La Fiscalía presentó la acusación en contra de la diputada Catalina Pérez, solicitando 10 años y 1 día de presidio mayor en su grado mínimo, por tres delitos consumados de fraude al fisco. El ente persecutor también solicitó penas para Carlos Contreras, Daniel Andrade y Paz Fuica en el marco del caso Democracia Viva, relacionado con convenios de transferencia con el Serviu de Antofagasta. En el documento presentado, se pidió una multa equivalente a la mitad del perjuicio causado, inhabilitación absoluta perpetua para cargos y oficios públicos y derechos políticos. Además, se incluyó la solicitud de inhabilitación absoluta para profesiones titulares mientras dure la condena, e inhabilitación absoluta perpetua para ejercer cargos, empleos, oficios o profesiones en empresas que contraten con órganos o empresas del Estado o con empresas o asociaciones en que este tenga una participación mayoritaria; o en empresas que participen en concesiones otorgadas por el Estado o cuyo objeto sea la provisión de servicios de utilidad pública y costas. Fuente: CNN Chile País
Alberto Larraín, uno de los principales investigados por el Ministerio Público en una de las aristas del caso Convenios, se refirió esta mañana a los vínculos que la Fundación ProCultura habría tenido en el financiamiento de la campaña presidencial de Gabriel Boric. El psiquiatra, exlíder de la fundación indagada por la Fiscalía, expuso en un extenso comunicado los detalles de su supuesta relación con el mandatario y otros integrantes del Gobierno, en los que aclaró no haber aportado con dineros de su fundación recibidos por proyectos financiados con dineros de la administración pública a la campaña presidencial de Boric. Los vínculos de Larraín con Gabriel Boric “Estamos prontos a cumplir dos años desde que se iniciara el caso Democracia Viva, que afectó a muchas fundaciones que llevaban años de trabajo, entre ellas la Fundación ProCultura. En 14 años de trabajo la Fundación ProCultura nunca tuvo problemas de rendición de recursos o ejecución de proyectos. Estuvo presente en varias regiones del país y contó con decenas de trabajadores. Sin embargo, la prensa informó de irregularidades de la expareja del Presidente de la República, Irina Karamanos, quien había trabajado en la Fundación, asociadas a depósitos irregulares de su sueldo. Todo fue desestimado por el Ministerio Público”, inició Larraín. “De manera similar, se intentó cuestionar mi vínculo como asesor ad honorem del entonces diputado Gabriel Boric en materias de salud mental, a pesar de que ese trabajo incluyó a parlamentarios de diversas bancadas políticas y fue siempre de carácter voluntario”, explicó el psiquiatra. “En relación a lo mismo, estos días han vuelto a surgir una serie de supuestos o hechos descontextualizados, que considero importante aclarar”, agregó el profesional, quien insistió en que “nunca se generó financiamiento desde la Fundación ProCultura a la campaña presidencial de Gabriel Boric, ni a ninguna otra campaña política”. La indagatoria por Caso Convenios “La Fundación ProCultura no tenía adherencia política, por el contrario, tenía convicción de que el trabajo con las distintas sensibilidades era fundamental para el trabajo en las zonas más vulnerables”, dijo Larraín, quien incluso aseveró que varios de “los proyectos cuestionados fueron impulsados durante el gobierno anterior”. “Varios de los proyectos hoy investigados, como aquellos del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, y el proyecto de recuperación de fachadas en Antofagasta, fueron promovidos bajo la administración del expresidente Sebastián Piñera. Fue el propio Estado o los Gobiernos Regionales los que acudieron a la Fundación para hacer de ejecutor”, explicó Larraín, quien además aseguró no haberse “enriquecido con este proceso”. “Por el contrario, cuando se desató la crisis y el Estado decidió cancelar convenios, desestimar licitaciones ya adjudicadas e incluso impedir la recepción de donaciones privadas, esto produjo su quiebra. En ese momento, nuestra prioridad fue proteger a los trabajadores, y muchos de nosotros suspendimos nuestras remuneraciones”, puntualizó. “Espero que las opiniones sean más informadas, menos descontextualizadas, y así quienes tienen la misión de informar casos complejos a la ciudadanía respeten principios básicos de nuestro ordenamiento jurídico, cómo son, entre otros, el principio de inocencia”, finalizó. Fuente: Publimetro
