El reporte anual de homicidios 2024 fue dado a conocer este viernes 29 de agosto por la Fiscalía Nacional, revelando un descenso general en los indicadores respecto del año 2023. En total, se registraron 3578 casos, 3% menos que el año anterior, de los cuales 1207 (28%) corresponden a homicidios consumados, los que aumentaron un 2% respecto de 2023. El Ministerio Público informó que este nuevo informe “entrega información sistematizada sobre los imputados por este delito (tanto en su etapa de consumado, tentado o frustrado) y hace un análisis de los homicidios cometidos en contexto de crimen organizado; de femicidios y homicidios cometidos por mujeres; de homicidios de niñas, niños y adolescentes y la participación de adolescentes imputados por estos hechos, junto a un reporte de los homicidios cometidos bajo custodia del Estado en recintos penitenciarios”. Según detalló la Fiscalía Nacional, “los delitos de homicidios disminuyeron en un 2,7%; las víctimas, en un 11,2% y los imputados en un 4,1%”. Mientras que “la tasa nacional alcanzó las 6 víctimas por cada 100 000 habitantes, lo que representa una baja del 4% respecto del 2023″. Pese al descenso en las cifras, el reporte da cuenta de un incremento de niñas, niños y adolescentes como víctimas e imputados de homicidio. La Fiscalía detalló que en 2024 se registró la cifra más alta de menores de edad víctimas con 76 casos, lo que equivale a un 6.3% del total de homicidios. El 68%, en tanto, “correspondió a adolescentes entre 14 y 17 años, y más de la mitad de estos crímenes fueron cometidos con armas de fuego”, indicaron. Asimismo, advirtieron que “la participación de adolescentes imputados por homicidio se incrementó, alcanzando una tasa del 8.8 por cada 100000 adolescentes, la más alta de los últimos tres años”. De igual forma, se indicó que “el 84% de estos imputados quedó sujeto a internación provisoria, lo que representa un aumento significativo respecto del 69% registrado en 2023″. La Fiscalía Nacional informó también “de un importante aumento en la prevalencia de la participación de personas extranjeras en calidad de víctimas e imputados. En el primer caso se observa un aumento del 10%, consolidando así una tendencia al alza en la presencia de extranjeros entre las víctimas de este delito”. En cuanto a los imputados, se sostuvo que “la mayoría sigue siendo de nacionalidad chilena, pero la proporción de extranjeros se duplicó, pasando de un 10% en 2021 a un 20.4% en 2024; es decir, actualmente uno de cada cinco imputados por homicidios son extranjeros, destacando las nacionalidades venezolanas y colombianas”. Sobre estas dimensiones, el informe “destaca la persistencia de los homicidios asociados al crimen organizado, que representan un16.5% del total, así como el aumento de homicidios cometidos en recintos penitenciarios, cuya tasa es másde13 veces superior a la nacional”. De igual forma, se informó que “mientras en2022el42%de los casosdehomicidios no teníaunimputado identificado,en2024esta cifra seredujoal34%,loque dacuentaunavanceen lacapacidaddelsistemadejusticiaparaidentificaralosresponsablesymejorar lapersecución penal”. Respecto defemicidios,porsuparteéstospasaronde43a44casos“conuncambioensulocalización:unamayorproporción destoshechosseprodujoenespacios públicosloqueconstituyeundatofenomenológicoimportante”. Fuente: Publimetro
La Cámara de Diputadas y Diputados aprobó en tercer trámite legislativo el proyecto de ley que crea la Fiscalía Supraterritorial (FS) de la Fiscalía Nacional, organismo encargado de perseguir el crimen organizado y los delitos de alta complejidad. De esta manera, la FS se incorporará a la Ley Orgánica del Ministerio Público y actuará en casos donde existan antecedentes de asociaciones delictivas o criminales que requieran intervención en más de una región o a nivel internacional (supraterritorial). Según lo indicado por la Fiscalía, el proyecto establece la creación de una unidad funcional nacional dentro del Ministerio Público, con un Fiscal Jefe designado por el Fiscal Nacional y con rango equivalente al de Fiscal Regional. Este fiscal será exclusiva confianza del Fiscal Nacional y podrá recibir instrucciones generales y particulares en las investigaciones a su cargo. Además, se conformará un equipo técnico-especializado integrado por fiscales adjuntos con experiencia en crimen organizado y litigación compleja, con evaluaciones exigentes y un régimen de rotación