El gobernador de la Región Metropolitana, Claudio Orrego , respondió a la solicitud de destitución presentada en su contra, la cual calificó de un “aprovechamiento político-electoral”. La petición fue impulsada por consejeros republicanos con el respaldo de la UDI y se presentó ante el Tribunal Calificador de Elecciones (Tricel). En ella, se acusan a Orrego de dos causales graves: notable abandono de deberes y contravención al principio de probidad administrativa. Orrego indicó que esta acción representa “de principio a fin de aprovechamiento político-electoral” y recordó que es una táctica similar a la utilizada en acusaciones que fracasaron contra otros funcionarios, como el ministro Carlos Montes y la ministra Carolina Tohá. Enfatizó que estos intentos carecen de fundamentos sólidos tanto de hechos como de derecho. El gobernador afirmó que no permitirá que se vulnere “el derecho de la voluntad popular de 2,5 millones de santiaguinos que me eligieron por secretaría”. Con 35 años de experiencia en el servicio público, Orrego mencionó que ejercerá su derecho a la defensa y no aceptará que se “siga manoseando mi nombre”. El requerimiento, que tiene más de 180 páginas, fue elaborado por el abogado Máximo Pavez Cantillano, exsubsecretario de la Segpres, y cuenta con la firma de 16 consejeros regionales, entre ellos Álvaro Bellolio Avaria, exdirector del Servicio Nacional de Migraciones. En el documento se detallan varias acciones que, según la oposición, constituyen una “conducta sistemática, reiterada y estructural” de uso indebido de fondos públicos para beneficiar la campaña personal de Orrego. Entre los antecedentes presentados, se señala: El documento indica que no se trata de errores administrativos, sino de un patrón de conducta que viola principios esenciales del Derecho. Invoca artículos de la Ley N° 18.575 (Bases Generales de la Administración del Estado) y la Ley N° 19.175 sobre Gobierno Regional, solicitando que Tricel declare la cesación en el cargo de Orrego por estos motivos. Este proceso ya fue declarado admisible. El presidente del Senado, Manuel José Ossandón (RN), manifestó que los consejeros regionales tienen derecho a presentar su requerimiento, pero enfatizó la importancia de esperar los resultados de la investigación antes de emitir juicios. “No es justo condenar a las personas antes de ser juzgadas. Si Orrego ha cometido errores, tendrá que asumir las consecuencias, pero por lo menos hay que presumir la inocencia”, comentó.
Claudio Orrego defendió este jueves los 87 millones de pesos en rendiciones por gastos en la campaña electoral por la Gobernación Regional Metropolitana que rechazó el Servicio Electoral de Chile y que según indicó la autoridad pública, se “hicieron con los permisos debidamente tramitados”. Los montos cuestionados por el Servel fueron revelados esta jornada en un reportaje de Ciper Chile, que además informó de la existencia de boletas por $44,2 millones emitidas por otras 13 personas, junto a los $20,6 millones “pagados a su administrador electoral, José Andrés Wallis”, una cifra que según indicaron en radio ADN “supera el tope de 13 millones de pesos establecido por el organismo electoral”. Si bien la autoridad regional no profundizó en la denuncia, su equipo de comando aseveró en Ciper que “toda persona que participó en dicha campaña de forma remunerada lo hizo haciendo uso de permisos debidamente tramitados y/o fuera de su horario laboral”. “En otros casos, se trata de personas que renunciaron a sus funciones para participar en la campaña, lo cual está debidamente acreditado”, puntualizaron. En el caso de las observaciones de Servel a las onerosas remuneraciones obtenidas por Wallis durante el periodo de campaña electoral de Orrego, el comando de la autoridad regional aclaró que las mismas fueron “debidamente justificadas y documentadas, tanto en cuanto a su rango de precios como a los productos entregados”. Toda persona que participó en dicha campaña de forma remunerada lo hizo haciendo uso de permisos debidamente tramitados y/o fuera de su horario laboral “Si bien el Servel ha señalado posteriormente la existencia de un cálculo estimado para este tipo de servicios, dicho valor no fue informado a esta administración por ninguna vía oficial”, se defendieron. “Esta observación, al igual que las otras indicadas en la rendición de cuentas, forman parte de una apelación presentada ante el Tricel, la cual fue acogida a tramitación con fecha 11 de junio del presente año”, concluyeron. Fuente: Publimetro
