Leer las 770 mil páginas de conversaciones del celular de Luis Hermosilla tomará días, pero la defensa ya sabe cómo va a hacer públicos esos chats. Las filtraciones siguen apareciendo y un involucrado, el ministro de la Segpres, Álvaro Elizalde, tuvo que explicar su rol. PUBLICIDAD Fue el propio abogado de Luis Hermosilla, su hermano Juan Pablo, quien detalló que revelarán chats de “interés público, no cosas de la vida privada” y de acuerdo a un protocolo. El defensor indicó que “primero, que sea simultánea, todos los personajes que estén vinculados al Poder Judicial, al Ministerio Público, los que pueden haber sido autoridades con las cuales hubo contacto, y al mismo tiempo darles la oportunidad a ellos de que den su versión primero de qué es lo que pasó y si no, nosotros daremos la versión”. La idea es publicar una lista con la fecha, la persona con que se conversa y el motivo, en general, del contacto. El profesional aseguró que “he hablado con editores de medios para recibir consejo, porque no quiero violar la privacidad ni el secreto profesional”. Hermosilla argumentó que el revelar ciertas conversaciones pretende frenar las filtraciones surgidas a raíz de la apertura de nuevas aristas por parte de Fiscalía, que, según él, han “manipulado” el caso. Uno de esos nombres ya filtrados fue el de la fiscal regional metropolitana Oriente, Lorena Parra, quien alegó en contra de Luis Hermosilla y quien tenía mensajes con el abogado e incluso le envió su currículum. “Ella es una fiscal seria. Son otras personas en el Ministerio Público las que están filtrando y contaminando políticamente esta causa”, señaló Juan Pablo Hermosilla. Otro nombre que ha aparecido es el de Álvaro Elizalde, quien era senador cuando Hermosilla le escribió sobre él al abogado Francisco Feres, socio y amigo de la familia Jalaff, señalando que Elizalde “se está jugando por Ángel Valencia” para fiscal nacional, mientras que Hermosilla hacía lobby en favor de José Morales, según publicó La Tercera. Elizalde, hoy ministro de la Segpres, recordó que siempre se ha sabido que mantiene una amistad con Valencia desde la universidad, que no hizo campaña por nadie, que de hecho votó por los otros dos postulantes anteriores, Morales y Herrera, por ser la opción del Ejecutivo, y que cuando se votó para elegir a Valencia, él se abstuvo públicamente. PUBLICIDAD “No tengo mensajes con él (Hermosilla) ni tengo su teléfono. Él me menciona en un WhatsApp que envía a otra persona, no podemos (en el Gobierno) hacernos cargo de eso”, indicó Elizalde. Finalmente, por la arista de la seremi de Vivienda, el diputado Luis Cuello (PC) presentó una propuesta para crear una comisión especial investigadora.
Arista Grupo Patio se le ha denominado al chat en que Luis Hermosilla aboga ante el seremi de Vivienda de la RM, en 2020, para que ese grupo empresarial consiguiera en tiempo récord permisos de construcción, en Lampa, para la empresa que lideraba Álvaro Jalaff. El asunto se va a investigar, al menos, en dos vías, porque el actual ministro de la cartera, Carlos Montes, anunció un sumario interno, mientras que la Fiscalía abrió una investigación por la arista. El exministro Felipe Ward defendió su inocencia. PUBLICIDAD “Hay que ver si hay o no posibles delitos o posibles transgresiones a la norma. La Seremi, que es donde todo esto se procesa, está revisando todas las actas y todos los procesos previos para ver cuál es la situación de los hechos ocurridos en la administración anterior”, aseguró Montes. El ministro detalló que aunque el cabildeo es una práctica común en los ministerios y que le parecía “raro” que el trámite se estuviese demorando tanto, se debe realizar bajo la Ley de Lobby. “En mi gestión habré recibido unos seis o siete proyectos grandes que piden audiencias por lobby. Por lo tanto, eso en sí mismo, no tiene anormalidad”, señaló Montes, aunque aclaró que “hasta qué punto un lobby lleva a alterar una decisión normal es lo que hay que investigar. Tenemos que revisar exactamente qué significaron las gestiones desde el punto de vista de alterar el orden, de darle prioridad y qué implicó en las decisiones que se tomaron”. En tanto, la Fiscalía Oriente, abrió una nueva investigación a raíz de esta arista en la que indagará si es que el entonces ministro Felipe Ward cometió alguna irregularidad cuando lideraba esa cartera. De acuerdo a los antecedentes publicados esta semana por Ciper, fue el entonces secretario regional Manuel José Errázuriz, quien confirmó que recibió presiones del entonces ministro para “apurar la tramitación”. Ante toda esta polémica, el entonces ministro, Felipe Ward, negó haber recibido presiones para acelerar ese proyecto. “Mi nombre ha sido mencionado a propósito del caso Audios ¿Qué es lo que se ha dicho? Que desde el Ministerio de Vivienda impulsamos y aceleramos un proyecto por petición de una persona. Eso es totalmente falso. Sí es cierto que nuestro gobierno tomó la decisión de destrabar, de impulsar y de acelerar cerca de 200 proyectos de inversión que generaban justamente inversión y empleo. Y en esa lista estaba este proyecto”, indicó Ward. “Es bueno ser precisos, respetar