Luego del lapidario fallo emitido por la Primera Sala de la Corte de Apelaciones de Antofagasta, donde se responsabiliza a la Fiscalía de avalar actuaciones policiales propias de la dictadura cívico militar en la arista Procultura del caso Convenio, debido a una serie de escuchas telefónicas ilegales en el marco de la indagatoria que llevaba adelante el fiscal Patrico Cooper, el Ministerio Público apeló a la resolución ante la Corte Suprema. El fiscal regional de Antofagasta, Juan Castro Bekios -quien asumió la causa tras la remoción de Patricio Cooper- presentó un recurso de apelación ante el máximo tribunal tras el fallo de la Corte de Apelaciones de Antofagasta que declaró ilegales las escuchas telefónicas realizadas a Josefina Huneeus. En la apelación, la Fiscalía asegura que el fallo contiene “opiniones personales o consideraciones de orden político”, agregando que “es dable prevenir la presencia de frases que no resulta posible identificar con un ejercicio correcto de aplicación del derecho, pues es evidente que no responden a paráfrasis de normas jurídicas vigentes, citas de resoluciones judiciales dictadas por otros tribunales de nuestro país, ni tampoco constituyen razonamientos doctrinarios que permitan fundamentar razonablemente la decisión adoptada”. Respecto a la calificación que hizo la Corte de Apelaciones de Antofagasta al señalar que las actuaciones del Ministerio Público son “propias de tiempos pretéritos de la República, donde las garantías fundamentales de los ciudadanos eran vulneradas por agentes del propio Estado”. El fiscal Castro las cuestinó. Sostuvo que “la emisión de apreciaciones sobre las aptitudes de los funcionarios que forman parte de la Policía de Investigaciones o la analogía entre el desarrollo de una diligencia y un período histórico de nuestro país es susceptible de ser calificado como impertinente, atendido que la potestad ejercida por todo tribunal de nuestro país no contempla una prerrogativa de tal índole”. En la apelación de la Fiscalía se pide a la Corte Suprema que “revoque la resolución recurrida y declare la legalidad de las resoluciones judiciales cuestionadas, así como también la de todas las diligencias y resoluciones que de ellas derivaron, en lo concerniente a la amparada”. De igual forma, pero en caso que no se acoga la apelación, el fiscal Castro pidió al máximo tribunal invalidar las referencias del fallo que contienen “opiniones personales o consideraciones de orden político”. Fuente: Publimetro
La Fiscalía Nacional confirmó este jueves que decidió abrir una carpeta investigativa en contra de 25 mil funcionarios públicos ante eventuales delitos de fraude al fisco en la emisión de licencias médicas durante 2023 y 2024, y que en dicho periodo habrían sido cumplidas por los trabajadores fuera del país. Según se informó esta jornada, la causa quedó en manos de la Fiscalía Oriente y será encabezada por la fiscal Lorena Parra, quien ya habría iniciado las primeras indagatorias para esclarecer la legalidad en la entrega de estos documentos médicos a trabajadores que las habrían utilizado para salir de vacaciones. En la investigación también estarían en la mira los doctores y especialistas médicos que entregaron estas licencias fraudulentas, a quienes se persigue ante eventuales delitos de emisión de documentos falsos. Según informó latercera.com, el ente persecutor “dirigido por el fiscal nacional Ángel Valencia, resolvió abrir oficio la investigación con el fin de determinar la responsabilidad en delitos fraude al fisco, en el caso de los funcionarios, y eventual emisión de permisos médicos falsos o fraudulentos en el caso de los médicos”. Cabe señalar que esta indagatoria de oficio llega luego de conocerse el informe de la Contraloría General de la República, que logró identificar a más de 25 mil empleados públicos que presentaron sus licencias médicas, y que se verificaron fueron utilizadas durante sus periodos vacacionales. Un total de 35.585 documentos que se presentaron en diversas reparticiones públicas (13), y que fueron emitidos en un 69% por Fonasa y otro 31% por diferentes Isapres. La institución pública más comprometida en esta investigación es la Junta Nacional de Jardines Infantiles (Junji), con un total de dos mil doscientos ochenta licencias médicas emitidas a funcionarios que las usaron en sus periodos vacacionales. Un 25% del total de permisos médicos que fueron emitidos durante 2023 y 2024 a diversas reparticiones públicas; en los que instituciones como Fundación Íntegra (1.934) y la municipalidad Arica (719) fueron quienes más registraron licencias médicas con esta finalidad para sus empleados. Fuente: Publimetro