El personal del OS7 de Carabineros, por instrucción del Ministerio Público, concretó realizar diligencias de entrada y registro tanto en la casa del gobernador Claudio Orrego como dependencias del GORE Metropolitano. Esto, en el marco de la investigación por presuntas irregularidades en contratos de coaching político, detectadas previamente por una auditoría de la Contraloría General de la República. A raíz de estas diligencias, la diputada por la región Metropolitana, Catalina del Real (Prep) fue tajante: “Estos hechos confirman las sospechas que desde hace tiempo hemos venido expresando sobre la integridad y la ética de Orrego en el ejercicio de su cargo. Claudio Orrego ha perdido toda la confianza y la credibilidad para seguir ejerciendo el cargo de gobernador metropolitano”. Por su parte, la legisladora que también representa a la RM, María Luisa Cordero (IND-RN) aseguró que es inaceptable y vergonzoso que el gobernador esté siendo investigado por este tipo de prácticas. Indicando que este tipo de acciones solo sirven para socavar la confianza de la ciudadanía en sus autoridades y deja en evidencia la falta de transparencia en su gestión. “Por este tipo de prácticas (…) claramente debería llevar a su renuncia inmediata”, sentenció. En esa misma línea, el diputado Roberto Arroyo (PSC) calificó las diligencias como “gravísimas” y expresó su preocupación, haciendo un llamado a no minimizar los hechos: “Las diligencias realizadas por la Fiscalía en la casa del gobernador Orrego y en las oficinas del Gobierno Regional son gravísimas. No podemos seguir normalizando el uso de recursos públicos con fines personales o electorales. Esto debe investigarse a fondo. La ciudadanía está cansada de la impunidad”. En tanto, el diputado Jorge Guzmán, de la bancada de Evópoli, se sumó a las críticas recalcando que los antecedentes deben ser esclarecidos, además, advirtió que existen transferencias que generan muchas dudas y que pueden ser constitutivas de eventuales delitos. Finalmente, la parlamentaria Marlene Pérez (Indep-UDI), planteó que la justicia actúe con celeridad y firmeza, asimismo, llamó a esclarecer los hechos: “Las acusaciones en contra de Orrego evidencian una falta grave y una falta a las normas y la honestidad que deben regir a un representante público. Es urgente que, en favor de la transparencia y probidad, se tome un fiscal preferente y se investigue a cabalidad este escándalo”. Desde la Fiscalía Oriente señalaron que Orrego entregó voluntariamente los dispositivos requeridos. Sin embargo, crecen las presiones para que el gobernador dé explicaciones públicas y asuma responsabilidades políticas si se comprueban las irregularidades. Fuente: Publimetro
El equipo jurídico del Gobernador de la Región Metropolitana, Claudio Orrego, descartó esta mañana que el procedimiento realizado por funcionarios del OS-7 de Carabineros en el domicilio y sede del GORE haya sido un allanamiento solicitado por la Fiscalía en el marco de la indagatoria del Ministerio Público por eventuales irregularidades en contratos de coaching vinculados a su campaña electoral. Fue la Fiscalía Metropolitana Oriente el persecutor que requirió la revisión de ambas viviendas vinculadas al gobernador Orrego, como parte del procedimiento investigativo respecto de la auditoría que la Contraloría General de la República realizó a los dineros que se habrían utilizado en su campaña electoral por concepto de coaching. Este fin de semana el propio aludido en la indagatoria había sido enfático en sus redes sociales oficiales para desmentir que dicho coaching a su equipo electoral “se hizo en tiempos de campaña y eso es falso”. “Este es un programa de desarrollo organizacional que partió el 2021 y que no sólo contempla coaching, sino también jornadas de planificación estratégica, clima laboral y evaluación psicolaboral. Yo sí contraté asesorías de campaña y políticas especializadas, las cuales financié con dos créditos míos debidamente rendidos y aprobados por el SERVEL”, aseveró en la red social X. Y respecto del procedimiento realizado en ambas residencias, los abogados de Orrego indicaron que estos se hicieron gracias a que el gobernador se “ofreció voluntariamente declarar y poner a disposición de la Fiscalía su celular y sus dispositivos electrónicos, para colaborar en todo el proceso de la investigación. Hoy se hizo entrega de tales dispositivos”. “De la misma forma, su equipo accedió a entregarlos de forma voluntaria, como le fuera expresado la semana pasada a la Fiscalía, por los abogados del Gobernador”, agregaron desde el equipo de Orrego, donde fueron enfáticos en aseverar “que la diligencia no se trató de un allanamiento, dado que no hay una orden judicial, sino que de una entrega voluntaria, coordinada con la Fiscalía”. Todo ello, puntualizaron, en la voluntad del Gobernador y su equipo, de seguir “colaborando activamente con las instituciones correspondientes, para esclarecer los hechos en el más breve plazo”. Fuente: Publimetro