la presunción de inocencia y no inventar explicaciones respecto de un tema donde el dato mata al relato”, agregó el exministro. Al cierre de esta edición, la PDI y la Fiscalía Oriente realizaban diligencias en las oficinas del Grupo Patio. PUBLICIDAD Hoy se discutirán cautelares de acusados El abogado Juan Pablo Hermosilla tendrá hoy otra diligencia clave, pues se realizará la audiencia de apelación por la prisión preventiva de su hermano, Luis Hermosilla, gestión que también realizará la abogada de María Leonarda Villalobos. Los argumentos de la defensa de Hermosilla se conocieron el martes y apuntan a una medida desproporcionada además de un agravio, mientras que en el caso de Villalobos, es injustificada además de demasiado elevada para el delito y la eventual participación de su defendida. Ayer, en tanto, un equipo de la oficina de Juan Pablo Hermosilla llegó hasta la Fiscalía Metropolitana Oriente para recibir el archivo digital con las 770 mil páginas de las transcripciones de los chats, mensajes y otros archivos obtenidos del teléfono de su hermano. La solicitud de la defensa, aceptada por el Juzgado, se basa en la idea de tener los mismos antecedentes que la Fiscalía, aunque las palabras de Juan Pablo Hermosilla se han interpretado como una amenaza, pues ha manifestado que se ha hecho una elección mañosa de las conversaciones publicadas y él ahora podrá hacer públicas las que desee. Desde el Ejecutivo reiteraron ayer que no existe ningún temor por las posibles conversaciones entre Hermosilla y autoridades de Gobierno. El subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, detalló que “la única preocupación sería que se ocultara información. Y en este caso nos parece bien que los datos estén disponibles y que si hay delito, sea investigado y sancionado”. Uno de los diputados querellantes, Daniel Manouchehri (PS) agregó que “sí, esperamos que hagan públicas las conversaciones del señor (Luis) Hermosilla con el fiscal Guerra, con la ministra Vivanco, con el ministro de la Corte de Apelaciones Antonio Ulloa, con su amigo, que estaba en el corazón de la red, el señor Chadwick”. Para Miguel Mellado (RN), “los oficialistas quieren situar el tema de Lucho Hermosilla en un sector, pero yo les recordaría que Crispi desde 2017 iba a las oficinas de Luis Hermosilla, le decía tío, y le diría a los socialistas de la relación que tenía Hermosilla con Michelle Bachelet, que la defendió en más de cinco oportunidades”. Otra diputada querellante, Camila Musante (Ind-PPD), denunció amenazas y solicitó medidas de protección luego de haber recibido encomiendas sospechosas, una con un celular y otra que no abrió, y un ciberataque. En tanto, en la arista Factop, la declaración de Tonka Tomicic, en calidad de testigo, ya tiene fecha: será este lunes 9 de septiembre.
El asunto ocupó largo rato de la exposición del abogado de Daniel Jadue, Juan Carlos Manríquez, el día en que se decidió el paso de prisión preventiva a arresto domiciliario del exalcalde de Recoleta. El representante intentó demostrar ante el Juzgado de Garantía que muchas de las responsabilidades que se le achacaban al militante del PC en la Achifarp no le eran propias, por lo que, al menos en esas aristas, no le correspondía estar preso a su cliente. PUBLICIDAD Buena parte de esos dardos iban en contra Jorge Sharp, alcalde de Valparaíso, quien era tesorero de la organización y quien no dejó pasar otro día sin dar sus descargos. En la jornada de ayer, Manríquez dijo a radio Universo que no se descartaba pedir el juez que cite a declarar a Sharp, porque “las facultades de control sobre la cuenta corriente, los cheques y todo aquello, es del tesorero”, acusación que afirmó con la declaración entregada el 18 de abril por el administrador público y exfuncionario de Recoleta Marco Antonio Fernández, quien acusó al jefe comunal de Valparaíso de “irresponsabilidad, desidia y administración desleal” durante su paso por la Achifarp. Manríquez puntualizó que “no se trata de trasladar responsabilidades gratuitamente, sino que dejar establecido que en una organización compleja, no todo es cuestión de todos”. El alcalde de Valparaíso respondió a las acusaciones. Jorge Sharp expuso ayer que “no logramos entender de qué forma posibles delitos que son asociados a conductas cometidas en Recoleta pueden llegar a tener relación con Valparaíso”. Sobre la posibilidad de volver a declarar, el edil indicó que “nos interesa que esta investigación siga su curso y se resuelva según los antecedentes que se aportaron en el marco del juicio para el cual hemos colaborado y lo seguiremos haciendo”. En una arista más política del caso Jadue, el Gobierno aseguró no creer que la crítica expuesta por el exalcalde el día que salió de prisión haya sido dirigida al Presidente Boric. “Lamento el maltrato de todos los que se han ufanado y han festinado con la pérdida de la libertad de cualquier ser humano”, dijo ese día. Aunque Boric reafirmó el lunes su alegría por el hecho de que Luis Hermosilla esté en prisión, la ministra vocera, Camila Vallejo, aseguró sobre el posible blanco de la crítica que “no, en lo absoluto, no”.