Luego del lapidario fallo emitido por la Primera Sala de la Corte de Apelaciones de Antofagasta, donde se responsabiliza a la Fiscalía de avalar actuaciones policiales propias de la dictadura cívico militar en la arista Procultura del caso Convenio, debido a una serie de escuchas telefónicas ilegales en el marco de la indagatoria que llevaba adelante el fiscal Patrico Cooper, el Ministerio Público anunció que apelara a la resolución ante la Corte Suprema. La información la dio a conocer el nuevo persecutor del caso, el fiscal regional de Antofagasta, Juan Castro, luego de sostener durante la tarde de este martes una reunión de coordinación con Cooper y el jefe de la Unidad Anticorrupción de la Fiscalía Nacional, Eugenio Campos, en el marco del traspaso de la investigación. El fiscal Castro señaló que la reunión se llevó a cabo por que se trata “de una investigación de alta complejidad” y con el objetivo que “se puedan hacer los traspasos de la información, de los antecedentes de investigación y de la evidencia, de la forma más expedita posible”. En cuanto al fallo que acogió el recurso de amparo presentado por la defensa de Josefina Huneeus, expareja del fundador de la Fundación Procultura, Alberto Larraín, en contra de las interceptaciones telefónicas dispuestas por Patricio Cooper a la Policía de Investigaciones (PDI) y autorizadas por la magistrada del Tribunal de Garantía de Antofagasta, Sissi Bertoglio-Talap, el fiscal Castro señaló que han “tomado la decisión como fiscalía regional de Antofagasta de recurrir respecto de la misma ante la Corte Suprema”. El lapidario fallo contra la Fiscalía En lo medular, el fallo estableció que “no solo se ha infringido la obligación general de fundamentación que ordena el artículo 36 del Código Procesal Penal y todos y cada uno de los requisitos y obligaciones que impone el artículo 222 del mismo texto legal, sino que se han validado actuaciones policiales al amparo de quien dirige la investigación, propias de tiempos pretéritos de la República,donde las garantías fundamentales de los ciudadanos eran vulnerados por agentes del propio Estado”. Tras la resolución, la Fiscalía Nacional informó que se removía del caso al fiscal Cooper, con el fin de “asegurar su continuidad, objetividad y el adecuado desarrollo de las diligencias en curso”. En conversación con canal 13, el fiscal nacional Ángel Valencia, cuestionó el falló de la Primera Sala de la Corte de Apelaciones de Antofagasta, sosteniendo que “más que contundente, contiene un conjunto de afirmaciones graves. Hay afirmaciones de hecho y opiniones jurídicas. Y además opiniones que van incluso más allá de lo jurídico. Leí algunas opiniones que me parece que son injustas“. Fuente: Publimetro
El fiscal nacional, Ángel Valencia, abordó la investigación expresó que se requieren “ fondos adicionales ” para realizar nuevas diligencias en el caso del naufragio de la lancha Bruma que terminó con la desaparición de sus siete tripulantes. Los hechos ocurridos el 30 de marzo en las costas de la Región del Biobío han dejado con incertidumbre respecto a qué provocó el hundimiento de la embarcación de pesca artesanal. Las diligencias que se han realizado por parte del Ministerio Público con ayuda de la Armada del barco Cobra, del cual se sospecha colisionó con Bruma, han sido todas en el mar. En esa línea, las familias de los pescadores desaparecidos solicitaron peritajes en dique seco, es decir, que el pesquero industrial sea llevado a tierra y analizado, para “rescatar evidencia bajo el agua”. Respecto a las diligencias, el fiscal nacional expresó que existen algunas “ pendientes ”. “Hay una cantidad importante de recursos tanto de la policía como del Ministerio Público que están concentrados y focalizados en aquello con dedicación”, aclaró. “Muy probablemente van a ver novedades respecto de diligencias en particular que se van a hacer. Muy probablemente respecto a un peritaje. Pero aquello creo que es la fiscal a cargo del caso que en su momento va a entregar la información”, añadió. En esa línea, Valencia manifestó que la fiscal regional Marcela Cartagena, quien está a cargo de la investigación realizó “algunas peticiones porque, efectivamente, los recursos que tenemos disponibles a nivel policial no están nunca preparados para un caso como este, son recursos especializados, es necesario pedir apoyo de entidades externas a la policía que tienen las capacidades para hacer peritajes de esta naturaleza y eso requiere fondos adicionales”. La fiscal está evaluando la necesidad de esa pericia y la Fiscalía Nacional está evaluando la disponibilidad presupuestaria, esperamos en el caso nuestro, esperamos contar con esos fondos para poder realizar todas las diligencias necesarias para esclarecer esto, agregó. Fuente: La Tercera Nacional
