La ministra vocera de Gobierno, Mara Sedini, confirmó que el Ejecutivo ya entregó a la Contraloría General de la República todos los antecedentes solicitados tras la controversia generada por el uso de la expresión “Estado en quiebra” en contenidos oficiales. La secretaria de Estado subrayó que la respuesta se envió dentro del plazo establecido, sin necesidad de solicitar prórroga. El requerimiento del organismo fiscalizador se originó el pasado 25 de marzo, cuando ofició al Ministerio Secretaría General de Gobierno para aclarar el contexto y fundamento de publicaciones difundidas en redes sociales institucionales. Entre el material cuestionado figuraban un video y piezas gráficas en Instagram que afirmaban : “¿Por qué no podemos bajar el precio de la bencina con el Mepco? Porque nos dejaron sin plata. Un Estado en la quiebra”. La frase generó un amplio debate político y económico. Desde el propio gabinete, el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, tomó distancia al asegurar que “jamás” emplearía ese concepto para describir la situación fiscal del país. Posteriormente, el presidente José Antonio Kast reconoció el error comunicacional y afirmó que el Gobierno corrigió el mensaje, comprometiendo mejoras en la forma de comunicar. En ese contexto, Sedini insistió en que el Ejecutivo ha actuado con total disposición a colaborar con la institucionalidad. “Valoramos muchísimo la función que tiene la Contraloría General de la República y es por eso que hemos trabajado por responder”, afirmó, según consignó BioBioChile. No obstante, llamó a no centrar el debate únicamente en el uso de un término. “No nos vamos a quedar en la discusión de un concepto”, recalcó. La vocera también planteó que la polémica debe entenderse en un escenario más amplio, marcado por factores externos. “Toda esta discusión se da en el marco de una crisis internacional, y nosotros hemos estado enfocados en responder a las necesidades de la ciudadanía”, sostuvo. Por ahora, la Contraloría no ha emitido un nuevo pronunciamiento específico sobre este caso. Sin embargo, su máxima autoridad, Dorothy Pérez, abordó recientemente el proceso de auditoría general del Estado que se encuentra en desarrollo. Durante un conversatorio en la Universidad de Los Andes, la contralora advirtió que el sistema de control institucional ha presentado deficiencias sostenidas en el tiempo. “Esa auditoría que están desarrollando los auditores internos y ministeriales va a encontrar cosas”, señaló, anticipando hallazgos relevantes. En paralelo, se espera que el próximo 10 de abril el Consejo de Auditoría Interna General de Gobierno entregue un primer informe con conclusiones preliminares, lo que podría aportar nuevos antecedentes tanto al debate político como al análisis técnico sobre el funcionamiento del aparato estatal. Fuente: Publimetro
La Contraloría confirmó que hubo una intervención en la atención de la madre de la exministra de Salud, Ximena Aguilera, quien fue operada en el Hospital del Salvador y priorizada sobre otros pacientes. El 23 de diciembre, Lucía Sanhueza, de 87 años, fue intervenida en ese centro médico debido a una fractura de cadera. Según el ente fiscalizador, no se advierten motivos que justifiquen la atención preferente de la paciente, lo que va en contra del derecho a la igualdad ante la ley. Además, se detectaron gestiones directas para influir en el procedimiento médico. Un asesor de la exsecretaria de Estado, Manuel Nájera De Ferrari, contactó a tres funcionarios del hospital: Jorge Zajjur Castro, director del hospital; María Elena Sepúlveda Maldonado, directora subrogante; y Allan Mix Vidal, jefe de la Unidad de Emergencia. Estas comunicaciones fueron consideradas como una intervención directa en el proceso asistencial, lo cual no cumple con los protocolos establecidos. La exministra Aguilera se negó a comentar nuevamente sobre el tema y afirmó: Quiero descartar de plano que haya habido algún tipo de privilegio en la atención de urgencia de mi madre. Fuente: Publimetro
