El Gobierno ha expresado su disposición a retirar por completo su reforma constitucional en materia de seguridad, si esa decisión facilita llegar a un acuerdo transversal y avanzar con una nueva propuesta en el Congreso. Esta posibilidad fue confirmada por el presidente del Partido Republicano, Arturo Squella, luego de una reunión en La Moneda, en medio de las negociaciones para destrabar la iniciativa. “El Gobierno ha dicho que, si es necesario para avanzar en las reformas constitucionales, no tiene problema en bajar su propuesta”, afirmó Squella. La idea sería reemplazar el proyecto original por un nuevo texto que incluya propuestas surgidas durante la discusión parlamentaria, como las trabajadas por el senador RN Andrés Longton y otros miembros de la Comisión de Constitución del Senado. La reforma original fue presentada por el Presidente José Antonio Kast en agosto como parte de la Agenda contra el Crimen Organizado y el Terrorismo (ACOT). Entre otras medidas, contemplaba consagrar constitucionalmente la seguridad pública como un deber del Estado, crear un nuevo estado de excepción, establecer un registro de organizaciones criminales y disponer regímenes penitenciarios diferenciados. Sin embargo, durante su tramitación la propuesta enfrentó dificultades para reunir los votos necesarios. A comienzos de septiembre, el Ejecutivo ya había retirado la suma urgencia y posteriormente se trabajó en una fórmula que reducía de ocho a tres los principales ejes de la iniciativa. Squella explicó que ahora buscan construir una propuesta que pueda sumar nuevas indicaciones y obtener un respaldo más amplio en el Senado. El presidente de la Comisión de Constitución del Senado, Pedro Araya, confirmó la disposición expresada por el Ejecutivo, aunque aclaró que retirar el proyecto no sería un paso inmediato. Según Araya, la medida se adoptaría “en la medida en que exista un texto constitucional alternativo” que permita continuar con la discusión. “Ellos estarían en disposición de retirar esta reforma para que se pueda destrabar la discusión y avanzar en lo que nos interesa a todos: contar con un Estado mucho más fuerte para combatir la delincuencia y el crimen organizado”, señaló Araya. En cuanto a los plazos, el senador indicó que hay intención de avanzar rápidamente y que, si se logra un acuerdo entre el Ejecutivo y la Comisión de Constitución, esperan resolverlo durante esta semana. Fuente: Publimetro
Mientras avanza el proceso legislativo del proyecto 'Escucha su Corazón', una nueva propuesta liderada por el diputado republicano Agustín Romero busca endurecer las sanciones contra la comercialización ilegal de medicamentos abortivos. Esta iniciativa se centra en la venta y distribución clandestina de misoprostol, especialmente a través de internet y redes sociales. El objetivo de este proyecto es imponer penas de cárcel a aquellos que vendan, distribuyan o faciliten medicamentos abortivos de forma clandestina. Según el texto, quienes realicen estas acciones podrían enfrentar penas de presidio menor en su grado mínimo, las cuales podrían aumentar si la venta se realiza a través de medios digitales. 'No podemos aceptar que en Chile existan personas lucrando a través de redes sociales con la venta clandestina de medicamentos destinados a provocar abortos ilegales. Este proyecto no afecta sus usos médicos ni las tres causales vigentes; persigue a quienes los venden, sin receta, sin control sanitario y aprovechándose de mujeres que muchas veces se encuentran en una situación de vulnerabilidad', afirmó el diputado Romero. Se enfatizó que la intención no es modificar los usos médicos reconocidos del misoprostol. En cuanto a las reacciones en el Congreso, la diputada Carolina Cucumides (IND-PS) expresó: 'Mientras el Partido Republicano está decidido a enfrentar una batalla cultural y a ir en contra de las mujeres de Chile, nosotros estamos en el territorio enfrentando una emergencia climática que tiene afectada a mucha gente'. Desde el Frente Amplio, la diputada Lorena Fries señaló: 'No se podía esperar mucho más del diputado Romero, que no solo agrede en el podio, sino que ahora quiere atentar contra los derechos y las libertades que nos ha costado tanto conquistar a las mujeres en este país'. Por su parte, la diputada Zandra Parisi destacó: 'Creo que es importante recordar que el misoprostol no es un medicamento que se utilice exclusivamente para provocar aborto. También tiene indicaciones médicas reconocidas, como el tratamiento de úlceras gástricas, la inducción del parto en caso justificado y el tratamiento de hemorragias posparto'. 'Por eso, más que centrar el debate en un medicamento en particular, deberíamos fortalecer la persecución de todas las redes que comercializan fármacos de manera ilegal', agregó Parisi. En resumen, esta nueva propuesta busca combatir la venta ilegal de medicamentos abortivos y proteger los derechos y la salud de las mujeres en Chile. Fuente: Meganoticias
