El proceso judicial que involucra al exfrentista Galvarino Apablaza sumó un nuevo capítulo este lunes, luego de que su defensa presentara una denuncia ante Naciones Unidas con el objetivo de frenar su eventual detención y extradición a Chile. La acción fue ingresada por el abogado Rodolfo Yanzón ante el Comité contra la Tortura del organismo internacional, en medio de la controversia generada por la reciente solicitud de la justicia argentina para ubicar al exintegrante del Frente Patriótico Manuel Rodríguez, quien no fue encontrado en su domicilio al momento de ser requerido por la policía. Desde la defensa insisten en que Apablaza “no es un prófugo” y que no tiene impedimentos legales para desplazarse dentro de territorio argentino. En esa línea, Yanzón sostuvo que tanto Chile como Argentina estarían incurriendo en una “ criminalización anticipada” de su representado, sin que exista una condena judicial firme en su contra. El trasfondo del caso se remonta a la solicitud de la justicia chilena, que busca la extradición de Apablaza para que enfrente cargos por su presunta participación en el asesinato del senador Jaime Guzmán, crimen ocurrido en 1991 y que marcó profundamente la transición política en el país. En un documento de 11 páginas, la defensa argumenta que la eventual extradición implicaría un “riesgo de daño irreparable” para Apablaza, considerando tanto las posibles penas como su edad y estado de salud. Por ello, solicitó la adopción de medidas cautelares que ordenen al Estado argentino abstenerse de ejecutar la extradición mientras se revisa el caso. Asimismo, según consignó La Tercera, el escrito plantea que el proceso de extradición debería iniciarse nuevamente por parte de Chile. Según Yanzón, el procedimiento abierto en 2004 estaría cerrado conforme a lo establecido en la legislación argentina sobre refugiados, lo que obligaría a reiniciar el trámite bajo nuevas condiciones. Otro de los puntos centrales de la denuncia apunta a que avanzar en la extradición mientras existen recursos pendientes vulneraría estándares internacionales. En particular, se menciona que los Estados deben “velar por que la persona pueda ejercer su derecho a recurrir la orden de expulsión ante un órgano administrativo y/o judicial independiente dentro de un plazo razonable a partir de la notificación de la orden”. La presentación ante Naciones Unidas también hace hincapié en el principio de “no devolución”, contemplado en la Convención contra la Tortura, que prohíbe trasladar a una persona a un país donde podría enfrentar riesgos de vulneración de sus derechos fundamentales. En ese contexto, la defensa calificó como “imperativo” que se otorguen medidas de protección a favor de Apablaza, suspendiendo cualquier decisión de extradición hasta que se resuelvan tanto su situación de asilo como las garantías de un eventual proceso judicial en Chile. “Es imperativo otorgar medidas de protección en favor del Sr. Galvarino Apablaza Guerra, ordenando al Estado argentino se abstenga de hacer lugar la extradición hasta tanto se resuelva el trámite de asilo y se analice la aplicabilidad del principio de no devolución en los términos del artículo 3 de la Convención contra la Tortura en un nuevo procedimiento de extradición con todas las garantías procesales correspondientes y con adecuada ponderación de las circunstancias del caso”, señala el documento. Fuente: Publimetro
Un caso que ha generado conmoción y críticas a nivel internacional cumple una semana sin resolverse en Estados Unidos. Se trata de Liam Conejo, un niño ecuatoriano de cinco años que permanece detenido junto a su padre en un centro de reclusión migratoria, luego de ser arrestado por agentes del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) en la ciudad de Minneapolis. Las imágenes del operativo, difundidas la semana pasada por medios estadounidenses, mostraron el momento en que el menor fue retenido por funcionarios migratorios, lo que provocó una ola de cuestionamientos sobre el trato a niños en procedimientos de control migratorio. Posteriormente, se confirmó que Liam fue trasladado junto a su padre, Adrián Conejo Arias, a un centro de detención ubicado en Dilley, Texas, a más de 1.800 kilómetros de su lugar de