El Tercer Juzgado de Garantía de Santiago revocó ayer la prisión preventiva en que se encontraba el exalcalde de Recoleta, Daniel Jadue, quien asistió telemáticamente por encontrarse enfermo, y cambió la medida cautelar por la de arresto domiciliario, arraigo nacional y prohibición de comunicarse con los otros imputados. El acusado por el caso Farmacias lanzó una dura crítica al salir del anexo cárcel Capitán Yáber, en medio del apoyo de sus adherentes, mientras los querellantes aseguraron que apelarán a la medida. PUBLICIDAD Jadue salió del lugar donde estuvo recluido por 91 días evidentemente contento, saludando a su pareja y a la gente que llegó a darle su apoyo. En el corto trayecto a un vehículo que lo llevó a su casa en La Reina, el exalcalde PC indicó que “estoy muy contento porque se restablecen derechos, muy contento con el fallo, porque no dio por acreditada la comisión de ningún delito. Y ahora, a demostrar mi inocencia”, manifestó Jadue. Seguido a eso, el militante del PC hizo una crítica donde tocó una de las frases del Presidente, Gabriel Boric, más criticadas de los últimos días. “Sólo quiero lamentar todo el maltrato de todos los que se han ufanado y festinado con la pérdida de libertad de cualquier ser humano”, declaró Daniel Jadue. La semana pasada, al conocerse la prisión preventiva en la que quedaba Luis Hermosilla, Boric señaló: “Qué bueno que los que se creían poderosos vayan también a la cárcel”. La revocación de la medida cautelar fue dictaminada por la jueza Paula Brito, luego de escuchar alegatos de acusadores y defensores. Los abogados de Jadue ocuparon parte del tiempo en establecer que no era su defendido quien se encargaba de los dineros de la Asociación de Farmacias Populares, sino que el tesorero, el edil de Valparaíso, Jorge Sharp, así como que no se relacionaba directamente con los proveedores de Achifarp, labor de los secretarios ejecutivos; y cuestionó declaraciones de testigos. Desde los acusadores, se expusieron nuevos antecedentes que indicarían la participación directa de Jadue en los delitos de administración desleal, cohecho, fraude al fisco, estafa y delito concursal. Indicaron que todas las decisiones de Achifarp las tomaba el acusado. PUBLICIDAD Brito recordó que estas audiencias no son un juicio y explicó que tomó la decisión por la irreprochable conducta anterior, que Jadue ya no es alcalde, lo que bajaría una eventual pena, que no salió del país cuando pudo y recomendaciones del CIDH de evitar la cárcel preventiva. Juan Carlos Manríquez, abogado de Jadue, indicó tras la audiencia que “la resolución de la jueza destruye total y completamente los supuestos delitos que se le estaban atribuyendo”. Además aseguró que hubo manipulación en los metadatos de pruebas clave y que los supuestos estafados “recibieron hasta 500 millones”. El presidente del PC, Lautaro Carmona, declaró que “hay un cambio de cautelar, o sea, se podía. Me parece muy bien”. Por su parte, la diputada Marlene Pérez (Ind./UDI) señaló que “da la impresión de que se termina cediendo ante las presiones del Partido Comunista”. La Fiscalía adelantó que apelará a la revocación. El persecutor, Marcelo Cabrera, explicó que “los antecedentes nuevos los entregamos nosotros y tienden a dar mayor verosimilitud en cuanto a la participación, a cómo se gestaron incluso las estafas, los cohechos. Pero existen los canales formales y legales en los que nosotros vamos a operar, que fundamentalmente es un recurso ante la corte para revertir esta situación”.
