Una década después de huir de Chile para colaborar con la justicia estadounidense en el escándalo de corrupción que sacudió al fútbol sudamericano, Sergio Jadue vuelve a ser noticia tras años de silencio. Tras establecerse en Miami con su familia y enfrentar un complicado proceso judicial que incluyó acusaciones de apropiación indebida contra su madre, Jadue se separó de su esposa María Inés Facuse. En este nuevo capítulo de su vida en Florida, el exdirigente ha dado un paso importante al formalizar una nueva relación sentimental. Según informes de La Tercera, Jadue contrajo matrimonio con Karen Reinoso Baracat, empresaria agrícola chilena residente en Miami. La ceremonia, celebrada recientemente, contó con la presencia de invitados llegados desde Chile para acompañar a la pareja en este momento especial. Mientras tanto, Jadue aguarda la sentencia final de la justicia estadounidense por su participación en el FIFA Gate, donde admitió haber recibido pagos ilegales y fue sancionado de por vida por la FIFA, impidiéndole ejercer cargos relacionados con el fútbol profesional. Recientemente, Jadue reapareció públicamente en un adelanto del podcast ¿De qué lado estás?, donde reflexionó sobre su papel en el escándalo de corrupción. En sus propias palabras: “Me hice responsable de mis actos. Lo más fácil habría sido quedarme en Chile, pero vine a Estados Unidos y enfrenté las consecuencias. La FIFA me sancionó”, reconociendo también que no se siente orgulloso de algunas decisiones tomadas en el pasado. Fuente: Publimetro Deportes
Personal de la Policía de Investigaciones (PDI), en colaboración con funcionarios de Gendarmería, llevaron a cabo un extenso operativo en 8 cárceles distribuidas en 7 regiones de Chile, de forma simultánea. La operación, conocida como “ Operación Apocalipsis ”, resultó en la desarticulación de una red de corrupción que operaba dentro de las prisiones, especialmente en el centro penitenciario Santiago 1. Este operativo se llevó a cabo durante la madrugada del martes, y ha culminado con múltiples arrestos. Según informes del Ministerio Público, se emitieron un total de 77 órdenes de detención, de las cuales 42 están dirigidas a miembros de Gendarmería. Hasta el momento, 36 funcionarios de Gendarmería han sido detenidos. Se espera que en breve, las autoridades proporcionen más detalles sobre este masivo operativo policial realizado en diversas cárceles a lo largo del país. Esta noticia está en desarrollo y será actualizada conforme se obtengan más detalles. Fuente: ADN Radio Nacional
En el marco de la investigación del caso Audios, se han incorporado nuevas escuchas telefónicas que revelan una serie de gestiones extrajudiciales con el objetivo de evitar la destitución del exmagistrado de la Corte de Apelaciones, Antonio Ulloa, quien fue removido recientemente por el Congreso. Estos registros, a los que tuvo acceso un equipo de reportajes de CHV, implican a abogados, ministros en ejercicio, notarios y un conservador de Bienes Raíces en acciones destinadas a influir en decisiones clave del Poder Judicial. Según los antecedentes, Sergio Yaber, conservador de Bienes Raíces de Puente Alto, es uno de los principales actores en estas presuntas maniobras. En una conversación del 1 de octubre, Yaber menciona el estado de ánimo de Ulloa después del fallo inicial de la Suprema que evitó su salida: “Bien, estaba contento, estaba muy bien”, comentó Yaber a un notario. Las escuchas también involucran al diputado Cristian Araya, jefe de bancada del Partido Republicano. En una conversación con su esposa, uno de los investigados menciona: “Lo cité yo porque necesito amarrarlo con el tema de nuestro amigo, para que la bancada se ponga”. A pesar de esto, el parlamentario negó cualquier relación: “No existe ninguna investigación en mi contra ni he sido notificado de ninguna acción judicial”. Otro diálogo revelado por un noticiero televisivo el 22 de agosto señala gestiones con el abogado Alejandro Román, ex titular del Tribunal de Contratación Pública, quien tendría conexiones con ministros de la Corte Suprema. En esta conversación se escucha a uno de los implicados decir: “Aquí la idea es bajarlo un mes con cuea, si es que se puede bajar a menos… él tiene muchos amigos arriba”. Además de Ulloa, las escuchas también hacen referencia a intentos de apoyo a la exministra Verónica Sabaj. En una llamada telefónica, uno de los interlocutores expresa: “Ojalá se salven los dos… se están moviendo firme, firme, firme arriba por la Verónica”. La fiscal Carmen Gloria Wittwer confirmó que parte del contenido analizado podría tener carácter delictual y que nuevos antecedentes fueron remitidos a la Fiscalía Regional de Valparaíso para ampliar las investigaciones. Wittwer precisó: “Separaremos la investigación con este nuevo antecedente; debe revisarlo otro fiscal regional”. Fuente: ADN Radio Nacional
