El proceso administrativo que se inició el 29 de junio de 2023 ha culminado con la solicitud de disolución de la fundación Procultura al Consejo de Defensa del Estado (CDE), luego de que los funcionarios del Departamento de Personas Jurídicas del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos no obtuvieran respuestas satisfactorias por parte de la fundación. Durante la investigación, se revelaron diversas irregularidades administrativas por parte de Procultura, incluyendo el desvío de recursos destinados a proyectos sociales para pagar sueldos excesivos a sus directores. Según informó La Tercera, entre los años 2018 y 2022, el 70,35% del presupuesto de la fundación se destinó al pago de salarios, mientras que solo el 29,65% se utilizó en programas y proyectos sociales. En el año 2022, por ejemplo, se gastaron $1980 millones en salarios y solo $641 millones en proyectos. Alberto Larraín, uno de los fundadores, vio cómo su salario aumentaba significativamente durante ese periodo, llegando a acumular un total de $267 millones. Por otro lado, Ilonka Csillag recibió un total de $149 millones a pesar de no haber estado presente en Procultura en ciertos momentos. Estos hallazgos llevaron al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos a concluir que la fundación había descuidado su objetivo social y había incurrido en una desproporción significativa en los gastos relacionados con el personal. En consecuencia, el Ministerio solicitó al CDE que ejerciera la acción para disolver judicialmente la asociación denominada fundación Procultura, cuya personalidad jurídica fue otorgada en 2010. Según lo establecido en el Código Civil, se argumenta que Procultura ha infringido gravemente sus estatutos y ha desviado sus esfuerzos y recursos hacia actividades no relacionadas con su propósito original. Fuente: Publimetro
El Consejo de Defensa del Estado (CDE) ha presentado una querella criminal por fraude al fisco en contra del diputado Miguel Ángel Calisto, junto a otras tres personas vinculadas al parlamentario: Carla Graf, Roland Cárcamo y Felipe Klein. De acuerdo a los antecedentes presentados ante el Juzgado de Garantía de Coyhaique, el CDE sostiene que Carla Graf habría colaborado con el diputado Calisto en la celebración de contratos y prestaciones de servicios para respaldar su labor parlamentaria a través de asesorías, coordinación y elaboración de estudios. El CDE señala que a pesar de esto, los servicios nunca fueron efectivamente prestados por Carla Graf, situación que el diputado conocía al momento de suscribir los contratos que alcanzaban más de $100 millones en perjuicio para el fisco. La querella también menciona transferencias de dinero entre Carla Graf y los otros dos implicados, Ronald Cárcamo y Felipe Klein, quienes enfrentan acusaciones por desviar fondos públicos provenientes de asignaciones parlamentarias. Estas acciones judiciales se basan en la presunta utilización de estos recursos para financiar campañas políticas y gastos personales, según lo informado por el CDE. Fuente: Publimetro
El proceso administrativo que se inició el 29 de junio de 2023 ha culminado con la solicitud de disolución de la fundación Procultura al Consejo de Defensa del Estado (CDE), luego de que los funcionarios del Departamento de Personas Jurídicas del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos no obtuvieran respuestas satisfactorias por parte de la fundación. Durante la investigación, se revelaron diversas irregularidades administrativas por parte de Procultura, incluyendo el desvío de recursos destinados a proyectos sociales para pagar sueldos excesivos a sus directores. Según informó La Tercera, entre los años 2018 y 2022, el 70,35% del presupuesto de la fundación se destinó al pago de salarios, mientras que solo el 29,65% se utilizó en programas y proyectos sociales. En el año 2022, por ejemplo, se gastaron $1980 millones en salarios y solo $641 millones en proyectos. Alberto Larraín, uno de los fundadores, vio cómo su salario aumentaba significativamente durante ese periodo, llegando a acumular un total de $267 millones. Por otro lado, Ilonka Csillag recibió un total de $149 millones a pesar de no haber estado presente en Procultura en ciertos momentos. Estos hallazgos llevaron al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos a concluir que la fundación había descuidado su objetivo social y había incurrido en una desproporción significativa en los gastos relacionados con el personal. En consecuencia, el Ministerio solicitó al CDE que ejerciera la acción para disolver judicialmente la asociación denominada fundación Procultura, cuya personalidad jurídica fue otorgada en 2010. Según lo establecido en el Código Civil, se argumenta que Procultura ha infringido gravemente sus estatutos y ha desviado sus esfuerzos y recursos hacia actividades no relacionadas con su propósito original. Fuente: Publimetro
El Consejo de Defensa del Estado (CDE) ha presentado una querella criminal por fraude al fisco en contra del diputado Miguel Ángel Calisto, junto a otras tres personas vinculadas al parlamentario: Carla Graf, Roland Cárcamo y Felipe Klein. De acuerdo a los antecedentes presentados ante el Juzgado de Garantía de Coyhaique, el CDE sostiene que Carla Graf habría colaborado con el diputado Calisto en la celebración de contratos y prestaciones de servicios para respaldar su labor parlamentaria a través de asesorías, coordinación y elaboración de estudios. El CDE señala que a pesar de esto, los servicios nunca fueron efectivamente prestados por Carla Graf, situación que el diputado conocía al momento de suscribir los contratos que alcanzaban más de $100 millones en perjuicio para el fisco. La querella también menciona transferencias de dinero entre Carla Graf y los otros dos implicados, Ronald Cárcamo y Felipe Klein, quienes enfrentan acusaciones por desviar fondos públicos provenientes de asignaciones parlamentarias. Estas acciones judiciales se basan en la presunta utilización de estos recursos para financiar campañas políticas y gastos personales, según lo informado por el CDE. Fuente: Publimetro
