Una revisión de la Contraloría General de la República (CGR) reveló que 485 funcionarios públicos de la Administración Central permanecían suspendidos preventivamente mientras enfrentaban sumarios administrativos y continuaban recibiendo sus remuneraciones. Los antecedentes forman parte del Consolidado de Información Circularizada (CIC) N°25 y corresponden a procedimientos registrados entre 2020 y marzo de 2026. La revisión no contempló a funcionarios municipales. Más allá del número total, la principal alerta del organismo fiscalizador está en cuánto tiempo se han extendido algunas de estas suspensiones sin que los respectivos procesos lleguen a término. De los casos detectados, 13 funcionarios llevan más de cuatro años suspendidos, mientras que otros 17 acumulan entre tres y cuatro años bajo esa medida. Así, son 30 los trabajadores que llevan más de tres años apartados preventivamente de sus funciones mientras continúan percibiendo su remuneración. El procedimiento de mayor duración corresponde a un funcionario del Servicio Nacional de Protección Especializada a la Niñez y Adolescencia (Mejor Niñez), cuya suspensión se ha extendido por aproximadamente cuatro años y siete meses. Luego aparece un funcionario del Servicio Local de Educación Pública (SLEP) Santiago Centro, con cuatro años y seis meses, y otro del SLEP Atacama, con cuatro años y dos meses. El impacto económico también llamó la atención de la Contraloría. Solo los diez casos con suspensiones más prolongadas significaron el pago de aproximadamente $671 millones en remuneraciones. A ello se suma otro antecedente detectado durante la revisión: 22 funcionarios suspendidos registraban otras actividades remuneradas durante ese período, de acuerdo con información obtenida desde el Servicio de Impuestos Internos (SII). Frente a la extensión de estos procedimientos, la CGR determinó asumir directamente la tramitación de los 30 sumarios correspondientes a funcionarios que llevan más de tres años suspendidos, además de revisar eventuales responsabilidades relacionadas con las demoras. La Contraloría también puso el foco en otros 392 funcionarios que llevan más de un año suspendidos. Los servicios involucrados tendrán un plazo de 15 días hábiles para informar el estado de esos sumarios, justificar por qué se mantiene la medida preventiva o adoptar acciones que permitan acelerar su término. El organismo recordó que, cuando un sumario se prolonga, la autoridad que ordenó su instrucción debe revisar su avance y adoptar medidas para agilizarlo, además de analizar si existen responsabilidades administrativas por eventuales retrasos. Fuente: Publimetro
Durante la jornada del lunes 14 de septiembre, la Contraloría General de la República dio a conocer un impactante informe que revela preocupantes hallazgos en relación a los tiempos de atención médica en las unidades de urgencia de la red hospitalaria de la Región Metropolitana. Según el informe, durante el periodo comprendido entre enero de 2024 y mayo de 2025, se identificó que pacientes críticos tuvieron que esperar más de 73 horas para recibir atención médica. La Contraloría analizó datos proporcionados por los servicios de salud y determinó que 2.417 pacientes clasificados como riesgo vital (C1) y 140.620 categorizados como alto riesgo (C2) no fueron atendidos dentro de los tiempos máximos establecidos por el Ministerio de Salud. En total, más de 143 mil pacientes en las categorías de mayor gravedad no recibieron atención oportuna según sus condiciones clínicas. Según las directrices del Minsal, los pacientes C1 deben ser atendidos de inmediato, mientras que los C2 deben recibir atención en un máximo de 30 minutos. El informe reveló que algunos pacientes en riesgo vital esperaron hasta 73 horas y 41 minutos para recibir atención médica inicial, mientras que aquellos en la categoría de alto riesgo experimentaron esperas de hasta 84 horas y 45 minutos. Además, se detectaron demoras significativas en pacientes complejos sin riesgo vital y en aquellos clasificados como de bajo riesgo. Tras analizar los datos, la Contraloría emitió instrucciones a los recintos hospitalarios y servicios de salud para mejorar la gestión y asignación de recursos en las unidades de urgencia. Se enfatizó la importancia de considerar la demanda, categorización de pacientes, estándares de oportunidad y disponibilidad de personal para garantizar una atención adecuada. Además, se ordenó a los servicios de salud verificar los tiempos registrados e iniciar procedimientos disciplinarios según corresponda para abordar esta situación crítica en el sistema hospitalario. Fuente: Publimetro
