La Fiscalía de Alta Complejidad de Antofagasta, en colaboración con brigadas especializadas de la Policía de Investigaciones (PDI), ha logrado desmantelar una red transnacional dedicada a la trata de personas con fines de explotación sexual. Según información proporcionada por el Ministerio Público, durante el operativo se llevó a cabo la detención de 22 personas, en su mayoría extranjeros provenientes de Colombia y Venezuela. Además, se logró incautar preliminarmente 86 millones de pesos en efectivo, 11 vehículos, joyas y otros bienes, así como diversa documentación y dispositivos electrónicos. En paralelo, se informó que se congelaron 87 cuentas bancarias y se solicitó la prohibición de enajenamiento de una vivienda y varios vehículos. Los allanamientos simultáneos realizados por la PDI en diversos domicilios de Antofagasta permitieron rescatar a 19 mujeres víctimas de estas organizaciones criminales internacionales. Todas las mujeres rescatadas son extranjeras y actualmente se encuentran bajo resguardo de la Unidad de Atención a Víctimas y Testigos de la Fiscalía Regional. El fiscal Juan Castro Bekios destacó que durante el operativo se logró incautar dinero y bienes por un valor aproximado de 542 millones de pesos, cantidad que podría aumentar conforme avancen las investigaciones en curso. Por su parte, la PDI desplegó más de 100 detectives procedentes de distintas regiones para llevar a cabo el operativo denominado Casa de Muñecas, logrando así desarticular esta red transnacional dedicada a la trata de personas. Jorge Aguillón, prefecto inspector y jefe regional de la PDI, mencionó que estas diligencias fueron el resultado de un año de investigación exhaustiva, resaltando la significativa incautación tanto en dinero como en bienes realizada durante el operativo. La Fiscalía Regional de Antofagasta ha solicitado extender el control de detención y la formalización de los imputados hasta el próximo martes para continuar con las diligencias correspondientes. Fuente: Publimetro
El futuro judicial y político de Daniel Jadue se encuentra en una etapa crucial, luego de que la Fiscalía Regional Centro Norte formalizara la acusación en su contra en el marco del Caso Farmacias Populares. Este caso investiga posibles actos de corrupción durante su gestión en la Asociación Chilena de Farmacias Populares (Achifarp). La fiscal Giovanna Herrera, a cargo de la investigación desde 2021, presentó la acusación el 8 de agosto ante el Tercer Juzgado de Garantía de Santiago, adjuntando un disco duro con toda la evidencia recopilada. En el mismo escrito, solicitó el cierre formal de la investigación, paso previo a un eventual juicio oral. A pesar del avance del Ministerio Público, la defensa liderada por la defensora penal pública Yessica Aguilera ha argumentado que se trata de una maniobra con motivaciones políticas. Aguilera ha presentado recursos para extender el plazo indagatorio, los cuales serán evaluados en una audiencia crucial programada para el 28 de agosto. Además de las implicaciones legales, este caso podría afectar directamente la carrera política de Jadue. El Partido Comunista ha confirmado que postulará como candidato a diputado por el distrito 9, actualmente representado por la diputada Karol Cariola, quien aspira a ser senadora por Valparaíso. Sin embargo, la Constitución establece que una persona acusada por delitos graves pierde su derecho a voto y, por ende, no puede ser candidato. En este sentido, el Servicio Electoral (Servel) publicará el lunes 18 de agosto los padrones electorales auditados, incluyendo la lista de personas inhabilitadas para votar. A partir de esa fecha, se abrirá un período de 10 días para presentar reclamaciones, que coincidirá con la fecha de la audiencia judicial clave fijada para el 28 de agosto. Fuente: CNN Chile País
Rodrigo Cantergiani, empresario chileno secuestrado este jueves por tres desconocidos en las cercanías de su fábrica en Quilicura, fue encontrado esta madrugada “sin lesiones” en la comuna de Puente Alto. Las primeras informaciones sobre su liberación fueron proporcionadas este viernes por funcionarios del OS9 de Carabineros y la Fiscalía ECOH. Confirmaron que Cantergiani fue hallado en el sector de Gabriela, límite entre las comunas de Puente Alto y La Pintana, por un conductor de transporte de pasajeros. Este, al verlo en solitario, le prestó auxilio y lo llevó hasta la comisaría más cercana. Si bien no se han entregado mayores detalles sobre su secuestro, se confirmó que el empresario no presentaba lesiones al momento de ser encontrado, a