Un grupo de legisladores encabezado por la bancada de Renovación Nacional (RN) ha presentado un proyecto de ley que propone un novedoso sistema de incentivos financieros en el marco de las discusiones parlamentarias para combatir la delincuencia transnacional y las asociaciones ilícitas. Este proyecto busca permitir al Estado otorgar recompensas económicas a aquellas personas que proporcionen información sustancial, estratégica y determinante para la persecución, captura y desarticulación de organizaciones criminales en el país. Según el texto del proyecto, la asignación de fondos públicos estará a cargo del Presidente de la República, quien tendrá la facultad de establecer los montos y los casos objetivos a través de un decreto supremo. La normativa propuesta establece requisitos estrictos para la validez del incentivo, como que los datos entregados sean voluntarios, verificables técnicamente por equipos de inteligencia y desconocidos por las autoridades al momento de la denuncia. Además, se incluye un estatuto de protección de identidad para los informantes y sanciones penales para quienes suministren información falsa. Los impulsores del proyecto destacan la necesidad de implementar nuevas estrategias para combatir el crimen organizado. El diputado Diego Schalper enfatizó la importancia de incorporar métodos de incentivos utilizados en otras jurisdicciones internacionales para desarticular bandas criminales. En palabras del diputado Schalper: “Buscamos contar con mejores instrumentos para capturar prófugos, desbaratar bandas criminales y devolver la tranquilidad a las familias. La seguridad debe seguir siendo la primera prioridad del país”. Otro punto clave del proyecto es garantizar la seguridad de quienes decidan colaborar con este sistema. El diputado Francisco Orrego subrayó que el éxito del programa dependerá de la confianza en los sistemas informáticos y de encriptación del Estado. El objetivo principal es fomentar el flujo de información precisa para esclarecer delitos graves y desmantelar bandas criminales. Según Orrego, romper el silencio mediante incentivos económicos y protección real puede ser fundamental para recuperar la seguridad y tranquilidad en el país. El proyecto ahora pasará por su tramitación legislativa en las comisiones técnicas correspondientes, donde se evaluarán los impactos presupuestarios y las medidas para resguardar a los testigos cooperantes. Fuente: Publimetro
En una extensa jornada legislativa durante la madrugada de este jueves, la comisión de Hacienda de la Cámara de Diputadas y Diputados aprobó en particular el proyecto de Ley de Reconstrucción Nacional impulsado por el gobierno del Presidente José Antonio Kast. Conocida como la “megarreforma”, esta iniciativa avanzó tras revisar más de 1.600 indicaciones presentadas por parlamentarios y el Ejecutivo. Uno de los puntos más debatidos fue la rebaja gradual del impuesto de primera categoría, también llamado impuesto corporativo, que actualmente se sitúa en un 27% y se propone reducir hasta un 23% para las grandes empresas. El respaldo a esta propuesta provino de diputados del Partido Nacional Libertario, Partido Republicano, UDI, RN y parte del PDG. En contraste, la DC se abstuvo y los legisladores del PPD, Frente Amplio y Partido Comunista votaron en contra. Este proyecto forma parte del Plan de Reconstrucción Nacional anunciado por Kast en abril pasado e incluye medidas económicas, tributarias y sociales destinadas a reactivar el crecimiento y recuperar el empleo. Entre las acciones contempladas se encuentran beneficios tributarios para pymes, agilización de permisos de inversión, rebajas temporales del IVA para viviendas nuevas y aumento de fondos para zonas afectadas por incendios en regiones como Valparaíso, Ñuble y Biobío. Otro artículo aprobado implica elevar el fondo de reconstrucción desde $800 mil millones a $1,2 billones para financiar viviendas e infraestructura en áreas afectadas por incendios forestales. El ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, ha defendido la iniciativa argumentando que busca mejorar la competitividad de Chile y crear un entorno más propicio para la inversión y el empleo. Sin embargo, tanto la oposición como diversos organismos técnicos han expresado preocupación sobre el impacto fiscal del proyecto. Incluso el Consejo Fiscal Autónomo ha advertido sobre posibles riesgos para la sostenibilidad de las cuentas públicas debido al costo de las medidas tributarias incluidas en la reforma. La iniciativa continuará su discusión en otras comisiones de la Cámara antes de someterse nuevamente a votación en sala. Fuente: Publimetro
