Un preocupante registro se conoció esta semana en Chile respecto de procedimientos judiciales relacionados a causas penales por delitos de fraude, los cuales este primer trimestre alcanzaron un incremento de un 56,3% respecto del año pasado, el mayor que se haya informado en la última década en el país. Estos primeros meses del año, más de 10 mil causas judiciales por este tipo de delitos se llevaron a tribunales, siendo las regiones Metropolitana y la del Maule las más afectadas respecto de los 6.818 casos judicializados el año pasado. Aumento de causas penales por fraudes Fueron 10.655 los casos que conocieron los tribunales respecto de delitos vinculados a fraudes estos primeros tres meses, una cifra entregada por la consultora experta Sheriff (plataforma tecnológica de evaluación y monitoreo de personas para crear perfiles de riesgo crediticio), que resume en tres al mayor grupo de ilícitos: estafas (9.0317 causas penales), uso malicioso de tarjetas y dispositivos (873), y celebración de contrato simulado (68). Este es el mayor número de fraudes penales reportados en un primer trimestre desde que hay registros sistematizados, es decir, desde 2013. “Estamos viendo un fenómeno preocupante: el crecimiento sostenido de la judicialización por fraude, especialmente en zonas donde antes era menos habitual. Esto nos habla de un mayor uso del sistema judicial para perseguir delitos financieros, pero también de una mayor incidencia de estafas y engaños”, explica Vicente Cruz, CEO de Sheriff. “Es importante mencionar que esta data no incluye las causas de fraude reportadas en los respectivos Juzgados de Policía Local”, aclara Cruz, dejando en evidencia el preocupante aumento de estos delitos en el país. Estamos viendo un fenómeno preocupante: el crecimiento sostenido de la judicialización por fraude, especialmente en zonas donde antes era menos habitual — Vicente Cruz En este considerable aumento de causas penales, la Región Metropolitana registró 4.437 causas penales por fraude en 2025, un incremento de un 86,1% respecto a las 2.384 causas de 2024. Una cifra que representa más del 41% de todos los casos en Chile. Tras la capital nacional, el segundo mayor registro recayó en el Maule, región que reportó un alza del 268% en los casos de fraude durante el primer trimestre, con 703 causas en 2024 a 2.587 en 2025. El aumento proporcional más alto de todas las regiones. “Cuando regiones como el Maule comienzan a marcar alzas de este nivel, hay que prender las alertas, esto quiere decir que el ciberdelito no conoce de centralización”, explica el CEO. Los delitos que más crecieron 1.- Estafas y otras defraudaciones: 9.037 causas en 2025; un aumento de un 61,84% respecto de 2024 (5.584 causas). 2.- Uso malicioso de tarjetas y dispositivos: de tres casos en 2024 a 873 en 2025, aumentando casi 30 veces su incidencia. 3.- Celebración de contrato simulado : desde 56 a 68 causas, con un incremento de subiendo un 21,43% respecto del año pasado. “La sofisticación de los métodos de fraude digital sigue creciendo. La velocidad del delito supera muchas veces la capacidad de reacción de las víctimas y los organismos por detrás, por eso es clave tener a mano fuentes de información y herramientas predictivas”, dice Cruz, quien sostiene que “la judicialización de las causas de fraude es una buena medida porque previene potenciales actos fraudulentos al conocer los antecedentes históricos de las empresas y/o personas con las cuales hacemos negocios. “La prevención es la mejor estrategia. Usar tecnología para anticiparse a fraudes no es una opción, es una necesidad en este nuevo escenario”, concluye el líder de Sheriff. Fuente: Publimetro
Este miércoles se conoció que un empresario emitió boletas a Joaquín Lavín León, quien habría usado asignaciones parlamentarias para financiar material de campaña. Esto ocurre en el marco de la investigación por fraude que involucra al diputado, quien ya devolvió $7 millones a la Cámara de Diputados. En medio de la querella presentada por la administración de Tomás Vodanovic en la Municipalidad de Maipú ante el 9.