La pugna en el Gobierno Regional Metropolitano se intensifica con la solicitud de destitución del gobernador Claudio Orrego por parte de consejeros del Partido Republicano y la UDI, tras un informe de la Contraloría que señala presuntas irregularidades en el uso de recursos públicos para su reelección. En respuesta, Orrego calificó la solicitud como un burdo aprovechamiento político y denunció que se busca su muerte política sin pruebas formales en su contra. Además, anunció una investigación sobre las acusaciones presentadas por la UDI. La bancada de consejeros regionales de la UDI presentó antecedentes al Tricel para buscar sanciones contra Orrego por el gasto de 31 millones de pesos en asesorías durante las elecciones de 2024. El consejero regional Álvaro Bellolio afirmó que trabajarán en un escrito para que el Tricel evalúe las posibles sanciones. En caso de que la destitución sea aprobada, Álvaro Bellolio asumiría la presidencia del Consejo Regional Metropolitano al ser el más votado. Los consejeros metropolitanos de RN también se pronunciaron, destacando la necesidad de argumentos sólidos para respaldar cualquier destitución. Por su parte, Valeria Ponti (RN) propuso la constitución de la Comisión de Control Regional para obtener información relevante que respalde cualquier acción futura contra Orrego, incluyendo los informes de coaching encargados por la gobernación. Fuente: Publimetro
El gobernador de la Región Metropolitana, Claudio Orrego , respondió a la solicitud de destitución presentada en su contra, la cual calificó de un “aprovechamiento político-electoral”. La petición fue impulsada por consejeros republicanos con el respaldo de la UDI y se presentó ante el Tribunal Calificador de Elecciones (Tricel). En ella, se acusan a Orrego de dos causales graves: notable abandono de deberes y contravención al principio de probidad administrativa. Orrego indicó que esta acción representa “de principio a fin de aprovechamiento político-electoral” y recordó que es una táctica similar a la utilizada en acusaciones que fracasaron contra otros funcionarios, como el ministro Carlos Montes y la ministra Carolina Tohá. Enfatizó que estos intentos carecen de fundamentos sólidos tanto de hechos como de derecho. El gobernador afirmó que no permitirá que se vulnere “el derecho de la voluntad popular de 2,5 millones de santiaguinos que me eligieron por secretaría”. Con 35 años de experiencia en el servicio público, Orrego mencionó que ejercerá su derecho a la defensa y no aceptará que se “siga manoseando mi nombre”. El requerimiento, que tiene más de 180 páginas, fue elaborado por el abogado Máximo Pavez Cantillano, exsubsecretario de la Segpres, y cuenta con la firma de 16 consejeros regionales, entre ellos Álvaro Bellolio Avaria, exdirector del Servicio Nacional de Migraciones. En el documento se detallan varias acciones que, según la oposición, constituyen una “conducta sistemática, reiterada y estructural” de uso indebido de fondos públicos para beneficiar la campaña personal de Orrego. Entre los antecedentes presentados, se señala: El documento indica que no se trata de errores administrativos, sino de un patrón de conducta que viola principios esenciales del Derecho. Invoca artículos de la Ley N° 18.575 (Bases Generales de la Administración del Estado) y la Ley N° 19.175 sobre Gobierno Regional, solicitando que Tricel declare la cesación en el cargo de Orrego por estos motivos. Este proceso ya fue declarado admisible. El presidente del Senado, Manuel José Ossandón (RN), manifestó que los consejeros regionales tienen derecho a presentar su requerimiento, pero enfatizó la importancia de esperar los resultados de la investigación antes de emitir juicios. “No es justo condenar a las personas antes de ser juzgadas. Si Orrego ha cometido errores, tendrá que asumir las consecuencias, pero por lo menos hay que presumir la inocencia”, comentó.
