El Ejército de Chile ha anunciado que llevará a cabo un sumario investigativo a cerca de quinientos de sus funcionarios como consecuencia del reciente informe entregado por la Contraloría General de la República, que reveló que un total de dos mil 982 efectivos de instituciones uniformadas viajaron entre 2023 y 2024 al extranjero mientras se encontraban con licencias médicas. PUBLICIDAD El informe de Contraloría señaló que “de los casi tres mil funcionarios que habrían incumplido su reposo, se observó que un 35,9% corresponden a Carabineros, un 35,8% a Gendarmería, un 24,1% a las Fuerzas Armadas, y un 4,2% a la Policía de Investigaciones de Chile (PDI)”, y entre todos esos casos, se registraron nueve mil 69 viajes. El porcentaje correspondiente a funcionarios del Ejército alcanzó al 17,9%. Además, el informe detalló que “26 personas (del total de los casos descubiertos) registran entre 20 y 35 salidas del país, y nueve de ellos llegaron a superar los 36 viajes al exterior”. “De ser efectivos, estos hechos constituyen graves infracciones al principio de probidad administrativa”, advirtieron en el Ejército. A través de un comunicado de prensa, se comprometieron a continuar con las investigaciones internas requeridas por Contraloría para identificar a los involucrados y fortalecer los controles internos con el fin de prevenir situaciones similares dentro de la institución castrense. Según lo revelado en radio ADN, el Ejército ya ha iniciado un total de “120 procesos disciplinarios” de los “487 funcionarios que están involucrados, según el ente fiscalizador”, y que podrían resultar en sanciones que van desde medidas menores hasta la expulsión de los efectivos militares, según lo establecido en el Reglamento de Disciplina para las Fuerzas Armadas. Fuente: Publimetro
La Contraloría General de la República dio a conocer un informe revelador sobre el pago de licencias médicas realizado por los municipios en Chile durante el año 2024, alcanzando un total de 338 mil millones de pesos. En el duodécimo Consolidado de Información Circularizada (CIC), la Contraloría reveló que el gasto municipal en licencias médicas ha aumentado un 321% en la última década. En 2015, este monto era de $92 mil millones. Según reportes de radio ADN, el análisis se basó en datos del Sistema de Contabilidad General de la Nación (SICOGEN), donde se detectó que los funcionarios municipales recibieron la totalidad de sus remuneraciones durante el periodo de licencia médica, mientras que los reembolsos fueron gestionados por los municipios con las respectivas entidades de salud de sus trabajadores. El órgano contralor explicó que los funcionarios municipales mantienen el pago total de sus remuneraciones mientras hacen uso de licencias médicas, y que, solo con posterioridad, los municipios pueden obtener el reembolso. Este gasto ha ido en aumento, representando un 5,8% del total destinado a personal en 2024, frente al 3,2% en 2015. En algunos casos, este porcentaje se ha superado, como en las municipalidades de San Clemente (13,4%) y Longaví (12,6%), que registraron los mayores incrementos porcentuales. El informe también reveló aumentos significativos en áreas específicas como Gestión Municipal (411%), Educación (242,2%), Salud (473,2%) y Cementerios (518,3%) entre 2015 y 2024. Fuente: Publimetro
La Contraloría General de la República reveló irregularidades de más de 1,5 billones de pesos durante abril de 2024 y marzo de 2025 en su último informe de hallazgos, siendo $1.505.707.732.640 la cifra exacta. Esto es el resultado de 792 fiscalizaciones en donde se puso en escrutinio la gestión realizada en gobiernos regionales, Carabineros, delegaciones presidenciales, municipalidades, entre otros sectores. Estos resultados fueron producto de auditorías de cumplimiento normativo; auditorías financieras; auditorías para saber si las operaciones se ajustan a los principios de eficiencia, eficacia y economicidad; investigaciones; inspecciones de obras públicas; exámenes de cuentas y comprobación de la veracidad de estas; e inspección de base de datos. Estas irregularidades fueron categorizadas entre “altamente complejas”, “complejas”, “medianamente complejas” y “complejas”. Dichas acciones fueron ejecutadas principalmente en 2024, pero también datan de 2023 e incluso años