Tras más de una década de investigación judicial y casi tres años de juicio oral, el Tercer Tribunal Oral en lo Penal de Santiago emitió el veredicto del caso Soquimich (SQM), absolviendo a todos los acusados, incluyendo al ex candidato presidencial Marco Enríquez-Ominami, su ex asesor Cristián Warner y el ex ministro Pablo Longueira. El fallo marca el cierre de una causa que se remonta a 2014, cuando salieron a la luz presuntos aportes irregulares de la minera no metálica a campañas políticas, revelando una compleja red de financiamiento que involucró a empresarios, dirigentes y figuras públicas. Durante la audiencia, el tribunal criticó el actuar poco prolijo del Ministerio Público y la extensa duración del proceso judicial, señalando que las penas estarían cumplidas, lo que vulnera más la extensión temporal del procedimiento. En la lectura del veredicto, los magistrados detallaron que se absuelve a los acusados Patricio Contesse González, Carmen Luz Valdivieso, Marisol Cavieres Romero, Marcelo Rozas López, Roberto León Araya, Marco Enríquez-Ominami y Cristián Warner Villagrán por los hechos imputados en su contra que el Ministerio Público y el Servicio de Impuestos Internos estimaron constitutivos de delitos tributarios, según informó T13. El juicio oral se extendió por 981 días y 558 audiencias, convirtiéndose en uno de los procesos más largos y complejos en la historia judicial chilena. Se presentaron cerca de mil testigos y un centenar de peritos, junto con más de 16 mil documentos y dos mil medios de prueba. Durante la audiencia final, ninguno de los imputados tomó la palabra, cerrando así un proceso marcado por la reserva y el silencio de las defensas. El caso SQM surgió como una arista del caso Penta, revelando en 2014 indicios sobre boletas y facturas falsas para justificar aportes políticos. Según la investigación del Ministerio Público, entre 2008 y 2014 la empresa habría desembolsado más de 14.7 millones de dólares mediante más de 1.200 documentos tributarios falsos para financiar campañas electorales y gastos personales. La Fiscalía de Valparaíso acusaba a Patricio Contesse, ex gerente general de SQM, por autorizar directamente estas operaciones ilegales. Durante el proceso, más de 50 imputados fueron sobreseídos o accedieron a salidas alternativas. La compañía llegó a acuerdos con el Servicio de Impuestos Internos y autoridades estadounidenses, pagando más de 30 millones de dólares en sanciones ante el Departamento de Justicia (DOJ) y la Comisión de Bolsa y Valores (SEC). Con esta resolución judicial, el caso SQM concluye oficialmente, poniendo fin a uno de los capítulos más prolongados, costosos y controversiales en la historia legal chilena. Fuente: Publimetro
El Tercer Tribunal Oral en lo Penal de Santiago emitió un veredicto este miércoles absolviendo a todos los imputados en el caso SQM, poniendo fin a una extensa investigación que ha marcado la historia judicial chilena. Este proceso, que se extendió por más de una década, involucró a figuras de distintos sectores políticos y a la minera no metálica Soquimich (SQM), por presuntos aportes ilegales a campañas electorales. Durante la lectura del fallo, el tribunal declaró que “se absuelve a los acusados Patricio Contesse González, Carmen Luz Valdivieso, Marisol Cavieres Romero, Marcelo Rozas López, Roberto León Araya, Marco Enríquez-Ominami, y Cristián Warner Villagrán por los hechos imputados en su contra que el Ministerio Público y Servicio de Impuestos Internos estimaron constitutivos de los delitos tributarios contemplados en el artículo 97, número 4, inciso primero, segundo y final del código tributario”. El veredicto criticó fuertemente la actuación del