Más allá de que nadie está obligado a usar de mala manera ningún sistema, ha habido coincidencia en los últimos días en que el formato de nombramiento de cargos, por ejemplo, en la Corte Suprema, el fiscal nacional, director de la PDI u otros, llama a gritos al tráfico de influencias. Sin embargo, aunque la crítica tiene años, poco se ha hecho por cambiarlo. PUBLICIDAD Sí ha habido modificaciones, pero no de fondo, la que llama a la corrupción, los llamados y, en el último tiempo, los mensajes por Whatsapp. El exministro de Justicia José Antonio Gómez comenta que algo se ha intentado. “Se hizo una reforma para que se resolvieran los nombramientos. En el caso de la Corte Suprema, con la conformación de esta quina por el Poder Judicial, el nombre lo elige el Presidente y la aprobación o rechazo le corresponde al Senado. Es una forma plenamente democrática, ya que participan los tres poderes del Estado”, dice el abogado tras participar del Aniversario de la U. Bernardo O’Higgins. Desde la Asociación Nacional de Magistrados aseguran que han estado demandando durante más de tres décadas a todo tipo de autoridades una reforma y a la vista está “que se desplieguen conductas en paralelo a las reglas legales, relacionamientos impropios con autoridades políticas que se erigen como gestores de intereses”. Ahora bien, que los propios jueces deban “gestionar su promoción ante autoridades políticas no implica que haya actos de corrupción, sino que refleja un sistema defectuoso”, agregan. Está de acuerdo el exministro Gómez: “Es natural que quienes están postulando den a conocer su interés y probablemente lo hagan con algunos incumbentes en el nombramiento, así como enviar antecedentes para que sean considerados en la propuesta. El problema está en que si ese nombramiento lleva algún acuerdo con el que se conversa para devolver favores en el futuro. Ahí existe un tráfico inaceptable”, sostiene. El diputado Raúl Leiva (PS), miembro de la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento, comenta que “esta es una materia que ha sido objeto de interés y discusión al interior del Congreso Nacional. Lo más cercano fueron las discusiones que se dieron en los procesos constitucionales y particularmente la propuesta en el segundo intento de la Comisión Experta, pero hasta el momento no existen proyectos concretos tramitándose en la comisión”. Desde la oposición, Camila Flores (RN), diputada de la misma comisión, señalaba incluso antes de la explosión del Caso Audios que “se necesitan hacer modificaciones profundas en los nombramientos del Poder Judicial, no basta un simple maquillaje. Hay que entrar en el fondo de los nombramientos, porque no puede ocurrir que tengamos acusaciones de corrupción, de tráfico de influencias. Hay que cuidar la independencia del Poder Judicial”. PUBLICIDAD Nuevo modelo de nombramientos Una propuesta elaborada por los profesores Hernán Larraín (exministro de Justicia) y Nicolás Frías, del Programa de Reformas a la Justicia de la Facultad de Derecho de la U. Católica, fue entregada a principios de agosto al presidente de la Corte Suprema, Ricardo Blanco, y al ministro de Justicia, Luis Cordero. El documento propone un nuevo modelo de nombramiento de jueces que no demore más de 30 días, la creación de una Comisión de Nombramientos Judiciales, mediante un procedimiento público basado en el mérito, sin interferencia de tribunales ni del Presidente, excepto para miembros de la Corte Suprema. La diputada Camila Flores (RN) aseguraba que, por ahora, “no ha llegado ningún proyecto que venga a perfeccionar el sistema de nombramiento de jueces. Este es un proyecto que es urgente y que debe venir del Gobierno porque implica gasto fiscal”. Su par Raúl Leiva (PS) observa que hay normas que podrían ampliarse para cubrir esta necesidad. “Esperamos que habida consideración de toda la problemática de lo que ya se aprobó en segundo trámite constitucional en el Senado respecto del sistema de nombramiento de auxiliares de la administración de Justicia, también se pueda extender al nombramiento de jueces y ministros de los tribunales superiores”, manifiesta. José Antonio Gómez, exministro de Justicia bajo tres presidencias, ve posibles cambios, pero también que una modificación legal podría no terminar con los telefonazos. “Se pueden buscar fórmulas para mejorar los nombramientos y sancionar a aquellos que cometen actos irregulares. En el gobierno de Ricardo Lagos se intentó generar un sistema de nombramiento a través de un Consejo, pero no hubo acuerdo y, de todas maneras, también puede ser vulnerado. Creo que la forma más eficaz es que las sanciones sean muy drásticas y con ello ejemplificadoras”.