Claudio Orrego defendió este jueves los 87 millones de pesos en rendiciones por gastos en la campaña electoral por la Gobernación Regional Metropolitana que rechazó el Servicio Electoral de Chile y que según indicó la autoridad pública, se “hicieron con los permisos debidamente tramitados”. Los montos cuestionados por el Servel fueron revelados esta jornada en un reportaje de Ciper Chile, que además informó de la existencia de boletas por $44,2 millones emitidas por otras 13 personas, junto a los $20,6 millones “pagados a su administrador electoral, José Andrés Wallis”, una cifra que según indicaron en radio ADN “supera el tope de 13 millones de pesos establecido por el organismo electoral”. Si bien la autoridad regional no profundizó en la denuncia, su equipo de comando aseveró en Ciper que “toda persona que participó en dicha campaña de forma remunerada lo hizo haciendo uso de permisos debidamente tramitados y/o fuera de su horario laboral”. “En otros casos, se trata de personas que renunciaron a sus funciones para participar en la campaña, lo cual está debidamente acreditado”, puntualizaron. En el caso de las observaciones de Servel a las onerosas remuneraciones obtenidas por Wallis durante el periodo de campaña electoral de Orrego, el comando de la autoridad regional aclaró que las mismas fueron “debidamente justificadas y documentadas, tanto en cuanto a su rango de precios como a los productos entregados”. Toda persona que participó en dicha campaña de forma remunerada lo hizo haciendo uso de permisos debidamente tramitados y/o fuera de su horario laboral “Si bien el Servel ha señalado posteriormente la existencia de un cálculo estimado para este tipo de servicios, dicho valor no fue informado a esta administración por ninguna vía oficial”, se defendieron. “Esta observación, al igual que las otras indicadas en la rendición de cuentas, forman parte de una apelación presentada ante el Tricel, la cual fue acogida a tramitación con fecha 11 de junio del presente año”, concluyeron. Fuente: Publimetro
El personal del OS7 de Carabineros, por instrucción del Ministerio Público, concretó realizar diligencias de entrada y registro tanto en la casa del gobernador Claudio Orrego como dependencias del GORE Metropolitano. Esto, en el marco de la investigación por presuntas irregularidades en contratos de coaching político, detectadas previamente por una auditoría de la Contraloría General de la República. A raíz de estas diligencias, la diputada por la región Metropolitana, Catalina del Real (Prep) fue tajante: “Estos hechos confirman las sospechas que desde hace tiempo hemos venido expresando sobre la integridad y la ética de Orrego en el ejercicio de su cargo. Claudio Orrego ha perdido toda la confianza y la credibilidad para seguir ejerciendo el cargo de gobernador metropolitano”. Por su parte, la legisladora que también representa a la RM, María Luisa Cordero (IND-RN) aseguró que es inaceptable y vergonzoso que el gobernador esté siendo investigado por este tipo de prácticas. Indicando que este tipo de acciones solo sirven para socavar la confianza de la ciudadanía en sus autoridades y deja en evidencia la falta de transparencia en su gestión. “Por este tipo de prácticas (…) claramente debería llevar a su renuncia inmediata”, sentenció. En esa misma línea, el diputado Roberto Arroyo (PSC) calificó las diligencias como “gravísimas” y expresó su preocupación, haciendo un llamado a no minimizar los hechos: “Las diligencias realizadas por la Fiscalía en la casa del gobernador Orrego y en las oficinas del Gobierno Regional son gravísimas. No podemos seguir normalizando el uso de recursos públicos con fines personales o electorales. Esto debe investigarse a fondo. La ciudadanía está cansada de la impunidad”. En tanto, el diputado Jorge Guzmán, de la bancada de Evópoli, se sumó a las críticas recalcando que los antecedentes deben ser esclarecidos, además, advirtió que existen transferencias que generan muchas dudas y que pueden ser constitutivas de eventuales delitos. Finalmente, la parlamentaria Marlene Pérez (Indep-UDI), planteó que la justicia actúe con celeridad y firmeza, asimismo, llamó a esclarecer los hechos: “Las acusaciones en contra de Orrego evidencian una falta grave y una falta a las normas y la honestidad que deben regir a un representante público. Es urgente que, en favor de la transparencia y probidad, se tome un fiscal preferente y se investigue a cabalidad este escándalo”. Desde la Fiscalía Oriente señalaron que Orrego entregó voluntariamente los dispositivos requeridos. Sin embargo, crecen las presiones para que el gobernador dé explicaciones públicas y asuma responsabilidades políticas si se comprueban las irregularidades. Fuente: Publimetro
