La Contraloría General de la República ha revelado los resultados de una auditoría realizada al proceso de reunificación familiar de niños, niñas y adolescentes haitianos que ingresaron a Chile entre 2022 y 2025. En este informe se han detectado una serie de falencias en los mecanismos de control y seguimiento aplicados por organismos del Estado. El informe examinó la actuación de diversas instituciones involucradas en la tramitación de visas y el monitoreo posterior de los menores que llegaron al país bajo esta modalidad migratoria. Se identificaron debilidades en la coordinación interinstitucional y en la verificación de antecedentes. Uno de los hallazgos más relevantes fue que no existían mecanismos efectivos para realizar un seguimiento de los menores una vez concretado su ingreso a territorio nacional, lo que dificultó determinar oportunamente su situación y lugar de residencia, según señala el informe. Además, se evidenciaron incumplimientos significativos en el SERMIG, la Policía de Investigaciones (PDI) y la Subsecretaría de la Niñez, relacionados principalmente con debilidades en el control interno, falta de coordinación institucional y deficiencias en la gestión de procesos migratorios. La Contraloría también destacó la falta de coordinación interinstitucional entre dichos organismos en el resguardo de los niños, niñas y adolescentes, lo que llevó a ausencia de protocolos comunes, deficiencias en el intercambio de información y respuestas tardías ante situaciones de riesgo. Estas deficiencias afectaron el seguimiento efectivo de los menores para garantizar su protección. Según detalló Contraloría, estas falencias impidieron contar con información actualizada y confiable sobre el cumplimiento de los objetivos asociados a los procesos de reunificación familiar. Asimismo, se planteó la necesidad de fortalecer los controles y mejorar los sistemas de intercambio de información entre los servicios públicos responsables de la gestión migratoria y de protección de la infancia. Los antecedentes contenidos en el informe fueron remitidos a distintas entidades para el desarrollo de investigaciones administrativas y judiciales destinadas a esclarecer eventuales responsabilidades. Tras conocerse los resultados de la auditoría, organismos como la Policía de Investigaciones, el Servicio Nacional de Migraciones y el Ministerio de Desarrollo Social iniciaron una serie de diligencias para verificar la situación de los menores incluidos en la muestra analizada. En días posteriores, las autoridades informaron que lograron ubicar a todos los niños que inicialmente aparecían sin registro actualizado. La mayoría se encontraba junto a sus familias, escolarizados y con acceso a prestaciones médicas. A pesar del hallazgo positivo anterior, la Contraloría sostuvo que las observaciones detectadas evidencian la necesidad imperante de perfeccionar los procedimientos de control y seguimiento para garantizar una adecuada protección a los derechos fundamentales de niños, niñas y adolescentes que ingresan al país mediante procesos de reunificación familiar. Fuente: Publimetro
El Presidente José Antonio Kast abordó el tema del sumario administrativo ordenado por la Contraloría a la Secretaría General de Gobierno (Segegob), debido al uso de la frase Estado en quiebra en redes sociales, generando una controversia en su gobierno. Durante su visita a la región de Aysén, el mandatario expresó su disposición a asumir cualquier responsabilidad que la Contraloría determine tras el proceso administrativo. Si el procedimiento administrativo señala algún reparo, seré quien vaya a asumir la responsabilidad. Desde que se planteó la situación en esa línea no hemos tenido ninguna dificultad, afirmó. Asimismo, Kast aseguró que cualquier error fue corregido rápidamente y que él será el responsable último de las decisiones tomadas. El proceso administrativo dirá qué debemos hacer y el responsable final soy yo, enfatizó. En otro orden de ideas, el Presidente respondió a las declaraciones del ministro de Vivienda, Iván Poduje, quien afirmó que su único jefe era Kast y no atendería las solicitudes de ajuste presupuestario del ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, al que calificó como un ministro más. Kast trató de minimizar la controversia al señalar que son un equipo de trabajo donde hay conversaciones, discusiones y propuestas de mejora. Lo que ha hecho el Ministerio de Hacienda es formular propuestas para mejorar los recursos, como han hecho gobiernos anteriores. Hay una coordinación para no afectar derechos sociales, explicó. Hay alguien que lidera, que es el Presidente. Me he reunido con los ministros para hacer ajustes sin afectar derechos. No se recortarán beneficios sociales, pero eso no impide realizar cambios. Existe una coordinación y diálogo constante, concluyó. Fuente: Publimetro