limitado en el tiempo. También se articulará un Sistema de Análisis Criminal para potenciar la persecución penal mediante estrategias integradas de análisis especializado a nivel nacional. La nueva Fiscalía Supraterritorial contará con facultades para actuar a nivel nacional y transnacional, complementando el modelo regionalizado actual. Se busca así hacer frente a la sofisticación y expansión territorial de las asociaciones criminales transnacionales que amenazan la seguridad pública y el Estado de Derecho. La ley también refuerza los mecanismos de rendición de cuentas e información al Congreso. El Fiscal Jefe deberá rendir cuenta pública anualmente sobre su gestión, mientras que el Fiscal Nacional informará al Congreso sobre el funcionamiento de la Fiscalía Supraterritorial y los desafíos del crimen organizado. El Fiscal Nacional, Ángel Valencia, destacó que hoy damos un paso fundamental en la lucha contra el crimen organizado. La ley que crea la Fiscalía supraterritorial ha sido aprobada por el Congreso Nacional y con ella dotamos al Ministerio Público y al Estado de Chile de una herramienta estratégica para investigar los delitos más complejos donde actúan organizaciones en varias regiones o incluso a nivel internacional. La nueva institucionalidad contempla una dotación de 35 fiscales y 63 funcionarios de apoyo, con un presupuesto inicial de 7691 millones de pesos y un plazo gradual de 3 años para su implementación. Fuente: Publimetro
Luego del lapidario fallo emitido por la Primera Sala de la Corte de Apelaciones de Antofagasta, donde se responsabiliza a la Fiscalía de avalar actuaciones policiales propias de la dictadura cívico militar en la arista Procultura del caso Convenio, debido a una serie de escuchas telefónicas ilegales en el marco de la indagatoria que llevaba adelante el fiscal Patrico Cooper, el Ministerio Público apeló a la resolución ante la Corte Suprema. El fiscal regional de Antofagasta, Juan Castro Bekios -quien asumió la causa tras la remoción de Patricio Cooper- presentó un recurso de apelación ante el máximo tribunal tras el fallo de la Corte de Apelaciones de Antofagasta que declaró ilegales las escuchas telefónicas realizadas a Josefina Huneeus. En la apelación, la Fiscalía asegura que el fallo contiene “opiniones personales o consideraciones de orden político”, agregando que “es dable prevenir la presencia de frases que no resulta posible identificar con un ejercicio correcto de aplicación del derecho, pues es evidente que no responden a paráfrasis de normas jurídicas vigentes, citas de resoluciones judiciales dictadas por otros tribunales de nuestro país, ni tampoco constituyen razonamientos doctrinarios que permitan fundamentar razonablemente la decisión adoptada”. Respecto a la calificación que hizo la Corte de Apelaciones de Antofagasta al señalar que las actuaciones del Ministerio Público son “propias de tiempos pretéritos de la República, donde las garantías fundamentales de los ciudadanos eran vulneradas por agentes del propio Estado”. El fiscal Castro las cuestinó. Sostuvo que “la emisión de apreciaciones sobre las aptitudes de los funcionarios que forman parte de la Policía de Investigaciones o la analogía entre el desarrollo de una diligencia y un período histórico de nuestro país es susceptible de ser calificado como impertinente, atendido que la potestad ejercida por todo tribunal de nuestro país no contempla una prerrogativa de tal índole”. En la apelación de la Fiscalía se pide a la Corte Suprema que “revoque la resolución recurrida y declare la legalidad de las resoluciones judiciales cuestionadas, así como también la de todas las diligencias y resoluciones que de ellas derivaron, en lo concerniente a la amparada”. De igual forma, pero en caso que no se acoga la apelación, el fiscal Castro pidió al máximo tribunal invalidar las referencias del fallo que contienen “opiniones personales o consideraciones de orden político”. Fuente: Publimetro