menos de 24 horas de haber sido capturado por los desconocidos cerca de su fábrica en Quilicura. “A partir de la labor coordinada de ECOH, Fiscalía de Chile y OS9 de Carabineros, se informa que fue liberada sin lesiones la víctima del secuestro denunciado ayer (jueves) en la comuna de Quilicura”, escribieron ambas instituciones en sus cuentas oficiales en la red social X. El jueves pasado, pasadas las 10:30 horas, testigos presenciaron la violenta sustracción de Cantergiani en el sector ubicado entre avenida El Colorado y calle Los Lingues. Según los testimonios, el empresario fue abordado por al menos tres sujetos armados que lo amenazaron antes de subirlo a un vehículo MG blanco y huir del lugar. Posteriormente, familiares y allegados de Cantergiani recibieron mensajes relacionados con el “secuestro extorsivo” del empresario. Según reportes en T13, los secuestradores exigían 300 millones de pesos para su liberación. Fuente: Publimetro
La investigación sobre el trágico derrumbe en la mina El Teniente, que resultó en la muerte de seis trabajadores, continúa avanzando con importantes avances. Aunque aún no se han realizado allanamientos, la Fiscalía espera acceder a correos internos y comunicaciones mencionadas por sindicatos, que podrían proporcionar antecedentes relevantes sobre posibles fallas o advertencias previas. El fiscal regional de O’Higgins, Aquiles Cubillos, anunció este martes que altos ejecutivos de Codelco, incluido el presidente de su directorio, Máximo Pacheco, serán citados a declarar como parte de las diligencias. Sin duda tiene que declarar, no solo como presidente de Codelco, sino también otros gerentes de la empresa, afirmó Cubillos. Aunque aún no se han establecido fechas definidas, el fiscal señaló que se está determinando la línea de mando involucrada en los hechos. Además, se ha conformado un equipo multidisciplinario con unidades provenientes de distintas regiones del país para abordar todos los aspectos del caso. Estamos elaborando el plan de trabajo investigativo, que va desde los proyectos hasta la normativa. Queremos establecer quiénes deben declarar en cada área, explicó. Entre las diligencias en curso se encuentran la revisión de planes de obras, proyectos, inspecciones técnicas y documentación interna. El fiscal advirtió que el análisis será exhaustivo y llevará tiempo: Cada uno de estos elementos nos va a demorar bastante. Hasta el momento, no ha sido necesario realizar allanamientos, ya que Codelco ha entregado voluntariamente los antecedentes requeridos. Sin embargo, la Fiscalía espera acceder a correos y otras comunicaciones mencionadas por sindicatos que podrían aportar información relevante para la investigación en curso. Fuente: CNN Chile País
La magistrada Irene Rodríguez, actualmente suspendida por su presunta responsabilidad en la liberación del sicario Alberto Mejía, ha centrado su estrategia en demostrar que no hubo dolo en su actuación, sino un error administrativo sin intenciones ilícitas. Su defensa se basa en que el incidente fue derivado del uso de formularios judiciales estandarizados, según declaró a su entorno. En una segunda comparecencia ante el fiscal Marcos Pastén, esta vez como imputada formal, Rodríguez decidió solicitar apoyo de la Defensoría Penal Pública para reforzar su defensa. Inicialmente había optado por enfrentar el proceso sin abogado y colaborar al máximo con la investigación, autorizando el levantamiento de su secreto bancario y entregando voluntariamente sus dispositivos tecnológicos a Fiscalía. La decisión de ser representada por un abogado del organismo responde a la complejidad del proceso y las posibles consecuencias legales que enfrenta. La principal acusación contra Rodríguez apunta a una supuesta prevaricación culposa por un presunto error en la resolución que dictó prisión preventiva, donde el apellido de Mejía fue mal registrado. Desde la defensa se insiste en que la jueza siguió los procedimientos administrativos estándar y no hubo omisión dolosa ni intención de beneficiar al imputado. La entrega de sus cuentas bancarias busca demostrar transparencia en su actuar y eliminar cualquier sospecha de cohecho o pago irregular. El caso también involucra a una funcionaria judicial y siete gendarmes como imputados, a quienes se les acusa de no haber detectado o alertado oportunamente el error que permitió la liberación. Sin embargo, se reconoce que fue una funcionaria de Gendarmería quien identificó la discrepancia en el nombre, lo que destapó la cadena de errores administrativos. Fuente: CNN Chile País
