Los diputados Roberto Arroyo (PSC) y Karen Medina (independiente) oficiaron a la ministra del Medioambiente, Maisa Rojas, solicitando información detallada sobre las medidas que la Superintendencia del Medioambiente y otros organismos vinculados a su cartera, están adoptando para monitorear, controlar y mitigar los posibles efectos negativos del proceso de cierre de la planta metalúrgica de Huachipato. La preocupación central radica en los impactos que este cierre podría tener tanto en el medioambiente como en la salud de las personas. PUBLICIDAD El diputado Arroyo explicó que “el inminente cierre de la planta no solo afectará gravemente la economía regional, dejando a miles de trabajadores desempleados, sino que también ha generado preocupación por los posibles riesgos ambientales en la población”. Diversas informaciones indican que la delegada presidencial de la región del Biobío, Daniela Dresner, manifestó inquietud ante la posible emisión de sustancias nocivas durante el proceso, pero hasta ahora no se ha entregado información clara a la comunidad sobre los potenciales riesgos ni las medidas de mitigación. Los legisladores enfatizaron en la importancia de que las comunidades cercanas sean debidamente informadas sobre los riesgos que podrían enfrentar y las acciones que se están implementando para minimizar cualquier impacto negativo. “Es fundamental que las personas sepan si están en una zona de riesgo y puedan tomar decisiones informadas sobre si permanecer en esos sectores. La salud es un tema importante y me preocupa que no haya claridad sobre este punto”, declaró Arroyo. Entre la información solicitada a la ministra en el oficio, los diputados pidieron detalles sobre la existencia de un plan de cierre aprobado por la autoridad ambiental, así como la identificación de sustancias nocivas que podrían emitirse, el plan de monitoreo en curso, los recursos humanos y financieros destinados a este proceso, y las coordinaciones realizadas con otros servicios públicos y el titular del proyecto para enfrentar una posible contaminación. Al respecto, la diputada Medina subrayó en la necesidad de un plan de difusión efectivo “las comunidades tienen que estar completamente informadas sobre las fechas, riesgos y medidas adoptadas durante el cierre de la planta, garantizando así un proceso transparente y seguro para todos los involucrados y para eso el Gobierno tiene que responder con prontitud”. “El cierre de la planta de Huachipato no solo representa un impacto económico para la región, sino que también plantea serios riesgos para el medioambiente y la salud de las personas. Es fundamental que el Gobierno y las autoridades competentes aseguren un proceso de cierre transparente y responsable”, concluyó la congresista.
Ad portas de que comiencen las celebraciones por Fiesta Patrias en el país, se registraron tres homicidios en la Región Metropolitana en menos de 24 horas, lo que ha generado preocupación por lo que podría ocurrir en materia de seguridad en esta semana festiva, considerando la inauguración masiva de fondas y la gran cantidad de personas que se van a movilizar a lo largo del país. PUBLICIDAD En este contexto, la diputada de la bancada de Renovación Nacional, María Luisa Cordero, recordó que hace un tiempo solicitó al Ejecutivo decretar estado de excepción en la RM ante el aumento de los homicidios y delitos vinculados al crimen organizado. “No es suficiente con medidas parciales, necesitamos acciones drásticas que devuelvan la tranquilidad a los vecinos de Santiago, San Bernardo y Puente Alto. El Estado de Excepción permitirá una coordinación más eficiente entre las Fuerzas Armadas y Carabineros para enfrentar este flagelo”, planteó la parlamentaria. El también diputado de la RM, Jorge Durán, junto con cuestionar las recientes cifras entregadas por el gobierno sobre la baja de homicidios, lamentó la inacción de las autoridades para evitar que tengamos que lamentar más muertes durante Fiestas Patrias: “Es preocupante ver cómo se difunden informes que afirman una disminución en la tasa de homicidios durante el primer semestre del año 2024, cuando la percepción de la ciudadanía en nuestras calles está en su punto más alto. Si bien cualquier disminución de la violencia es bienvenida, es fundamental que los datos sean claros, precisos y basados en metodología confiable”, sostuvo. A lo anterior, Durán agregó que “lamentablemente hemos visto que durante los fines de semana largo hay un aumento en los delitos violentos, particularmente en los homicidios y en ese sentido el gobierno debería haber sido más proactivo al momento de generar los planes especiales para estas fechas, sobre todo con la gran presencia de organizaciones criminales en el país”. Desde el Partido Social Cristiano (PSC), el diputado Roberto Arroyo quien había enviado un oficio al Ministerio del Interior para pedir el despliegue de las Fuerzas Armadas para estos días, sostuvo que “necesitamos acciones concretas, para ello solicité a la ministra del interior pudiera poner resguardo de fuerzas armadas en estas fiestas patrias de gran extensión y así prevenir hechos de violencia, delincuencia desatada y episodios con balaceras que han costado vidas de nuestros ciudadanos , pero parecen tener oídos sordos y una enorme soberbia”.
