Durante el año 2025, Chile registró casi 200 mil accidentes laborales y de trayecto, lo que, a pesar de representar una ligera disminución con respecto al año anterior, sigue siendo una cifra significativa que refleja la persistente problemática en materia de seguridad laboral en el país. Este dato no solo pone de manifiesto la magnitud del problema, sino que también plantea un debate sobre la falta de avances en materia de prevención en comparación con las transformaciones constantes en el mundo laboral. Los entornos operativos cada vez más exigentes y dinámicos, expuestos a diversos riesgos, demandan una preparación adecuada por parte de los trabajadores. Sectores como la minería, la construcción, el transporte y la logística concentran gran parte de estos incidentes, donde la toma de decisiones rápidas y precisas es fundamental. En este contexto, la preparación previa de los trabajadores se convierte en un factor crítico para enfrentar situaciones imprevistas. A lo largo de los años, la capacitación en seguridad laboral se ha centrado en aspectos teóricos, normativas y protocolos estándar. Sin embargo, este enfoque ha mostrado limitaciones ante situaciones reales donde la capacidad de reacción inmediata es crucial para evitar consecuencias graves. En palabras de Juan Reyes, CEO y cofundador de Yoy Simulators: “La teoría por sí sola no siempre es suficiente. En situaciones críticas, lo que marca la diferencia es haber practicado en condiciones que replican lo que ocurre en terreno”. En este escenario, surgen nuevas herramientas que buscan fortalecer la preparación práctica de los trabajadores. Tecnologías como la realidad virtual permiten simular escenarios de alto riesgo sin exponer físicamente a las personas, facilitando el entrenamiento en condiciones controladas pero realistas. Este tipo de entrenamiento no solo brinda la oportunidad de repetir situaciones críticas, sino también evaluar el desempeño, identificar errores y ajustar procesos antes de enfrentarse a ellos en situaciones reales. Así se abre paso a un modelo enfocado en la anticipación más que en la reacción. En Chile, diversas industrias han comenzado a adoptar estas soluciones, especialmente en operaciones donde el margen de error es mínimo. Los primeros resultados muestran reducciones en errores operativos durante las fases iniciales de implementación, lo que sugiere un impacto positivo en la preparación de los equipos. Según Sergio Silva, CIO de Yoy Simulators: “El avance está en poder medir cómo responde una persona frente a un riesgo específico. Eso permite identificar brechas concretas y mejorar la preparación de manera mucho más precisa”. Estudios internacionales han demostrado que los entrenamientos inmersivos pueden aumentar la confianza y capacidad de respuesta de los trabajadores al exponerlos a situaciones cercanas a la realidad. Esta evidencia refuerza la idea de que la prevención no solo depende de normativas y protocolos, sino también del entrenamiento efectivo en contextos similares a los reales. Con cerca de 200 mil accidentes laborales al año en Chile, el desafío actual no solo radica en reducir las cifras, sino también en transformar estructuralmente el abordaje hacia la seguridad laboral. La integración de nuevas tecnologías se perfila como un elemento clave para cerrar brechas y avanzar hacia modelos preventivos más eficaces. Fuente: Publimetro
Un reciente análisis de fallos judiciales revela que los municipios del país enfrentan un creciente nivel de responsabilidad por accidentes ocurridos en espacios públicos. Según datos recopilados por Trifolia, entre 2023 y 2026 las condenas contra municipalidades por este tipo de hechos han aumentado, alcanzando en algunos casos indemnizaciones superiores a los $400 millones. La tendencia, observada en distintos tribunales del país, muestra cómo la jurisprudencia ha ido consolidando un estándar más exigente en torno al concepto de “falta de servicio”. Esto exige a los municipios un deber activo de mantención, supervisión y seguridad en veredas, plazas, parques e infraestructura urbana. El criterio que se ha asentado en la Corte Suprema de Chile establece que las municipalidades deben resguardar la seguridad en los bienes nacionales de uso público dentro de sus comunas, incluso cuando existan