El Gobierno ha expresado su disposición a retirar por completo su reforma constitucional en materia de seguridad, si esa decisión facilita llegar a un acuerdo transversal y avanzar con una nueva propuesta en el Congreso. Esta posibilidad fue confirmada por el presidente del Partido Republicano, Arturo Squella, luego de una reunión en La Moneda, en medio de las negociaciones para destrabar la iniciativa. “El Gobierno ha dicho que, si es necesario para avanzar en las reformas constitucionales, no tiene problema en bajar su propuesta”, afirmó Squella. La idea sería reemplazar el proyecto original por un nuevo texto que incluya propuestas surgidas durante la discusión parlamentaria, como las trabajadas por el senador RN Andrés Longton y otros miembros de la Comisión de Constitución del Senado. La reforma original fue presentada por el Presidente José Antonio Kast en agosto como parte de la Agenda contra el Crimen Organizado y el Terrorismo (ACOT). Entre otras medidas, contemplaba consagrar constitucionalmente la seguridad pública como un deber del Estado, crear un nuevo estado de excepción, establecer un registro de organizaciones criminales y disponer regímenes penitenciarios diferenciados. Sin embargo, durante su tramitación la propuesta enfrentó dificultades para reunir los votos necesarios. A comienzos de septiembre, el Ejecutivo ya había retirado la suma urgencia y posteriormente se trabajó en una fórmula que reducía de ocho a tres los principales ejes de la iniciativa. Squella explicó que ahora buscan construir una propuesta que pueda sumar nuevas indicaciones y obtener un respaldo más amplio en el Senado. El presidente de la Comisión de Constitución del Senado, Pedro Araya, confirmó la disposición expresada por el Ejecutivo, aunque aclaró que retirar el proyecto no sería un paso inmediato. Según Araya, la medida se adoptaría “en la medida en que exista un texto constitucional alternativo” que permita continuar con la discusión. “Ellos estarían en disposición de retirar esta reforma para que se pueda destrabar la discusión y avanzar en lo que nos interesa a todos: contar con un Estado mucho más fuerte para combatir la delincuencia y el crimen organizado”, señaló Araya. En cuanto a los plazos, el senador indicó que hay intención de avanzar rápidamente y que, si se logra un acuerdo entre el Ejecutivo y la Comisión de Constitución, esperan resolverlo durante esta semana. Fuente: Publimetro
Mientras avanza el proceso legislativo del proyecto 'Escucha su Corazón', una nueva propuesta liderada por el diputado republicano Agustín Romero busca endurecer las sanciones contra la comercialización ilegal de medicamentos abortivos. Esta iniciativa se centra en la venta y distribución clandestina de misoprostol, especialmente a través de internet y redes sociales. El objetivo de este proyecto es imponer penas de cárcel a aquellos que vendan, distribuyan o faciliten medicamentos abortivos de forma clandestina. Según el texto, quienes realicen estas acciones podrían enfrentar penas de presidio menor en su grado mínimo, las cuales podrían aumentar si la venta se realiza a través de medios digitales. 'No podemos aceptar que en Chile existan personas lucrando a través de redes sociales con la venta clandestina de medicamentos destinados a provocar abortos ilegales. Este proyecto no afecta sus usos médicos ni las tres causales vigentes; persigue a quienes los venden, sin receta, sin control sanitario y aprovechándose de mujeres que muchas veces se encuentran en una situación de vulnerabilidad', afirmó el diputado Romero. Se enfatizó que la intención no es modificar los usos médicos reconocidos del misoprostol. En cuanto a las reacciones en el Congreso, la diputada Carolina Cucumides (IND-PS) expresó: 'Mientras el Partido Republicano está decidido a enfrentar una batalla cultural y a ir en contra de las mujeres de Chile, nosotros estamos en el territorio enfrentando una emergencia climática que tiene afectada a mucha gente'. Desde el Frente Amplio, la diputada Lorena Fries señaló: 'No se podía esperar mucho más del diputado Romero, que no solo agrede en el podio, sino que ahora quiere atentar contra los derechos y las libertades que nos ha costado tanto conquistar a las mujeres en este país'. Por su parte, la diputada Zandra Parisi destacó: 'Creo que es importante recordar que el misoprostol no es un medicamento que se utilice exclusivamente para provocar aborto. También tiene indicaciones médicas reconocidas, como el tratamiento de úlceras gástricas, la inducción del parto en caso justificado y el tratamiento de hemorragias posparto'. 'Por eso, más que centrar el debate en un medicamento en particular, deberíamos fortalecer la persecución de todas las redes que comercializan fármacos de manera ilegal', agregó Parisi. En resumen, esta nueva propuesta busca combatir la venta ilegal de medicamentos abortivos y proteger los derechos y la salud de las mujeres en Chile. Fuente: Meganoticias