La Fiscalía Nacional confirmó este jueves que decidió abrir una carpeta investigativa en contra de 25 mil funcionarios públicos ante eventuales delitos de fraude al fisco en la emisión de licencias médicas durante 2023 y 2024, y que en dicho periodo habrían sido cumplidas por los trabajadores fuera del país. Según se informó esta jornada, la causa quedó en manos de la Fiscalía Oriente y será encabezada por la fiscal Lorena Parra, quien ya habría iniciado las primeras indagatorias para esclarecer la legalidad en la entrega de estos documentos médicos a trabajadores que las habrían utilizado para salir de vacaciones. En la investigación también estarían en la mira los doctores y especialistas médicos que entregaron estas licencias fraudulentas, a quienes se persigue ante eventuales delitos de emisión de documentos falsos. Según informó latercera.com, el ente persecutor “dirigido por el fiscal nacional Ángel Valencia, resolvió abrir oficio la investigación con el fin de determinar la responsabilidad en delitos fraude al fisco, en el caso de los funcionarios, y eventual emisión de permisos médicos falsos o fraudulentos en el caso de los médicos”. Cabe señalar que esta indagatoria de oficio llega luego de conocerse el informe de la Contraloría General de la República, que logró identificar a más de 25 mil empleados públicos que presentaron sus licencias médicas, y que se verificaron fueron utilizadas durante sus periodos vacacionales. Un total de 35.585 documentos que se presentaron en diversas reparticiones públicas (13), y que fueron emitidos en un 69% por Fonasa y otro 31% por diferentes Isapres. La institución pública más comprometida en esta investigación es la Junta Nacional de Jardines Infantiles (Junji), con un total de dos mil doscientos ochenta licencias médicas emitidas a funcionarios que las usaron en sus periodos vacacionales. Un 25% del total de permisos médicos que fueron emitidos durante 2023 y 2024 a diversas reparticiones públicas; en los que instituciones como Fundación Íntegra (1.934) y la municipalidad Arica (719) fueron quienes más registraron licencias médicas con esta finalidad para sus empleados. Fuente: Publimetro
Luego del lapidario fallo emitido por la Primera Sala de la Corte de Apelaciones de Antofagasta, donde se responsabiliza a la Fiscalía de avalar actuaciones policiales propias de la dictadura cívico militar en la arista Procultura del caso Convenio, debido a una serie de escuchas telefónicas ilegales en el marco de la indagatoria que llevaba adelante el fiscal Patrico Cooper, el Ministerio Público anunció que apelara a la resolución ante la Corte Suprema. La información la dio a conocer el nuevo persecutor del caso, el fiscal regional de Antofagasta, Juan Castro, luego de sostener durante la tarde de este martes una reunión de coordinación con Cooper y el jefe de la Unidad Anticorrupción de la Fiscalía Nacional, Eugenio Campos, en el marco del traspaso de la investigación. El fiscal Castro señaló que la reunión se llevó a cabo por que se trata “de una investigación de alta complejidad” y con el objetivo que “se puedan hacer los traspasos de la información, de los antecedentes de investigación y de la evidencia, de la forma más expedita posible”. En cuanto al fallo que acogió el recurso de amparo presentado por la defensa de Josefina Huneeus, expareja del fundador de la Fundación Procultura, Alberto Larraín, en contra de las interceptaciones telefónicas dispuestas por Patricio Cooper a la Policía de Investigaciones (PDI) y autorizadas por la magistrada del Tribunal de Garantía de Antofagasta, Sissi Bertoglio-Talap, el fiscal Castro señaló que han “tomado la decisión como fiscalía regional de Antofagasta de recurrir respecto de la misma ante la Corte Suprema”. El lapidario fallo contra la Fiscalía En lo medular, el fallo estableció que “no solo se ha infringido la obligación general de fundamentación que ordena el artículo 36 del Código Procesal Penal y todos y cada uno de los requisitos y obligaciones que impone el artículo 222 del mismo texto legal, sino que se han validado actuaciones policiales al amparo de quien dirige la investigación, propias de tiempos pretéritos de la República,donde las garantías fundamentales de los ciudadanos eran vulnerados por agentes del propio Estado”. Tras la resolución, la Fiscalía Nacional informó que se removía del caso al fiscal Cooper, con el fin de “asegurar su continuidad, objetividad y el adecuado desarrollo de las diligencias en curso”. En conversación con canal 13, el fiscal nacional Ángel Valencia, cuestionó el falló de la Primera Sala de la Corte de Apelaciones de Antofagasta, sosteniendo que “más que contundente, contiene un conjunto de afirmaciones graves. Hay afirmaciones de hecho y opiniones jurídicas. Y además opiniones que van incluso más allá de lo jurídico. Leí algunas opiniones que me parece que son injustas“. Fuente: Publimetro