La Contraloría General de la República ha revelado los resultados de una auditoría realizada al proceso de reunificación familiar de niños, niñas y adolescentes haitianos que ingresaron a Chile entre 2022 y 2025. En este informe se han detectado una serie de falencias en los mecanismos de control y seguimiento aplicados por organismos del Estado. El informe examinó la actuación de diversas instituciones involucradas en la tramitación de visas y el monitoreo posterior de los menores que llegaron al país bajo esta modalidad migratoria. Se identificaron debilidades en la coordinación interinstitucional y en la verificación de antecedentes. Uno de los hallazgos más relevantes fue que no existían mecanismos efectivos para realizar un seguimiento de los menores una vez concretado su ingreso a territorio nacional, lo que dificultó determinar oportunamente su situación y lugar de residencia, según señala el informe. Además, se evidenciaron incumplimientos significativos en el SERMIG, la Policía de Investigaciones (PDI) y la Subsecretaría de la Niñez, relacionados principalmente con debilidades en el control interno, falta de coordinación institucional y deficiencias en la gestión de procesos migratorios. La Contraloría también destacó la falta de coordinación interinstitucional entre dichos organismos en el resguardo de los niños, niñas y adolescentes, lo que llevó a ausencia de protocolos comunes, deficiencias en el intercambio de información y respuestas tardías ante situaciones de riesgo. Estas deficiencias afectaron el seguimiento efectivo de los menores para garantizar su protección. Según detalló Contraloría, estas falencias impidieron contar con información actualizada y confiable sobre el cumplimiento de los objetivos asociados a los procesos de reunificación familiar. Asimismo, se planteó la necesidad de fortalecer los controles y mejorar los sistemas de intercambio de información entre los servicios públicos responsables de la gestión migratoria y de protección de la infancia. Los antecedentes contenidos en el informe fueron remitidos a distintas entidades para el desarrollo de investigaciones administrativas y judiciales destinadas a esclarecer eventuales responsabilidades. Tras conocerse los resultados de la auditoría, organismos como la Policía de Investigaciones, el Servicio Nacional de Migraciones y el Ministerio de Desarrollo Social iniciaron una serie de diligencias para verificar la situación de los menores incluidos en la muestra analizada. En días posteriores, las autoridades informaron que lograron ubicar a todos los niños que inicialmente aparecían sin registro actualizado. La mayoría se encontraba junto a sus familias, escolarizados y con acceso a prestaciones médicas. A pesar del hallazgo positivo anterior, la Contraloría sostuvo que las observaciones detectadas evidencian la necesidad imperante de perfeccionar los procedimientos de control y seguimiento para garantizar una adecuada protección a los derechos fundamentales de niños, niñas y adolescentes que ingresan al país mediante procesos de reunificación familiar. Fuente: Publimetro
Una revisión de la Contraloría General de la República (CGR) reveló que 485 funcionarios públicos de la Administración Central permanecían suspendidos preventivamente mientras enfrentaban sumarios administrativos y continuaban recibiendo sus remuneraciones. Los antecedentes forman parte del Consolidado de Información Circularizada (CIC) N°25 y corresponden a procedimientos registrados entre 2020 y marzo de 2026. La revisión no contempló a funcionarios municipales. Más allá del número total, la principal alerta del organismo fiscalizador está en cuánto tiempo se han extendido algunas de estas suspensiones sin que los respectivos procesos lleguen a término. De los casos detectados, 13 funcionarios llevan más de cuatro años suspendidos, mientras que otros 17 acumulan entre tres y cuatro años bajo esa medida. Así, son 30 los trabajadores que llevan más de tres años apartados preventivamente de sus funciones mientras continúan percibiendo su remuneración. El procedimiento de mayor duración corresponde a un funcionario del Servicio Nacional de Protección Especializada a la Niñez y Adolescencia (Mejor Niñez), cuya suspensión se ha extendido por aproximadamente cuatro años y siete meses. Luego aparece un funcionario del Servicio Local de Educación Pública (SLEP) Santiago Centro, con cuatro años y seis meses, y otro del SLEP Atacama, con cuatro años y dos meses. El impacto económico también llamó la atención de la Contraloría. Solo los diez casos con suspensiones más prolongadas significaron el pago de aproximadamente $671 millones en remuneraciones. A ello se suma otro antecedente detectado durante la revisión: 22 funcionarios suspendidos registraban otras actividades remuneradas durante ese período, de acuerdo con información obtenida desde el Servicio de Impuestos Internos (SII). Frente a la extensión de estos procedimientos, la CGR determinó asumir directamente la tramitación de los 30 sumarios correspondientes a funcionarios que llevan más de tres años suspendidos, además de revisar eventuales responsabilidades relacionadas con las demoras. La Contraloría también puso el foco en otros 392 funcionarios que llevan más de un año suspendidos. Los servicios involucrados tendrán un plazo de 15 días hábiles para informar el estado de esos sumarios, justificar por qué se mantiene la medida preventiva o adoptar acciones que permitan acelerar su término. El organismo recordó que, cuando un sumario se prolonga, la autoridad que ordenó su instrucción debe revisar su avance y adoptar medidas para agilizarlo, además de analizar si existen responsabilidades administrativas por eventuales retrasos. Fuente: Publimetro
