Luego de recibir la notificación del Tribunal Calificador de Elecciones (Tricel) sobre su proceso de destitución, el gobernador de la región Metropolitana, Claudio Orrego, emitió declaraciones respecto al recurso presentado en su contra. Orrego afirmó estar “ convencido de que este requerimiento carece de fundamentos de hecho y de derecho, y así lo vamos a demostrar ante el tribunal ”, señalando que sus abogados se encargarán de abordar el tema, mientras él continuará “trabajando en terreno junto a la gente que es para lo cual me eligieron los ciudadanos de nuestra región”. El abogado Ciro Colombara expresó que, aunque el requerimiento fue admitido a trámite, presenta “problemas desde el punto de vista formal. Sin perjuicio de eso, en cuanto al fondo, se le imputan hechos falsos y así lo vamos a acreditar, o hechos que, siendo verdaderos, son analizados jurídicamente de manera errónea”. “Tenemos la tranquilidad de que en definitiva este requerimiento deberá ser rechazado por el tribunal”, afirmó el abogado de Claudio Orrego. El pedido de destitución, presentado el 25 de julio pasado, acusa a la autoridad de incurrir en un notable abandono de deberes y en una contravención al principio de probidad administrativa. La solicitud del recurso surge a raíz de un informe de Contraloría que acusa al GORE de presuntamente utilizar fondos públicos para la campaña de reelección de Claudio Orrego. Este proceso en el Tricel se inicia más de un mes después de que “consejeros regionales de Kast y la UDI” presentaran el requerimiento con “varios errores garrafales”. Fuente: Publimetro
La Fiscalía Regional de Antofagasta presentó el pasado jueves 4 de septiembre una solicitud de desafuero en contra del gobernador de la región Metropolitana, Claudio Orrego . La solicitud se enmarca en la arista Procultura del caso Convenios y la audiencia correspondiente ha sido programada por la Corte de Apelaciones de Antofagasta para el próximo lunes 6 de octubre. El fiscal regional, Juan Castro Bekios, está investigando a Claudio Orrego por su presunta implicación en los delitos de cohecho y fraude al fisco, relacionados con un convenio en el que Procultura recibió más de $1800 millones para proyectos, de los cuales $1000 millones no fueron justificados ni devueltos al gobierno regional. En defensa de Claudio Orrego, el abogado Rodrigo de la Barra afirmó que durante la arista Procultura, el gobernador declaró voluntariamente ante el Fiscal Patricio Cooper en diciembre de 2024. De la Barra agregó que se han proporcionado todos los antecedentes sobre los programas ejecutados por la Fundación, así como las acciones tomadas por el gobierno regional para salvaguardar y recuperar los fondos públicos asignados. De acuerdo con De la Barra, Queremos reafirmar, con total claridad, que el gobernador Claudio Orrego no ha incurrido en ningún delito ni irregularidad en el ejercicio de sus funciones. Confiamos plenamente en que, una vez que tengamos acceso al contenido de la solicitud y se analicen los antecedentes, quedará jurídicamente acreditado que la actuación del Gobernador ha sido ajustada a derecho y en resguardo del interés público. Fuente: Publimetro
El gobernador de la Región Metropolitana, Claudio Orrego , respondió a la solicitud de destitución presentada en su contra, la cual calificó de un “aprovechamiento político-electoral”. La petición fue impulsada por consejeros republicanos con el respaldo de la UDI y se presentó ante el Tribunal Calificador de Elecciones (Tricel). En ella, se acusan a Orrego de dos causales graves: notable abandono de deberes y contravención al principio de probidad administrativa. Orrego indicó que esta acción representa “de principio a fin de aprovechamiento político-electoral” y recordó que es una táctica similar a la utilizada en acusaciones que fracasaron contra otros funcionarios, como el ministro Carlos Montes y la ministra Carolina Tohá. Enfatizó que estos intentos carecen de fundamentos sólidos tanto de hechos como de derecho. El gobernador