especifica que estos recursos tecnológicos solo podrán ser instalados si existen fundamentos que justifiquen su uso como medida proporcional y necesaria para prevenir delitos en el establecimiento. Además, se establece la necesidad de crear un protocolo interno que regule el uso de estos recursos, garantizando el respeto al derecho a la igualdad, no discriminación arbitraria, vida privada y honra, así como al interés superior del niño, niña y adolescente. Se enfatiza también en la importancia de considerar la perspectiva de género en su implementación sin interferir con las actividades escolares habituales. Este protocolo debe ser aprobado por la Subsecretaría de Educación para asegurar que resguarde los principios y derechos mencionados anteriormente y sea compatible con el funcionamiento normal del establecimiento. Se destaca que se requerirá un informe técnico del Ministerio de Seguridad Pública para evaluar la proporcionalidad, necesidad e idoneidad de los recursos tecnológicos contemplados antes de su implementación. Finalmente, se menciona que todos los aspectos relacionados con este artículo serán regulados mediante un reglamento dictado por el Ministerio de Educación y suscrito también por el Ministerio de Seguridad Pública. Fuente: Publimetro
La ministra vocera de Gobierno, Mara Sedini, se encuentra en medio de una controversia luego de proporcionar información incorrecta sobre la situación judicial de Galvarino Apablaza, quien es señalado como uno de los autores intelectuales del asesinato del senador Jaime Guzmán. El foco de la polémica se centra en que la ministra entregó datos que no concuerdan con la realidad actual del caso Apablaza. En sus propias palabras: “Todos los chilenos queremos que una persona condenada por el vil asesinato cumpla su pena en nuestro país. Hoy efectivamente, 1 de abril, se cumplen 35 años desde su asesinato, desde su muerte, un recuerdo que nos golpea fuertemente como nación y que tenemos que condenar”, expresó Sedini. Además, agregó: “Es por eso que siempre como Gobierno, como Estado, vamos a avanzar en que esto ocurra en colaboración con el gobierno argentino para que el condenado de este asesinato, vil asesinato, cumpla su condena como corresponde en nuestro país y que algo como eso nunca más ocurra en nuestra democracia”. Sin embargo, es importante destacar que Apablaza no ha sido condenado en Chile, sino que se encuentra bajo proceso y es requerido por la justicia para enfrentar un juicio relacionado con hechos ocurridos en la década de los 90. Cabe mencionar que la ministra ha estado en medio de diversas críticas. La Contraloría ha solicitado al Gobierno explicaciones sobre una gráfica que indicaba un supuesto estado de quiebra del Estado. Todo esto sucede mientras se abordan las explicaciones sobre el aumento en el precio de los combustibles. Por otro lado, durante el día martes se viralizó un video en el cual Sedini sale corriendo para evitar a los periodistas, quienes le cuestionaban sobre los plazos para responder a las solicitudes del ente fiscalizador. Fuente: Publimetro
La reconocida modelo y exchica reality Wilma González ha generado preocupación entre sus seguidores al compartir un sincero mensaje en redes sociales acerca de las dificultades que enfrenta durante su segundo embarazo, el cual está experimentando a sus 40 años. En una publicación reciente, la española decidió abrir su corazón y describir el complicado momento personal que está atravesando, marcado por una serie de complicaciones que han afectado tanto su bienestar físico como emocional. A pesar de contar con un equipo multidisciplinario que supervisa su gestación, los resultados no han sido los esperados. “Este fin de semana, vaya sábado nefasto para mí… Siempre soy honesta, así como subo lo bueno, pues también lo malo; no me gusta ser cínica”, expresó González, revelando la dureza del momento que ha vivido recientemente. Asimismo, añadió: “Subo una foto sonriendo para que no todo sea tan dramático, aunque me siento como un payaso triste, simulando risa”. La influencer profundizó en sus sentimientos y afirmó que los últimos días han sido particularmente difíciles. “Ha sido el peor que he tenido en mucho tiempo, y sin duda el peor de mi embarazo. El domingo mejoró un poco, pero tampoco al 100%, estoy triste y frustrada”, compartió. Además, abordó las demandas físicas y emocionales que conlleva el embarazo, especialmente cuando surgen complicaciones. González mencionó la necesidad de recurrir a especialistas como kinesiólogos de piso pélvico, nutricionistas y apoyo psicológico, este último con limitada cobertura. “Hablan de equipo multidisciplinario en el embarazo, pero la salud mental realmente pende de un hilo y no hay bolsillo que aguante”, señaló, destacando también las dificultades económicas que ha debido enfrentar en este proceso. Por último, la exchica reality reflexionó sobre la falta de apoyo hacia las mujeres en estas etapas. “Ser madre es muy bonito y una bendición, pero hay muy poco apoyo cuando lo necesitamos. Si eres independiente, peor. Estoy harta, la verdad”, concluyó González, esperando que los próximos días traigan consigo una mejora en su estado. Fuente: Publimetro