La exministra de Desarrollo Social, Jeannette Vega, ha presentado una denuncia ante la Contraloría General de la República en medio de la controversia generada por su nombramiento como subdirectora médica del Hospital Claudio Vicuña de San Antonio. La denuncia está dirigida directamente a la designación del director subrogante del recinto, Christian Smith, la cual, según Vega, no cumple con la normativa vigente. En una entrevista con Meganoticias, Vega explicó que la decisión del Servicio de Salud Valparaíso-San Antonio sería irregular. “Cuando el señor Castro designa a un subrogante (…) designa a un médico que es del Servicio de Salud, y eso es ilegal”, afirmó, destacando que existen funcionarios del propio hospital que cumplen con los requisitos para ocupar el cargo. Asimismo, Vega cuestionó la resolución administrativa que formalizó la subrogancia, señalando que “tiene errores”, pero insistiendo en que “fundamentalmente es ilegal la subrogación que él define”. Además, la exsecretaria de Estado acusó una intervención en la gestión del recinto asistencial. “En la práctica lo que está haciendo el señor Castro es intervenir el hospital (…) poniendo a una persona que trabaja con él a cargo del hospital”, sostuvo, resaltando que los hospitales en Chile son autogestionados. Junto con la denuncia, Vega solicitó medidas de protección ante Contraloría para evitar posibles represalias durante la investigación en curso. El conflicto surgió tras el nombramiento de Vega en el hospital, lo que provocó la salida de la entonces directora Loreto Maturana, quien también ha iniciado acciones legales para revertir su desvinculación, alegando motivaciones políticas. En este contexto tenso, Vega defendió su permanencia en el cargo y descartó renunciar. “Renunciar sería efectivamente que consiguieron lo que querían hacer. Y eso no lo puedo permitir”, afirmó, evidenciando una crisis latente en el recinto asistencial. Fuente: Publimetro
La ministra vocera de Gobierno, Mara Sedini, confirmó que el Ejecutivo ya entregó a la Contraloría General de la República todos los antecedentes solicitados tras la controversia generada por el uso de la expresión “Estado en quiebra” en contenidos oficiales. La secretaria de Estado subrayó que la respuesta se envió dentro del plazo establecido, sin necesidad de solicitar prórroga. El requerimiento del organismo fiscalizador se originó el pasado 25 de marzo, cuando ofició al Ministerio Secretaría General de Gobierno para aclarar el contexto y fundamento de publicaciones difundidas en redes sociales institucionales. Entre el material cuestionado figuraban un video y piezas gráficas en Instagram que afirmaban : “¿Por qué no podemos bajar el precio de la bencina con el Mepco? Porque nos dejaron sin plata. Un Estado en la quiebra”. La frase generó un amplio debate político y económico. Desde el propio gabinete, el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, tomó distancia al asegurar que “jamás” emplearía ese concepto para describir la situación fiscal del país. Posteriormente, el presidente José Antonio Kast reconoció el error comunicacional y afirmó que el Gobierno corrigió el mensaje, comprometiendo mejoras en la forma de comunicar. En ese contexto, Sedini insistió en que el Ejecutivo ha actuado con total disposición a colaborar con la institucionalidad. “Valoramos muchísimo la función que tiene la Contraloría General de la República y es por eso que hemos trabajado por responder”, afirmó, según consignó BioBioChile. No obstante, llamó a no centrar el debate únicamente en el uso de un término. “No nos vamos a quedar en la discusión de un concepto”, recalcó. La vocera también planteó que la polémica debe entenderse en un escenario más amplio, marcado por factores externos. “Toda esta discusión se da en el marco de una crisis internacional, y nosotros hemos estado enfocados en responder a las necesidades de la ciudadanía”, sostuvo. Por ahora, la Contraloría no ha emitido un nuevo pronunciamiento específico