anteriores. El desglose de los resultados de las fiscalizaciones es el siguiente: Incumplimientos a normas contables y/o presupuestarias 359.137.777.166 Falencias asociadas al cumplimiento de contratos 328.523.655.718 Deficiencias en el proceso de rendición de cuentas 316.575.708.206 Deficiencias asociadas al manejo de fondos 252.291.010.206 Incumplimientos asociados a ingresos 81.539.789.026 Deficiencias en el proceso de adquisiciones 80.576.101.163 Gastos improcedentes o sin respaldo 57.023.035.310 Otros resultados transversales 30.040.655.845 Total general $1.505.707.732.640 Las irregularidades observadas por la Contraloría Dentro del informe publicado por la Controlaría señalan que en el incumplimiento de normas contables o presupuestarias ($359.137.777.166) se observaron: Sobrestimación o subestimación en la ejecución presupuestaria de ingresos y gastos; incumplimientos al principio contable del devengado; falta de elaboración de análisis de cuentas contables; error u omisión de registros contables; y partidas contables de antigua data sin regularizar. En las falencias asociadas al cumplimiento de contratos ($328.523.655.718) se hallaron: Modificaciones de contratos sin fundamentos o no autorizadas, por lo general, se traducen en incrementos de costos, plazos y cambio de las condiciones pactadas originalmente; incumplimiento de contratos por parte de los proveedores; falta de control y supervisión en la ejecución de los servicios contratados; y garantías de fiel cumplimiento de contratos no presentadas o vencidas. Por otro lado, en las deficiencias en el proceso de rendición de cuentas ($316.575.708.206) se logró percatarse de: Falencias en el control, revisión, aprobación o eventual rechazo de las rendiciones por parte de las entidades otorgantes de los recursos; ausencia de antecedentes o registros en las rendiciones presentadas; diferencias de información de las transferencias entre la entidad otorgante y la entidad ejecutora; transferencias realizadas a entidades que mantienen recursos pendientes de rendición de años anteriores; y recursos pendientes de rendición o sin reintegrar. Con respecto a las deficiencias asociadas al manejo de fondos ($252.291.010.206), la Contraloría observó: Saldos de recursos con fines específicos cuya disponibilidad financiera no se acreditó en la cuenta corriente respectiva; falta de conciliaciones bancarias o atrasos en su elaboración; Partidas conciliatorias sin respaldo; descuadratura entre las conciliaciones bancarias y las cuentas contables de bancos; y falta de pago de deudas vencidas. Los incumplimientos asociados a ingresos ($81.539.789.026), se detectó: Ingresos no percibidos; multas no cursadas ante incumplimientos de lo establecido en los contratos; ausencia de gestiones de cobranza a deudores morosos; y error en el cálculo de los ingresos generándose una menor percepción de estos. Sobre las deficiencias en el proceso de adquisiciones ($80.576.101.163) : Adquisición de bienes o servicios mediante contratación directa sin acreditar las causales invocadas para justificar el trato directo; procesos de compras tramitadas sin aprobación del Concejo Municipal; irregularidades en el proceso de evaluación de ofertas de acuerdo con las bases de licitación; y fragmentación de compras. La CGR señaló sobre los gastos improcedentes o sin respaldo ($57.023.035.310) que existieron: Pagos en exceso por servicios prestados; desembolsos duplicados; gastos en bienes y servicios sin la correspondiente documentación de respaldo; gastos por servicios parcialmente entregados;Fondos entregados a terceros ejecutados de forma improcedente; y gastos asociados a beneficiarios que no cumplen los requisitos establecidos para la obtención del respectivo beneficio. Finalmente, acerca de otros resultados transversales ($30.040.655.845) se hallaron: Entrega de beneficios irregulares; asignaciones directas de recur sos sin fundamentación; ausencia de control de legalidad a ciertos actos administrativos; fragmentación de iniciativas en varios convenios; y faltantes de inventario. Resultados en el sector del Interior Los Gobiernos Regionales (GORE) fue el sector con más objeciones de parte de la CGR con un monto que asciende a $303.056.411.351, con un especial énfasis en las gestiones de Arica y Parinacota ; Tarapacá; Coquimbo; O’Higgins; Maule; Biobío; Los Ríos; Los Lagos; y Aysén. El informe detalló que en las auditorías efectuadas para revisar las transferencias efectuadas desde los Gobiernos Regionales a entidades de derecho privado, se detectaron las siguientes situaciones: Incumplimientos en la postulación y asignación de proyectos; incumplimientos en el proceso de ejecución y supervisión de los proyectos; irregularidades asociadas a rendiciones de recursos transferidos; gastos improcedentes, no acreditados o insuficientemente acreditados; incumplimientos contables; entre otros. Por otro lado, con respecto a las auditorías a los gastos ejecutados, estado de las transferencias y uso de recursos públicos, la investigación detectó: Saldos pendientes de rendición o reintegro; pagos improcedentes; entre otras observaciones. Carabineros de Chile fue otra entidad objetada por la Contraloría por un monto de $151.590.696.634, las cuales hallaron irregularidades en materia de personal y el control de armas y orden público; en donde se encuentran casos en donde no mantienen impresos y firmados los comprobantes contables de egresos asociados a desembolsos; 754 solicitudes de imágenes realizadas a Carabineros de Chile por organismos interesados, se les comunicó la inexistencia de la evidencia audiovisual, sin justificación. De igual forma, se detectaron a 13 funcionarios que reprobaron el curso sobre armamento menos letal, y a 1.820 funcionarios que no lo realizaron, se les entregaron para el cumplimiento de sus funciones escopetas antidisturbios y la carabina lanza gases. En las Delegaciones Presidenciales Regionales ($1.154.490.100) se objetó el control de armas y orden público en las delegaciones de las regiones de Tarapacá, Coquimbo, Metropolitana, O’Higgins, Biobío, Los Lagos y Aysén. Por otro lado, en las Delegaciones Presidenciales Provinciales ($281.721.209) se fiscalizó y se encontraron irregularidades en Los Andes, Capitán Prat, Maipo, Talagante, y también en la Subsecretaría de Prevención del Delito. Los otros sectores que fueron fiscalizados por la Contraloría incluye al sector de educación, hacienda, municipal, infraestructura, vivienda y urbanismo, justicia y derechos humanos, empresas, defensa, salud, desarrollo social, medio ambiente, entre otros.
La Municipalidad de Ñuñoa, liderada por el alcalde Sebastián Sichel, recibió un llamado al orden por parte de la Contraloría General de la República. La Contraloría determinó que el municipio carece de las facultades legales para decretar un estado de emergencia comunal, a pesar de que el alcalde Sichel había anunciado esta medida en marzo pasado luego del incidente en el que un carabinero resultó herido mientras intentaba evitar un robo de vehículo. En aquella ocasión, Sichel explicó la importancia del decreto para agilizar compras de infraestructura de seguridad en situaciones urgentes. Sin embargo, la Contraloría dejó claro que esta decisión recae en el Presidente de la República en casos de grave alteración del orden público o daño a la seguridad nacional, según lo solicitado por la concejala Maite Descouvieres. La contralora Dorothy Pérez afirmó que las municipalidades solo pueden actuar dentro de las atribuciones expresamente otorgadas por la ley. Por lo tanto, los municipios no tienen la autoridad para declarar estados de emergencia u acciones similares sin respaldo legal. En respuesta a esta situación, la Contraloría indicó que la Municipalidad de Ñuñoa debe abstenerse de realizar declaraciones que distorsionen la naturaleza jurídica de los actos administrativos cuestionados. Además, se advirtió sobre el uso inapropiado de las redes sociales municipales para difundir información previamente compartida en cuentas personales, lo cual no está permitido según las normativas vigentes. En resumen, la Contraloría reiteró que las autoridades y funcionarios solo pueden replicar información oficial una vez que haya sido publicada o comunicada formalmente a través de canales institucionales, sin tener la facultad de difundirla previamente o exclusivamente a través de sus cuentas personales. Fuente: Publimetro