En el transcurso de este martes, se dio a conocer la separación de tres funcionarias clave en el marco del Plan Nacional de Búsqueda. Esta noticia generó preocupación sobre la continuidad de esta iniciativa impulsada por la administración de Gabriel Boric, la cual tiene como objetivo esclarecer las circunstancias en torno a la desaparición de las víctimas de la dictadura militar. El ministro de Justicia y Derechos Humanos, Fernando Rabat, abordó la salida de estas tres jefaturas del proyecto y afirmó que el Plan Nacional de Búsqueda seguirá adelante, aunque con personas cercanas al Gobierno. Durante una entrevista con el periodista Iván Valenzuela en T13 Radio, Rabat mencionó: “Una vez que hemos llegado al Ministerio, han ido cambiando distintas jefaturas. Nosotros hoy día tenemos una jefatura nueva en la división jurídica, judicial, de presupuesto, también en el área de reinserción porque se consideran casos de confianza. Ayer ocurrió lo propio con las personas que tenían a su cargo el Plan de Búsqueda”. El ministro reiteró que el desarrollo del Plan de Búsqueda no se detendrá: “El Plan de Búsqueda va a seguir adelante, eso no se ha cambiado. Con los mismos criterios”. Además, explicó que este plan está vinculado a causas judiciales. Rabat enfatizó la importancia de que los cargos sean ocupados por personas en quienes se pueda confiar, a pesar de que el proyecto siga su curso habitual. Este proyecto, publicado en el Diario Oficial el 10 de noviembre de 2023, es una política pública permanente del Estado chileno cuyo propósito es dilucidar las circunstancias relacionadas con la desaparición y/o fallecimiento de las personas víctimas de desaparición forzada. Entre sus tres objetivos principales se encuentra “esclarecer las circunstancias de desaparición y/o muerte de las personas víctimas de desaparición forzada y su paradero”. Para lograrlo, se llevará a cabo la reconstrucción de las trayectorias de las víctimas; se avanzará en el establecimiento de verdad judicial y extrajudicial; y se ubicarán, recuperarán, identificarán y restituirán los restos mortales. Además, se busca garantizar el acceso a la información y participación de los familiares. Se fomentará su participación en los procesos de búsqueda y se rendirán cuentas públicas a la sociedad. Por último, se contempla implementar medidas reparadoras y asegurar que no vuelvan a cometerse crímenes relacionados con desapariciones forzadas. Para cumplir con este objetivo, se promoverá la memoria sobre las graves violaciones a los derechos humanos; se brindará apoyo a los familiares de las víctimas; y se desarrollarán acciones sociales para concienciar sobre esta problemática. Fuente: Publimetro
La administración del presidente José Antonio Kast ha generado controversia al decidir detener la expropiación del terreno de Colonia Dignidad. El ministro Iván Poduje argumenta que esta medida se debe a la escasez de recursos y a la supuesta falta de atribuciones del Minvu para expropiar terrenos que no estén destinados a viviendas sociales, descartando su uso como museo de memoria. En respuesta, se cuestionó la opinión jurídica de Poduje, recordando que el Minvu tiene la facultad de expropiar terrenos para diversos fines de utilidad pública, como redes ferroviarias o terminales de transporte. Según Montes, La Venda Sexy en Macul también la expropió el Ministerio de la Vivienda y se constituyó un centro de memoria ahí; se ha hecho en varias otras ocasiones, indicando que si existe un vacío legal, corresponde al Ejecutivo presentar una ley que lo permita. Es importante destacar que Colonia Dignidad es Monumento Nacional desde 2016. En una entrevista con 24 Horas de TVN, un exfuncionario mencionó que este estatus facilita la adquisición por parte del Estado y avanza hacia su transformación en un espacio de reflexión histórica. Además, se mencionó la existencia de una comisión mixta chileno-alemana encargada de definir el futuro del predio. Según Montes, Yo creo que tiene mucho contenido político, llámelo usted ideológico y de todo tipo, resaltando la importancia de que el Estado encuentre una solución definitiva en un lugar donde se cometieron graves violaciones a los derechos humanos. Montes situó la discusión sobre Colonia Dignidad en el contexto de la gestión habitacional en Chile. Durante su mandato, se entregaron más de 260,000 viviendas bajo el Plan de Emergencia Habitacional. Sin embargo, reconoció dificultades en áreas como la reconstrucción tras el mega incendio en Viña del Mar, donde solo el 15% de las viviendas fueron entregadas y el 52% seguía en proceso de construcción. Montes atribuyó esta lentitud a la falta de institucionalidad adecuada para hacer frente a catástrofes en el país. Fuente: Publimetro