contratistas, concesiones o intervenciones de otros organismos estatales. En dichas situaciones, los gobiernos locales siguen siendo responsables de supervisar o advertir sobre posibles riesgos para las personas. Uno de los casos recientes que ejemplifica esta tendencia ocurrió el 30 de enero de 2026, cuando la Corte de Apelaciones de Talca revocó una sentencia previa y condenó a la Municipalidad de San Javier a pagar $25.921.347 a una mujer que sufrió un accidente en la vereda de la calle Sargento Aldea. Según los antecedentes, la víctima cayó luego de que su pie quedara atrapado en un hoyo provocado por la ausencia de una palmeta, situación originada tras trabajos autorizados por el propio municipio que no contaban con señalización. La Corte concluyó que existió falta de servicio al no garantizar condiciones seguras en un espacio público bajo administración municipal. Para ello, aplicó normas contenidas en la Ley N°18.575 (que regula la responsabilidad del Estado), la Ley N°18.695 (que establece las funciones de las municipalidades) y la Ley N°18.290 (que asigna responsabilidad por daños derivados del mal estado o falta de señalización en vías públicas). Javier Ramírez Vodnizza, abogado de Trifolia, explicó que “lo que muestran estos fallos es que los tribunales están ampliando el concepto de falta de servicio en el ámbito municipal”. “Hoy no basta con que exista un contratista o que la infraestructura haya sido instalada por otro organismo; si el espacio es utilizado por la comunidad dentro de la comuna, el municipio tiene un deber activo de supervisión, mantención o advertencia de riesgos”. Frente a esta evolución jurisprudencial, especialistas advierten que los gobiernos locales deberán adaptar sus políticas de gestión y fiscalización de infraestructura. El aumento de condenas judiciales y montos indemnizatorios refuerza la percepción de que la seguridad en espacios públicos se ha convertido en un tema prioritario en la agenda de los tribunales, con un impacto directo en la forma en que las municipalidades deberán planificar y ejecutar el mantenimiento urbano en los próximos años. Fuente: ADN Radio Nacional
Durante el año 2025, Chile registró casi 200 mil accidentes laborales y de trayecto, lo que, a pesar de representar una ligera disminución con respecto al año anterior, sigue siendo una cifra significativa que refleja la persistente problemática en materia de seguridad laboral en el país. Este dato no solo pone de manifiesto la magnitud del problema, sino que también plantea un debate sobre la falta de avances en materia de prevención en comparación con las transformaciones constantes en el mundo laboral. Los entornos operativos cada vez más exigentes y dinámicos, expuestos a diversos riesgos, demandan una preparación adecuada por parte de los trabajadores. Sectores como la minería, la construcción, el transporte y la logística concentran gran parte de estos incidentes, donde la toma de decisiones rápidas y precisas es fundamental. En este contexto, la preparación previa de los trabajadores se convierte en un factor crítico para enfrentar situaciones imprevistas. A lo largo de los años, la capacitación en seguridad laboral se ha centrado en aspectos teóricos, normativas y protocolos estándar. Sin embargo, este enfoque ha mostrado limitaciones ante situaciones reales donde la capacidad de reacción inmediata es crucial para evitar consecuencias graves. En palabras de Juan Reyes, CEO y cofundador de Yoy Simulators: “La teoría por sí sola no siempre es suficiente. En situaciones críticas, lo que marca la diferencia es haber practicado en condiciones que replican lo que ocurre en terreno”. En este escenario, surgen nuevas herramientas que buscan fortalecer la preparación práctica de los trabajadores. Tecnologías como la realidad virtual permiten simular escenarios de alto riesgo sin exponer físicamente a las personas, facilitando el entrenamiento en condiciones controladas pero realistas. Este tipo de entrenamiento no solo brinda la oportunidad de repetir situaciones críticas, sino también evaluar el desempeño, identificar errores y ajustar procesos antes de enfrentarse a ellos en situaciones reales. Así se abre paso a un modelo enfocado en la anticipación más que en la reacción. En Chile, diversas industrias han