Durante la jornada del lunes 14 de septiembre, la Contraloría General de la República dio a conocer un impactante informe que revela preocupantes hallazgos en relación a los tiempos de atención médica en las unidades de urgencia de la red hospitalaria de la Región Metropolitana. Según el informe, durante el periodo comprendido entre enero de 2024 y mayo de 2025, se identificó que pacientes críticos tuvieron que esperar más de 73 horas para recibir atención médica. La Contraloría analizó datos proporcionados por los servicios de salud y determinó que 2.417 pacientes clasificados como riesgo vital (C1) y 140.620 categorizados como alto riesgo (C2) no fueron atendidos dentro de los tiempos máximos establecidos por el Ministerio de Salud. En total, más de 143 mil pacientes en las categorías de mayor gravedad no recibieron atención oportuna según sus condiciones clínicas. Según las directrices del Minsal, los pacientes C1 deben ser atendidos de inmediato, mientras que los C2 deben recibir atención en un máximo de 30 minutos. El informe reveló que algunos pacientes en riesgo vital esperaron hasta 73 horas y 41 minutos para recibir atención médica inicial, mientras que aquellos en la categoría de alto riesgo experimentaron esperas de hasta 84 horas y 45 minutos. Además, se detectaron demoras significativas en pacientes complejos sin riesgo vital y en aquellos clasificados como de bajo riesgo. Tras analizar los datos, la Contraloría emitió instrucciones a los recintos hospitalarios y servicios de salud para mejorar la gestión y asignación de recursos en las unidades de urgencia. Se enfatizó la importancia de considerar la demanda, categorización de pacientes, estándares de oportunidad y disponibilidad de personal para garantizar una atención adecuada. Además, se ordenó a los servicios de salud verificar los tiempos registrados e iniciar procedimientos disciplinarios según corresponda para abordar esta situación crítica en el sistema hospitalario. Fuente: Publimetro
La Contraloría General de la República ha revelado los resultados de una auditoría realizada al proceso de reunificación familiar de niños, niñas y adolescentes haitianos que ingresaron a Chile entre 2022 y 2025. En este informe se han detectado una serie de falencias en los mecanismos de control y seguimiento aplicados por organismos del Estado. El informe examinó la actuación de diversas instituciones involucradas en la tramitación de visas y el monitoreo posterior de los menores que llegaron al país bajo esta modalidad migratoria. Se identificaron debilidades en la coordinación interinstitucional y en la verificación de antecedentes. Uno de los hallazgos más relevantes fue que no existían mecanismos efectivos para realizar un seguimiento de los menores una vez concretado su ingreso a territorio nacional, lo que dificultó determinar oportunamente su situación y lugar de residencia, según señala el informe. Además, se evidenciaron incumplimientos significativos en el SERMIG, la Policía de Investigaciones (PDI) y la Subsecretaría de la Niñez, relacionados principalmente con debilidades en el control interno, falta de coordinación institucional y deficiencias en la gestión de procesos migratorios. La Contraloría también destacó la falta de coordinación interinstitucional entre dichos organismos en el resguardo de los niños, niñas y adolescentes, lo que llevó a ausencia de protocolos comunes, deficiencias en el intercambio de información y respuestas tardías ante situaciones de riesgo. Estas deficiencias afectaron el seguimiento efectivo de los menores para garantizar su protección. Según detalló Contraloría, estas falencias impidieron contar con información actualizada y confiable sobre el cumplimiento de los objetivos asociados a los procesos de reunificación familiar. Asimismo, se planteó la necesidad de fortalecer los controles y mejorar los sistemas de intercambio de información entre los servicios públicos responsables de la gestión migratoria y de protección de la infancia. Los antecedentes contenidos en el informe fueron remitidos a distintas entidades para el desarrollo de investigaciones administrativas y judiciales destinadas a esclarecer eventuales responsabilidades. Tras conocerse los resultados de la auditoría, organismos como la Policía de Investigaciones, el Servicio Nacional de Migraciones y el Ministerio de Desarrollo Social iniciaron una serie de diligencias para verificar la situación de los menores incluidos en la muestra analizada. En días posteriores, las autoridades informaron que lograron ubicar a todos los niños que inicialmente aparecían sin registro actualizado. La mayoría se encontraba junto a sus familias, escolarizados y con acceso a prestaciones médicas. A pesar del hallazgo positivo anterior, la Contraloría sostuvo que las observaciones detectadas evidencian la necesidad imperante de perfeccionar los procedimientos de control y seguimiento para garantizar una adecuada protección a los derechos fundamentales de niños, niñas y adolescentes que ingresan al país mediante procesos de reunificación familiar. Fuente: Publimetro