El reporte anual de homicidios 2024 fue dado a conocer este viernes 29 de agosto por la Fiscalía Nacional, revelando un descenso general en los indicadores respecto del año 2023. En total, se registraron 3578 casos, 3% menos que el año anterior, de los cuales 1207 (28%) corresponden a homicidios consumados, los que aumentaron un 2% respecto de 2023. El Ministerio Público informó que este nuevo informe “entrega información sistematizada sobre los imputados por este delito (tanto en su etapa de consumado, tentado o frustrado) y hace un análisis de los homicidios cometidos en contexto de crimen organizado; de femicidios y homicidios cometidos por mujeres; de homicidios de niñas, niños y adolescentes y la participación de adolescentes imputados por estos hechos, junto a un reporte de los homicidios cometidos bajo custodia del Estado en recintos penitenciarios”. Según detalló la Fiscalía Nacional, “los delitos de homicidios disminuyeron en un 2,7%; las víctimas, en un 11,2% y los imputados en un 4,1%”. Mientras que “la tasa nacional alcanzó las 6 víctimas por cada 100 000 habitantes, lo que representa una baja del 4% respecto del 2023″. Pese al descenso en las cifras, el reporte da cuenta de un incremento de niñas, niños y adolescentes como víctimas e imputados de homicidio. La Fiscalía detalló que en 2024 se registró la cifra más alta de menores de edad víctimas con 76 casos, lo que equivale a un 6.3% del total de homicidios. El 68%, en tanto, “correspondió a adolescentes entre 14 y 17 años, y más de la mitad de estos crímenes fueron cometidos con armas de fuego”, indicaron. Asimismo, advirtieron que “la participación de adolescentes imputados por homicidio se incrementó, alcanzando una tasa del 8.8 por cada 100000 adolescentes, la más alta de los últimos tres años”. De igual forma, se indicó que “el 84% de estos imputados quedó sujeto a internación provisoria, lo que representa un aumento significativo respecto del 69% registrado en 2023″. La Fiscalía Nacional informó también “de un importante aumento en la prevalencia de la participación de personas extranjeras en calidad de víctimas e imputados. En el primer caso se observa un aumento del 10%, consolidando así una tendencia al alza en la presencia de extranjeros entre las víctimas de este delito”. En cuanto a los imputados, se sostuvo que “la mayoría sigue siendo de nacionalidad chilena, pero la proporción de extranjeros se duplicó, pasando de un 10% en 2021 a un 20.4% en 2024; es decir, actualmente uno de cada cinco imputados por homicidios son extranjeros, destacando las nacionalidades venezolanas y colombianas”. Sobre estas dimensiones, el informe “destaca la persistencia de los homicidios asociados al crimen organizado, que representan un16.5% del total, así como el aumento de homicidios cometidos en recintos penitenciarios, cuya tasa es másde13 veces superior a la nacional”. De igual forma, se informó que “mientras en2022el42%de los casosdehomicidios no teníaunimputado identificado,en2024esta cifra seredujoal34%,loque dacuentaunavanceen lacapacidaddelsistemadejusticiaparaidentificaralosresponsablesymejorar lapersecución penal”. Respecto defemicidios,porsuparteéstospasaronde43a44casos“conuncambioensulocalización:unamayorproporción destoshechosseprodujoenespacios públicosloqueconstituyeundatofenomenológicoimportante”. Fuente: Publimetro
La Cámara de Diputadas y Diputados aprobó en tercer trámite legislativo el proyecto de ley que crea la Fiscalía Supraterritorial (FS) de la Fiscalía Nacional, organismo encargado de perseguir el crimen organizado y los delitos de alta complejidad. De esta manera, la FS se incorporará a la Ley Orgánica del Ministerio Público y actuará en casos donde existan antecedentes de asociaciones delictivas o criminales que requieran intervención en más de una región o a nivel internacional (supraterritorial). Según lo indicado por la Fiscalía, el proyecto establece la creación de una unidad funcional nacional dentro del Ministerio Público, con un Fiscal Jefe designado por el Fiscal Nacional y con rango equivalente al de Fiscal Regional. Este fiscal será exclusiva confianza del Fiscal Nacional y podrá recibir instrucciones generales y particulares en las investigaciones a su cargo. Además, se conformará un equipo técnico-especializado integrado por fiscales adjuntos con experiencia en crimen organizado y litigación compleja, con evaluaciones exigentes y un régimen de rotación