El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha anunciado la firma de una orden ejecutiva que clasifica al fentanilo como un arma de destrucción masiva (WMD, por sus siglas en inglés). Este anuncio se realizó desde la Casa Blanca, en compañía de mandos militares y autoridades federales, marcando un cambio significativo en la forma en que el gobierno estadounidense aborda la crisis de sobredosis. En sus declaraciones, Trump afirmó que el fentanilo causa un daño mayor que un ataque convencional. Según citó su administración, entre 200 mil y 300 mil personas mueren cada año por esta sustancia. Esta decisión histórica implica que el fentanilo será tratado bajo el marco legal y de seguridad reservado para amenazas extremas, activando así todas las herramientas disponibles del Estado para combatir a las redes responsables de su producción y distribución. La designación del fentanilo como arma de destrucción masiva eleva el tema desde el ámbito de la política antidrogas tradicional hacia el de seguridad nacional, involucrando agencias de inteligencia, defensa y control financiero. En su discurso, Trump señaló que el fentanilo está afectando comunidades en Estados Unidos y lo vinculó directamente con cárteles y redes extranjeras. Con esta perspectiva, el problema ya no se presenta únicamente como una emergencia sanitaria, sino como una amenaza externa organizada. El gobierno argumenta que el impacto del fentanilo supera al de otras drogas ilegales debido a su potencia y al alto número de muertes asociadas, especialmente entre personas de entre 18 y 45 años, grupo identificado como el más afectado. Aunque no se han detallado todas las medidas derivadas de la orden ejecutiva, la clasificación como WMD podría facilitar diversas acciones para abordar esta problemática a nivel nacional. Fuente: Publimetro
En un nuevo episodio que compromete la seguridad de insumos hospitalarios, la dirección del Hospital del Salvador , en la comuna de Providencia, interpuso una querella por presunto tráfico de estupefacientes contra un médico que habría sustraído fentanilo y midazolam haciéndose pasar por personal del recinto. Según los antecedentes, el hecho ocurrió la madrugada del 23 de septiembre, cuando el anestesiólogo —quien ya no mantenía vínculo laboral con el centro desde junio de 2024— ingresó a la unidad de farmacia del Hospital con vestimenta de profesional médico e indicó estar en turno de pabellón de urgencia. Allí solicitó la entrega de una ampolla de 0,5 mg de fentanilo y una ampolla de 15 mg de midazolam, acompañadas de recetas aparentemente válidas a nombre de una paciente que no tenía antecedente de esos indicios. Una vez retiradas las sustancias, el hospital constató que el profesional no se encontraba en turno ni tenía credencial activa para operar en el establecimiento. Inmediatamente bloqueó su acceso al sistema interno (“SEIS”), retiró el talonario de recetas y envió los antecedentes al Ministerio Público. La querella fue presentada por el director del hospital ante el 8º Juzgado de Garantía de Santiago, acusando al médico de infringir la Ley 20.000 por tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias psicotrópicas. El área de investigación aún indaga si el profesional contó con apoyo interno para ejecutar el delito, así como si existen otros retiros fraudulentos de medicamentos controlados. Fuente: Publimetro
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha anunciado la firma de una orden ejecutiva que clasifica al fentanilo como un arma de destrucción masiva (WMD, por sus siglas en inglés). Este anuncio se realizó desde la Casa Blanca, en compañía de mandos militares y autoridades federales, marcando un cambio significativo en la forma en que el gobierno estadounidense aborda la crisis de sobredosis. En sus declaraciones, Trump afirmó que el fentanilo causa un daño mayor que un ataque convencional. Según citó su administración, entre 200 mil y 300 mil personas mueren cada año por esta sustancia. Esta decisión histórica implica que el fentanilo será tratado bajo el marco legal y de seguridad reservado para amenazas extremas, activando así todas las herramientas disponibles del Estado para combatir a las redes responsables de su producción y distribución. La designación del fentanilo como arma de destrucción masiva eleva el tema desde el ámbito de la política antidrogas tradicional hacia el de seguridad nacional, involucrando agencias de inteligencia, defensa y control financiero. En su discurso, Trump señaló que el fentanilo está afectando comunidades en Estados Unidos y lo vinculó directamente con cárteles y redes extranjeras. Con esta perspectiva, el problema ya no se presenta únicamente como una emergencia sanitaria, sino como una amenaza externa organizada. El gobierno argumenta que el impacto del fentanilo supera al de otras drogas ilegales debido a su potencia y al alto número de muertes asociadas, especialmente entre personas de entre 18 y 45 años, grupo identificado como el más afectado. Aunque no se han detallado todas las medidas derivadas de la orden ejecutiva, la clasificación como WMD podría facilitar diversas acciones para abordar esta problemática a nivel nacional. Fuente: Publimetro
En un nuevo episodio que compromete la seguridad de insumos hospitalarios, la dirección del Hospital del Salvador , en la comuna de Providencia, interpuso una querella por presunto tráfico de estupefacientes contra un médico que habría sustraído fentanilo y midazolam haciéndose pasar por personal del recinto. Según los antecedentes, el hecho ocurrió la madrugada del 23 de septiembre, cuando el anestesiólogo —quien ya no mantenía vínculo laboral con el centro desde junio de 2024— ingresó a la unidad de farmacia del Hospital con vestimenta de profesional médico e indicó estar en turno de pabellón de urgencia. Allí solicitó la entrega de una ampolla de 0,5 mg de fentanilo y una ampolla de 15 mg de midazolam, acompañadas de recetas aparentemente válidas a nombre de una paciente que no tenía antecedente de esos indicios. Una vez retiradas las sustancias, el hospital constató que el profesional no se encontraba en turno ni tenía credencial activa para operar en el establecimiento. Inmediatamente bloqueó su acceso al sistema interno (“SEIS”), retiró el talonario de recetas y envió los antecedentes al Ministerio Público. La querella fue presentada por el director del hospital ante el 8º Juzgado de Garantía de Santiago, acusando al médico de infringir la Ley 20.000 por tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias psicotrópicas. El área de investigación aún indaga si el profesional contó con apoyo interno para ejecutar el delito, así como si existen otros retiros fraudulentos de medicamentos controlados. Fuente: Publimetro