Ministerio Público, señalando su “poco prolijo desempeño” y la prolongada duración del proceso judicial. El tribunal resaltó que la extensión del procedimiento “vulnera aún más las garantías de los acusados, pues las penas, en caso de haber sido impuestas, ya habrían estado cumplidas”. Esta decisión marca el cierre de una causa iniciada en 2014 como parte del “caso Penta”. La investigación se ramificó en múltiples procesos paralelos, dos juicios orales principales y cientos de diligencias. En total, el juicio oral se extendió por 981 días, con 558 audiencias, cerca de mil testigos, más de un centenar de peritos y más de 16 mil documentos presentados como medios de prueba. Tras conocer el veredicto, Marco Enríquez-Ominami expresó públicamente a través de sus redes sociales: “Se hizo justicia. Después de 11 años, fui declarado inocente de todas las acusaciones que se orquestaron en mi contra”, escribió el ex candidato presidencial. Enríquez-Ominami añadió: “No encontraron nada, porque no había nada. Fueron 28 fiscales, ninguna prueba en mi contra y más de una década de persecución judicial, política y mediática”. La publicación incluyó un video donde el candidato menciona: “11 años de persecución y un expediente vacío. Pusieron mi nombre en diversas causas en las que no tenía nada que ver. 11 años de acusaciones, manipulación solamente para manchar, destruir, proscribir. No encontraron nada porque no había nada. Muy pronto esto se transformará en un escándalo de estado. Hoy, por fin soy libre, hoy, por fin mi palabra es libre. Por eso la verdad es el cambio”. Finalmente, mostró su gratitud hacia quienes lo apoyaron durante todo el proceso: “Gracias a quienes nunca dudaron. La verdad, aunque tardó, por fin llegó”. El caso SQM surgió tras descubrirse la emisión de boletas y facturas ideológicamente falsas para justificar aportes a campañas políticas entre 2008 y 2014. Según la investigación del Ministerio Público, la empresa habría desembolsado más de 14.7 millones de dólares mediante más de 1.200 documentos tributarios falsos que beneficiaron a representantes de diversos sectores políticos. Fuente: Publimetro
Una década después de huir de Chile para colaborar con la justicia estadounidense en el escándalo de corrupción que sacudió al fútbol sudamericano, Sergio Jadue vuelve a ser noticia tras años de silencio. Tras establecerse en Miami con su familia y enfrentar un complicado proceso judicial que incluyó acusaciones de apropiación indebida contra su madre, Jadue se separó de su esposa María Inés Facuse. En este nuevo capítulo de su vida en Florida, el exdirigente ha dado un paso importante al formalizar una nueva relación sentimental. Según informes de La Tercera, Jadue contrajo matrimonio con Karen Reinoso Baracat, empresaria agrícola chilena residente en Miami. La ceremonia, celebrada recientemente, contó con la presencia de invitados llegados desde Chile para acompañar a la pareja en este momento especial. Mientras tanto, Jadue aguarda la sentencia final de la justicia estadounidense por su participación en el FIFA Gate, donde admitió haber recibido pagos ilegales y fue sancionado de por vida por la FIFA, impidiéndole ejercer cargos relacionados con el fútbol profesional. Recientemente, Jadue reapareció públicamente en un adelanto del podcast ¿De qué lado estás?, donde reflexionó sobre su papel en el escándalo de corrupción. En sus propias palabras: “Me hice responsable de mis actos. Lo más fácil habría sido quedarme en Chile, pero vine a Estados Unidos y enfrenté las consecuencias. La FIFA me sancionó”, reconociendo también que no se siente orgulloso de algunas decisiones tomadas en el pasado. Fuente: Publimetro Deportes
Personal de la Policía de Investigaciones (PDI), en colaboración con funcionarios de Gendarmería, llevaron a cabo un extenso operativo en 8 cárceles distribuidas en 7 regiones de Chile, de forma simultánea. La operación, conocida como “ Operación Apocalipsis ”, resultó en la desarticulación de una red de corrupción que operaba dentro de las prisiones, especialmente en el centro penitenciario Santiago 1. Este operativo se llevó a cabo durante la madrugada del martes, y ha culminado con múltiples arrestos. Según informes del Ministerio Público, se emitieron un total de 77 órdenes de detención, de las cuales 42 están dirigidas a miembros de Gendarmería. Hasta el momento, 36 funcionarios de Gendarmería han sido detenidos. Se espera que en breve, las autoridades proporcionen más detalles sobre este masivo operativo policial realizado en diversas cárceles a lo largo del país. Esta noticia está en desarrollo y será actualizada conforme se obtengan más detalles. Fuente: ADN Radio Nacional