Leer las 770 mil páginas de conversaciones del celular de Luis Hermosilla tomará días, pero la defensa ya sabe cómo va a hacer públicos esos chats. Las filtraciones siguen apareciendo y un involucrado, el ministro de la Segpres, Álvaro Elizalde, tuvo que explicar su rol. PUBLICIDAD Fue el propio abogado de Luis Hermosilla, su hermano Juan Pablo, quien detalló que revelarán chats de “interés público, no cosas de la vida privada” y de acuerdo a un protocolo. El defensor indicó que “primero, que sea simultánea, todos los personajes que estén vinculados al Poder Judicial, al Ministerio Público, los que pueden haber sido autoridades con las cuales hubo contacto, y al mismo tiempo darles la oportunidad a ellos de que den su versión primero de qué es lo que pasó y si no, nosotros daremos la versión”. La idea es publicar una lista con la fecha, la persona con que se conversa y el motivo, en general, del contacto. El profesional aseguró que “he hablado con editores de medios para recibir consejo, porque no quiero violar la privacidad ni el secreto profesional”. Hermosilla argumentó que el revelar ciertas conversaciones pretende frenar las filtraciones surgidas a raíz de la apertura de nuevas aristas por parte de Fiscalía, que, según él, han “manipulado” el caso. Uno de esos nombres ya filtrados fue el de la fiscal regional metropolitana Oriente, Lorena Parra, quien alegó en contra de Luis Hermosilla y quien tenía mensajes con el abogado e incluso le envió su currículum. “Ella es una fiscal seria. Son otras personas en el Ministerio Público las que están filtrando y contaminando políticamente esta causa”, señaló Juan Pablo Hermosilla. Otro nombre que ha aparecido es el de Álvaro Elizalde, quien era senador cuando Hermosilla le escribió sobre él al abogado Francisco Feres, socio y amigo de la familia Jalaff, señalando que Elizalde “se está jugando por Ángel Valencia” para fiscal nacional, mientras que Hermosilla hacía lobby en favor de José Morales, según publicó La Tercera. Elizalde, hoy ministro de la Segpres, recordó que siempre se ha sabido que mantiene una amistad con Valencia desde la universidad, que no hizo campaña por nadie, que de hecho votó por los otros dos postulantes anteriores, Morales y Herrera, por ser la opción del Ejecutivo, y que cuando se votó para elegir a Valencia, él se abstuvo públicamente. PUBLICIDAD “No tengo mensajes con él (Hermosilla) ni tengo su teléfono. Él me menciona en un WhatsApp que envía a otra persona, no podemos (en el Gobierno) hacernos cargo de eso”, indicó Elizalde. Finalmente, por la arista de la seremi de Vivienda, el diputado Luis Cuello (PC) presentó una propuesta para crear una comisión especial investigadora.
Arista Grupo Patio se le ha denominado al chat en que Luis Hermosilla aboga ante el seremi de Vivienda de la RM, en 2020, para que ese grupo empresarial consiguiera en tiempo récord permisos de construcción, en Lampa, para la empresa que lideraba Álvaro Jalaff. El asunto se va a investigar, al menos, en dos vías, porque el actual ministro de la cartera, Carlos Montes, anunció un sumario interno, mientras que la Fiscalía abrió una investigación por la arista. El exministro Felipe Ward defendió su inocencia. PUBLICIDAD “Hay que ver si hay o no posibles delitos o posibles transgresiones a la norma. La Seremi, que es donde todo esto se procesa, está revisando todas las actas y todos los procesos previos para ver cuál es la situación de los hechos ocurridos en la administración anterior”, aseguró Montes. El ministro detalló que aunque el cabildeo es una práctica común en los ministerios y que le parecía “raro” que el trámite se estuviese demorando tanto, se debe realizar bajo la Ley de Lobby. “En mi gestión habré recibido unos seis o siete proyectos grandes que piden audiencias por lobby. Por lo tanto, eso en sí mismo, no tiene anormalidad”, señaló Montes, aunque aclaró que “hasta qué punto un lobby lleva a alterar una decisión normal es lo que hay que investigar. Tenemos que revisar exactamente qué significaron las gestiones desde el punto de vista de alterar el orden, de darle prioridad y qué implicó en las decisiones que se tomaron”. En tanto, la Fiscalía Oriente, abrió una nueva investigación a raíz de esta arista en la que indagará si es que el entonces ministro Felipe Ward cometió alguna irregularidad cuando lideraba esa cartera. De acuerdo a los antecedentes publicados esta semana por Ciper, fue el entonces secretario regional Manuel José Errázuriz, quien confirmó que recibió presiones del entonces ministro para “apurar la tramitación”. Ante toda esta polémica, el entonces ministro, Felipe Ward, negó haber recibido presiones para acelerar ese proyecto. “Mi nombre ha sido mencionado a propósito del caso Audios ¿Qué es lo que se ha dicho? Que desde el Ministerio de Vivienda impulsamos y aceleramos un proyecto por petición de una persona. Eso es totalmente falso. Sí es cierto que nuestro gobierno tomó la decisión de destrabar, de impulsar y de acelerar cerca de 200 proyectos de inversión que generaban justamente inversión y empleo. Y en esa lista estaba este proyecto”, indicó Ward. “Es bueno ser precisos, respetar