Para mediados de semana esperan los diputados oficialistas tener redactada la solicitud de remoción del fiscal regional de Coquimbo, Patricio Cooper, de manera que ésta pueda ser ingresada a la Corte Suprema a más tardar el próximo lunes, indicaron los legisladores. La medida, se enmarca en la filtración que hizo el diario La Tercera de una serie de chat personales entre las militantes comunistas Irací Hassler y la diputada Karol Cariola, los cuales se obtuvieron del celular requisado a la exalcaldesa de Santiago en la investigación del caso Sierra Bella. La diputada del Partido Comunista (PC), Carmen Hertz, afirmó que creen “que la actuación del fiscal Cooper y la actuación de la Fiscalía Nacional, en otros casos, socavan sin duda los cimientos democráticos”. Además, la parlamentaria cuestionó “que los fiscales actúen como opinólogos en diversos espacios televisivos. Los fiscales y todos los actores del sistema judicial deben hablar por sus resoluciones, no se dedican a ser opinólogos ni a ser entrevistados en distintos programas de televisión”. En ese sentido, argumentó que “la Fiscalía Nacional tiene, ni más ni menos, que la dirección exclusiva de las investigaciones penales, tiene la posibilidad de determinar cómo operan aquellas fuerzas que tienen el monopolio de las armas, la PDI y Carabineros”. “Esperamos que el Poder Judicial, y la Corte Suprema en particular, aquilaten las observaciones, todos los elementos que estamos analizando y aquellos con los cuales configuramos la causal de remoción de manera sólida”, concluyó la diputada Carmen Hertz. Valencia respalda a Cooper El fiscal nacional, Ángel Valencia, en tanto, sostuvo que si bien él esperaría “que estas cosas no ocurrieran, no son infrecuentes”, añadiendo que la medida anunciada “obedece al ejercicio de la atribución de los parlamentarios”. El fiscal Valencia agregó que no han recibido ninguna petición en orden a remover a Patricio Cooper de las causas, recordando que “el hecho de que se presente una solicitud de remoción en el Ministerio Público, les recuerdo los casos más recientes, no ha sido un motivo suficiente como para que un fiscal tenga que dejar la causa” y aclaró que “por el momento, no hay ninguna decisión de esa naturaleza”. Fuente: Publimetro
Luego del lapidario fallo emitido por la Primera Sala de la Corte de Apelaciones de Antofagasta, donde se responsabiliza a la Fiscalía de avalar actuaciones policiales propias de la dictadura cívico militar en la arista Procultura del caso Convenio, debido a una serie de escuchas telefónicas ilegales en el marco de la indagatoria que llevaba adelante el fiscal Patrico Cooper, el Ministerio Público apeló a la resolución ante la Corte Suprema. El fiscal regional de Antofagasta, Juan Castro Bekios -quien asumió la causa tras la remoción de Patricio Cooper- presentó un recurso de apelación ante el máximo tribunal tras el fallo de la Corte de Apelaciones de Antofagasta que declaró ilegales las escuchas telefónicas realizadas a Josefina Huneeus. En la apelación, la Fiscalía asegura que el fallo contiene “opiniones personales o consideraciones de orden político”, agregando que “es dable prevenir la presencia de frases que no resulta posible identificar con un ejercicio correcto de aplicación del derecho, pues es evidente que no responden a paráfrasis de normas jurídicas vigentes, citas de resoluciones judiciales dictadas por otros tribunales de nuestro país, ni tampoco constituyen razonamientos doctrinarios que permitan fundamentar razonablemente la decisión adoptada”. Respecto a la calificación que hizo la Corte de Apelaciones de Antofagasta al señalar que las actuaciones del Ministerio Público son “propias de tiempos pretéritos de la República, donde las garantías fundamentales de los ciudadanos eran vulneradas por agentes del propio Estado”. El fiscal Castro las cuestinó. Sostuvo que “la emisión de apreciaciones sobre las aptitudes de los funcionarios que forman parte de la Policía de Investigaciones o la analogía entre el desarrollo de una diligencia y un período histórico de nuestro país es susceptible de ser calificado como impertinente, atendido que la potestad ejercida por todo tribunal de nuestro país no contempla una prerrogativa de tal índole”. En la apelación de la Fiscalía se pide a la Corte Suprema que “revoque la resolución recurrida y declare la legalidad de las resoluciones judiciales cuestionadas, así como también la de todas las diligencias y resoluciones que de ellas derivaron, en lo concerniente a la amparada”. De igual forma, pero en caso que no se acoga la apelación, el fiscal Castro pidió al máximo tribunal invalidar las referencias del fallo que contienen “opiniones personales o consideraciones de orden político”. Fuente: Publimetro