A pesar de las acusaciones y la investigación de la Fiscalía en su contra, la diputada desaforada reafirmó su inocencia y negó haber cometido cualquier delito, manifestando su confianza en que la situación se resolverá prontamente. La diputada Catalina Pérez, formalizada por fraude al fisco en el Caso Convenios, se mostró firme en su defensa tras la medida cautelar de arresto domiciliario total impuesta por el Juzgado de Garantía de Antofagasta. Pérez afirmó que cumplirá con la decisión judicialcon la convicción de mi inocencia y expresó su esperanza de que la situación se resuelva rápidamente. Cumpliré la medida que me ha sido impuesta por el tribunal con la convicción de mi inocencia y espero que esta situación se resuelva con prontitud porque no he cometido ningún delito, sostuvo. Cabe señalar que Pérez enfrenta cargos por su presunta participación en la facilitación de convenios por $426 millones entre la Fundación Democracia Viva —liderada por su expareja, Daniel Andrade — y la Seremi de Vivienda de Antofagasta, dirigida entonces por Carlos Contreras, exjefe de gabinete de la diputada. El pronunciamiento de la ex vicepresidenta de la Cámara Baja se produce tras la formalización realizada por la Fiscalía, que le acusa de haber intervenido directamente en asignación los fondos públicos, pese a que la fundación no cumplía con los requisitos legales. De acuerdo con el Ministerio Público, existen además conversaciones entre Pérez y Andrade que revelarían un intento por simular una estructura operativa inexistente. Pérez ha reiterado en diversas oportunidades que no participó en firma ni gestión los convenios y no ha recibido ningún tipo beneficio económico. Fuente: CNN Chile País
La Fiscalía presentó la acusación en contra de la diputada Catalina Pérez, solicitando 10 años y 1 día de presidio mayor en su grado mínimo, por tres delitos consumados de fraude al fisco. El ente persecutor también solicitó penas para Carlos Contreras, Daniel Andrade y Paz Fuica en el marco del caso Democracia Viva, relacionado con convenios de transferencia con el Serviu de Antofagasta. En el documento presentado, se pidió una multa equivalente a la mitad del perjuicio causado, inhabilitación absoluta perpetua para cargos y oficios públicos y derechos políticos. Además, se incluyó la solicitud de inhabilitación absoluta para profesiones titulares mientras dure la condena, e inhabilitación absoluta perpetua para ejercer cargos, empleos, oficios o profesiones en empresas que contraten con órganos o empresas del Estado o con empresas o asociaciones en que este tenga una participación mayoritaria; o en empresas que participen en concesiones otorgadas por el Estado o cuyo objeto sea la provisión de servicios de utilidad pública y costas. Fuente: CNN Chile País
Alberto Larraín, uno de los principales investigados por el Ministerio Público en una de las aristas del caso Convenios, se refirió esta mañana a los vínculos que la Fundación ProCultura habría tenido en el financiamiento de la campaña presidencial de Gabriel Boric. El psiquiatra, exlíder de la fundación indagada por la Fiscalía, expuso en un extenso comunicado los detalles de su supuesta relación con el mandatario y otros integrantes del Gobierno, en los que aclaró no haber aportado con dineros de su fundación recibidos por proyectos financiados con dineros de la administración pública a la campaña presidencial de Boric. Los vínculos de Larraín con Gabriel Boric “Estamos prontos a cumplir dos años desde que se iniciara el caso Democracia Viva, que afectó a muchas fundaciones que llevaban años de trabajo, entre ellas la Fundación ProCultura. En 14 años de trabajo la Fundación ProCultura nunca tuvo problemas de rendición de recursos o ejecución de proyectos. Estuvo