La Brigada Anticorrupción de la Policía de Investigaciones (PDI) se presentó en la comuna de Ñuñoa, específicamente en el domicilio del psiquiatra Alberto Larraín, co-fundador de Pro Cultura, con el objetivo de proceder a su detención. Esta acción se enmarca en el Caso Convenios, donde se le acusa de defraudación de recursos pertenecientes a la Gobernación de la región Metropolitana. El Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago emitió órdenes de arresto contra Larraín y otros implicados en el arista “Quédate”, un programa de prevención del suicidio que recibió 1.800 millones de pesos en fondos públicos. Además de Larraín, fueron detenidos por esta causa los siguientes imputados: María Constanza Gómez, María Teresa Abusleme, Evelyn Magdaleno y Gabriel Prado. Todos ellos, junto a Larraín, comparecerán ante un control de detención este sábado, según informó Cooperativa. Durante su detención, el psiquiatra expresó: Llevamos dos años y medio en este proceso, en que no se ha podido esclarecer (la situación), y siempre hemos estado a disposición de esclarecer cualquier cosa. Entonces, en la medida que podamos ayudar, bienvenido sea. Asimismo, al salir esposado de su hogar, afirmó su total inocencia. El jefe del caso Juan Castro Bekios y el fiscal regional de Antofagasta señalaron que durante la audiencia el Ministerio Público comunicará a los detenidos los delitos por los cuales son investigados y solicitará las medidas cautelares correspondientes. En relación con el avance del Caso Convenios, el fiscal explicó que la Brigada Anticorrupción de la PDI llevó a cabo cinco detenciones por presuntos ilícitos que afectaron al GORE de Santiago, con ocasión de la suscripción e implementación de un convenio con la fundación ProCultura en el año 2022. Fuente: Publimetro
La Corte de Apelaciones de Antofagasta ha revocado el arresto domiciliario total de la diputada Catalina Pérez, quien está imputada como autora de fraude al fisco en el caso Democracia Viva. En su lugar, se ha decretado arresto domiciliario nocturno, medida que está cumpliendo en la casa de sus padres en Santiago. En un fallo unánime, la Segunda Sala del tribunal de alzada -compuesta por los ministros Dinko Franulic Cetinic, Eric Sepúlveda Casanova y el abogado integrante Marcelo Díaz Sanhueza- ha revocado la decisión del Juzgado de Garantía de Antofagasta, que había rechazado la rebaja de medidas cautelares. En su lugar, han optado por acoger el recurso de apelación presentado por la defensa de la parlamentaria. Según el fallo, En este caso no hay argumentación respecto por qué la medida cautelar de privación domiciliaria total frente a la parcial, por cierto, sería aquella que garantiza las finalidades del procedimiento y esta otra no. No tenemos alegaciones respecto de cuál sería la razón que debería tener esta Corte para preferir la total por sobre la parcial. Además, se agrega que Debiendo ser una medida cautelar proporcional que importe garantizar el fin del procedimiento que está cubierto por ella, (...) con los antecedentes respecto a los informes sociales y psicológicos de la imputada como suficiente para garantizar la seguridad social su privación de libertad parcial, (...) se revocará la resolución y se hará lugar a la petición de la defensa. En relación al caso Democracia Viva, según la Fiscalía Regional de Antofagasta, Pérez estaba al tanto del acuerdo suscrito entre los coimputados Carlos Contreras y Daniel Andrade para suscribir convenios irregulares entre el Ministerio de Vivienda y Urbanismo y la fundación Democracia Viva. Estos convenios representaron transferencias millonarias sin ejecutar las obras correspondientes. Los convenios se llevaron a cabo entre septiembre y noviembre de 2022 y significaron transferencias de $200.000.000 el 17 de octubre; $170.000.000 el 29 de noviembre; y $56.000.000 el 19 de diciembre. Finalmente, durante la jornada del miércoles, la Fiscalía Regional ingresó una acusación contra Pérez, Andrade, Contreras y Paz Fuica solicitando una pena de 10 años de cárcel por fraude al fisco para cada uno. Fuente: Meganoticias