limitado en el tiempo. También se articulará un Sistema de Análisis Criminal para potenciar la persecución penal mediante estrategias integradas de análisis especializado a nivel nacional. La nueva Fiscalía Supraterritorial contará con facultades para actuar a nivel nacional y transnacional, complementando el modelo regionalizado actual. Se busca así hacer frente a la sofisticación y expansión territorial de las asociaciones criminales transnacionales que amenazan la seguridad pública y el Estado de Derecho. La ley también refuerza los mecanismos de rendición de cuentas e información al Congreso. El Fiscal Jefe deberá rendir cuenta pública anualmente sobre su gestión, mientras que el Fiscal Nacional informará al Congreso sobre el funcionamiento de la Fiscalía Supraterritorial y los desafíos del crimen organizado. El Fiscal Nacional, Ángel Valencia, destacó que hoy damos un paso fundamental en la lucha contra el crimen organizado. La ley que crea la Fiscalía supraterritorial ha sido aprobada por el Congreso Nacional y con ella dotamos al Ministerio Público y al Estado de Chile de una herramienta estratégica para investigar los delitos más complejos donde actúan organizaciones en varias regiones o incluso a nivel internacional. La nueva institucionalidad contempla una dotación de 35 fiscales y 63 funcionarios de apoyo, con un presupuesto inicial de 7691 millones de pesos y un plazo gradual de 3 años para su implementación. Fuente: Publimetro
Luego del lapidario fallo emitido por la Primera Sala de la Corte de Apelaciones de Antofagasta, donde se responsabiliza a la Fiscalía de avalar actuaciones policiales propias de la dictadura cívico militar en la arista Procultura del caso Convenio, debido a una serie de escuchas telefónicas ilegales en el marco de la indagatoria que llevaba adelante el fiscal Patrico Cooper, el Ministerio Público apeló a la resolución ante la Corte Suprema. El fiscal regional de Antofagasta, Juan Castro Bekios -quien asumió la causa tras la remoción de Patricio Cooper- presentó un recurso de apelación ante el máximo tribunal tras el fallo de la Corte de Apelaciones de Antofagasta que declaró ilegales las escuchas telefónicas realizadas a Josefina Huneeus. En la apelación, la Fiscalía asegura que el fallo contiene “opiniones personales o consideraciones de orden político”, agregando que “es dable prevenir la presencia de frases que no resulta posible identificar con un ejercicio correcto de aplicación del derecho, pues es evidente que no responden a paráfrasis de normas jurídicas vigentes, citas de resoluciones judiciales dictadas por otros tribunales de nuestro país, ni tampoco constituyen razonamientos doctrinarios que permitan fundamentar razonablemente la decisión adoptada”. Respecto a la calificación que hizo la Corte de Apelaciones de Antofagasta al señalar que las actuaciones del Ministerio Público son “propias de tiempos pretéritos de la República, donde las garantías fundamentales de los ciudadanos eran vulneradas por agentes del propio Estado”. El fiscal Castro las cuestinó. Sostuvo que “la emisión de apreciaciones sobre las aptitudes de los funcionarios que forman parte de la Policía de Investigaciones o la analogía entre el desarrollo de una diligencia y un período histórico de nuestro país es susceptible de ser calificado como impertinente, atendido que la potestad ejercida por todo tribunal de nuestro país no contempla una prerrogativa de tal índole”. En la apelación de la Fiscalía se pide a la Corte Suprema que “revoque la resolución recurrida y declare la legalidad de las resoluciones judiciales cuestionadas, así como también la de todas las diligencias y resoluciones que de ellas derivaron, en lo concerniente a la amparada”. De igual forma, pero en caso que no se acoga la apelación, el fiscal Castro pidió al máximo tribunal invalidar las referencias del fallo que contienen “opiniones personales o consideraciones de orden político”. Fuente: Publimetro