afirmó que no permitirá que se vulnere “el derecho de la voluntad popular de 2,5 millones de santiaguinos que me eligieron por secretaría”. Con 35 años de experiencia en el servicio público, Orrego mencionó que ejercerá su derecho a la defensa y no aceptará que se “siga manoseando mi nombre”. El requerimiento, que tiene más de 180 páginas, fue elaborado por el abogado Máximo Pavez Cantillano, exsubsecretario de la Segpres, y cuenta con la firma de 16 consejeros regionales, entre ellos Álvaro Bellolio Avaria, exdirector del Servicio Nacional de Migraciones. En el documento se detallan varias acciones que, según la oposición, constituyen una “conducta sistemática, reiterada y estructural” de uso indebido de fondos públicos para beneficiar la campaña personal de Orrego. Entre los antecedentes presentados, se señala: El documento indica que no se trata de errores administrativos, sino de un patrón de conducta que viola principios esenciales del Derecho. Invoca artículos de la Ley N° 18.575 (Bases Generales de la Administración del Estado) y la Ley N° 19.175 sobre Gobierno Regional, solicitando que Tricel declare la cesación en el cargo de Orrego por estos motivos. Este proceso ya fue declarado admisible. El presidente del Senado, Manuel José Ossandón (RN), manifestó que los consejeros regionales tienen derecho a presentar su requerimiento, pero enfatizó la importancia de esperar los resultados de la investigación antes de emitir juicios. “No es justo condenar a las personas antes de ser juzgadas. Si Orrego ha cometido errores, tendrá que asumir las consecuencias, pero por lo menos hay que presumir la inocencia”, comentó.
Claudio Orrego defendió este jueves los 87 millones de pesos en rendiciones por gastos en la campaña electoral por la Gobernación Regional Metropolitana que rechazó el Servicio Electoral de Chile y que según indicó la autoridad pública, se “hicieron con los permisos debidamente tramitados”. Los montos cuestionados por el Servel fueron revelados esta jornada en un reportaje de Ciper Chile, que además informó de la existencia de boletas por $44,2 millones emitidas por otras 13 personas, junto a los $20,6 millones “pagados a su administrador electoral, José Andrés Wallis”, una cifra que según indicaron en radio ADN “supera el tope de 13 millones de pesos establecido por el organismo electoral”. Si bien la autoridad regional no profundizó en la denuncia, su equipo de comando aseveró en Ciper que “toda persona que participó en dicha campaña de forma remunerada lo hizo haciendo uso de permisos debidamente tramitados y/o fuera de su horario laboral”. “En otros casos, se trata de personas que renunciaron a sus funciones para participar en la campaña, lo cual está debidamente acreditado”, puntualizaron. En el caso de las observaciones de Servel a las onerosas remuneraciones obtenidas por Wallis durante el periodo de campaña electoral de Orrego, el comando de la autoridad regional aclaró que las mismas fueron “debidamente justificadas y documentadas, tanto en cuanto a su rango de precios como a los productos entregados”. Toda persona que participó en dicha campaña de forma remunerada lo hizo haciendo uso de permisos debidamente tramitados y/o fuera de su horario laboral “Si bien el Servel ha señalado posteriormente la existencia de un cálculo estimado para este tipo de servicios, dicho valor no fue informado a esta administración por ninguna vía oficial”, se defendieron. “Esta observación, al igual que las otras indicadas en la rendición de cuentas, forman parte de una apelación presentada ante el Tricel, la cual fue acogida a tramitación con fecha 11 de junio del presente año”, concluyeron. Fuente: Publimetro