comenzado a adoptar estas soluciones, especialmente en operaciones donde el margen de error es mínimo. Los primeros resultados muestran reducciones en errores operativos durante las fases iniciales de implementación, lo que sugiere un impacto positivo en la preparación de los equipos. Según Sergio Silva, CIO de Yoy Simulators: “El avance está en poder medir cómo responde una persona frente a un riesgo específico. Eso permite identificar brechas concretas y mejorar la preparación de manera mucho más precisa”. Estudios internacionales han demostrado que los entrenamientos inmersivos pueden aumentar la confianza y capacidad de respuesta de los trabajadores al exponerlos a situaciones cercanas a la realidad. Esta evidencia refuerza la idea de que la prevención no solo depende de normativas y protocolos, sino también del entrenamiento efectivo en contextos similares a los reales. Con cerca de 200 mil accidentes laborales al año en Chile, el desafío actual no solo radica en reducir las cifras, sino también en transformar estructuralmente el abordaje hacia la seguridad laboral. La integración de nuevas tecnologías se perfila como un elemento clave para cerrar brechas y avanzar hacia modelos preventivos más eficaces. Fuente: Publimetro
Un reciente análisis de fallos judiciales revela que los municipios del país enfrentan un creciente nivel de responsabilidad por accidentes ocurridos en espacios públicos. Según datos recopilados por Trifolia, entre 2023 y 2026 las condenas contra municipalidades por este tipo de hechos han aumentado, alcanzando en algunos casos indemnizaciones superiores a los $400 millones. La tendencia, observada en distintos tribunales del país, muestra cómo la jurisprudencia ha ido consolidando un estándar más exigente en torno al concepto de “falta de servicio”. Esto exige a los municipios un deber activo de mantención, supervisión y seguridad en veredas, plazas, parques e infraestructura urbana. El criterio que se ha asentado en la Corte Suprema de Chile establece que las municipalidades deben resguardar la seguridad en los bienes nacionales de uso público dentro de sus comunas, incluso cuando existan contratistas, concesiones o intervenciones de otros organismos estatales. En dichas situaciones, los gobiernos locales siguen siendo responsables de supervisar o advertir sobre posibles riesgos para las personas. Uno de los casos recientes que ejemplifica esta tendencia ocurrió el 30 de enero de 2026, cuando la Corte de Apelaciones de Talca revocó una sentencia previa y condenó a la Municipalidad de San Javier a pagar $25.921.347 a una mujer que sufrió un accidente en la vereda de la calle Sargento Aldea. Según los antecedentes, la víctima cayó luego de que su pie quedara atrapado en un hoyo provocado por la ausencia de una palmeta, situación originada tras trabajos autorizados por el propio municipio que no contaban con señalización. La Corte concluyó que existió falta de servicio al no garantizar condiciones seguras en un espacio público bajo administración municipal. Para ello, aplicó normas contenidas en la Ley N°18.575 (que regula la responsabilidad del Estado), la Ley N°18.695 (que establece las funciones de las municipalidades) y la Ley N°18.290 (que asigna responsabilidad por daños derivados del mal estado o falta de señalización en vías públicas). Javier Ramírez Vodnizza, abogado de Trifolia, explicó que “lo que muestran estos fallos es que los tribunales están ampliando el concepto de falta de servicio en el ámbito municipal”. “Hoy no basta con que exista un contratista o que la infraestructura haya sido instalada por otro organismo; si el espacio es utilizado por la comunidad dentro de la comuna, el municipio tiene un deber activo de supervisión, mantención o advertencia de riesgos”. Frente a esta evolución jurisprudencial, especialistas advierten que los gobiernos locales deberán adaptar sus políticas de gestión y fiscalización de infraestructura. El aumento de condenas judiciales y montos indemnizatorios refuerza la percepción de que la seguridad en espacios públicos se ha convertido en un tema prioritario en la agenda de los tribunales, con un impacto directo en la forma en que las municipalidades deberán planificar y ejecutar el mantenimiento urbano en los próximos años. Fuente: ADN Radio Nacional