presente en varias regiones del país y contó con decenas de trabajadores. Sin embargo, la prensa informó de irregularidades de la expareja del Presidente de la República, Irina Karamanos, quien había trabajado en la Fundación, asociadas a depósitos irregulares de su sueldo. Todo fue desestimado por el Ministerio Público”, inició Larraín. “De manera similar, se intentó cuestionar mi vínculo como asesor ad honorem del entonces diputado Gabriel Boric en materias de salud mental, a pesar de que ese trabajo incluyó a parlamentarios de diversas bancadas políticas y fue siempre de carácter voluntario”, explicó el psiquiatra. “En relación a lo mismo, estos días han vuelto a surgir una serie de supuestos o hechos descontextualizados, que considero importante aclarar”, agregó el profesional, quien insistió en que “nunca se generó financiamiento desde la Fundación ProCultura a la campaña presidencial de Gabriel Boric, ni a ninguna otra campaña política”. La indagatoria por Caso Convenios “La Fundación ProCultura no tenía adherencia política, por el contrario, tenía convicción de que el trabajo con las distintas sensibilidades era fundamental para el trabajo en las zonas más vulnerables”, dijo Larraín, quien incluso aseveró que varios de “los proyectos cuestionados fueron impulsados durante el gobierno anterior”. “Varios de los proyectos hoy investigados, como aquellos del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, y el proyecto de recuperación de fachadas en Antofagasta, fueron promovidos bajo la administración del expresidente Sebastián Piñera. Fue el propio Estado o los Gobiernos Regionales los que acudieron a la Fundación para hacer de ejecutor”, explicó Larraín, quien además aseguró no haberse “enriquecido con este proceso”. “Por el contrario, cuando se desató la crisis y el Estado decidió cancelar convenios, desestimar licitaciones ya adjudicadas e incluso impedir la recepción de donaciones privadas, esto produjo su quiebra. En ese momento, nuestra prioridad fue proteger a los trabajadores, y muchos de nosotros suspendimos nuestras remuneraciones”, puntualizó. “Espero que las opiniones sean más informadas, menos descontextualizadas, y así quienes tienen la misión de informar casos complejos a la ciudadanía respeten principios básicos de nuestro ordenamiento jurídico, cómo son, entre otros, el principio de inocencia”, finalizó. Fuente: Publimetro
A pesar de las acusaciones y la investigación de la Fiscalía en su contra, la diputada desaforada reafirmó su inocencia y negó haber cometido cualquier delito, manifestando su confianza en que la situación se resolverá prontamente. La diputada Catalina Pérez, formalizada por fraude al fisco en el Caso Convenios, se mostró firme en su defensa tras la medida cautelar de arresto domiciliario total impuesta por el Juzgado de Garantía de Antofagasta. Pérez afirmó que cumplirá con la decisión judicialcon la convicción de mi inocencia y expresó su esperanza de que la situación se resuelva rápidamente. Cumpliré la medida que me ha sido impuesta por el tribunal con la convicción de mi inocencia y espero que esta situación se resuelva con prontitud porque no he cometido ningún delito, sostuvo. Cabe señalar que Pérez enfrenta cargos por su presunta participación en la facilitación de convenios por $426 millones entre la Fundación Democracia Viva —liderada por su expareja, Daniel Andrade — y la Seremi de Vivienda de Antofagasta, dirigida entonces por Carlos Contreras, exjefe de gabinete de la diputada. El pronunciamiento de la ex vicepresidenta de la Cámara Baja se produce tras la formalización realizada por la Fiscalía, que le acusa de haber intervenido directamente en asignación los fondos públicos, pese a que la fundación no cumplía con los requisitos legales. De acuerdo con el Ministerio Público, existen además conversaciones entre Pérez y Andrade que revelarían un intento por simular una estructura operativa inexistente. Pérez ha reiterado en diversas oportunidades que no participó en firma ni gestión los convenios y no ha recibido ningún tipo beneficio económico. Fuente: CNN Chile País