El personal del OS7 de Carabineros, por instrucción del Ministerio Público, concretó realizar diligencias de entrada y registro tanto en la casa del gobernador Claudio Orrego como dependencias del GORE Metropolitano. Esto, en el marco de la investigación por presuntas irregularidades en contratos de coaching político, detectadas previamente por una auditoría de la Contraloría General de la República. A raíz de estas diligencias, la diputada por la región Metropolitana, Catalina del Real (Prep) fue tajante: “Estos hechos confirman las sospechas que desde hace tiempo hemos venido expresando sobre la integridad y la ética de Orrego en el ejercicio de su cargo. Claudio Orrego ha perdido toda la confianza y la credibilidad para seguir ejerciendo el cargo de gobernador metropolitano”. Por su parte, la legisladora que también representa a la RM, María Luisa Cordero (IND-RN) aseguró que es inaceptable y vergonzoso que el gobernador esté siendo investigado por este tipo de prácticas. Indicando que este tipo de acciones solo sirven para socavar la confianza de la ciudadanía en sus autoridades y deja en evidencia la falta de transparencia en su gestión. “Por este tipo de prácticas (…) claramente debería llevar a su renuncia inmediata”, sentenció. En esa misma línea, el diputado Roberto Arroyo (PSC) calificó las diligencias como “gravísimas” y expresó su preocupación, haciendo un llamado a no minimizar los hechos: “Las diligencias realizadas por la Fiscalía en la casa del gobernador Orrego y en las oficinas del Gobierno Regional son gravísimas. No podemos seguir normalizando el uso de recursos públicos con fines personales o electorales. Esto debe investigarse a fondo. La ciudadanía está cansada de la impunidad”. En tanto, el diputado Jorge Guzmán, de la bancada de Evópoli, se sumó a las críticas recalcando que los antecedentes deben ser esclarecidos, además, advirtió que existen transferencias que generan muchas dudas y que pueden ser constitutivas de eventuales delitos. Finalmente, la parlamentaria Marlene Pérez (Indep-UDI), planteó que la justicia actúe con celeridad y firmeza, asimismo, llamó a esclarecer los hechos: “Las acusaciones en contra de Orrego evidencian una falta grave y una falta a las normas y la honestidad que deben regir a un representante público. Es urgente que, en favor de la transparencia y probidad, se tome un fiscal preferente y se investigue a cabalidad este escándalo”. Desde la Fiscalía Oriente señalaron que Orrego entregó voluntariamente los dispositivos requeridos. Sin embargo, crecen las presiones para que el gobernador dé explicaciones públicas y asuma responsabilidades políticas si se comprueban las irregularidades. Fuente: Publimetro
Luego de recibir la notificación del Tribunal Calificador de Elecciones (Tricel) sobre su proceso de destitución, el gobernador de la región Metropolitana, Claudio Orrego, emitió declaraciones respecto al recurso presentado en su contra. Orrego afirmó estar “ convencido de que este requerimiento carece de fundamentos de hecho y de derecho, y así lo vamos a demostrar ante el tribunal ”, señalando que sus abogados se encargarán de abordar el tema, mientras él continuará “trabajando en terreno junto a la gente que es para lo cual me eligieron los ciudadanos de nuestra región”. El abogado Ciro Colombara expresó que, aunque el requerimiento fue admitido a trámite, presenta “problemas desde el punto de vista formal. Sin perjuicio de eso, en cuanto al fondo, se le imputan hechos falsos y así lo vamos a acreditar, o hechos que, siendo verdaderos, son analizados jurídicamente de manera errónea”. “Tenemos la tranquilidad de que en definitiva este requerimiento deberá ser rechazado por el tribunal”, afirmó el abogado de Claudio Orrego. El pedido de destitución, presentado el 25 de julio pasado, acusa a la autoridad de incurrir en un notable abandono de deberes y en una contravención al principio de probidad administrativa. La solicitud del recurso surge a raíz de un informe de Contraloría que acusa al GORE de presuntamente utilizar fondos públicos para la campaña de reelección de Claudio Orrego. Este proceso en el Tricel se inicia más de un mes después de que “consejeros regionales de Kast y la UDI” presentaran el requerimiento con “varios errores garrafales”. Fuente: Publimetro