“ Colo Colo de Todos los Tiempos jugará partido de homenaje a ”Chamaco Valdés en Arica. Se viene una jornada épica este sábado 2 de Marzo del 2024 en el Estadio Carlos Dittborn”. De esta manera se promocionó el encuentro que hoy tiene complicado al actual alcalde de Macul, Eduardo Espinoza, quien ofició de director técnico de las exfiguras albas mientras era funcionario municipal, sin embargo, se encontraba con licencia médica. El jefe comunal del Partido Republicano, cuya militancia se encuentra suspendida, es uno de los más de 25 000 funcionarios públicos detectados por la Contraloría haciendo mal uso de licencias médicas. Por medio de un comunicado, Espinoza afirmó que “durante el año 2024, mientras me desempeñaba como funcionario de la Municipalidad de Macul, concurrí a recibir atención médica por parte de un especialista en neurología debido a un cuadro de estrés agudo causado por un hostigamiento laboral, sumado a una grave enfermedad de mi esposa“. Añadiendo que mientras se encontraba “con licencia y por recomendación y autorización médica, viajé el sábado 2 de Marzo a la ciudad de Arica, y crucé al día siguiente, a la ciudad de Tacna, Perú vía terrestre, por unas pocas horas. Esta salida del país ocurrió el domingo 3 de marzo, día no hábil, y en ningún caso constituye una infracción. Ese mismo domingo regresé a la ciudad de Santiago“. En la declaración, sin embargo, el alcalde de Macul no detalla que estuvo al borde de una cancha de fútbol dirigiendo un partido de fútbol, como lo reveló The Clinic. Suspenden militancia En el Partido Republicano, en tanto, detallaron en un comunicado que si bien los hechos ocurrieron previo a su inscripción, ”consideramos de especial relevancia que la Contraloría pueda confirmar la concurrencia de los hechos, en el tenor de lo señalado por Eduardo Espinoza en su declaración pública”. Asimismo, valoraron “la decisión adoptada por Eduardo Espinoza y que se nos haya comunicado el día de hoy, de suspender su militancia mientras se resuelve su situación administrativa. Por nuestra parte, hemos derivado estos antecedentes al tribunal supremo, con el objeto de analizar los antecedentes y evaluar las acciones a seguir”. Fuente: Publimetro
El Ejército de Chile ha anunciado que llevará a cabo un sumario investigativo a cerca de quinientos de sus funcionarios como consecuencia del reciente informe entregado por la Contraloría General de la República, que reveló que un total de dos mil 982 efectivos de instituciones uniformadas viajaron entre 2023 y 2024 al extranjero mientras se encontraban con licencias médicas. PUBLICIDAD El informe de Contraloría señaló que “de los casi tres mil funcionarios que habrían incumplido su reposo, se observó que un 35,9% corresponden a Carabineros, un 35,8% a Gendarmería, un 24,1% a las Fuerzas Armadas, y un 4,2% a la Policía de Investigaciones de Chile (PDI)”, y entre todos esos casos, se registraron nueve mil 69 viajes. El porcentaje correspondiente a funcionarios del Ejército alcanzó al 17,9%. Además, el informe detalló que “26 personas (del total de los casos descubiertos) registran entre 20 y 35 salidas del país, y nueve de ellos llegaron a superar los 36 viajes al exterior”. “De ser efectivos, estos hechos constituyen graves infracciones al principio de probidad administrativa”, advirtieron en el Ejército. A través de un comunicado de prensa, se comprometieron a continuar con las investigaciones internas requeridas por Contraloría para identificar a los involucrados y fortalecer los controles internos con el fin de prevenir situaciones similares dentro de la institución castrense. Según lo revelado en radio ADN, el Ejército ya ha iniciado un total de “120 procesos disciplinarios” de los “487 funcionarios que están involucrados, según el ente fiscalizador”, y que podrían resultar en sanciones que van desde medidas menores hasta la expulsión de los efectivos militares, según lo establecido en el Reglamento de Disciplina para las Fuerzas Armadas. Fuente: Publimetro