La Fiscalía Nacional confirmó este jueves que decidió abrir una carpeta investigativa en contra de 25 mil funcionarios públicos ante eventuales delitos de fraude al fisco en la emisión de licencias médicas durante 2023 y 2024, y que en dicho periodo habrían sido cumplidas por los trabajadores fuera del país. Según se informó esta jornada, la causa quedó en manos de la Fiscalía Oriente y será encabezada por la fiscal Lorena Parra, quien ya habría iniciado las primeras indagatorias para esclarecer la legalidad en la entrega de estos documentos médicos a trabajadores que las habrían utilizado para salir de vacaciones. En la investigación también estarían en la mira los doctores y especialistas médicos que entregaron estas licencias fraudulentas, a quienes se persigue ante eventuales delitos de emisión de documentos falsos. Según informó latercera.com, el ente persecutor “dirigido por el fiscal nacional Ángel Valencia, resolvió abrir oficio la investigación con el fin de determinar la responsabilidad en delitos fraude al fisco, en el caso de los funcionarios, y eventual emisión de permisos médicos falsos o fraudulentos en el caso de los médicos”. Cabe señalar que esta indagatoria de oficio llega luego de conocerse el informe de la Contraloría General de la República, que logró identificar a más de 25 mil empleados públicos que presentaron sus licencias médicas, y que se verificaron fueron utilizadas durante sus periodos vacacionales. Un total de 35.585 documentos que se presentaron en diversas reparticiones públicas (13), y que fueron emitidos en un 69% por Fonasa y otro 31% por diferentes Isapres. La institución pública más comprometida en esta investigación es la Junta Nacional de Jardines Infantiles (Junji), con un total de dos mil doscientos ochenta licencias médicas emitidas a funcionarios que las usaron en sus periodos vacacionales. Un 25% del total de permisos médicos que fueron emitidos durante 2023 y 2024 a diversas reparticiones públicas; en los que instituciones como Fundación Íntegra (1.934) y la municipalidad Arica (719) fueron quienes más registraron licencias médicas con esta finalidad para sus empleados. Fuente: Publimetro
Luego del lapidario fallo emitido por la Primera Sala de la Corte de Apelaciones de Antofagasta, donde se responsabiliza a la Fiscalía de avalar actuaciones policiales propias de la dictadura cívico militar en la arista Procultura del caso Convenio, debido a una serie de escuchas telefónicas ilegales en el marco de la indagatoria que llevaba adelante el fiscal Patrico Cooper, el Ministerio Público anunció que apelara a la resolución ante la Corte Suprema. La información la dio a conocer el nuevo persecutor del caso, el fiscal regional de Antofagasta, Juan Castro, luego de sostener durante la tarde de este martes una reunión de coordinación con Cooper y el jefe de la Unidad Anticorrupción de la Fiscalía Nacional, Eugenio Campos, en el marco del traspaso de la investigación. El fiscal Castro señaló que la reunión se llevó a cabo por que se trata “de una investigación de alta complejidad” y con el objetivo que “se puedan hacer los traspasos de la información, de los antecedentes de investigación y de la evidencia, de la forma más expedita posible”. En cuanto al fallo que acogió el recurso de amparo presentado por la defensa de Josefina Huneeus, expareja del fundador de la Fundación Procultura, Alberto Larraín, en contra de las interceptaciones telefónicas dispuestas por Patricio Cooper a la Policía de Investigaciones (PDI) y autorizadas por la magistrada del Tribunal de Garantía de Antofagasta, Sissi Bertoglio-Talap, el fiscal Castro señaló que han “tomado la decisión como fiscalía regional de Antofagasta de recurrir respecto de la misma ante la Corte Suprema”. El lapidario fallo contra la Fiscalía En lo medular, el fallo estableció que “no solo se ha infringido la obligación general de fundamentación que ordena el artículo 36 del Código Procesal Penal y todos y cada uno de los requisitos y obligaciones que impone el artículo 222 del mismo texto legal, sino que se han validado actuaciones policiales al amparo de quien dirige la investigación, propias de tiempos pretéritos de la República,donde las garantías fundamentales de los ciudadanos eran vulnerados por agentes del propio Estado”. Tras la resolución, la Fiscalía Nacional informó que se removía del caso al fiscal Cooper, con el fin de “asegurar su continuidad, objetividad y el adecuado desarrollo de las diligencias en curso”. En conversación con canal 13, el fiscal nacional Ángel Valencia, cuestionó el falló de la Primera Sala de la Corte de Apelaciones de Antofagasta, sosteniendo que “más que contundente, contiene un conjunto de afirmaciones graves. Hay afirmaciones de hecho y opiniones jurídicas. Y además opiniones que van incluso más allá de lo jurídico. Leí algunas opiniones que me parece que son injustas“. Fuente: Publimetro