Durante la noche del martes 10 de septiembre, el Ministerio de Educación ( Mineduc) dio a conocer la suspensión de clases en 10 emblemáticos establecimientos de la Región Metropolitana para esta jornada conmemorativa del “11S”. PUBLICIDAD Esta suspensión –que afectó a centros educacionales de Santiago y Providencia– se suma a otras ocurridas en junio y agosto debido a eventos climáticos, agravando el problema de ausentismo escolar en el país. Y frente a esta medida, el legislador de la Comisión de Educación del Congreso , Stephan Schubert , fue enfático en sus críticas en contra de esta crisis educacional : “Lo que hoy se necesita más en el sistema educacional es la asistencia a clases. Tenemos un alto ausentismo y una deserción importante. Es lamentable que este gobierno, una y otra vez, en lugar de enfrentar las situaciones, lo que hace es suspender las clases. Ante el primer indicio de violencia, en vez de controlarla, suspenden las actividades. Esto es parte de la inexperiencia y decisiones equivocadas del gobierno de Gabriel Boric ”. La situación educativa en Chile ha empeorado en los últimos años. Sin ir más lejos, durante 2023 más de 100 colegios fueron cerrados temporalmente a raíz de los “narcofunerales”, afectando en demasía a la comunidad escolar. Sumado a esto, un estudio reciente reveló que más de 670 mil alumnos presentaron inasistencia grave durante el primer semestre de 2024. Sumado a lo anterior, en abril de 2024, la asistencia escolar promedio se situó en un 89%, aun por debajo de los niveles prepandemia, que alcanzaron un 91,5% en 2019. Aunque hubo una leve mejora en comparación con 2023, el ausentismo grave sigue superando en un 48,3% los niveles observados antes de la crisis sanitaria. Por otra parte, la diputada Karen Medina , también miembro de la Comisión de Educación , sostuvo que “La falta de seguridad se ha tomado nuestros espacios y la educación ha sido tremendamente perjudicada por esta crisis de seguridad, que termina obligando a las suspensiones de clases por narco funerales, por la conmemoración de días especiales. Hoy día nos vemos en la situación en que distintos establecimientos de educación media se han visto obligados a suspender sus clases para evitar daños o para evitar muchas veces que sus propios alumnos terminan siendo parte de estos actos vandálicos”. “Es lamentable cómo el ministro de Educación hoy y los que han pasado en este gobierno no se han hecho parte en las soluciones concretas de recuperar la seguridad, sino que han seguido avalando este tipo de conductas, perjudicando tremendamente la asistencia de los estudiantes, perjudicando las subvenciones que se pagan a los establecimientos municipales y por supuesto la sensación de inseguridad y la crisis de la educación pública empeora mucho más con esto”, agregó la diputada Independiente, Medina. PUBLICIDAD Además del ausentismo, la deserción escolar también representa un problema grave. Un análisis del Centro de Estudios en Seguridad Ciudadana de la Universidad de Chile reveló que el 70% de los jóvenes que cometen delitos graves han desertado del sistema educativo, y el 60% lo hizo antes de los 15 años. Esta correlación entre deserción y criminalidad subraya la necesidad urgente de replantear un sistema que permita a los estudiantes permanecer en el aula y alejarse de actividades delictivas. Como señalan desde la oposición, la crisis educacional que enfrenta Chile no es solo una consecuencia de la pandemia o fenómenos climáticos, sino de una serie de decisiones políticas que han profundizado las desigualdades y la falta de oportunidades para miles de jóvenes en el país.