En el marco de la investigación del caso Audios, se han incorporado nuevas escuchas telefónicas que revelan una serie de gestiones extrajudiciales con el objetivo de evitar la destitución del exmagistrado de la Corte de Apelaciones, Antonio Ulloa, quien fue removido recientemente por el Congreso. Estos registros, a los que tuvo acceso un equipo de reportajes de CHV, implican a abogados, ministros en ejercicio, notarios y un conservador de Bienes Raíces en acciones destinadas a influir en decisiones clave del Poder Judicial. Según los antecedentes, Sergio Yaber, conservador de Bienes Raíces de Puente Alto, es uno de los principales actores en estas presuntas maniobras. En una conversación del 1 de octubre, Yaber menciona el estado de ánimo de Ulloa después del fallo inicial de la Suprema que evitó su salida: “Bien, estaba contento, estaba muy bien”, comentó Yaber a un notario. Las escuchas también involucran al diputado Cristian Araya, jefe de bancada del Partido Republicano. En una conversación con su esposa, uno de los investigados menciona: “Lo cité yo porque necesito amarrarlo con el tema de nuestro amigo, para que la bancada se ponga”. A pesar de esto, el parlamentario negó cualquier relación: “No existe ninguna investigación en mi contra ni he sido notificado de ninguna acción judicial”. Otro diálogo revelado por un noticiero televisivo el 22 de agosto señala gestiones con el abogado Alejandro Román, ex titular del Tribunal de Contratación Pública, quien tendría conexiones con ministros de la Corte Suprema. En esta conversación se escucha a uno de los implicados decir: “Aquí la idea es bajarlo un mes con cuea, si es que se puede bajar a menos… él tiene muchos amigos arriba”. Además de Ulloa, las escuchas también hacen referencia a intentos de apoyo a la exministra Verónica Sabaj. En una llamada telefónica, uno de los interlocutores expresa: “Ojalá se salven los dos… se están moviendo firme, firme, firme arriba por la Verónica”. La fiscal Carmen Gloria Wittwer confirmó que parte del contenido analizado podría tener carácter delictual y que nuevos antecedentes fueron remitidos a la Fiscalía Regional de Valparaíso para ampliar las investigaciones. Wittwer precisó: “Separaremos la investigación con este nuevo antecedente; debe revisarlo otro fiscal regional”. Fuente: ADN Radio Nacional
Tras más de una década de investigación judicial y casi tres años de juicio oral, el Tercer Tribunal Oral en lo Penal de Santiago emitió el veredicto del caso Soquimich (SQM), absolviendo a todos los acusados, incluyendo al ex candidato presidencial Marco Enríquez-Ominami, su ex asesor Cristián Warner y el ex ministro Pablo Longueira. El fallo marca el cierre de una causa que se remonta a 2014, cuando salieron a la luz presuntos aportes irregulares de la minera no metálica a campañas políticas, revelando una compleja red de financiamiento que involucró a empresarios, dirigentes y figuras públicas. Durante la audiencia, el tribunal criticó el actuar poco prolijo del Ministerio Público y la extensa duración del proceso judicial, señalando que las penas estarían cumplidas, lo que vulnera más la extensión temporal del procedimiento. En la lectura del veredicto, los magistrados detallaron que se absuelve a los acusados Patricio Contesse González, Carmen Luz Valdivieso, Marisol Cavieres Romero, Marcelo Rozas López, Roberto León Araya, Marco Enríquez-Ominami y Cristián Warner Villagrán por los hechos imputados en su contra que el Ministerio Público y el Servicio de Impuestos Internos estimaron constitutivos de delitos tributarios, según informó T13. El juicio oral se extendió por 981 días y 558 audiencias, convirtiéndose en uno de los procesos más largos y complejos en la historia judicial chilena. Se presentaron cerca de mil testigos y un centenar de peritos, junto con más de 16 mil documentos y dos mil medios de prueba. Durante la