la presunción de inocencia y no inventar explicaciones respecto de un tema donde el dato mata al relato”, agregó el exministro. Al cierre de esta edición, la PDI y la Fiscalía Oriente realizaban diligencias en las oficinas del Grupo Patio. PUBLICIDAD Hoy se discutirán cautelares de acusados El abogado Juan Pablo Hermosilla tendrá hoy otra diligencia clave, pues se realizará la audiencia de apelación por la prisión preventiva de su hermano, Luis Hermosilla, gestión que también realizará la abogada de María Leonarda Villalobos. Los argumentos de la defensa de Hermosilla se conocieron el martes y apuntan a una medida desproporcionada además de un agravio, mientras que en el caso de Villalobos, es injustificada además de demasiado elevada para el delito y la eventual participación de su defendida. Ayer, en tanto, un equipo de la oficina de Juan Pablo Hermosilla llegó hasta la Fiscalía Metropolitana Oriente para recibir el archivo digital con las 770 mil páginas de las transcripciones de los chats, mensajes y otros archivos obtenidos del teléfono de su hermano. La solicitud de la defensa, aceptada por el Juzgado, se basa en la idea de tener los mismos antecedentes que la Fiscalía, aunque las palabras de Juan Pablo Hermosilla se han interpretado como una amenaza, pues ha manifestado que se ha hecho una elección mañosa de las conversaciones publicadas y él ahora podrá hacer públicas las que desee. Desde el Ejecutivo reiteraron ayer que no existe ningún temor por las posibles conversaciones entre Hermosilla y autoridades de Gobierno. El subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, detalló que “la única preocupación sería que se ocultara información. Y en este caso nos parece bien que los datos estén disponibles y que si hay delito, sea investigado y sancionado”. Uno de los diputados querellantes, Daniel Manouchehri (PS) agregó que “sí, esperamos que hagan públicas las conversaciones del señor (Luis) Hermosilla con el fiscal Guerra, con la ministra Vivanco, con el ministro de la Corte de Apelaciones Antonio Ulloa, con su amigo, que estaba en el corazón de la red, el señor Chadwick”. Para Miguel Mellado (RN), “los oficialistas quieren situar el tema de Lucho Hermosilla en un sector, pero yo les recordaría que Crispi desde 2017 iba a las oficinas de Luis Hermosilla, le decía tío, y le diría a los socialistas de la relación que tenía Hermosilla con Michelle Bachelet, que la defendió en más de cinco oportunidades”. Otra diputada querellante, Camila Musante (Ind-PPD), denunció amenazas y solicitó medidas de protección luego de haber recibido encomiendas sospechosas, una con un celular y otra que no abrió, y un ciberataque. En tanto, en la arista Factop, la declaración de Tonka Tomicic, en calidad de testigo, ya tiene fecha: será este lunes 9 de septiembre.
El asunto ocupó largo rato de la exposición del abogado de Daniel Jadue, Juan Carlos Manríquez, el día en que se decidió el paso de prisión preventiva a arresto domiciliario del exalcalde de Recoleta. El representante intentó demostrar ante el Juzgado de Garantía que muchas de las responsabilidades que se le achacaban al militante del PC en la Achifarp no le eran propias, por lo que, al menos en esas aristas, no le correspondía estar preso a su cliente. PUBLICIDAD Buena parte de esos dardos iban en contra Jorge Sharp, alcalde de Valparaíso, quien era tesorero de la organización y quien no dejó pasar otro día sin dar sus descargos. En la jornada de ayer, Manríquez dijo a radio Universo que no se descartaba pedir el juez que cite a declarar a Sharp, porque “las facultades de control sobre la cuenta corriente, los cheques y todo aquello, es del tesorero”, acusación que afirmó con la declaración entregada el 18 de abril por el administrador público y exfuncionario de Recoleta Marco Antonio Fernández, quien acusó al jefe comunal de Valparaíso de “irresponsabilidad, desidia y administración desleal” durante su paso por la Achifarp. Manríquez puntualizó que “no se trata de trasladar responsabilidades gratuitamente, sino que dejar establecido que en una organización compleja, no todo es cuestión de todos”. El alcalde de Valparaíso respondió a las acusaciones. Jorge Sharp expuso ayer que “no logramos entender de qué forma posibles delitos que son asociados a conductas cometidas en Recoleta pueden llegar a tener relación con Valparaíso”. Sobre la posibilidad de volver a declarar, el edil indicó que “nos interesa que esta investigación siga su curso y se resuelva según los antecedentes que se aportaron en el marco del juicio para el cual hemos colaborado y lo seguiremos haciendo”. En una arista más política del caso Jadue, el Gobierno aseguró no creer que la crítica expuesta por el exalcalde el día que salió de prisión haya sido dirigida al Presidente Boric. “Lamento el maltrato de todos los que se han ufanado y han festinado con la pérdida de la libertad de cualquier ser humano”, dijo ese día. Aunque Boric reafirmó el lunes su alegría por el hecho de que Luis Hermosilla esté en prisión, la ministra vocera, Camila Vallejo, aseguró sobre el posible blanco de la crítica que “no, en lo absoluto, no”.