Ante la paralización del sindicato de trabajadores del Aeropuerto Nuevo Pudahuel, debido a diversas demandas laborales que no han sido resueltas, varios gremios encendieron las alertas sobre las consecuencias que puede tener esta huelga en diversos sectores, considerando que va a coincidir con la salida masiva de miles de personas que van a viajar durante las llamadas “Fiestas Patrias XL”. PUBLICIDAD En este escenario, los diputados Jorge Durán (RN) y Roberto Arroyo (PSC), enviaron un oficio al Ministerio de Obras Públicas (MOP), para que disponga un plan de contingencia en virtud de la movilización que lidera el Sindicato de Trabajadores, con el objetivo de resguardar y garantizar que los niveles de los servicios no se vean afectados. Los congresistas también oficiaron al titular de Economía, Nicolás Grau, para que determine medidas de apoyo para los gremios que eventualmente se verían afectados. Al respecto, el diputado Jorge Durán manifestó su preocupación señalando que “no corresponde que está negociación con los trabajadores se haya dejado hasta último momento, teniendo en la incertidumbre a miles de personas que viajarán dentro y fuera del país por el 18 de septiembre. Exigimos que las autoridades tengan ya en consideración un plan de contingencia real para asegurar que esto no vaya a afectar a la ciudadanía y también a la economía del país”. En la misma línea, Roberto Arroyo recalcó que “es una fecha en la cual se proyecta que se movilicen muchas personas, donde también los gremios gastronómicos y del turismo en regiones esperan esta celebración para impulsar su actividad que se ha visto tan alicaída en el último tiempo, por lo tanto, esta movilización puede tener consecuencias desastrosas”. Luego de no llegar a un acuerdo, los trabajadores confirmaron el inicio de esta paralización desde este jueves.
Este miércoles cae la conmemoración del 11 de septiembre de este 2024, y diputados de oposición acusaron al gobierno por ensalzar esta fecha y catalogaron como “insólito” que la gente deba encerrarse en sus casas debido a la violencia que suele ocurrir en estas jornadas. PUBLICIDAD En esta misma línea, los legisladores de derecha criticaron la eventual suspensión de clases en la Región Metropolitana por esta fecha. Esto debido a los posibles hechos de violencia y cortes de tránsito. La posible medida fue dada a conocer mediante el Delegado Presidencial, Gonzalo Durán, quien señaló que esta decisión preventiva está siendo evaluada. Stephan Schubert , parlamentario de la Región de La Araucanía y miembro de la Comisión de Educación sostuvo que “lo que hoy necesitan los niños de Chile es clases, es tener más clases, y la propuesta, siquiera propuesta del Gobierno, de suspender las clases por el 11 de septiembre, demuestra en primer lugar la incapacidad de brindar seguridad, el ensalzar una fecha que es conflictiva y que después de medio siglo deberíamos empezar a normalizar, pero este intento permanente de estar ensalzando esa fecha, haciendo que los niños no vayan a clases por un tema de inseguridad, reconociendo entonces que va a ser violento y que el Estado tiene la incapacidad de brindar seguridad”. “ Aquí lo que tenemos que hacer es normalizar nuestros días e intentar ir en contra de la violencia y que no sea la violencia la que esté libre por las calles y nosotros encerrados en nuestras casas. Creo que el enfoque de este Gobierno está absolutamente equivocado respecto a esta materia y lo que tiene que hacer es brindar seguridad e intentar que seamos los chilenos los que vayamos a trabajar y hacer nuestras actividades, ir al colegio y que sean las personas violentas las que estén encerradas donde corresponde”, agregó el congresista de la bancada republicana. Sumada a estas palabras de Schubert, la diputada Independiente con cupo en la Unión Demócrata Independiente ( UDI), Marlene Pérez , señaló que “sería inaceptable que los colegios tengan que cerrar sus puertas debido a los hechos de violencia que se proyectan ocurran durante la jornada del 11 de septiembre, porque los menores no pueden ver vulnerado su derecho a la educación porque el Estado no es capaz de contener la violencia”. A lo anterior, Pérez añadió que es “la misma tónica que sucede con los llamados ‘narcofunerales’, donde son los niños y adolescentes quienes se ven perjudicados ante la desidia de las autoridades. Ya basta que se vea interrumpida la normalidad por los violentistas y delincuentes, afectando la rutina de miles de familias. El gobierno debe presentar alguna alternativa para evitar la suspensión de clases”. Ante esto, la diputada de la Región del Bío Bío, Karen Medina , no quiso quedar al margen y criticó que “por supuesto que es imposible ordenar y recuperar la seguridad para este Gobierno que ha sido el impulsor de las protestas, que ha sido el que ha apoyado los desmanes en la calle, el que ha ocupado distintas causas solo para salir a destruir nuestro país. Hoy día, pararse al frente y tener que decir que necesitamos recuperar el orden, la seguridad, que las actividades deben continuar de una manera normal, es imposible para ellos porque es su propia gente la que está en la calle haciendo los desmanes”.