sobre este caso. Sin embargo, su máxima autoridad, Dorothy Pérez, abordó recientemente el proceso de auditoría general del Estado que se encuentra en desarrollo. Durante un conversatorio en la Universidad de Los Andes, la contralora advirtió que el sistema de control institucional ha presentado deficiencias sostenidas en el tiempo. “Esa auditoría que están desarrollando los auditores internos y ministeriales va a encontrar cosas”, señaló, anticipando hallazgos relevantes. En paralelo, se espera que el próximo 10 de abril el Consejo de Auditoría Interna General de Gobierno entregue un primer informe con conclusiones preliminares, lo que podría aportar nuevos antecedentes tanto al debate político como al análisis técnico sobre el funcionamiento del aparato estatal. Fuente: Publimetro
La Contraloría General de la República envió un oficio a la Secretaría General de Gobierno el miércoles 25 de marzo para solicitar información sobre publicaciones en redes sociales que afirmaban que el Estado está “en quiebra” debido al aumento en los precios de los combustibles. El oficio, dirigido a la ministra Mara Sedini, requiere una respuesta en un plazo de cinco días hábiles. Se solicita información sobre el uso de recursos públicos y el personal involucrado en las publicaciones, entre otros aspectos. En el documento enviado a la Segegob, la Contraloría señaló que, en ejercicio de sus atribuciones legales, solicita información sobre las publicaciones realizadas por el ministerio en relación con las medidas mencionadas en una imagen obtenida de Instagram. Además, se solicita información sobre los recursos públicos y el personal involucrado en la creación de las publicaciones, así como el fundamento normativo y los sustentos fácticos de las afirmaciones contenidas en dichas publicaciones. La publicación controvertida, que fue eliminada de Instagram ese mismo miércoles, afirmaba que el Ejecutivo no podía reducir los precios de la gasolina utilizando el Mepco debido a que “nos dejaron sin plata. Un Estado en quiebra”, declaración que fue refutada por el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz. Una publicación compartida por Contraloría Chile (@contraloriacl) Fuente: Publimetro
La Contraloría General de la República ha revelado los resultados de una auditoría realizada al proceso de reunificación familiar de niños, niñas y adolescentes haitianos que ingresaron a Chile entre 2022 y 2025. En este informe se han detectado una serie de falencias en los mecanismos de control y seguimiento aplicados por organismos del Estado. El informe examinó la actuación de diversas instituciones involucradas en la tramitación de visas y el monitoreo posterior de los menores que llegaron al país bajo esta modalidad migratoria. Se identificaron debilidades en la coordinación interinstitucional y en la verificación de antecedentes. Uno de los hallazgos más relevantes fue que no existían mecanismos efectivos para realizar un seguimiento de los menores una vez concretado su ingreso a territorio nacional, lo que dificultó determinar oportunamente su situación y lugar de residencia, según señala el informe. Además, se evidenciaron incumplimientos significativos en el SERMIG, la Policía de Investigaciones (PDI) y la Subsecretaría de la Niñez, relacionados principalmente con debilidades en el control interno, falta de coordinación institucional y deficiencias en la gestión de procesos migratorios. La Contraloría también destacó la falta de coordinación interinstitucional entre dichos organismos en el resguardo de los niños, niñas y adolescentes, lo que llevó a ausencia de protocolos comunes, deficiencias en el intercambio de información y respuestas tardías ante situaciones de riesgo. Estas deficiencias afectaron el seguimiento efectivo de los menores para garantizar su protección. Según detalló Contraloría, estas falencias impidieron contar con información actualizada y confiable sobre el cumplimiento de los objetivos asociados a los procesos de reunificación familiar. Asimismo, se planteó la necesidad de fortalecer los controles y mejorar los sistemas de intercambio de información entre los servicios públicos responsables de la gestión migratoria y de protección de la infancia. Los antecedentes contenidos en el informe fueron remitidos a distintas entidades para el desarrollo de investigaciones administrativas y judiciales destinadas a esclarecer eventuales responsabilidades. Tras