residencia. Según explicó el abogado de la familia, Eric Lee, el recinto donde se encuentran cumple funciones de detención familiar, pero presenta condiciones que calificó como “inhumanas”. “Es un lugar horrible. El agua potable es pútrida y muchas veces no se puede beber, y las comidas han contenido insectos, tierra y escombros”, denunció públicamente. Además, aseguró que los guardias mantienen un trato similar al de centros penitenciarios para adultos. “Los guardias son tan duros como los de las instalaciones para adultos. Este no es un lugar donde querrías tener a tu hijo ni siquiera por 15 minutos”, agregó. Desde ICE, en tanto, defendieron el procedimiento. La institución sostuvo que el objetivo del operativo era detener al padre del menor y que, tras su captura, los agentes “tutelaron” al niño. El principal funcionario del organismo en Minneapolis, Marcos Charles, afirmó que el menor fue cuidado por sus oficiales. “Después de realizar el arresto, mis oficiales lo cuidaron, lo llevaron a comprar algo de comer a un restaurante con servicio en el vehículo y pasaron horas asegurándose de que estuviera bien cuidado”, seguró. En Ecuador, el caso también ha generado reacciones. La ministra de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana, Gabriela Sommerfeld, señaló que Adrián Conejo habría solicitado que el Estado ecuatoriano no intervenga en su proceso, dado que prioriza su trámite de asilo en Estados Unidos. “Hay casos de ecuatorianos con petición de asilo que piden expresamente que el Estado no intervenga, y este sería uno de ellos”, explicó. Pese a ello, la canciller aseguró que el Gobierno ecuatoriano mantiene contacto con autoridades estadounidenses para monitorear la situación y velar por la integridad del menor y su familia, aun cuando se hayan cancelado reuniones previas solicitadas por la representación diplomática. “La familia nos ha cancelado las reuniones y, a pesar de ello, el Estado ecuatoriano está en contacto directo con las autoridades norteamericanas para velar por la integridad no solamente del niño, sino también de los adultos”, sostuvo. Fuente: Publimetro
El proceso judicial que involucra al exfrentista Galvarino Apablaza sumó un nuevo capítulo este lunes, luego de que su defensa presentara una denuncia ante Naciones Unidas con el objetivo de frenar su eventual detención y extradición a Chile. La acción fue ingresada por el abogado Rodolfo Yanzón ante el Comité contra la Tortura del organismo internacional, en medio de la controversia generada por la reciente solicitud de la justicia argentina para ubicar al exintegrante del Frente Patriótico Manuel Rodríguez, quien no fue encontrado en su domicilio al momento de ser requerido por la policía. Desde la defensa insisten en que Apablaza “no es un prófugo” y que no tiene impedimentos legales para desplazarse dentro de territorio argentino. En esa línea, Yanzón sostuvo que tanto Chile como Argentina estarían incurriendo en una “ criminalización anticipada” de su representado, sin que exista una condena judicial firme en su contra. El trasfondo del caso se remonta a la solicitud de la justicia chilena, que busca la extradición de Apablaza para que enfrente cargos por su presunta participación en el asesinato del senador Jaime Guzmán, crimen ocurrido en 1991 y que marcó profundamente la transición política en el país. En un documento de 11 páginas, la defensa argumenta que la eventual extradición implicaría un “riesgo de daño irreparable” para Apablaza, considerando tanto las posibles penas como su edad y estado de salud. Por ello, solicitó la adopción de medidas cautelares que ordenen al Estado argentino abstenerse de ejecutar la extradición mientras se revisa el caso. Asimismo, según consignó La Tercera, el escrito plantea que el proceso de extradición debería iniciarse nuevamente por parte de Chile. Según Yanzón, el procedimiento abierto en 2004 estaría cerrado conforme a lo establecido en la legislación argentina sobre refugiados, lo que obligaría a reiniciar el trámite bajo nuevas condiciones. Otro de los puntos centrales de la denuncia apunta a que avanzar en la extradición mientras existen recursos pendientes vulneraría estándares internacionales. En particular, se menciona que los