La Fiscalía de Alta Complejidad de Antofagasta, en colaboración con brigadas especializadas de la Policía de Investigaciones (PDI), ha logrado desmantelar una red transnacional dedicada a la trata de personas con fines de explotación sexual. Según información proporcionada por el Ministerio Público, durante el operativo se llevó a cabo la detención de 22 personas, en su mayoría extranjeros provenientes de Colombia y Venezuela. Además, se logró incautar preliminarmente 86 millones de pesos en efectivo, 11 vehículos, joyas y otros bienes, así como diversa documentación y dispositivos electrónicos. En paralelo, se informó que se congelaron 87 cuentas bancarias y se solicitó la prohibición de enajenamiento de una vivienda y varios vehículos. Los allanamientos simultáneos realizados por la PDI en diversos domicilios de Antofagasta permitieron rescatar a 19 mujeres víctimas de estas organizaciones criminales internacionales. Todas las mujeres rescatadas son extranjeras y actualmente se encuentran bajo resguardo de la Unidad de Atención a Víctimas y Testigos de la Fiscalía Regional. El fiscal Juan Castro Bekios destacó que durante el operativo se logró incautar dinero y bienes por un valor aproximado de 542 millones de pesos, cantidad que podría aumentar conforme avancen las investigaciones en curso. Por su parte, la PDI desplegó más de 100 detectives procedentes de distintas regiones para llevar a cabo el operativo denominado Casa de Muñecas, logrando así desarticular esta red transnacional dedicada a la trata de personas. Jorge Aguillón, prefecto inspector y jefe regional de la PDI, mencionó que estas diligencias fueron el resultado de un año de investigación exhaustiva, resaltando la significativa incautación tanto en dinero como en bienes realizada durante el operativo. La Fiscalía Regional de Antofagasta ha solicitado extender el control de detención y la formalización de los imputados hasta el próximo martes para continuar con las diligencias correspondientes. Fuente: Publimetro
El futuro judicial y político de Daniel Jadue se encuentra en una etapa crucial, luego de que la Fiscalía Regional Centro Norte formalizara la acusación en su contra en el marco del Caso Farmacias Populares. Este caso investiga posibles actos de corrupción durante su gestión en la Asociación Chilena de Farmacias Populares (Achifarp). La fiscal Giovanna Herrera, a cargo de la investigación desde 2021, presentó la acusación el 8 de agosto ante el Tercer Juzgado de Garantía de Santiago, adjuntando un disco duro con toda la evidencia recopilada. En el mismo escrito, solicitó el cierre formal de la investigación, paso previo a un eventual juicio oral. A pesar del avance del Ministerio Público, la defensa liderada por la defensora penal pública Yessica Aguilera ha argumentado que se trata de una maniobra con motivaciones políticas. Aguilera ha presentado recursos para extender el plazo indagatorio, los cuales serán evaluados en una audiencia crucial programada para el 28 de agosto. Además de las implicaciones legales, este caso podría afectar directamente la carrera política de Jadue. El Partido Comunista ha confirmado que postulará como candidato a diputado por el distrito 9, actualmente representado por la diputada Karol Cariola, quien aspira a ser senadora por Valparaíso. Sin embargo, la Constitución establece que una persona acusada por delitos graves pierde su derecho a voto y, por ende, no puede ser candidato. En este sentido, el Servicio Electoral (Servel) publicará el lunes 18 de agosto los padrones electorales auditados, incluyendo la lista de personas inhabilitadas para votar. A partir de esa fecha, se abrirá un período de 10 días para presentar reclamaciones, que coincidirá con la fecha de la audiencia judicial clave fijada para el 28 de agosto. Fuente: CNN Chile País
Rodrigo Cantergiani, empresario chileno secuestrado este jueves por tres desconocidos en las cercanías de su fábrica en Quilicura, fue encontrado esta madrugada “sin lesiones” en la comuna de Puente Alto. Las primeras informaciones sobre su liberación fueron proporcionadas este viernes por funcionarios del OS9 de Carabineros y la Fiscalía ECOH. Confirmaron que Cantergiani fue hallado en el sector de Gabriela, límite entre las comunas de Puente Alto y La Pintana, por un conductor de transporte de pasajeros. Este, al verlo en solitario, le prestó auxilio y lo llevó hasta la comisaría más cercana. Si bien no se han entregado mayores detalles sobre su secuestro, se confirmó que el empresario no presentaba lesiones al momento de ser encontrado, a