La Contraloría General de la República dio a conocer un informe revelador sobre el pago de licencias médicas realizado por los municipios en Chile durante el año 2024, alcanzando un total de 338 mil millones de pesos. En el duodécimo Consolidado de Información Circularizada (CIC), la Contraloría reveló que el gasto municipal en licencias médicas ha aumentado un 321% en la última década. En 2015, este monto era de $92 mil millones. Según reportes de radio ADN, el análisis se basó en datos del Sistema de Contabilidad General de la Nación (SICOGEN), donde se detectó que los funcionarios municipales recibieron la totalidad de sus remuneraciones durante el periodo de licencia médica, mientras que los reembolsos fueron gestionados por los municipios con las respectivas entidades de salud de sus trabajadores. El órgano contralor explicó que los funcionarios municipales mantienen el pago total de sus remuneraciones mientras hacen uso de licencias médicas, y que, solo con posterioridad, los municipios pueden obtener el reembolso. Este gasto ha ido en aumento, representando un 5,8% del total destinado a personal en 2024, frente al 3,2% en 2015. En algunos casos, este porcentaje se ha superado, como en las municipalidades de San Clemente (13,4%) y Longaví (12,6%), que registraron los mayores incrementos porcentuales. El informe también reveló aumentos significativos en áreas específicas como Gestión Municipal (411%), Educación (242,2%), Salud (473,2%) y Cementerios (518,3%) entre 2015 y 2024. Fuente: Publimetro
La Contraloría General de la República reveló irregularidades de más de 1,5 billones de pesos durante abril de 2024 y marzo de 2025 en su último informe de hallazgos, siendo $1.505.707.732.640 la cifra exacta. Esto es el resultado de 792 fiscalizaciones en donde se puso en escrutinio la gestión realizada en gobiernos regionales, Carabineros, delegaciones presidenciales, municipalidades, entre otros sectores. Estos resultados fueron producto de auditorías de cumplimiento normativo; auditorías financieras; auditorías para saber si las operaciones se ajustan a los principios de eficiencia, eficacia y economicidad; investigaciones; inspecciones de obras públicas; exámenes de cuentas y comprobación de la veracidad de estas; e inspección de base de datos. Estas irregularidades fueron categorizadas entre “altamente complejas”, “complejas”, “medianamente complejas” y “complejas”. Dichas acciones fueron ejecutadas principalmente en 2024, pero también datan de 2023 e incluso años anteriores. El desglose de los resultados de las fiscalizaciones es el siguiente: Incumplimientos a normas contables y/o presupuestarias 359.137.777.166 Falencias asociadas al cumplimiento de contratos 328.523.655.718 Deficiencias en el proceso de rendición de cuentas 316.575.708.206 Deficiencias asociadas al manejo de fondos 252.291.010.206 Incumplimientos asociados a ingresos 81.539.789.026 Deficiencias en el proceso de adquisiciones 80.576.101.163 Gastos improcedentes o sin respaldo 57.023.035.310 Otros resultados transversales 30.040.655.845 Total general $1.505.707.732.640 Las irregularidades observadas por la Contraloría Dentro del informe publicado por la Controlaría señalan que en el incumplimiento de normas contables o presupuestarias ($359.137.777.166) se observaron: Sobrestimación o subestimación en la ejecución presupuestaria de ingresos y gastos; incumplimientos al principio contable del devengado; falta de elaboración de análisis de cuentas contables; error u omisión de registros contables; y partidas contables de antigua data sin regularizar. En las falencias asociadas al cumplimiento de contratos ($328.523.655.718) se hallaron: Modificaciones de contratos sin fundamentos o no autorizadas, por lo general, se traducen en incrementos de costos, plazos y cambio de las condiciones pactadas originalmente; incumplimiento de contratos por parte de los proveedores; falta de control y supervisión en la ejecución de los servicios contratados; y garantías de fiel cumplimiento de contratos no presentadas o vencidas. Por otro lado, en las deficiencias en el proceso de rendición de cuentas ($316.575.708.206) se logró percatarse de: Falencias en el control, revisión, aprobación o eventual rechazo de las rendiciones por parte de las entidades otorgantes de los recursos; ausencia de antecedentes o registros en las rendiciones presentadas; diferencias de información de las transferencias entre la entidad otorgante y la entidad ejecutora; transferencias realizadas a entidades que mantienen recursos pendientes de rendición de años anteriores; y recursos pendientes de rendición o sin reintegrar. Con respecto a las deficiencias asociadas al manejo de fondos ($252.291.010.206), la Contraloría observó: Saldos de recursos con fines específicos cuya disponibilidad