El Tercer Juzgado de Garantía de Santiago revocó ayer la prisión preventiva en que se encontraba el exalcalde de Recoleta, Daniel Jadue, quien asistió telemáticamente por encontrarse enfermo, y cambió la medida cautelar por la de arresto domiciliario, arraigo nacional y prohibición de comunicarse con los otros imputados. El acusado por el caso Farmacias lanzó una dura crítica al salir del anexo cárcel Capitán Yáber, en medio del apoyo de sus adherentes, mientras los querellantes aseguraron que apelarán a la medida. PUBLICIDAD Jadue salió del lugar donde estuvo recluido por 91 días evidentemente contento, saludando a su pareja y a la gente que llegó a darle su apoyo. En el corto trayecto a un vehículo que lo llevó a su casa en La Reina, el exalcalde PC indicó que “estoy muy contento porque se restablecen derechos, muy contento con el fallo, porque no dio por acreditada la comisión de ningún delito. Y ahora, a demostrar mi inocencia”, manifestó Jadue. Seguido a eso, el militante del PC hizo una crítica donde tocó una de las frases del Presidente, Gabriel Boric, más criticadas de los últimos días. “Sólo quiero lamentar todo el maltrato de todos los que se han ufanado y festinado con la pérdida de libertad de cualquier ser humano”, declaró Daniel Jadue. La semana pasada, al conocerse la prisión preventiva en la que quedaba Luis Hermosilla, Boric señaló: “Qué bueno que los que se creían poderosos vayan también a la cárcel”. La revocación de la medida cautelar fue dictaminada por la jueza Paula Brito, luego de escuchar alegatos de acusadores y defensores. Los abogados de Jadue ocuparon parte del tiempo en establecer que no era su defendido quien se encargaba de los dineros de la Asociación de Farmacias Populares, sino que el tesorero, el edil de Valparaíso, Jorge Sharp, así como que no se relacionaba directamente con los proveedores de Achifarp, labor de los secretarios ejecutivos; y cuestionó declaraciones de testigos. Desde los acusadores, se expusieron nuevos antecedentes que indicarían la participación directa de Jadue en los delitos de administración desleal, cohecho, fraude al fisco, estafa y delito concursal. Indicaron que todas las decisiones de Achifarp las tomaba el acusado. PUBLICIDAD Brito recordó que estas audiencias no son un juicio y explicó que tomó la decisión por la irreprochable conducta anterior, que Jadue ya no es alcalde, lo que bajaría una eventual pena, que no salió del país cuando pudo y recomendaciones del CIDH de evitar la cárcel preventiva. Juan Carlos Manríquez, abogado de Jadue, indicó tras la audiencia que “la resolución de la jueza destruye total y completamente los supuestos delitos que se le estaban atribuyendo”. Además aseguró que hubo manipulación en los metadatos de pruebas clave y que los supuestos estafados “recibieron hasta 500 millones”. El presidente del PC, Lautaro Carmona, declaró que “hay un cambio de cautelar, o sea, se podía. Me parece muy bien”. Por su parte, la diputada Marlene Pérez (Ind./UDI) señaló que “da la impresión de que se termina cediendo ante las presiones del Partido Comunista”. La Fiscalía adelantó que apelará a la revocación. El persecutor, Marcelo Cabrera, explicó que “los antecedentes nuevos los entregamos nosotros y tienden a dar mayor verosimilitud en cuanto a la participación, a cómo se gestaron incluso las estafas, los cohechos. Pero existen los canales formales y legales en los que nosotros vamos a operar, que fundamentalmente es un recurso ante la corte para revertir esta situación”.