Los diputados Roberto Arroyo (PSC) y Karen Medina (independiente) oficiaron a la ministra del Medioambiente, Maisa Rojas, solicitando información detallada sobre las medidas que la Superintendencia del Medioambiente y otros organismos vinculados a su cartera, están adoptando para monitorear, controlar y mitigar los posibles efectos negativos del proceso de cierre de la planta metalúrgica de Huachipato. La preocupación central radica en los impactos que este cierre podría tener tanto en el medioambiente como en la salud de las personas. PUBLICIDAD El diputado Arroyo explicó que “el inminente cierre de la planta no solo afectará gravemente la economía regional, dejando a miles de trabajadores desempleados, sino que también ha generado preocupación por los posibles riesgos ambientales en la población”. Diversas informaciones indican que la delegada presidencial de la región del Biobío, Daniela Dresner, manifestó inquietud ante la posible emisión de sustancias nocivas durante el proceso, pero hasta ahora no se ha entregado información clara a la comunidad sobre los potenciales riesgos ni las medidas de mitigación. Los legisladores enfatizaron en la importancia de que las comunidades cercanas sean debidamente informadas sobre los riesgos que podrían enfrentar y las acciones que se están implementando para minimizar cualquier impacto negativo. “Es fundamental que las personas sepan si están en una zona de riesgo y puedan tomar decisiones informadas sobre si permanecer en esos sectores. La salud es un tema importante y me preocupa que no haya claridad sobre este punto”, declaró Arroyo. Entre la información solicitada a la ministra en el oficio, los diputados pidieron detalles sobre la existencia de un plan de cierre aprobado por la autoridad ambiental, así como la identificación de sustancias nocivas que podrían emitirse, el plan de monitoreo en curso, los recursos humanos y financieros destinados a este proceso, y las coordinaciones realizadas con otros servicios públicos y el titular del proyecto para enfrentar una posible contaminación. Al respecto, la diputada Medina subrayó en la necesidad de un plan de difusión efectivo “las comunidades tienen que estar completamente informadas sobre las fechas, riesgos y medidas adoptadas durante el cierre de la planta, garantizando así un proceso transparente y seguro para todos los involucrados y para eso el Gobierno tiene que responder con prontitud”. “El cierre de la planta de Huachipato no solo representa un impacto económico para la región, sino que también plantea serios riesgos para el medioambiente y la salud de las personas. Es fundamental que el Gobierno y las autoridades competentes aseguren un proceso de cierre transparente y responsable”, concluyó la congresista.
Ad portas de que comiencen las celebraciones por Fiesta Patrias en el país, se registraron tres homicidios en la Región Metropolitana en menos de 24 horas, lo que ha generado preocupación por lo que podría ocurrir en materia de seguridad en esta semana festiva, considerando la inauguración masiva de fondas y la gran cantidad de personas que se van a movilizar a lo largo del país. PUBLICIDAD En este contexto, la diputada de la bancada de Renovación Nacional, María Luisa Cordero, recordó que hace un tiempo solicitó al Ejecutivo decretar estado de excepción en la RM ante el aumento de los homicidios y delitos vinculados al crimen organizado. “No es suficiente con medidas parciales, necesitamos acciones drásticas que devuelvan la tranquilidad a los vecinos de Santiago, San Bernardo y Puente Alto. El Estado de Excepción permitirá una coordinación más eficiente entre las Fuerzas Armadas y Carabineros para enfrentar este flagelo”, planteó la parlamentaria. El también diputado de la RM, Jorge Durán, junto con cuestionar las recientes cifras entregadas por el gobierno sobre la baja de homicidios, lamentó la inacción de las autoridades para evitar que tengamos que lamentar más muertes durante Fiestas Patrias: “Es preocupante ver cómo se difunden informes que afirman una disminución en la tasa de homicidios durante el primer semestre del año 2024, cuando la percepción de la ciudadanía en nuestras calles está en su punto más alto. Si bien cualquier disminución de la violencia es bienvenida, es fundamental que los datos sean claros, precisos y basados en metodología confiable”, sostuvo. A lo anterior, Durán agregó que “lamentablemente hemos visto que durante los fines de semana largo hay un aumento en los delitos violentos, particularmente en los homicidios y en ese sentido el gobierno debería haber sido más proactivo al momento de generar los planes especiales para estas fechas, sobre todo con la gran presencia de organizaciones criminales en el país”. Desde el Partido Social Cristiano (PSC), el diputado Roberto Arroyo quien había enviado un oficio al Ministerio del Interior para pedir el despliegue de las Fuerzas Armadas para estos días, sostuvo que “necesitamos acciones concretas, para ello solicité a la ministra del interior pudiera poner resguardo de fuerzas armadas en estas fiestas patrias de gran extensión y así prevenir hechos de violencia, delincuencia desatada y episodios con balaceras que han costado vidas de nuestros ciudadanos , pero parecen tener oídos sordos y una enorme soberbia”.