financiera no se acreditó en la cuenta corriente respectiva; falta de conciliaciones bancarias o atrasos en su elaboración; Partidas conciliatorias sin respaldo; descuadratura entre las conciliaciones bancarias y las cuentas contables de bancos; y falta de pago de deudas vencidas. Los incumplimientos asociados a ingresos ($81.539.789.026), se detectó: Ingresos no percibidos; multas no cursadas ante incumplimientos de lo establecido en los contratos; ausencia de gestiones de cobranza a deudores morosos; y error en el cálculo de los ingresos generándose una menor percepción de estos. Sobre las deficiencias en el proceso de adquisiciones ($80.576.101.163) : Adquisición de bienes o servicios mediante contratación directa sin acreditar las causales invocadas para justificar el trato directo; procesos de compras tramitadas sin aprobación del Concejo Municipal; irregularidades en el proceso de evaluación de ofertas de acuerdo con las bases de licitación; y fragmentación de compras. La CGR señaló sobre los gastos improcedentes o sin respaldo ($57.023.035.310) que existieron: Pagos en exceso por servicios prestados; desembolsos duplicados; gastos en bienes y servicios sin la correspondiente documentación de respaldo; gastos por servicios parcialmente entregados;Fondos entregados a terceros ejecutados de forma improcedente; y gastos asociados a beneficiarios que no cumplen los requisitos establecidos para la obtención del respectivo beneficio. Finalmente, acerca de otros resultados transversales ($30.040.655.845) se hallaron: Entrega de beneficios irregulares; asignaciones directas de recur sos sin fundamentación; ausencia de control de legalidad a ciertos actos administrativos; fragmentación de iniciativas en varios convenios; y faltantes de inventario. Resultados en el sector del Interior Los Gobiernos Regionales (GORE) fue el sector con más objeciones de parte de la CGR con un monto que asciende a $303.056.411.351, con un especial énfasis en las gestiones de Arica y Parinacota ; Tarapacá; Coquimbo; O’Higgins; Maule; Biobío; Los Ríos; Los Lagos; y Aysén. El informe detalló que en las auditorías efectuadas para revisar las transferencias efectuadas desde los Gobiernos Regionales a entidades de derecho privado, se detectaron las siguientes situaciones: Incumplimientos en la postulación y asignación de proyectos; incumplimientos en el proceso de ejecución y supervisión de los proyectos; irregularidades asociadas a rendiciones de recursos transferidos; gastos improcedentes, no acreditados o insuficientemente acreditados; incumplimientos contables; entre otros. Por otro lado, con respecto a las auditorías a los gastos ejecutados, estado de las transferencias y uso de recursos públicos, la investigación detectó: Saldos pendientes de rendición o reintegro; pagos improcedentes; entre otras observaciones. Carabineros de Chile fue otra entidad objetada por la Contraloría por un monto de $151.590.696.634, las cuales hallaron irregularidades en materia de personal y el control de armas y orden público; en donde se encuentran casos en donde no mantienen impresos y firmados los comprobantes contables de egresos asociados a desembolsos; 754 solicitudes de imágenes realizadas a Carabineros de Chile por organismos interesados, se les comunicó la inexistencia de la evidencia audiovisual, sin justificación. De igual forma, se detectaron a 13 funcionarios que reprobaron el curso sobre armamento menos letal, y a 1.820 funcionarios que no lo realizaron, se les entregaron para el cumplimiento de sus funciones escopetas antidisturbios y la carabina lanza gases. En las Delegaciones Presidenciales Regionales ($1.154.490.100) se objetó el control de armas y orden público en las delegaciones de las regiones de Tarapacá, Coquimbo, Metropolitana, O’Higgins, Biobío, Los Lagos y Aysén. Por otro lado, en las Delegaciones Presidenciales Provinciales ($281.721.209) se fiscalizó y se encontraron irregularidades en Los Andes, Capitán Prat, Maipo, Talagante, y también en la Subsecretaría de Prevención del Delito. Los otros sectores que fueron fiscalizados por la Contraloría incluye al sector de educación, hacienda, municipal, infraestructura, vivienda y urbanismo, justicia y derechos humanos, empresas, defensa, salud, desarrollo social, medio ambiente, entre otros.