El fiscal nacional, Ángel Valencia, abordó la investigación expresó que se requieren “ fondos adicionales ” para realizar nuevas diligencias en el caso del naufragio de la lancha Bruma que terminó con la desaparición de sus siete tripulantes. Los hechos ocurridos el 30 de marzo en las costas de la Región del Biobío han dejado con incertidumbre respecto a qué provocó el hundimiento de la embarcación de pesca artesanal. Las diligencias que se han realizado por parte del Ministerio Público con ayuda de la Armada del barco Cobra, del cual se sospecha colisionó con Bruma, han sido todas en el mar. En esa línea, las familias de los pescadores desaparecidos solicitaron peritajes en dique seco, es decir, que el pesquero industrial sea llevado a tierra y analizado, para “rescatar evidencia bajo el agua”. Respecto a las diligencias, el fiscal nacional expresó que existen algunas “ pendientes ”. “Hay una cantidad importante de recursos tanto de la policía como del Ministerio Público que están concentrados y focalizados en aquello con dedicación”, aclaró. “Muy probablemente van a ver novedades respecto de diligencias en particular que se van a hacer. Muy probablemente respecto a un peritaje. Pero aquello creo que es la fiscal a cargo del caso que en su momento va a entregar la información”, añadió. En esa línea, Valencia manifestó que la fiscal regional Marcela Cartagena, quien está a cargo de la investigación realizó “algunas peticiones porque, efectivamente, los recursos que tenemos disponibles a nivel policial no están nunca preparados para un caso como este, son recursos especializados, es necesario pedir apoyo de entidades externas a la policía que tienen las capacidades para hacer peritajes de esta naturaleza y eso requiere fondos adicionales”. La fiscal está evaluando la necesidad de esa pericia y la Fiscalía Nacional está evaluando la disponibilidad presupuestaria, esperamos en el caso nuestro, esperamos contar con esos fondos para poder realizar todas las diligencias necesarias para esclarecer esto, agregó. Fuente: La Tercera Nacional
Para mediados de semana esperan los diputados oficialistas tener redactada la solicitud de remoción del fiscal regional de Coquimbo, Patricio Cooper, de manera que ésta pueda ser ingresada a la Corte Suprema a más tardar el próximo lunes, indicaron los legisladores. La medida, se enmarca en la filtración que hizo el diario La Tercera de una serie de chat personales entre las militantes comunistas Irací Hassler y la diputada Karol Cariola, los cuales se obtuvieron del celular requisado a la exalcaldesa de Santiago en la investigación del caso Sierra Bella. La diputada del Partido Comunista (PC), Carmen Hertz, afirmó que creen “que la actuación del fiscal Cooper y la actuación de la Fiscalía Nacional, en otros casos, socavan sin duda los cimientos democráticos”. Además, la parlamentaria cuestionó “que los fiscales actúen como opinólogos en diversos espacios televisivos. Los fiscales y todos los actores del sistema judicial deben hablar por sus resoluciones, no se dedican a ser opinólogos ni a ser entrevistados en distintos programas de televisión”. En ese sentido, argumentó que “la Fiscalía Nacional tiene, ni más ni menos, que la dirección exclusiva de las investigaciones penales, tiene la posibilidad de determinar cómo operan aquellas fuerzas que tienen el monopolio de las armas, la PDI y Carabineros”. “Esperamos que el Poder Judicial, y la Corte Suprema en particular, aquilaten las observaciones, todos los elementos que estamos analizando y aquellos con los cuales configuramos la causal de remoción de manera sólida”, concluyó la diputada Carmen Hertz. Valencia respalda a Cooper El fiscal nacional, Ángel Valencia, en tanto, sostuvo que si bien él esperaría “que estas cosas no ocurrieran, no son infrecuentes”, añadiendo que la medida anunciada “obedece al ejercicio de la atribución de los parlamentarios”. El fiscal Valencia agregó que no han recibido ninguna petición en orden a remover a Patricio Cooper de las causas, recordando que “el hecho de que se presente una solicitud de remoción en el Ministerio Público, les recuerdo los casos más recientes, no ha sido un motivo suficiente como para que un fiscal tenga que dejar la causa” y aclaró que “por el momento, no hay ninguna decisión de esa naturaleza”. Fuente: Publimetro