Durante la noche del martes 10 de septiembre, el Ministerio de Educación ( Mineduc) dio a conocer la suspensión de clases en 10 emblemáticos establecimientos de la Región Metropolitana para esta jornada conmemorativa del “11S”. PUBLICIDAD Esta suspensión –que afectó a centros educacionales de Santiago y Providencia– se suma a otras ocurridas en junio y agosto debido a eventos climáticos, agravando el problema de ausentismo escolar en el país. Y frente a esta medida, el legislador de la Comisión de Educación del Congreso , Stephan Schubert , fue enfático en sus críticas en contra de esta crisis educacional : “Lo que hoy se necesita más en el sistema educacional es la asistencia a clases. Tenemos un alto ausentismo y una deserción importante. Es lamentable que este gobierno, una y otra vez, en lugar de enfrentar las situaciones, lo que hace es suspender las clases. Ante el primer indicio de violencia, en vez de controlarla, suspenden las actividades. Esto es parte de la inexperiencia y decisiones equivocadas del gobierno de Gabriel Boric ”. La situación educativa en Chile ha empeorado en los últimos años. Sin ir más lejos, durante 2023 más de 100 colegios fueron cerrados temporalmente a raíz de los “narcofunerales”, afectando en demasía a la comunidad escolar. Sumado a esto, un estudio reciente reveló que más de 670 mil alumnos presentaron inasistencia grave durante el primer semestre de 2024. Sumado a lo anterior, en abril de 2024, la asistencia escolar promedio se situó en un 89%, aun por debajo de los niveles prepandemia, que alcanzaron un 91,5% en 2019. Aunque hubo una leve mejora en comparación con 2023, el ausentismo grave sigue superando en un 48,3% los niveles observados antes de la crisis sanitaria. Por otra parte, la diputada Karen Medina , también miembro de la Comisión de Educación , sostuvo que “La falta de seguridad se ha tomado nuestros espacios y la educación ha sido tremendamente perjudicada por esta crisis de seguridad, que termina obligando a las suspensiones de clases por narco funerales, por la conmemoración de días especiales. Hoy día nos vemos en la situación en que distintos establecimientos de educación media se han visto obligados a suspender sus clases para evitar daños o para evitar muchas veces que sus propios alumnos terminan siendo parte de estos actos vandálicos”. “Es lamentable cómo el ministro de Educación hoy y los que han pasado en este gobierno no se han hecho parte en las soluciones concretas de recuperar la seguridad, sino que han seguido avalando este tipo de conductas, perjudicando tremendamente la asistencia de los estudiantes, perjudicando las subvenciones que se pagan a los establecimientos municipales y por supuesto la sensación de inseguridad y la crisis de la educación pública empeora mucho más con esto”, agregó la diputada Independiente, Medina. PUBLICIDAD Además del ausentismo, la deserción escolar también representa un problema grave. Un análisis del Centro de Estudios en Seguridad Ciudadana de la Universidad de Chile reveló que el 70% de los jóvenes que cometen delitos graves han desertado del sistema educativo, y el 60% lo hizo antes de los 15 años. Esta correlación entre deserción y criminalidad subraya la necesidad urgente de replantear un sistema que permita a los estudiantes permanecer en el aula y alejarse de actividades delictivas. Como señalan desde la oposición, la crisis educacional que enfrenta Chile no es solo una consecuencia de la pandemia o fenómenos climáticos, sino de una serie de decisiones políticas que han profundizado las desigualdades y la falta de oportunidades para miles de jóvenes en el país.
