La Municipalidad de Calama ha enviado un oficio a la Contraloría General de la República y al Ministerio de Transportes en busca de información y medidas con respecto a las denuncias recibidas sobre el funcionamiento de la tarjeta de pago electrónico utilizada en el transporte público local. El alcalde de Calama, Eliecer Chamorro Vargas, junto a su equipo jurídico, ha tomado esta acción luego de múltiples quejas por parte de los usuarios del servicio. Entre las problemáticas reportadas se encuentran cobros duplicados, transacciones inusuales durante la madrugada y dificultades relacionadas con los descuentos bancarios. En el oficio dirigido a la Contraloría, el municipio ha solicitado acceso a los antecedentes referentes a las denuncias presentadas y conocer las medidas que se están implementando para abordar posibles irregularidades. Chamorro expresó: Tenemos reclamos complejos, sobre todo de adultos mayores, cobros duplicados y los descuentos bancarios no se hacen de forma instantánea. Esto pasa prácticamente en toda la región. No dudamos de la buena intención de las autoridades, pero necesitamos celeridad. Además, el alcalde ha extendido sus preocupaciones hacia la implementación del sistema en la región de Antofagasta en general, señalando que muchos usuarios continúan utilizando tarjetas bancarias en lugar de la tarjeta exclusiva para transporte. Si la Región de Antofagasta usa en un 45% la tarjeta de banco y no la de transporte, es porque hay un problema complejo en su implementación, afirmó. Por lo tanto, Chamorro instó a los vecinos que hayan enfrentado problemas a acercarse al municipio y formalizar sus reclamos. Toda la ciudadanía puede venir a evidenciar sus reclamos a la municipalidad y desde aquí hacemos el llamado a que solucionen con celeridad esta situación, agregó. Finalmente, desde el municipio se enfatizó que la administración comunal no es responsable de implementar el sistema de transporte público, ya que esa tarea recae en el Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones. Por lo tanto, están a la espera de respuestas por parte de Contraloría y los organismos competentes. Fuente: Antofagasta TV Regional
La Fiscalía presentó oficialmente la acusación contra el exalcalde Raúl Torrealba de la Municipalidad de Vitacura, solicitando una condena total de 28 años de presidio por distintos delitos económicos, en un caso que ha sido investigado durante cinco años. Según el Ministerio Público, Torrealba habría liderado un esquema entre 2011 y 2021 para desviar recursos desde entidades vinculadas al municipio, generando un perjuicio estimado en al menos $761 millones. La acusación contempla penas por cuatro delitos. La mayor corresponde al fraude al fisco, por el cual se solicitan 12 años de cárcel. Además, se piden 6 años por lavado de activos, otros 6 por declaración maliciosa de impuestos y 4 años por obtención indebida de devoluciones tributarias, según informó T13. Con esta etapa procesal, Torrealba se convierte en el único imputado del caso que enfrentará un juicio oral, luego de que el resto de los involucrados optara por mecanismos alternativos para cerrar sus causas. Uno de los implicados clave en la investigación fue Antonia Larraín, exdirectora de Desarrollo Comunitario de Vitacura. En su declaración, Larraín afirmó que recibió instrucciones para entregar sobres con dinero en efectivo al entonces alcalde provenientes de corporaciones relacionadas con el municipio. Como resultado, fue condenada a cinco años de presidio bajo el régimen de libertad vigilada intensiva. Por otro lado, los excontadores Augusto Silva y Arnaldo Cañas también llegaron a acuerdos con la Fiscalía mediante procedimientos abreviados. La audiencia de preparación del juicio oral está programada para el próximo 13 de julio de 2026. Fuente: Publimetro
La Municipalidad de Calama ha enviado un oficio a la Contraloría General de la República y al Ministerio de Transportes en busca de información y medidas con respecto a las denuncias recibidas sobre el funcionamiento de la tarjeta de pago electrónico utilizada en el transporte público local. El alcalde de Calama, Eliecer Chamorro Vargas, junto a su equipo jurídico, ha tomado esta acción luego de múltiples quejas por parte de los usuarios del servicio. Entre las problemáticas reportadas se encuentran cobros duplicados, transacciones inusuales durante la madrugada y dificultades relacionadas con los descuentos bancarios. En el oficio dirigido a la Contraloría, el municipio ha solicitado acceso a los antecedentes referentes a las denuncias presentadas y conocer las medidas que se están implementando para abordar posibles irregularidades. Chamorro expresó: Tenemos reclamos complejos, sobre todo de adultos mayores, cobros duplicados y los descuentos bancarios no se hacen de forma instantánea. Esto pasa prácticamente en toda la región. No dudamos de la buena intención de las autoridades, pero necesitamos celeridad. Además, el alcalde ha extendido sus preocupaciones hacia la implementación del sistema en la región de Antofagasta en general, señalando que muchos usuarios continúan utilizando tarjetas bancarias en lugar de la tarjeta exclusiva para transporte. Si la Región de Antofagasta usa en un 45% la tarjeta de banco y no la de transporte, es porque hay un problema complejo en su implementación, afirmó. Por lo tanto, Chamorro instó a los vecinos que hayan enfrentado problemas a acercarse al municipio y formalizar sus reclamos. Toda la ciudadanía puede venir a evidenciar sus reclamos a la municipalidad y desde aquí hacemos el llamado a que solucionen con celeridad esta situación, agregó. Finalmente, desde el municipio se enfatizó que la administración comunal no es responsable de implementar el sistema de transporte público, ya que esa tarea recae en el Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones. Por lo tanto, están a la espera de respuestas por parte de Contraloría y los organismos competentes. Fuente: Antofagasta TV Regional
La Fiscalía presentó oficialmente la acusación contra el exalcalde Raúl Torrealba de la Municipalidad de Vitacura, solicitando una condena total de 28 años de presidio por distintos delitos económicos, en un caso que ha sido investigado durante cinco años. Según el Ministerio Público, Torrealba habría liderado un esquema entre 2011 y 2021 para desviar recursos desde entidades vinculadas al municipio, generando un perjuicio estimado en al menos $761 millones. La acusación contempla penas por cuatro delitos. La mayor corresponde al fraude al fisco, por el cual se solicitan 12 años de cárcel. Además, se piden 6 años por lavado de activos, otros 6 por declaración maliciosa de impuestos y 4 años por obtención indebida de devoluciones tributarias, según informó T13. Con esta etapa procesal, Torrealba se convierte en el único imputado del caso que enfrentará un juicio oral, luego de que el resto de los involucrados optara por mecanismos alternativos para cerrar sus causas. Uno de los implicados clave en la investigación fue Antonia Larraín, exdirectora de Desarrollo Comunitario de Vitacura. En su declaración, Larraín afirmó que recibió instrucciones para entregar sobres con dinero en efectivo al entonces alcalde provenientes de corporaciones relacionadas con el municipio. Como resultado, fue condenada a cinco años de presidio bajo el régimen de libertad vigilada intensiva. Por otro lado, los excontadores Augusto Silva y Arnaldo Cañas también llegaron a acuerdos con la Fiscalía mediante procedimientos abreviados. La audiencia de preparación del juicio oral está programada para el próximo 13 de julio de 2026. Fuente: Publimetro