menos de 24 horas de haber sido capturado por los desconocidos cerca de su fábrica en Quilicura. “A partir de la labor coordinada de ECOH, Fiscalía de Chile y OS9 de Carabineros, se informa que fue liberada sin lesiones la víctima del secuestro denunciado ayer (jueves) en la comuna de Quilicura”, escribieron ambas instituciones en sus cuentas oficiales en la red social X. El jueves pasado, pasadas las 10:30 horas, testigos presenciaron la violenta sustracción de Cantergiani en el sector ubicado entre avenida El Colorado y calle Los Lingues. Según los testimonios, el empresario fue abordado por al menos tres sujetos armados que lo amenazaron antes de subirlo a un vehículo MG blanco y huir del lugar. Posteriormente, familiares y allegados de Cantergiani recibieron mensajes relacionados con el “secuestro extorsivo” del empresario. Según reportes en T13, los secuestradores exigían 300 millones de pesos para su liberación. Fuente: Publimetro
La investigación sobre el trágico derrumbe en la mina El Teniente, que resultó en la muerte de seis trabajadores, continúa avanzando con importantes avances. Aunque aún no se han realizado allanamientos, la Fiscalía espera acceder a correos internos y comunicaciones mencionadas por sindicatos, que podrían proporcionar antecedentes relevantes sobre posibles fallas o advertencias previas. El fiscal regional de O’Higgins, Aquiles Cubillos, anunció este martes que altos ejecutivos de Codelco, incluido el presidente de su directorio, Máximo Pacheco, serán citados a declarar como parte de las diligencias. Sin duda tiene que declarar, no solo como presidente de Codelco, sino también otros gerentes de la empresa, afirmó Cubillos. Aunque aún no se han establecido fechas definidas, el fiscal señaló que se está determinando la línea de mando involucrada en los hechos. Además, se ha conformado un equipo multidisciplinario con unidades provenientes de distintas regiones del país para abordar todos los aspectos del caso. Estamos elaborando el plan de trabajo investigativo, que va desde los proyectos hasta la normativa. Queremos establecer quiénes deben declarar en cada área, explicó. Entre las diligencias en curso se encuentran la revisión de planes de obras, proyectos, inspecciones técnicas y documentación interna. El fiscal advirtió que el análisis será exhaustivo y llevará tiempo: Cada uno de estos elementos nos va a demorar bastante. Hasta el momento, no ha sido necesario realizar allanamientos, ya que Codelco ha entregado voluntariamente los antecedentes requeridos. Sin embargo, la Fiscalía espera acceder a correos y otras comunicaciones mencionadas por sindicatos que podrían aportar información relevante para la investigación en curso. Fuente: CNN Chile País
La magistrada Irene Rodríguez, actualmente suspendida por su presunta responsabilidad en la liberación del sicario Alberto Mejía, ha centrado su estrategia en demostrar que no hubo dolo en su actuación, sino un error administrativo sin intenciones ilícitas. Su defensa se basa en que el incidente fue derivado del uso de formularios judiciales estandarizados, según declaró a su entorno. En una segunda comparecencia ante el fiscal Marcos Pastén, esta vez como imputada formal, Rodríguez decidió solicitar apoyo de la Defensoría Penal Pública para reforzar su defensa. Inicialmente había optado por enfrentar el proceso sin abogado y colaborar al máximo con la investigación, autorizando el levantamiento de su secreto bancario y entregando voluntariamente sus dispositivos tecnológicos a Fiscalía. La decisión de ser representada por un abogado del organismo responde a la complejidad del proceso y las posibles consecuencias legales que enfrenta. La principal acusación contra Rodríguez apunta a una supuesta prevaricación culposa por un presunto error en la resolución que dictó prisión preventiva, donde el apellido de Mejía fue mal registrado. Desde la defensa se insiste en que la jueza siguió los procedimientos administrativos estándar y no hubo omisión dolosa ni intención de beneficiar al imputado. La entrega de sus cuentas bancarias busca demostrar transparencia en su actuar y eliminar cualquier sospecha de cohecho o pago irregular. El caso también involucra a una funcionaria judicial y siete gendarmes como imputados, a quienes se les acusa de no haber detectado o alertado oportunamente el error que permitió la liberación. Sin embargo, se reconoce que fue una funcionaria de Gendarmería quien identificó la discrepancia en el nombre, lo que destapó la cadena de errores administrativos. Fuente: CNN Chile País