Más allá de que nadie está obligado a usar de mala manera ningún sistema, ha habido coincidencia en los últimos días en que el formato de nombramiento de cargos, por ejemplo, en la Corte Suprema, el fiscal nacional, director de la PDI u otros, llama a gritos al tráfico de influencias. Sin embargo, aunque la crítica tiene años, poco se ha hecho por cambiarlo. PUBLICIDAD Sí ha habido modificaciones, pero no de fondo, la que llama a la corrupción, los llamados y, en el último tiempo, los mensajes por Whatsapp. El exministro de Justicia José Antonio Gómez comenta que algo se ha intentado. “Se hizo una reforma para que se resolvieran los nombramientos. En el caso de la Corte Suprema, con la conformación de esta quina por el Poder Judicial, el nombre lo elige el Presidente y la aprobación o rechazo le corresponde al Senado. Es una forma plenamente democrática, ya que participan los tres poderes del Estado”, dice el abogado tras participar del Aniversario de la U. Bernardo O’Higgins. Desde la Asociación Nacional de Magistrados aseguran que han estado demandando durante más de tres décadas a todo tipo de autoridades una reforma y a la vista está “que se desplieguen conductas en paralelo a las reglas legales, relacionamientos impropios con autoridades políticas que se erigen como gestores de intereses”. Ahora bien, que los propios jueces deban “gestionar su promoción ante autoridades políticas no implica que haya actos de corrupción, sino que refleja un sistema defectuoso”, agregan. Está de acuerdo el exministro Gómez: “Es natural que quienes están postulando den a conocer su interés y probablemente lo hagan con algunos incumbentes en el nombramiento, así como enviar antecedentes para que sean considerados en la propuesta. El problema está en que si ese nombramiento lleva algún acuerdo con el que se conversa para devolver favores en el futuro. Ahí existe un tráfico inaceptable”, sostiene. El diputado Raúl Leiva (PS), miembro de la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento, comenta que “esta es una materia que ha sido objeto de interés y discusión al interior del Congreso Nacional. Lo más cercano fueron las discusiones que se dieron en los procesos constitucionales y particularmente la propuesta en el segundo intento de la Comisión Experta, pero hasta el momento no existen proyectos concretos tramitándose en la comisión”. Desde la oposición, Camila Flores (RN), diputada de la misma comisión, señalaba incluso antes de la explosión del Caso Audios que “se necesitan hacer modificaciones profundas en los nombramientos del Poder Judicial, no basta un simple maquillaje. Hay que entrar en el fondo de los nombramientos, porque no puede ocurrir que tengamos acusaciones de corrupción, de tráfico de influencias. Hay que cuidar la independencia del Poder Judicial”. PUBLICIDAD Nuevo modelo de nombramientos Una propuesta elaborada por los profesores Hernán Larraín (exministro de Justicia) y Nicolás Frías, del Programa de Reformas a la Justicia de la Facultad de Derecho de la U. Católica, fue entregada a principios de agosto al presidente de la Corte Suprema, Ricardo Blanco, y al ministro de Justicia, Luis Cordero. El documento propone un nuevo modelo de nombramiento de jueces que no demore más de 30 días, la creación de una Comisión de Nombramientos Judiciales, mediante un procedimiento público basado en el mérito, sin interferencia de tribunales ni del Presidente, excepto para miembros de la Corte Suprema. La diputada Camila Flores (RN) aseguraba que, por ahora, “no ha llegado ningún proyecto que venga a perfeccionar el sistema de nombramiento de jueces. Este es un proyecto que es urgente y que debe venir del Gobierno porque implica gasto fiscal”. Su par Raúl Leiva (PS) observa que hay normas que podrían ampliarse para cubrir esta necesidad. “Esperamos que habida consideración de toda la problemática de lo que ya se aprobó en segundo trámite constitucional en el Senado respecto del sistema de nombramiento de auxiliares de la administración de Justicia, también se pueda extender al nombramiento de jueces y ministros de los tribunales superiores”, manifiesta. José Antonio Gómez, exministro de Justicia bajo tres presidencias, ve posibles cambios, pero también que una modificación legal podría no terminar con los telefonazos. “Se pueden buscar fórmulas para mejorar los nombramientos y sancionar a aquellos que cometen actos irregulares. En el gobierno de Ricardo Lagos se intentó generar un sistema de nombramiento a través de un Consejo, pero no hubo acuerdo y, de todas maneras, también puede ser vulnerado. Creo que la forma más eficaz es que las sanciones sean muy drásticas y con ello ejemplificadoras”.