audiencia final, ninguno de los imputados tomó la palabra, cerrando así un proceso marcado por la reserva y el silencio de las defensas. El caso SQM surgió como una arista del caso Penta, revelando en 2014 indicios sobre boletas y facturas falsas para justificar aportes políticos. Según la investigación del Ministerio Público, entre 2008 y 2014 la empresa habría desembolsado más de 14.7 millones de dólares mediante más de 1.200 documentos tributarios falsos para financiar campañas electorales y gastos personales. La Fiscalía de Valparaíso acusaba a Patricio Contesse, ex gerente general de SQM, por autorizar directamente estas operaciones ilegales. Durante el proceso, más de 50 imputados fueron sobreseídos o accedieron a salidas alternativas. La compañía llegó a acuerdos con el Servicio de Impuestos Internos y autoridades estadounidenses, pagando más de 30 millones de dólares en sanciones ante el Departamento de Justicia (DOJ) y la Comisión de Bolsa y Valores (SEC). Con esta resolución judicial, el caso SQM concluye oficialmente, poniendo fin a uno de los capítulos más prolongados, costosos y controversiales en la historia legal chilena. Fuente: Publimetro
El Tercer Tribunal Oral en lo Penal de Santiago emitió un veredicto este miércoles absolviendo a todos los imputados en el caso SQM, poniendo fin a una extensa investigación que ha marcado la historia judicial chilena. Este proceso, que se extendió por más de una década, involucró a figuras de distintos sectores políticos y a la minera no metálica Soquimich (SQM), por presuntos aportes ilegales a campañas electorales. Durante la lectura del fallo, el tribunal declaró que “se absuelve a los acusados Patricio Contesse González, Carmen Luz Valdivieso, Marisol Cavieres Romero, Marcelo Rozas López, Roberto León Araya, Marco Enríquez-Ominami, y Cristián Warner Villagrán por los hechos imputados en su contra que el Ministerio Público y Servicio de Impuestos Internos estimaron constitutivos de los delitos tributarios contemplados en el artículo 97, número 4, inciso primero, segundo y final del código tributario”. El veredicto criticó fuertemente la actuación del Ministerio Público, señalando su “poco prolijo desempeño” y la prolongada duración del proceso judicial. El tribunal resaltó que la extensión del procedimiento “vulnera aún más las garantías de los acusados, pues las penas, en caso de haber sido impuestas, ya habrían estado cumplidas”. Esta decisión marca el cierre de una causa iniciada en 2014 como parte del “caso Penta”. La investigación se ramificó en múltiples procesos paralelos, dos juicios orales principales y cientos de diligencias. En total, el juicio oral se extendió por 981 días, con 558 audiencias, cerca de mil testigos, más de un centenar de peritos y más de 16 mil documentos presentados como medios de prueba. Tras conocer el veredicto, Marco Enríquez-Ominami expresó públicamente a través de sus redes sociales: “Se hizo justicia. Después de 11 años, fui declarado inocente de todas las acusaciones que se orquestaron en mi contra”, escribió el ex candidato presidencial. Enríquez-Ominami añadió: “No encontraron nada, porque no había nada. Fueron 28 fiscales, ninguna prueba en mi contra y más de una década de persecución judicial, política y mediática”. La publicación incluyó un video donde el candidato menciona: “11 años de persecución y un expediente vacío. Pusieron mi nombre en diversas causas en las que no tenía nada que ver. 11 años de acusaciones, manipulación solamente para manchar, destruir, proscribir. No encontraron nada porque no había nada. Muy pronto esto se transformará en un escándalo de estado. Hoy, por fin soy libre, hoy, por fin mi palabra es libre. Por eso la verdad es el cambio”. Finalmente, mostró su gratitud hacia quienes lo apoyaron durante todo el proceso: “Gracias a quienes nunca dudaron. La verdad, aunque tardó, por fin llegó”. El caso SQM surgió tras descubrirse la emisión de boletas y facturas ideológicamente falsas para justificar aportes a campañas políticas entre 2008 y 2014. Según la investigación del Ministerio Público, la empresa habría desembolsado más de 14.7 millones de dólares mediante más de 1.200 documentos tributarios falsos que beneficiaron a representantes de diversos sectores políticos. Fuente: Publimetro