El miércoles 1 de abril, se publicó en el Diario Oficial la Ley de Convivencia Escolar, la cual permitirá que los establecimientos educacionales implementen recursos tecnológicos para la identificación o detección de armas, como por ejemplo un detector de metales. Esta medida surge tras el trágico incidente ocurrido en el Instituto Obispo Silva Lezaeta de Calama, donde un estudiante de cuarto medio ingresó con armas blancas e implementos incendiarios, resultando en la muerte de una inspectora y el ataque a otras cuatro personas, incluyendo estudiantes. En el artículo 10 de la legislación se establece que los sostenedores de los colegios podrán implementar estos recursos tecnológicos previo acuerdo con el Consejo Escolar o la comunidad educativa. Esto con el fin de identificar elementos que representen un riesgo para la vida o integridad física de quienes forman parte de la comunidad educativa, en cumplimiento con la ley N° 21.659 sobre seguridad privada. Sin embargo, se especifica que estos recursos tecnológicos solo podrán ser instalados si existen fundamentos que justifiquen su uso como medida proporcional y necesaria para prevenir delitos en el establecimiento. Además, se establece la necesidad de crear un protocolo interno que regule el uso de estos recursos, garantizando el respeto al derecho a la igualdad, no discriminación arbitraria, vida privada y honra, así como al interés superior del niño, niña y adolescente. Se enfatiza también en la importancia de considerar la perspectiva de género en su implementación sin interferir con las actividades escolares habituales. Este protocolo debe ser aprobado por la Subsecretaría de Educación para asegurar que resguarde los principios y derechos mencionados anteriormente y sea compatible con el funcionamiento normal del establecimiento. Se destaca que se requerirá un informe técnico del Ministerio de Seguridad Pública para evaluar la proporcionalidad, necesidad e idoneidad de los recursos tecnológicos contemplados antes de su implementación. Finalmente, se menciona que todos los aspectos relacionados con este artículo serán regulados mediante un reglamento dictado por el Ministerio de Educación y suscrito también por el Ministerio de Seguridad Pública. Fuente: Publimetro
La ministra vocera de Gobierno, Mara Sedini, se encuentra en medio de una controversia luego de proporcionar información incorrecta sobre la situación judicial de Galvarino Apablaza, quien es señalado como uno de los autores intelectuales del asesinato del senador Jaime Guzmán. El foco de la polémica se centra en que la ministra entregó datos que no concuerdan con la realidad actual del caso Apablaza. En sus propias palabras: “Todos los chilenos queremos que una persona condenada por el vil asesinato cumpla su pena en nuestro país. Hoy efectivamente, 1 de abril, se cumplen 35 años desde su asesinato, desde su muerte, un recuerdo que nos golpea fuertemente como nación y que tenemos que condenar”, expresó Sedini. Además, agregó: “Es por eso que siempre como Gobierno, como Estado, vamos a avanzar en que esto ocurra en colaboración con el gobierno argentino para que el condenado de este asesinato, vil asesinato, cumpla su condena como corresponde en nuestro país y que algo como eso nunca más ocurra en nuestra democracia”. Sin embargo, es importante destacar que Apablaza no ha sido condenado en Chile, sino que se encuentra bajo proceso y es requerido por la justicia para enfrentar un juicio relacionado con hechos ocurridos en la década de los 90. Cabe mencionar que la ministra ha estado en medio de diversas críticas. La Contraloría ha solicitado al Gobierno explicaciones sobre una gráfica que indicaba un supuesto estado de quiebra del Estado. Todo esto sucede mientras se abordan las explicaciones sobre el aumento en el precio de los combustibles. Por otro lado, durante el día martes se viralizó un video en el cual Sedini sale corriendo para evitar a los periodistas, quienes le cuestionaban sobre los plazos para responder a las solicitudes del ente fiscalizador. Fuente: Publimetro