Ante la paralización del sindicato de trabajadores del Aeropuerto Nuevo Pudahuel, debido a diversas demandas laborales que no han sido resueltas, varios gremios encendieron las alertas sobre las consecuencias que puede tener esta huelga en diversos sectores, considerando que va a coincidir con la salida masiva de miles de personas que van a viajar durante las llamadas “Fiestas Patrias XL”. PUBLICIDAD En este escenario, los diputados Jorge Durán (RN) y Roberto Arroyo (PSC), enviaron un oficio al Ministerio de Obras Públicas (MOP), para que disponga un plan de contingencia en virtud de la movilización que lidera el Sindicato de Trabajadores, con el objetivo de resguardar y garantizar que los niveles de los servicios no se vean afectados. Los congresistas también oficiaron al titular de Economía, Nicolás Grau, para que determine medidas de apoyo para los gremios que eventualmente se verían afectados. Al respecto, el diputado Jorge Durán manifestó su preocupación señalando que “no corresponde que está negociación con los trabajadores se haya dejado hasta último momento, teniendo en la incertidumbre a miles de personas que viajarán dentro y fuera del país por el 18 de septiembre. Exigimos que las autoridades tengan ya en consideración un plan de contingencia real para asegurar que esto no vaya a afectar a la ciudadanía y también a la economía del país”. En la misma línea, Roberto Arroyo recalcó que “es una fecha en la cual se proyecta que se movilicen muchas personas, donde también los gremios gastronómicos y del turismo en regiones esperan esta celebración para impulsar su actividad que se ha visto tan alicaída en el último tiempo, por lo tanto, esta movilización puede tener consecuencias desastrosas”. Luego de no llegar a un acuerdo, los trabajadores confirmaron el inicio de esta paralización desde este jueves.
Este miércoles cae la conmemoración del 11 de septiembre de este 2024, y diputados de oposición acusaron al gobierno por ensalzar esta fecha y catalogaron como “insólito” que la gente deba encerrarse en sus casas debido a la violencia que suele ocurrir en estas jornadas. PUBLICIDAD En esta misma línea, los legisladores de derecha criticaron la eventual suspensión de clases en la Región Metropolitana por esta fecha. Esto debido a los posibles hechos de violencia y cortes de tránsito. La posible medida fue dada a conocer mediante el Delegado Presidencial, Gonzalo Durán, quien señaló que esta decisión preventiva está siendo evaluada. Stephan Schubert , parlamentario de la Región de La Araucanía y miembro de la Comisión de Educación sostuvo que “lo que hoy necesitan los niños de Chile es clases, es tener más clases, y la propuesta, siquiera propuesta del Gobierno, de suspender las clases por el 11 de septiembre, demuestra en primer lugar la incapacidad de brindar seguridad, el ensalzar una fecha que es conflictiva y que después de medio siglo deberíamos empezar a normalizar, pero este intento permanente de estar ensalzando esa fecha, haciendo que los niños no vayan a clases por un tema de inseguridad, reconociendo entonces que va a ser violento y que el Estado tiene la incapacidad de brindar seguridad”. “ Aquí lo que tenemos que hacer es normalizar nuestros días e intentar ir en contra de la violencia y que no sea la violencia la que esté libre por las calles y nosotros encerrados en nuestras casas. Creo que el enfoque de este Gobierno está absolutamente equivocado respecto a esta materia y lo que tiene que hacer es brindar seguridad e intentar que seamos los chilenos los que vayamos a trabajar y hacer nuestras actividades, ir al colegio y que sean las personas violentas las que estén encerradas donde corresponde”, agregó el congresista de la bancada republicana. Sumada a estas palabras de Schubert, la diputada Independiente con cupo en la Unión Demócrata Independiente ( UDI), Marlene Pérez , señaló que “sería inaceptable que los colegios tengan que cerrar sus puertas debido a los hechos de violencia que se proyectan ocurran durante la jornada del 11 de septiembre, porque los menores no pueden ver vulnerado su derecho a la educación porque el Estado no es capaz de contener la violencia”. A lo anterior, Pérez añadió que es “la misma tónica que sucede con los llamados ‘narcofunerales’, donde son los niños y adolescentes quienes se ven perjudicados ante la desidia de las autoridades. Ya basta que se vea interrumpida la normalidad por los violentistas y delincuentes, afectando la rutina de miles de familias. El gobierno debe presentar alguna alternativa para evitar la suspensión de clases”. Ante esto, la diputada de la Región del Bío Bío, Karen Medina , no quiso quedar al margen y criticó que “por supuesto que es imposible ordenar y recuperar la seguridad para este Gobierno que ha sido el impulsor de las protestas, que ha sido el que ha apoyado los desmanes en la calle, el que ha ocupado distintas causas solo para salir a destruir nuestro país. Hoy día, pararse al frente y tener que decir que necesitamos recuperar el orden, la seguridad, que las actividades deben continuar de una manera normal, es imposible para ellos porque es su propia gente la que está en la calle haciendo los desmanes”.