Un grupo de legisladores encabezado por la bancada de Renovación Nacional (RN) ha presentado un proyecto de ley que propone un novedoso sistema de incentivos financieros en el marco de las discusiones parlamentarias para combatir la delincuencia transnacional y las asociaciones ilícitas. Este proyecto busca permitir al Estado otorgar recompensas económicas a aquellas personas que proporcionen información sustancial, estratégica y determinante para la persecución, captura y desarticulación de organizaciones criminales en el país. Según el texto del proyecto, la asignación de fondos públicos estará a cargo del Presidente de la República, quien tendrá la facultad de establecer los montos y los casos objetivos a través de un decreto supremo. La normativa propuesta establece requisitos estrictos para la validez del incentivo, como que los datos entregados sean voluntarios, verificables técnicamente por equipos de inteligencia y desconocidos por las autoridades al momento de la denuncia. Además, se incluye un estatuto de protección de identidad para los informantes y sanciones penales para quienes suministren información falsa. Los impulsores del proyecto destacan la necesidad de implementar nuevas estrategias para combatir el crimen organizado. El diputado Diego Schalper enfatizó la importancia de incorporar métodos de incentivos utilizados en otras jurisdicciones internacionales para desarticular bandas criminales. En palabras del diputado Schalper: “Buscamos contar con mejores instrumentos para capturar prófugos, desbaratar bandas criminales y devolver la tranquilidad a las familias. La seguridad debe seguir siendo la primera prioridad del país”. Otro punto clave del proyecto es garantizar la seguridad de quienes decidan colaborar con este sistema. El diputado Francisco Orrego subrayó que el éxito del programa dependerá de la confianza en los sistemas informáticos y de encriptación del Estado. El objetivo principal es fomentar el flujo de información precisa para esclarecer delitos graves y desmantelar bandas criminales. Según Orrego, romper el silencio mediante incentivos económicos y protección real puede ser fundamental para recuperar la seguridad y tranquilidad en el país. El proyecto ahora pasará por su tramitación legislativa en las comisiones técnicas correspondientes, donde se evaluarán los impactos presupuestarios y las medidas para resguardar a los testigos cooperantes. Fuente: Publimetro
En una extensa jornada legislativa durante la madrugada de este jueves, la comisión de Hacienda de la Cámara de Diputadas y Diputados aprobó en particular el proyecto de Ley de Reconstrucción Nacional impulsado por el gobierno del Presidente José Antonio Kast. Conocida como la “megarreforma”, esta iniciativa avanzó tras revisar más de 1.600 indicaciones presentadas por parlamentarios y el Ejecutivo. Uno de los puntos más debatidos fue la rebaja gradual del impuesto de primera categoría, también llamado impuesto corporativo, que actualmente se sitúa en un 27% y se propone reducir hasta un 23% para las grandes empresas. El respaldo a esta propuesta provino de diputados del Partido Nacional Libertario, Partido Republicano, UDI, RN y parte del PDG. En contraste, la DC se abstuvo y los legisladores del PPD, Frente Amplio y Partido Comunista votaron en contra. Este proyecto forma parte del Plan de Reconstrucción Nacional anunciado por Kast en abril pasado e incluye medidas económicas, tributarias y sociales destinadas a reactivar el crecimiento y recuperar el empleo. Entre las acciones contempladas se encuentran beneficios tributarios para pymes, agilización de permisos de inversión, rebajas temporales del IVA para viviendas nuevas y aumento de fondos para zonas afectadas por incendios en regiones como Valparaíso, Ñuble y Biobío. Otro artículo aprobado implica elevar el fondo de reconstrucción desde $800 mil millones a $1,2 billones para financiar viviendas e infraestructura en áreas afectadas por incendios forestales. El ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, ha defendido la iniciativa argumentando que busca mejorar la competitividad de Chile y crear un entorno más propicio para la inversión y el empleo. Sin embargo, tanto la oposición como diversos organismos técnicos han expresado preocupación sobre el impacto fiscal del proyecto. Incluso el Consejo Fiscal Autónomo ha advertido sobre posibles riesgos para la sostenibilidad de las cuentas públicas debido al costo de las medidas tributarias incluidas en la reforma. La iniciativa continuará su discusión en otras comisiones de la Cámara antes de someterse nuevamente a votación en sala. Fuente: Publimetro
