El ministro del Interior (s), Máximo Pavez, anunció la reapertura del sumario administrativo relacionado con el proceso de otorgamiento de pensiones de gracia a personas afectadas durante el estallido social. Esta medida tiene como objetivo revisar la investigación administrativa que fue sobreseída durante el gobierno de Gabriel Boric, con la finalidad de determinar posibles irregularidades en la tramitación de estos beneficios. Según Pavez, La Contraloría General de la República nos instruyó reabrir el sumario. Esto se produce porque, cuando los sumarios administrativos terminan, hay que llevarlos a la Contraloría para la toma de razón. El ministro subrogante explicó que esta decisión se debe a que la Contraloría identificó dificultades en el sumario anterior, por lo que es una orden directa de dicho organismo. En relación a posibles sanciones, Pavez afirmó que el Ejecutivo cumplirá con la instrucción y buscará establecer eventuales sanciones para aquellos funcionarios que entregaron pensiones de gracia en circunstancias que no correspondían. Además, señaló que el Gobierno ya está revisando todas las pensiones de gracia relacionadas con el estallido social. Respecto a los tiempos del proceso, Máximo Pavez aclaró que la reapertura del sumario administrativo y la revisión de las pensiones son procedimientos distintos. El sumario es un sumario administrativo que tenemos que reaperturar. Hay una fiscal designada y tiene que trabajar con toda la libertad y con todos los medios necesarios para cumplir su tarea, agregó. En cuanto a la revisión de los beneficios, Pavez mencionó que una vez esté lista se comunicará a la opinión pública. Lo que nos interesa es que los recursos de los chilenos se utilicen bien, y nosotros creemos que acá hay muchas pensiones de gracia que no se justifican, concluyó. Fuente: ADN Radio Nacional
Una auditoría de la Contraloría General de la República ha revelado una serie de fallas en los sistemas tecnológicos y administrativos del Servicio Médico Legal, generando preocupación por la falta de supervisión en el Sistema Integrado de Gestión de Alcoholemias. Según el informe, este sistema que registra los exámenes de alcoholemia opera sin supervisión del área informática desde 2023, lo que impide asegurar la integridad de la información almacenada y la trazabilidad de los datos. Además, se señala que la revisión del sistema fue realizada por un profesional externo a honorarios que ya no pertenece a la institución. El informe final N° 735/2025 también destaca deficiencias que comprometen la trazabilidad de evidencias y la seguridad de información sensible. Entre ellas, se menciona que los registros de ingresos, salidas y derivaciones de evidencias tanatológicas se realizan en libros de papel sin identificación adecuada de los médicos responsables. Adicionalmente, la eliminación de muestras se registra en planillas Excel sin un formato estandarizado, lo que dificulta identificar quién intervino en cada procedimiento y expone el material a errores o alteraciones no detectables, afectando su conservación e integridad. En cuanto a seguridad informática, se detectaron 24 usuarios activos en bases de datos institucionales que no corresponden al personal vigente del servicio, lo que representa un riesgo potencial de accesos no autorizados a datos sensibles. El informe también menciona inconsistencias en registros, como duplicidad de identificadores y errores en números de RUN de personas peritadas, lo que puede dificultar la correcta acreditación de pericias. Asimismo, se identificaron vulnerabilidades críticas en el sistema SIGAL y servidores activos sin soporte vigente, exponiendo los sistemas a posibles ciberataques. Frente a esta situación, el Servicio Médico Legal deberá presentar en un plazo de 60 días hábiles los antecedentes sobre la implementación de controles para asegurar un registro completo y verificable en el procedimiento de alcoholemias, así como corregir las fallas detectadas. Fuente: ADN Radio Nacional
El ministro del Interior (s), Máximo Pavez, anunció la reapertura del sumario administrativo relacionado con el proceso de otorgamiento de pensiones de gracia a personas afectadas durante el estallido social. Esta medida tiene como objetivo revisar la investigación administrativa que fue sobreseída durante el gobierno de Gabriel Boric, con la finalidad de determinar posibles irregularidades en la tramitación de estos beneficios. Según Pavez, La Contraloría General de la República nos instruyó reabrir el sumario. Esto se produce porque, cuando los sumarios administrativos terminan, hay que llevarlos a la Contraloría para la toma de razón. El ministro subrogante explicó que esta decisión se debe a que la Contraloría identificó dificultades en el sumario anterior, por lo que es una orden directa de dicho organismo. En relación a posibles sanciones, Pavez afirmó que el Ejecutivo cumplirá con la instrucción y buscará establecer eventuales sanciones para aquellos funcionarios que entregaron pensiones de gracia en circunstancias que no correspondían. Además, señaló que el Gobierno ya está revisando todas las pensiones de gracia relacionadas con el estallido social. Respecto a los tiempos del proceso, Máximo Pavez aclaró que la reapertura del sumario administrativo y la revisión de las pensiones son procedimientos distintos. El sumario es un sumario administrativo que tenemos que reaperturar. Hay una fiscal designada y tiene que trabajar con toda la libertad y con todos los medios necesarios para cumplir su tarea, agregó. En cuanto a la revisión de los beneficios, Pavez mencionó que una vez esté lista se comunicará a la opinión pública. Lo que nos interesa es que los recursos de los chilenos se utilicen bien, y nosotros creemos que acá hay muchas pensiones de gracia que no se justifican, concluyó. Fuente: ADN Radio Nacional
Una auditoría de la Contraloría General de la República ha revelado una serie de fallas en los sistemas tecnológicos y administrativos del Servicio Médico Legal, generando preocupación por la falta de supervisión en el Sistema Integrado de Gestión de Alcoholemias. Según el informe, este sistema que registra los exámenes de alcoholemia opera sin supervisión del área informática desde 2023, lo que impide asegurar la integridad de la información almacenada y la trazabilidad de los datos. Además, se señala que la revisión del sistema fue realizada por un profesional externo a honorarios que ya no pertenece a la institución. El informe final N° 735/2025 también destaca deficiencias que comprometen la trazabilidad de evidencias y la seguridad de información sensible. Entre ellas, se menciona que los registros de ingresos, salidas y derivaciones de evidencias tanatológicas se realizan en libros de papel sin identificación adecuada de los médicos responsables. Adicionalmente, la eliminación de muestras se registra en planillas Excel sin un formato estandarizado, lo que dificulta identificar quién intervino en cada procedimiento y expone el material a errores o alteraciones no detectables, afectando su conservación e integridad. En cuanto a seguridad informática, se detectaron 24 usuarios activos en bases de datos institucionales que no corresponden al personal vigente del servicio, lo que representa un riesgo potencial de accesos no autorizados a datos sensibles. El informe también menciona inconsistencias en registros, como duplicidad de identificadores y errores en números de RUN de personas peritadas, lo que puede dificultar la correcta acreditación de pericias. Asimismo, se identificaron vulnerabilidades críticas en el sistema SIGAL y servidores activos sin soporte vigente, exponiendo los sistemas a posibles ciberataques. Frente a esta situación, el Servicio Médico Legal deberá presentar en un plazo de 60 días hábiles los antecedentes sobre la implementación de controles para asegurar un registro completo y verificable en el procedimiento de alcoholemias, así como corregir las fallas detectadas. Fuente: ADN Radio Nacional