La ministra vocera de Gobierno, Mara Sedini, confirmó que el Ejecutivo ya entregó a la Contraloría General de la República todos los antecedentes solicitados tras la controversia generada por el uso de la expresión “Estado en quiebra” en contenidos oficiales. La secretaria de Estado subrayó que la respuesta se envió dentro del plazo establecido, sin necesidad de solicitar prórroga. El requerimiento del organismo fiscalizador se originó el pasado 25 de marzo, cuando ofició al Ministerio Secretaría General de Gobierno para aclarar el contexto y fundamento de publicaciones difundidas en redes sociales institucionales. Entre el material cuestionado figuraban un video y piezas gráficas en Instagram que afirmaban : “¿Por qué no podemos bajar el precio de la bencina con el Mepco? Porque nos dejaron sin plata. Un Estado en la quiebra”. La frase generó un amplio debate político y económico. Desde el propio gabinete, el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, tomó distancia al asegurar que “jamás” emplearía ese concepto para describir la situación fiscal del país. Posteriormente, el presidente José Antonio Kast reconoció el error comunicacional y afirmó que el Gobierno corrigió el mensaje, comprometiendo mejoras en la forma de comunicar. En ese contexto, Sedini insistió en que el Ejecutivo ha actuado con total disposición a colaborar con la institucionalidad. “Valoramos muchísimo la función que tiene la Contraloría General de la República y es por eso que hemos trabajado por responder”, afirmó, según consignó BioBioChile. No obstante, llamó a no centrar el debate únicamente en el uso de un término. “No nos vamos a quedar en la discusión de un concepto”, recalcó. La vocera también planteó que la polémica debe entenderse en un escenario más amplio, marcado por factores externos. “Toda esta discusión se da en el marco de una crisis internacional, y nosotros hemos estado enfocados en responder a las necesidades de la ciudadanía”, sostuvo. Por ahora, la Contraloría no ha emitido un nuevo pronunciamiento específico sobre este caso. Sin embargo, su máxima autoridad, Dorothy Pérez, abordó recientemente el proceso de auditoría general del Estado que se encuentra en desarrollo. Durante un conversatorio en la Universidad de Los Andes, la contralora advirtió que el sistema de control institucional ha presentado deficiencias sostenidas en el tiempo. “Esa auditoría que están desarrollando los auditores internos y ministeriales va a encontrar cosas”, señaló, anticipando hallazgos relevantes. En paralelo, se espera que el próximo 10 de abril el Consejo de Auditoría Interna General de Gobierno entregue un primer informe con conclusiones preliminares, lo que podría aportar nuevos antecedentes tanto al debate político como al análisis técnico sobre el funcionamiento del aparato estatal. Fuente: Publimetro
La Contraloría confirmó que hubo una intervención en la atención de la madre de la exministra de Salud, Ximena Aguilera, quien fue operada en el Hospital del Salvador y priorizada sobre otros pacientes. El 23 de diciembre, Lucía Sanhueza, de 87 años, fue intervenida en ese centro médico debido a una fractura de cadera. Según el ente fiscalizador, no se advierten motivos que justifiquen la atención preferente de la paciente, lo que va en contra del derecho a la igualdad ante la ley. Además, se detectaron gestiones directas para influir en el procedimiento médico. Un asesor de la exsecretaria de Estado, Manuel Nájera De Ferrari, contactó a tres funcionarios del hospital: Jorge Zajjur Castro, director del hospital; María Elena Sepúlveda Maldonado, directora subrogante; y Allan Mix Vidal, jefe de la Unidad de Emergencia. Estas comunicaciones fueron consideradas como una intervención directa en el proceso asistencial, lo cual no cumple con los protocolos establecidos. La exministra Aguilera se negó a comentar nuevamente sobre el tema y afirmó: Quiero descartar de plano que haya habido algún tipo de privilegio en la atención de urgencia de mi madre. Fuente: Publimetro
