El capitán del Ejército de Chile José Santiago Faúndez Sepúlveda, condenado a 15 años de cárcel por su responsabilidad en la muerte del estudiante Romario Veloz durante las protestas de 2019 en La Serena, podría ser beneficiado con un indulto presidencial por parte de José Antonio Kast. Esta posibilidad surge luego de que el presidente confirmara su disposición a utilizar esta facultad, aunque aclaró que cada caso será evaluado individualmente. En una entrevista con Canal 13, Kast mencionó que cualquier revisión se realizará “caso a caso”, con el objetivo de contribuir a la reconciliación social tras la crisis del 2019. Faúndez Sepúlveda fue condenado por violencia innecesaria con resultado de muerte en el caso de Veloz, y por dos delitos similares contra Rolando Robledo y César Véliz. Los hechos ocurrieron cerca del Mall Plaza La Serena, donde una patrulla del Ejército intervenía en medio de las manifestaciones durante el estallido social. Según el Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de La Serena, el capitán ordenó disparar con fusiles cargados tanto con munición letal como no letal. Estos disparos causaron lesiones graves a varias personas, incluida la muerte de Romario Veloz. La posibilidad de revisar el caso del capitán Faúndez fue discutida en el programa Hablemos en Off de Radio Duna. Según la periodista Mónica Pérez, el oficial habría tenido problemas de salud mental en ese momento. Aunque no hay confirmación oficial por parte del gobierno, se especula sobre la inclusión del capitán en los posibles indultos. De ser así, sería la primera decisión de este tipo bajo el gobierno de Kast. Fuente: Publimetro
El Juzgado de Garantía de Arica dictaminó este miércoles la prisión preventiva para cuatro exintegrantes del Ejército acusados de apremios ilegítimos en el caso conscriptos, una investigación que examina violaciones graves a los derechos humanos durante el servicio militar, incluyendo la muerte del conscripto Franco Vargas. Los exmilitares afectados por la medida más severa, la prisión preventiva, son el exteniente Villanueva, el exteniente Claudio Guajardo, el exsubteniente Bastián Troncoso y el excabo enfermero militar de combate Manuel Zambrano. Estos individuos permanecerán detenidos mientras avanza la investigación. Por otro lado, el excapitán Michael Fritz quedó bajo arresto domiciliario total. En la audiencia de formalización, la jueza analizó minuciosamente los cargos contra cada acusado y afirmó que la muerte de Franco Vargas fue causada por una miocarditis viral relacionada con un cuadro de isquemia. Sin embargo, resaltó que los hechos deben interpretarse como una serie de omisiones, señalando la falta de acción, supervisión y control por parte de los superiores responsables. En cuanto a los conscriptos Bayron Alarcón, Lucas Gamboa y Ariel Hindo, quienes sufrieron lesiones graves y gravísimas, el tribunal destacó la clara desigualdad jerárquica entre las víctimas y los acusados, lo que habría facilitado la perpetración de los actos investigados. La jueza también criticó fuertemente los aporreos realizados durante la instrucción militar, indicando que estas prácticas no están reguladas y no pueden ser justificadas como parte de un proceso formativo. La magistrada también mencionó las graves secuelas físicas y mentales que aún padecen las víctimas, incluyendo fallas multiorgánicas, amputaciones y trastornos de salud mental. Estos elementos fueron considerados al decidir las medidas cautelares. En particular, se resaltó la conducta del exteniente Villanueva, quien además está sujeto a arraigo nacional para garantizar su comparecencia durante el proceso judicial. Fuente: Publimetro
El capitán del Ejército de Chile José Santiago Faúndez Sepúlveda, condenado a 15 años de cárcel por su responsabilidad en la muerte del estudiante Romario Veloz durante las protestas de 2019 en La Serena, podría ser beneficiado con un indulto presidencial por parte de José Antonio Kast. Esta posibilidad surge luego de que el presidente confirmara su disposición a utilizar esta facultad, aunque aclaró que cada caso será evaluado individualmente. En una entrevista con Canal 13, Kast mencionó que cualquier revisión se realizará “caso a caso”, con el objetivo de contribuir a la reconciliación social tras la crisis del 2019. Faúndez Sepúlveda fue condenado por violencia innecesaria con resultado de muerte en el caso de Veloz, y por dos delitos similares contra Rolando Robledo y César Véliz. Los hechos ocurrieron cerca del Mall Plaza La Serena, donde una patrulla del Ejército intervenía en medio de las manifestaciones durante el estallido social. Según el Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de La Serena, el capitán ordenó disparar con fusiles cargados tanto con munición letal como no letal. Estos disparos causaron lesiones graves a varias personas, incluida la muerte de Romario Veloz. La posibilidad de revisar el caso del capitán Faúndez fue discutida en el programa Hablemos en Off de Radio Duna. Según la periodista Mónica Pérez, el oficial habría tenido problemas de salud mental en ese momento. Aunque no hay confirmación oficial por parte del gobierno, se especula sobre la inclusión del capitán en los posibles indultos. De ser así, sería la primera decisión de este tipo bajo el gobierno de Kast. Fuente: Publimetro
El Juzgado de Garantía de Arica dictaminó este miércoles la prisión preventiva para cuatro exintegrantes del Ejército acusados de apremios ilegítimos en el caso conscriptos, una investigación que examina violaciones graves a los derechos humanos durante el servicio militar, incluyendo la muerte del conscripto Franco Vargas. Los exmilitares afectados por la medida más severa, la prisión preventiva, son el exteniente Villanueva, el exteniente Claudio Guajardo, el exsubteniente Bastián Troncoso y el excabo enfermero militar de combate Manuel Zambrano. Estos individuos permanecerán detenidos mientras avanza la investigación. Por otro lado, el excapitán Michael Fritz quedó bajo arresto domiciliario total. En la audiencia de formalización, la jueza analizó minuciosamente los cargos contra cada acusado y afirmó que la muerte de Franco Vargas fue causada por una miocarditis viral relacionada con un cuadro de isquemia. Sin embargo, resaltó que los hechos deben interpretarse como una serie de omisiones, señalando la falta de acción, supervisión y control por parte de los superiores responsables. En cuanto a los conscriptos Bayron Alarcón, Lucas Gamboa y Ariel Hindo, quienes sufrieron lesiones graves y gravísimas, el tribunal destacó la clara desigualdad jerárquica entre las víctimas y los acusados, lo que habría facilitado la perpetración de los actos investigados. La jueza también criticó fuertemente los aporreos realizados durante la instrucción militar, indicando que estas prácticas no están reguladas y no pueden ser justificadas como parte de un proceso formativo. La magistrada también mencionó las graves secuelas físicas y mentales que aún padecen las víctimas, incluyendo fallas multiorgánicas, amputaciones y trastornos de salud mental. Estos elementos fueron considerados al decidir las medidas cautelares. En particular, se resaltó la conducta del exteniente Villanueva, quien además está sujeto a arraigo nacional para garantizar su comparecencia durante el proceso judicial. Fuente: Publimetro