La Fiscalía Regional de Antofagasta presentó el pasado jueves 4 de septiembre una solicitud de desafuero en contra del gobernador de la región Metropolitana, Claudio Orrego . La solicitud se enmarca en la arista Procultura del caso Convenios y la audiencia correspondiente ha sido programada por la Corte de Apelaciones de Antofagasta para el próximo lunes 6 de octubre. El fiscal regional, Juan Castro Bekios, está investigando a Claudio Orrego por su presunta implicación en los delitos de cohecho y fraude al fisco, relacionados con un convenio en el que Procultura recibió más de $1800 millones para proyectos, de los cuales $1000 millones no fueron justificados ni devueltos al gobierno regional. En defensa de Claudio Orrego, el abogado Rodrigo de la Barra afirmó que durante la arista Procultura, el gobernador declaró voluntariamente ante el Fiscal Patricio Cooper en diciembre de 2024. De la Barra agregó que se han proporcionado todos los antecedentes sobre los programas ejecutados por la Fundación, así como las acciones tomadas por el gobierno regional para salvaguardar y recuperar los fondos públicos asignados. De acuerdo con De la Barra, Queremos reafirmar, con total claridad, que el gobernador Claudio Orrego no ha incurrido en ningún delito ni irregularidad en el ejercicio de sus funciones. Confiamos plenamente en que, una vez que tengamos acceso al contenido de la solicitud y se analicen los antecedentes, quedará jurídicamente acreditado que la actuación del Gobernador ha sido ajustada a derecho y en resguardo del interés público. Fuente: Publimetro
El gobernador de la Región Metropolitana, Claudio Orrego , respondió a la solicitud de destitución presentada en su contra, la cual calificó de un “aprovechamiento político-electoral”. La petición fue impulsada por consejeros republicanos con el respaldo de la UDI y se presentó ante el Tribunal Calificador de Elecciones (Tricel). En ella, se acusan a Orrego de dos causales graves: notable abandono de deberes y contravención al principio de probidad administrativa. Orrego indicó que esta acción representa “de principio a fin de aprovechamiento político-electoral” y recordó que es una táctica similar a la utilizada en acusaciones que fracasaron contra otros funcionarios, como el ministro Carlos Montes y la ministra Carolina Tohá. Enfatizó que estos intentos carecen de fundamentos sólidos tanto de hechos como de derecho. El gobernador afirmó que no permitirá que se vulnere “el derecho de la voluntad popular de 2,5 millones de santiaguinos que me eligieron por secretaría”. Con 35 años de experiencia en el servicio público, Orrego mencionó que ejercerá su derecho a la defensa y no aceptará que se “siga manoseando mi nombre”. El requerimiento, que tiene más de 180 páginas, fue elaborado por el abogado Máximo Pavez Cantillano, exsubsecretario de la Segpres, y cuenta con la firma de 16 consejeros regionales, entre ellos Álvaro Bellolio Avaria, exdirector del Servicio Nacional de Migraciones. En el documento se detallan varias acciones que, según la oposición, constituyen una “conducta sistemática, reiterada y estructural” de uso indebido de fondos públicos para beneficiar la campaña personal de Orrego. Entre los antecedentes presentados, se señala: El documento indica que no se trata de errores administrativos, sino de un patrón de conducta que viola principios esenciales del Derecho. Invoca artículos de la Ley N° 18.575 (Bases Generales de la Administración del Estado) y la Ley N° 19.175 sobre Gobierno Regional, solicitando que Tricel declare la cesación en el cargo de Orrego por estos motivos. Este proceso ya fue declarado admisible. El presidente del Senado, Manuel José Ossandón (RN), manifestó que los consejeros regionales tienen derecho a presentar su requerimiento, pero enfatizó la importancia de esperar los resultados de la investigación antes de emitir juicios. “No es justo condenar a las personas antes de ser juzgadas. Si Orrego ha cometido errores, tendrá que asumir las consecuencias, pero por lo menos hay que presumir la inocencia”, comentó.