La reconocida modelo y exchica reality Wilma González ha generado preocupación entre sus seguidores al compartir un sincero mensaje en redes sociales acerca de las dificultades que enfrenta durante su segundo embarazo, el cual está experimentando a sus 40 años. En una publicación reciente, la española decidió abrir su corazón y describir el complicado momento personal que está atravesando, marcado por una serie de complicaciones que han afectado tanto su bienestar físico como emocional. A pesar de contar con un equipo multidisciplinario que supervisa su gestación, los resultados no han sido los esperados. “Este fin de semana, vaya sábado nefasto para mí… Siempre soy honesta, así como subo lo bueno, pues también lo malo; no me gusta ser cínica”, expresó González, revelando la dureza del momento que ha vivido recientemente. Asimismo, añadió: “Subo una foto sonriendo para que no todo sea tan dramático, aunque me siento como un payaso triste, simulando risa”. La influencer profundizó en sus sentimientos y afirmó que los últimos días han sido particularmente difíciles. “Ha sido el peor que he tenido en mucho tiempo, y sin duda el peor de mi embarazo. El domingo mejoró un poco, pero tampoco al 100%, estoy triste y frustrada”, compartió. Además, abordó las demandas físicas y emocionales que conlleva el embarazo, especialmente cuando surgen complicaciones. González mencionó la necesidad de recurrir a especialistas como kinesiólogos de piso pélvico, nutricionistas y apoyo psicológico, este último con limitada cobertura. “Hablan de equipo multidisciplinario en el embarazo, pero la salud mental realmente pende de un hilo y no hay bolsillo que aguante”, señaló, destacando también las dificultades económicas que ha debido enfrentar en este proceso. Por último, la exchica reality reflexionó sobre la falta de apoyo hacia las mujeres en estas etapas. “Ser madre es muy bonito y una bendición, pero hay muy poco apoyo cuando lo necesitamos. Si eres independiente, peor. Estoy harta, la verdad”, concluyó González, esperando que los próximos días traigan consigo una mejora en su estado. Fuente: Publimetro
En el transcurso de este martes, se dio a conocer la separación de tres funcionarias clave en el marco del Plan Nacional de Búsqueda. Esta noticia generó preocupación sobre la continuidad de esta iniciativa impulsada por la administración de Gabriel Boric, la cual tiene como objetivo esclarecer las circunstancias en torno a la desaparición de las víctimas de la dictadura militar. El ministro de Justicia y Derechos Humanos, Fernando Rabat, abordó la salida de estas tres jefaturas del proyecto y afirmó que el Plan Nacional de Búsqueda seguirá adelante, aunque con personas cercanas al Gobierno. Durante una entrevista con el periodista Iván Valenzuela en T13 Radio, Rabat mencionó: “Una vez que hemos llegado al Ministerio, han ido cambiando distintas jefaturas. Nosotros hoy día tenemos una jefatura nueva en la división jurídica, judicial, de presupuesto, también en el área de reinserción porque se consideran casos de confianza. Ayer ocurrió lo propio con las personas que tenían a su cargo el Plan de Búsqueda”. El ministro reiteró que el desarrollo del Plan de Búsqueda no se detendrá: “El Plan de Búsqueda va a seguir adelante, eso no se ha cambiado. Con los mismos criterios”. Además, explicó que este plan está vinculado a causas judiciales. Rabat enfatizó la importancia de que los cargos sean ocupados por personas en quienes se pueda confiar, a pesar de que el proyecto siga su curso habitual. Este proyecto, publicado en el Diario Oficial el 10 de noviembre de 2023, es una política pública permanente del Estado chileno cuyo propósito es dilucidar las circunstancias relacionadas con la desaparición y/o fallecimiento de las personas víctimas de desaparición forzada. Entre sus tres objetivos principales se encuentra “esclarecer las circunstancias de desaparición y/o muerte de las personas víctimas de desaparición forzada y su paradero”. Para lograrlo, se llevará a cabo la reconstrucción de las trayectorias de las víctimas; se avanzará en el establecimiento de verdad judicial y extrajudicial; y se ubicarán, recuperarán, identificarán y restituirán los restos mortales. Además, se busca garantizar el acceso a la información y participación de los familiares. Se fomentará su participación en los procesos de búsqueda y se rendirán cuentas públicas a la sociedad. Por último, se contempla implementar medidas reparadoras y asegurar que no vuelvan a cometerse crímenes relacionados con desapariciones forzadas. Para cumplir con este objetivo, se promoverá la memoria sobre las graves violaciones a los derechos humanos; se brindará apoyo a los familiares de las víctimas; y se desarrollarán acciones sociales para concienciar sobre esta problemática. Fuente: Publimetro