conocerse los resultados de la auditoría, organismos como la Policía de Investigaciones, el Servicio Nacional de Migraciones y el Ministerio de Desarrollo Social iniciaron una serie de diligencias para verificar la situación de los menores incluidos en la muestra analizada. En días posteriores, las autoridades informaron que lograron ubicar a todos los niños que inicialmente aparecían sin registro actualizado. La mayoría se encontraba junto a sus familias, escolarizados y con acceso a prestaciones médicas. A pesar del hallazgo positivo anterior, la Contraloría sostuvo que las observaciones detectadas evidencian la necesidad imperante de perfeccionar los procedimientos de control y seguimiento para garantizar una adecuada protección a los derechos fundamentales de niños, niñas y adolescentes que ingresan al país mediante procesos de reunificación familiar. Fuente: Publimetro
El Presidente José Antonio Kast abordó el tema del sumario administrativo ordenado por la Contraloría a la Secretaría General de Gobierno (Segegob), debido al uso de la frase Estado en quiebra en redes sociales, generando una controversia en su gobierno. Durante su visita a la región de Aysén, el mandatario expresó su disposición a asumir cualquier responsabilidad que la Contraloría determine tras el proceso administrativo. Si el procedimiento administrativo señala algún reparo, seré quien vaya a asumir la responsabilidad. Desde que se planteó la situación en esa línea no hemos tenido ninguna dificultad, afirmó. Asimismo, Kast aseguró que cualquier error fue corregido rápidamente y que él será el responsable último de las decisiones tomadas. El proceso administrativo dirá qué debemos hacer y el responsable final soy yo, enfatizó. En otro orden de ideas, el Presidente respondió a las declaraciones del ministro de Vivienda, Iván Poduje, quien afirmó que su único jefe era Kast y no atendería las solicitudes de ajuste presupuestario del ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, al que calificó como un ministro más. Kast trató de minimizar la controversia al señalar que son un equipo de trabajo donde hay conversaciones, discusiones y propuestas de mejora. Lo que ha hecho el Ministerio de Hacienda es formular propuestas para mejorar los recursos, como han hecho gobiernos anteriores. Hay una coordinación para no afectar derechos sociales, explicó. Hay alguien que lidera, que es el Presidente. Me he reunido con los ministros para hacer ajustes sin afectar derechos. No se recortarán beneficios sociales, pero eso no impide realizar cambios. Existe una coordinación y diálogo constante, concluyó. Fuente: Publimetro
La exministra de Desarrollo Social, Jeannette Vega, ha presentado una denuncia ante la Contraloría General de la República en medio de la controversia generada por su nombramiento como subdirectora médica del Hospital Claudio Vicuña de San Antonio. La denuncia está dirigida directamente a la designación del director subrogante del recinto, Christian Smith, la cual, según Vega, no cumple con la normativa vigente. En una entrevista con Meganoticias, Vega explicó que la decisión del Servicio de Salud Valparaíso-San Antonio sería irregular. “Cuando el señor Castro designa a un subrogante (…) designa a un médico que es del Servicio de Salud, y eso es ilegal”, afirmó, destacando que existen funcionarios del propio hospital que cumplen con los requisitos para ocupar el cargo. Asimismo, Vega cuestionó la resolución administrativa que formalizó la subrogancia, señalando que “tiene errores”, pero insistiendo en que “fundamentalmente es ilegal la subrogación que él define”. Además, la exsecretaria de Estado acusó una intervención en la gestión del recinto asistencial. “En la práctica lo que está haciendo el señor Castro es intervenir el hospital (…) poniendo a una persona que trabaja con él a cargo del hospital”, sostuvo, resaltando que los hospitales en Chile son autogestionados. Junto con la denuncia, Vega solicitó medidas de protección ante Contraloría para evitar posibles represalias durante la investigación en curso. El conflicto surgió tras el nombramiento de Vega en el hospital, lo que provocó la salida de la entonces directora Loreto Maturana, quien también ha iniciado acciones legales para revertir su desvinculación, alegando motivaciones políticas. En este contexto tenso, Vega defendió su permanencia en el cargo y descartó renunciar. “Renunciar sería efectivamente que consiguieron lo que querían hacer. Y eso no lo puedo permitir”, afirmó, evidenciando una crisis latente en el recinto asistencial. Fuente: Publimetro