La Brigada Anticorrupción de la Policía de Investigaciones (PDI) se presentó en la comuna de Ñuñoa, específicamente en el domicilio del psiquiatra Alberto Larraín, co-fundador de Pro Cultura, con el objetivo de proceder a su detención. Esta acción se enmarca en el Caso Convenios, donde se le acusa de defraudación de recursos pertenecientes a la Gobernación de la región Metropolitana. El Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago emitió órdenes de arresto contra Larraín y otros implicados en el arista “Quédate”, un programa de prevención del suicidio que recibió 1.800 millones de pesos en fondos públicos. Además de Larraín, fueron detenidos por esta causa los siguientes imputados: María Constanza Gómez, María Teresa Abusleme, Evelyn Magdaleno y Gabriel Prado. Todos ellos, junto a Larraín, comparecerán ante un control de detención este sábado, según informó Cooperativa. Durante su detención, el psiquiatra expresó: Llevamos dos años y medio en este proceso, en que no se ha podido esclarecer (la situación), y siempre hemos estado a disposición de esclarecer cualquier cosa. Entonces, en la medida que podamos ayudar, bienvenido sea. Asimismo, al salir esposado de su hogar, afirmó su total inocencia. El jefe del caso Juan Castro Bekios y el fiscal regional de Antofagasta señalaron que durante la audiencia el Ministerio Público comunicará a los detenidos los delitos por los cuales son investigados y solicitará las medidas cautelares correspondientes. En relación con el avance del Caso Convenios, el fiscal explicó que la Brigada Anticorrupción de la PDI llevó a cabo cinco detenciones por presuntos ilícitos que afectaron al GORE de Santiago, con ocasión de la suscripción e implementación de un convenio con la fundación ProCultura en el año 2022. Fuente: Publimetro
La Corte de Apelaciones de Antofagasta ha revocado el arresto domiciliario total de la diputada Catalina Pérez, quien está imputada como autora de fraude al fisco en el caso Democracia Viva. En su lugar, se ha decretado arresto domiciliario nocturno, medida que está cumpliendo en la casa de sus padres en Santiago. En un fallo unánime, la Segunda Sala del tribunal de alzada -compuesta por los ministros Dinko Franulic Cetinic, Eric Sepúlveda Casanova y el abogado integrante Marcelo Díaz Sanhueza- ha revocado la decisión del Juzgado de Garantía de Antofagasta, que había rechazado la rebaja de medidas cautelares. En su lugar, han optado por acoger el recurso de apelación presentado por la defensa de la parlamentaria. Según el fallo, En este caso no hay argumentación respecto por qué la medida cautelar de privación domiciliaria total frente a la parcial, por cierto, sería aquella que garantiza las finalidades del procedimiento y esta otra no. No tenemos alegaciones respecto de cuál sería la razón que debería tener esta Corte para preferir la total por sobre la parcial. Además, se agrega que Debiendo ser una medida cautelar proporcional que importe garantizar el fin del procedimiento que está cubierto por ella, (...) con los antecedentes respecto a los informes sociales y psicológicos de la imputada como suficiente para garantizar la seguridad social su privación de libertad parcial, (...) se revocará la resolución y se hará lugar a la petición de la defensa. En relación al caso Democracia Viva, según la Fiscalía Regional de Antofagasta, Pérez estaba al tanto del acuerdo suscrito entre los coimputados Carlos Contreras y Daniel Andrade para suscribir convenios irregulares entre el Ministerio de Vivienda y Urbanismo y la fundación Democracia Viva. Estos convenios representaron transferencias millonarias sin ejecutar las obras correspondientes. Los convenios se llevaron a cabo entre septiembre y noviembre de 2022 y significaron transferencias de $200.000.000 el 17 de octubre; $170.000.000 el 29 de noviembre; y $56.000.000 el 19 de diciembre. Finalmente, durante la jornada del miércoles, la Fiscalía Regional ingresó una acusación contra Pérez, Andrade, Contreras y Paz Fuica solicitando una pena de 10 años de cárcel por fraude al fisco para cada uno. Fuente: Meganoticias