Estados deben “velar por que la persona pueda ejercer su derecho a recurrir la orden de expulsión ante un órgano administrativo y/o judicial independiente dentro de un plazo razonable a partir de la notificación de la orden”. La presentación ante Naciones Unidas también hace hincapié en el principio de “no devolución”, contemplado en la Convención contra la Tortura, que prohíbe trasladar a una persona a un país donde podría enfrentar riesgos de vulneración de sus derechos fundamentales. En ese contexto, la defensa calificó como “imperativo” que se otorguen medidas de protección a favor de Apablaza, suspendiendo cualquier decisión de extradición hasta que se resuelvan tanto su situación de asilo como las garantías de un eventual proceso judicial en Chile. “Es imperativo otorgar medidas de protección en favor del Sr. Galvarino Apablaza Guerra, ordenando al Estado argentino se abstenga de hacer lugar la extradición hasta tanto se resuelva el trámite de asilo y se analice la aplicabilidad del principio de no devolución en los términos del artículo 3 de la Convención contra la Tortura en un nuevo procedimiento de extradición con todas las garantías procesales correspondientes y con adecuada ponderación de las circunstancias del caso”, señala el documento. Fuente: Publimetro
Un caso que ha generado conmoción y críticas a nivel internacional cumple una semana sin resolverse en Estados Unidos. Se trata de Liam Conejo, un niño ecuatoriano de cinco años que permanece detenido junto a su padre en un centro de reclusión migratoria, luego de ser arrestado por agentes del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) en la ciudad de Minneapolis. Las imágenes del operativo, difundidas la semana pasada por medios estadounidenses, mostraron el momento en que el menor fue retenido por funcionarios migratorios, lo que provocó una ola de cuestionamientos sobre el trato a niños en procedimientos de control migratorio. Posteriormente, se confirmó que Liam fue trasladado junto a su padre, Adrián Conejo Arias, a un centro de detención ubicado en Dilley, Texas, a más de 1.800 kilómetros de su lugar de residencia. Según explicó el abogado de la familia, Eric Lee, el recinto donde se encuentran cumple funciones de detención familiar, pero presenta condiciones que calificó como “inhumanas”. “Es un lugar horrible. El agua potable es pútrida y muchas veces no se puede beber, y las comidas han contenido insectos, tierra y escombros”, denunció públicamente. Además, aseguró que los guardias mantienen un trato similar al de centros penitenciarios para adultos. “Los guardias son tan duros como los de las instalaciones para adultos. Este no es un lugar donde querrías tener a tu hijo ni siquiera por 15 minutos”, agregó. Desde ICE, en tanto, defendieron el procedimiento. La institución sostuvo que el objetivo del operativo era detener al padre del menor y que, tras su captura, los agentes “tutelaron” al niño. El principal funcionario del organismo en Minneapolis, Marcos Charles, afirmó que el menor fue cuidado por sus oficiales. “Después de realizar el arresto, mis oficiales lo cuidaron, lo llevaron a comprar algo de comer a un restaurante con servicio en el vehículo y pasaron horas asegurándose de que estuviera bien cuidado”, seguró. En Ecuador, el caso también ha generado reacciones. La ministra de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana, Gabriela Sommerfeld, señaló que Adrián Conejo habría solicitado que el Estado ecuatoriano no intervenga en su proceso, dado que prioriza su trámite de asilo en Estados Unidos. “Hay casos de ecuatorianos con petición de asilo que piden expresamente que el Estado no intervenga, y este sería uno de ellos”, explicó. Pese a ello, la canciller aseguró que el Gobierno ecuatoriano mantiene contacto con autoridades estadounidenses para monitorear la situación y velar por la integridad del menor y su familia, aun cuando se hayan cancelado reuniones previas solicitadas por la representación diplomática. “La familia nos ha cancelado las reuniones y, a pesar de ello, el Estado ecuatoriano está en contacto directo con las autoridades norteamericanas para velar por la integridad no solamente del niño, sino también de los adultos”, sostuvo. Fuente: Publimetro