La Municipalidad de Ñuñoa, liderada por el alcalde Sebastián Sichel, recibió un llamado al orden por parte de la Contraloría General de la República. La Contraloría determinó que el municipio carece de las facultades legales para decretar un estado de emergencia comunal, a pesar de que el alcalde Sichel había anunciado esta medida en marzo pasado luego del incidente en el que un carabinero resultó herido mientras intentaba evitar un robo de vehículo. En aquella ocasión, Sichel explicó la importancia del decreto para agilizar compras de infraestructura de seguridad en situaciones urgentes. Sin embargo, la Contraloría dejó claro que esta decisión recae en el Presidente de la República en casos de grave alteración del orden público o daño a la seguridad nacional, según lo solicitado por la concejala Maite Descouvieres. La contralora Dorothy Pérez afirmó que las municipalidades solo pueden actuar dentro de las atribuciones expresamente otorgadas por la ley. Por lo tanto, los municipios no tienen la autoridad para declarar estados de emergencia u acciones similares sin respaldo legal. En respuesta a esta situación, la Contraloría indicó que la Municipalidad de Ñuñoa debe abstenerse de realizar declaraciones que distorsionen la naturaleza jurídica de los actos administrativos cuestionados. Además, se advirtió sobre el uso inapropiado de las redes sociales municipales para difundir información previamente compartida en cuentas personales, lo cual no está permitido según las normativas vigentes. En resumen, la Contraloría reiteró que las autoridades y funcionarios solo pueden replicar información oficial una vez que haya sido publicada o comunicada formalmente a través de canales institucionales, sin tener la facultad de difundirla previamente o exclusivamente a través de sus cuentas personales. Fuente: Publimetro
“ Colo Colo de Todos los Tiempos jugará partido de homenaje a ”Chamaco Valdés en Arica. Se viene una jornada épica este sábado 2 de Marzo del 2024 en el Estadio Carlos Dittborn”. De esta manera se promocionó el encuentro que hoy tiene complicado al actual alcalde de Macul, Eduardo Espinoza, quien ofició de director técnico de las exfiguras albas mientras era funcionario municipal, sin embargo, se encontraba con licencia médica. El jefe comunal del Partido Republicano, cuya militancia se encuentra suspendida, es uno de los más de 25 000 funcionarios públicos detectados por la Contraloría haciendo mal uso de licencias médicas. Por medio de un comunicado, Espinoza afirmó que “durante el año 2024, mientras me desempeñaba como funcionario de la Municipalidad de Macul, concurrí a recibir atención médica por parte de un especialista en neurología debido a un cuadro de estrés agudo causado por un hostigamiento laboral, sumado a una grave enfermedad de mi esposa“. Añadiendo que mientras se encontraba “con licencia y por recomendación y autorización médica, viajé el sábado 2 de Marzo a la ciudad de Arica, y crucé al día siguiente, a la ciudad de Tacna, Perú vía terrestre, por unas pocas horas. Esta salida del país ocurrió el domingo 3 de marzo, día no hábil, y en ningún caso constituye una infracción. Ese mismo domingo regresé a la ciudad de Santiago“. En la declaración, sin embargo, el alcalde de Macul no detalla que estuvo al borde de una cancha de fútbol dirigiendo un partido de fútbol, como lo reveló The Clinic. Suspenden militancia En el Partido Republicano, en tanto, detallaron en un comunicado que si bien los hechos ocurrieron previo a su inscripción, ”consideramos de especial relevancia que la Contraloría pueda confirmar la concurrencia de los hechos, en el tenor de lo señalado por Eduardo Espinoza en su declaración pública”. Asimismo, valoraron “la decisión adoptada por Eduardo Espinoza y que se nos haya comunicado el día de hoy, de suspender su militancia mientras se resuelve su situación administrativa. Por nuestra parte, hemos derivado estos antecedentes al tribunal supremo, con el objeto de analizar los antecedentes y evaluar las acciones a seguir”. Fuente: Publimetro