Claudio Orrego defendió este jueves los 87 millones de pesos en rendiciones por gastos en la campaña electoral por la Gobernación Regional Metropolitana que rechazó el Servicio Electoral de Chile y que según indicó la autoridad pública, se “hicieron con los permisos debidamente tramitados”. Los montos cuestionados por el Servel fueron revelados esta jornada en un reportaje de Ciper Chile, que además informó de la existencia de boletas por $44,2 millones emitidas por otras 13 personas, junto a los $20,6 millones “pagados a su administrador electoral, José Andrés Wallis”, una cifra que según indicaron en radio ADN “supera el tope de 13 millones de pesos establecido por el organismo electoral”. Si bien la autoridad regional no profundizó en la denuncia, su equipo de comando aseveró en Ciper que “toda persona que participó en dicha campaña de forma remunerada lo hizo haciendo uso de permisos debidamente tramitados y/o fuera de su horario laboral”. “En otros casos, se trata de personas que renunciaron a sus funciones para participar en la campaña, lo cual está debidamente acreditado”, puntualizaron. En el caso de las observaciones de Servel a las onerosas remuneraciones obtenidas por Wallis durante el periodo de campaña electoral de Orrego, el comando de la autoridad regional aclaró que las mismas fueron “debidamente justificadas y documentadas, tanto en cuanto a su rango de precios como a los productos entregados”. Toda persona que participó en dicha campaña de forma remunerada lo hizo haciendo uso de permisos debidamente tramitados y/o fuera de su horario laboral “Si bien el Servel ha señalado posteriormente la existencia de un cálculo estimado para este tipo de servicios, dicho valor no fue informado a esta administración por ninguna vía oficial”, se defendieron. “Esta observación, al igual que las otras indicadas en la rendición de cuentas, forman parte de una apelación presentada ante el Tricel, la cual fue acogida a tramitación con fecha 11 de junio del presente año”, concluyeron. Fuente: Publimetro
El personal del OS7 de Carabineros, por instrucción del Ministerio Público, concretó realizar diligencias de entrada y registro tanto en la casa del gobernador Claudio Orrego como dependencias del GORE Metropolitano. Esto, en el marco de la investigación por presuntas irregularidades en contratos de coaching político, detectadas previamente por una auditoría de la Contraloría General de la República. A raíz de estas diligencias, la diputada por la región Metropolitana, Catalina del Real (Prep) fue tajante: “Estos hechos confirman las sospechas que desde hace tiempo hemos venido expresando sobre la integridad y la ética de Orrego en el ejercicio de su cargo. Claudio Orrego ha perdido toda la confianza y la credibilidad para seguir ejerciendo el cargo de gobernador metropolitano”. Por su parte, la legisladora que también representa a la RM, María Luisa Cordero (IND-RN) aseguró que es inaceptable y vergonzoso que el gobernador esté siendo investigado por este tipo de prácticas. Indicando que este tipo de acciones solo sirven para socavar la confianza de la ciudadanía en sus autoridades y deja en evidencia la falta de transparencia en su gestión. “Por este tipo de prácticas (…) claramente debería llevar a su renuncia inmediata”, sentenció. En esa misma línea, el diputado Roberto Arroyo (PSC) calificó las diligencias como “gravísimas” y expresó su preocupación, haciendo un llamado a no minimizar los hechos: “Las diligencias realizadas por la Fiscalía en la casa del gobernador Orrego y en las oficinas del Gobierno Regional son gravísimas. No podemos seguir normalizando el uso de recursos públicos con fines personales o electorales. Esto debe investigarse a fondo. La ciudadanía está cansada de la impunidad”. En tanto, el diputado Jorge Guzmán, de la bancada de Evópoli, se sumó a las críticas recalcando que los antecedentes deben ser esclarecidos, además, advirtió que existen transferencias que generan muchas dudas y que pueden ser constitutivas de eventuales delitos. Finalmente, la parlamentaria Marlene Pérez (Indep-UDI), planteó que la justicia actúe con celeridad y firmeza, asimismo, llamó a esclarecer los hechos: “Las acusaciones en contra de Orrego evidencian una falta grave y una falta a las normas y la honestidad que deben regir a un representante público. Es urgente que, en favor de la transparencia y probidad, se tome un fiscal preferente y se investigue a cabalidad este escándalo”. Desde la Fiscalía Oriente señalaron que Orrego entregó voluntariamente los dispositivos requeridos. Sin embargo, crecen las presiones para que el gobernador dé explicaciones públicas y asuma responsabilidades políticas si se comprueban las irregularidades. Fuente: Publimetro