La Fiscalía Nacional confirmó este jueves que decidió abrir una carpeta investigativa en contra de 25 mil funcionarios públicos ante eventuales delitos de fraude al fisco en la emisión de licencias médicas durante 2023 y 2024, y que en dicho periodo habrían sido cumplidas por los trabajadores fuera del país. Según se informó esta jornada, la causa quedó en manos de la Fiscalía Oriente y será encabezada por la fiscal Lorena Parra, quien ya habría iniciado las primeras indagatorias para esclarecer la legalidad en la entrega de estos documentos médicos a trabajadores que las habrían utilizado para salir de vacaciones. En la investigación también estarían en la mira los doctores y especialistas médicos que entregaron estas licencias fraudulentas, a quienes se persigue ante eventuales delitos de emisión de documentos falsos. Según informó latercera.com, el ente persecutor “dirigido por el fiscal nacional Ángel Valencia, resolvió abrir oficio la investigación con el fin de determinar la responsabilidad en delitos fraude al fisco, en el caso de los funcionarios, y eventual emisión de permisos médicos falsos o fraudulentos en el caso de los médicos”. Cabe señalar que esta indagatoria de oficio llega luego de conocerse el informe de la Contraloría General de la República, que logró identificar a más de 25 mil empleados públicos que presentaron sus licencias médicas, y que se verificaron fueron utilizadas durante sus periodos vacacionales. Un total de 35.585 documentos que se presentaron en diversas reparticiones públicas (13), y que fueron emitidos en un 69% por Fonasa y otro 31% por diferentes Isapres. La institución pública más comprometida en esta investigación es la Junta Nacional de Jardines Infantiles (Junji), con un total de dos mil doscientos ochenta licencias médicas emitidas a funcionarios que las usaron en sus periodos vacacionales. Un 25% del total de permisos médicos que fueron emitidos durante 2023 y 2024 a diversas reparticiones públicas; en los que instituciones como Fundación Íntegra (1.934) y la municipalidad Arica (719) fueron quienes más registraron licencias médicas con esta finalidad para sus empleados. Fuente: Publimetro
Luego del lapidario fallo emitido por la Primera Sala de la Corte de Apelaciones de Antofagasta, donde se responsabiliza a la Fiscalía de avalar actuaciones policiales propias de la dictadura cívico militar en la arista Procultura del caso Convenio, debido a una serie de escuchas telefónicas ilegales en el marco de la indagatoria que llevaba adelante el fiscal Patrico Cooper, el Ministerio Público anunció que apelara a la resolución ante la Corte Suprema. La información la dio a conocer el nuevo persecutor del caso, el fiscal regional de Antofagasta, Juan Castro, luego de sostener durante la tarde de este martes una reunión de coordinación con Cooper y el jefe de la Unidad Anticorrupción de la Fiscalía Nacional, Eugenio Campos, en el marco del traspaso de la investigación. El fiscal Castro señaló que la reunión se llevó a cabo por que se trata “de una investigación de alta complejidad” y con el objetivo que “se puedan hacer los traspasos de la información, de los antecedentes de investigación y de la evidencia, de la forma más expedita posible”. En cuanto al fallo que acogió el recurso de amparo presentado por la defensa de Josefina Huneeus, expareja del fundador de la Fundación Procultura, Alberto Larraín, en contra de las interceptaciones telefónicas dispuestas por Patricio Cooper a la Policía de Investigaciones (PDI) y autorizadas por la magistrada del Tribunal de Garantía de Antofagasta, Sissi Bertoglio-Talap, el fiscal Castro señaló que han “tomado la decisión como fiscalía regional de Antofagasta de recurrir respecto de la misma ante la Corte Suprema”. El lapidario fallo contra la Fiscalía En lo medular, el fallo estableció que “no solo se ha infringido la obligación general de fundamentación que ordena el artículo 36 del Código Procesal Penal y todos y cada uno de los requisitos y obligaciones que impone el artículo 222 del mismo texto legal, sino que se han validado actuaciones policiales al amparo de quien dirige la investigación, propias de tiempos pretéritos de la República,donde las garantías fundamentales de los ciudadanos eran vulnerados por agentes del propio Estado”. Tras la resolución, la Fiscalía Nacional informó que se removía del caso al fiscal Cooper, con el fin de “asegurar su continuidad, objetividad y el adecuado desarrollo de las diligencias en curso”. En conversación con canal 13, el fiscal nacional Ángel Valencia, cuestionó el falló de la Primera Sala de la Corte de Apelaciones de Antofagasta, sosteniendo que “más que contundente, contiene un conjunto de afirmaciones graves. Hay afirmaciones de hecho y opiniones jurídicas. Y además opiniones que van incluso más allá de lo jurídico. Leí algunas opiniones que me parece que son injustas“. Fuente: Publimetro