El equipo jurídico del Gobernador de la Región Metropolitana, Claudio Orrego, descartó esta mañana que el procedimiento realizado por funcionarios del OS-7 de Carabineros en el domicilio y sede del GORE haya sido un allanamiento solicitado por la Fiscalía en el marco de la indagatoria del Ministerio Público por eventuales irregularidades en contratos de coaching vinculados a su campaña electoral. Fue la Fiscalía Metropolitana Oriente el persecutor que requirió la revisión de ambas viviendas vinculadas al gobernador Orrego, como parte del procedimiento investigativo respecto de la auditoría que la Contraloría General de la República realizó a los dineros que se habrían utilizado en su campaña electoral por concepto de coaching. Este fin de semana el propio aludido en la indagatoria había sido enfático en sus redes sociales oficiales para desmentir que dicho coaching a su equipo electoral “se hizo en tiempos de campaña y eso es falso”. “Este es un programa de desarrollo organizacional que partió el 2021 y que no sólo contempla coaching, sino también jornadas de planificación estratégica, clima laboral y evaluación psicolaboral. Yo sí contraté asesorías de campaña y políticas especializadas, las cuales financié con dos créditos míos debidamente rendidos y aprobados por el SERVEL”, aseveró en la red social X. Y respecto del procedimiento realizado en ambas residencias, los abogados de Orrego indicaron que estos se hicieron gracias a que el gobernador se “ofreció voluntariamente declarar y poner a disposición de la Fiscalía su celular y sus dispositivos electrónicos, para colaborar en todo el proceso de la investigación. Hoy se hizo entrega de tales dispositivos”. “De la misma forma, su equipo accedió a entregarlos de forma voluntaria, como le fuera expresado la semana pasada a la Fiscalía, por los abogados del Gobernador”, agregaron desde el equipo de Orrego, donde fueron enfáticos en aseverar “que la diligencia no se trató de un allanamiento, dado que no hay una orden judicial, sino que de una entrega voluntaria, coordinada con la Fiscalía”. Todo ello, puntualizaron, en la voluntad del Gobernador y su equipo, de seguir “colaborando activamente con las instituciones correspondientes, para esclarecer los hechos en el más breve plazo”. Fuente: Publimetro
La pugna en el Gobierno Regional Metropolitano se intensifica con la solicitud de destitución del gobernador Claudio Orrego por parte de consejeros del Partido Republicano y la UDI, tras un informe de la Contraloría que señala presuntas irregularidades en el uso de recursos públicos para su reelección. En respuesta, Orrego calificó la solicitud como un burdo aprovechamiento político y denunció que se busca su muerte política sin pruebas formales en su contra. Además, anunció una investigación sobre las acusaciones presentadas por la UDI. La bancada de consejeros regionales de la UDI presentó antecedentes al Tricel para buscar sanciones contra Orrego por el gasto de 31 millones de pesos en asesorías durante las elecciones de 2024. El consejero regional Álvaro Bellolio afirmó que trabajarán en un escrito para que el Tricel evalúe las posibles sanciones. En caso de que la destitución sea aprobada, Álvaro Bellolio asumiría la presidencia del Consejo Regional Metropolitano al ser el más votado. Los consejeros metropolitanos de RN también se pronunciaron, destacando la necesidad de argumentos sólidos para respaldar cualquier destitución. Por su parte, Valeria Ponti (RN) propuso la constitución de la Comisión de Control Regional para obtener información relevante que respalde cualquier acción futura contra Orrego, incluyendo los informes de coaching encargados por la gobernación. Fuente: Publimetro