La ministra vocera de Gobierno, Mara Sedini, confirmó que el Ejecutivo ya entregó a la Contraloría General de la República todos los antecedentes solicitados tras la controversia generada por el uso de la expresión “Estado en quiebra” en contenidos oficiales. La secretaria de Estado subrayó que la respuesta se envió dentro del plazo establecido, sin necesidad de solicitar prórroga. El requerimiento del organismo fiscalizador se originó el pasado 25 de marzo, cuando ofició al Ministerio Secretaría General de Gobierno para aclarar el contexto y fundamento de publicaciones difundidas en redes sociales institucionales. Entre el material cuestionado figuraban un video y piezas gráficas en Instagram que afirmaban : “¿Por qué no podemos bajar el precio de la bencina con el Mepco? Porque nos dejaron sin plata. Un Estado en la quiebra”. La frase generó un amplio debate político y económico. Desde el propio gabinete, el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, tomó distancia al asegurar que “jamás” emplearía ese concepto para describir la situación fiscal del país. Posteriormente, el presidente José Antonio Kast reconoció el error comunicacional y afirmó que el Gobierno corrigió el mensaje, comprometiendo mejoras en la forma de comunicar. En ese contexto, Sedini insistió en que el Ejecutivo ha actuado con total disposición a colaborar con la institucionalidad. “Valoramos muchísimo la función que tiene la Contraloría General de la República y es por eso que hemos trabajado por responder”, afirmó, según consignó BioBioChile. No obstante, llamó a no centrar el debate únicamente en el uso de un término. “No nos vamos a quedar en la discusión de un concepto”, recalcó. La vocera también planteó que la polémica debe entenderse en un escenario más amplio, marcado por factores externos. “Toda esta discusión se da en el marco de una crisis internacional, y nosotros hemos estado enfocados en responder a las necesidades de la ciudadanía”, sostuvo. Por ahora, la Contraloría no ha emitido un nuevo pronunciamiento específico sobre este caso. Sin embargo, su máxima autoridad, Dorothy Pérez, abordó recientemente el proceso de auditoría general del Estado que se encuentra en desarrollo. Durante un conversatorio en la Universidad de Los Andes, la contralora advirtió que el sistema de control institucional ha presentado deficiencias sostenidas en el tiempo. “Esa auditoría que están desarrollando los auditores internos y ministeriales va a encontrar cosas”, señaló, anticipando hallazgos relevantes. En paralelo, se espera que el próximo 10 de abril el Consejo de Auditoría Interna General de Gobierno entregue un primer informe con conclusiones preliminares, lo que podría aportar nuevos antecedentes tanto al debate político como al análisis técnico sobre el funcionamiento del aparato estatal. Fuente: Publimetro
La Contraloría General de la República envió un oficio a la Secretaría General de Gobierno el miércoles 25 de marzo para solicitar información sobre publicaciones en redes sociales que afirmaban que el Estado está “en quiebra” debido al aumento en los precios de los combustibles. El oficio, dirigido a la ministra Mara Sedini, requiere una respuesta en un plazo de cinco días hábiles. Se solicita información sobre el uso de recursos públicos y el personal involucrado en las publicaciones, entre otros aspectos. En el documento enviado a la Segegob, la Contraloría señaló que, en ejercicio de sus atribuciones legales, solicita información sobre las publicaciones realizadas por el ministerio en relación con las medidas mencionadas en una imagen obtenida de Instagram. Además, se solicita información sobre los recursos públicos y el personal involucrado en la creación de las publicaciones, así como el fundamento normativo y los sustentos fácticos de las afirmaciones contenidas en dichas publicaciones. La publicación controvertida, que fue eliminada de Instagram ese mismo miércoles, afirmaba que el Ejecutivo no podía reducir los precios de la gasolina utilizando el Mepco debido a que “nos dejaron sin plata. Un Estado en quiebra”, declaración que fue refutada por el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz. Una publicación compartida por Contraloría Chile (@contraloriacl) Fuente: Publimetro