º Juzgado de Garantía, en contra de Lavín León y su exasesor parlamentario Arnoldo Domínguez, por fraude al fisco y tráfico de influencias. Según una publicación de CIPER, la querella expone correos electrónicos, testimonios y hechos que darían cuenta de la presunta emisión de facturas falsas al Congreso, además de gestiones del en la Municipalidad de Maipú en beneficio de terceros. En este contexto, uno de los testimonios clave es el de Juan Alberto Silva, dueño de la Imprenta MMG S.A., quien declaró haber elaborado material de campaña para Joaquín Lavín León durante varios años. Según su relato ante la fiscalía, el diputado habría utilizado asignaciones parlamentarias para pagar parte de esos servicios. Arnaldo Domínguez (asesor) me propuso pagar mensualmente con nuevas facturas que yo emitiera a Joaquín Lavín, las que él rendiría (al Congreso), ya que esa era la única forma en que él tendría que pagarme lo que debía, lo que yo acepté, declaró Silva. En la querella se identificaron 19 facturas fraudulentas por un total $17.882.310. La situación se hizo pública semanas atrás cuando El Mostrador informó sobre los $7 millones devueltos por Lavín León a la Cámara. CIPER, verificó en el Servicio Electoral (Servel) que durante la campaña del 2017 Imprenta MMG S.A. fue proveedora no solo del diputado sino también otros candidatos UDI. Juan Alberto Silva, reconoció irregularidades: No tengo respaldos sobre lo indicado en las glosas; estas fueron hechas para abonar mi pago pendiente con ellos. Silva afirmó también haber prestado servicios a la Municipalidad entre 2017-2021 cercanos a los $90 millones. Su vínculo iniciaría con Cathy Barriga como alcaldesa tras acuerdo previo con Lavín León. Aporté a campaña esperando seguir trabajando tras elección, señalaba Silva. Silva también mencionaba solicitud ocasional: Dominguez pidiendo boleta comisión $2.4M suplementar remuneración mensual apoyo diputado. Fuente: ADN Radio Nacional
El parlamentario Roberto Arroyo, del Partido Social Cristiano, presentó un oficio de fiscalización al director nacional del Servicio Nacional del Consumidor (Sernac), Andrés Herrera, solicitando información detallada sobre las medidas adoptadas frente a los crecientes fraudes asociados al uso de códigos QR. Estos casos incluyen el robo de datos y claves personales de los usuarios a través de métodos engañosos en locales comerciales y estacionamientos. El uso de códigos QR, aunque práctico, se ha convertido en un blanco para los delincuentes. Es fundamental que tanto los proveedores como las autoridades aseguren mecanismos de protección efectivos para evitar que los consumidores sean víctimas de estos engaños, señaló el legislador Arroyo. Bajo ese contexto, el congresista además destacó la necesidad de revisar y, de ser necesario, reforzar la legislación actual para abordar este tipo de delitos. Entre las situaciones expuestas, se mencionan casos en los que los códigos son colocados fraudulentamente en restaurantes y estacionamientos, redirigiendo a los usuarios a sitios falsos que permiten a los ciberdelincuentes acceder a información confidencial de los dispositivos móviles de las víctimas. El oficio solicita al Sernac entregar un catastro de las denuncias recibidas por este tipo de delitos desglosado por regiones. Sumado a lo anterior, busca saber si la legislación vigente contempla la responsabilidad de los proveedores al proporcionar códigos QR intervenidos y si el servicio promueve alguna modificación legal al respecto. Es imperativo que Sernac y las autoridades pertinentes entreguen respuestas claras y adopten medidas inmediatas para prevenir estas prácticas. No podemos permitir que los delincuentes sigan aprovechándose de la tecnología para perjudicar a los ciudadanos, enfatizó Arroyo. Finalmente, el diputado por el 20° Distrito, Región del Biobío, reiteró su compromiso con la seguridad de los consumidores y con la promoción de cambios legales que garanticen la protección de sus derechos en un entorno digital cada vez más complejo. Fuente: Publimetro
Un preocupante registro se conoció esta semana en Chile respecto de procedimientos judiciales relacionados a causas penales por delitos de fraude, los cuales este primer trimestre alcanzaron un incremento de un 56,3% respecto del año pasado, el mayor que se haya informado en la última década en el país. Estos primeros meses del año, más de 10 mil causas judiciales por este tipo de delitos se llevaron a tribunales, siendo las regiones Metropolitana y la del Maule las más afectadas respecto de los 6.818 casos judicializados el año pasado. Aumento de causas penales por fraudes Fueron 10.655 los casos que conocieron los tribunales respecto de delitos vinculados a fraudes estos primeros tres meses, una cifra entregada por la consultora experta Sheriff (plataforma tecnológica de evaluación y monitoreo de personas para crear perfiles de riesgo crediticio), que resume en tres al mayor grupo de ilícitos: estafas (9.0317 causas penales), uso malicioso de tarjetas y dispositivos (873), y celebración de contrato simulado (68). Este es el mayor número de fraudes penales reportados en un primer trimestre desde que hay registros sistematizados, es decir, desde 2013. “Estamos viendo un fenómeno preocupante: el crecimiento sostenido de la judicialización por fraude, especialmente en zonas donde antes era menos habitual. Esto nos habla de un mayor uso del sistema judicial para perseguir delitos financieros, pero también de una mayor incidencia de estafas y engaños”, explica Vicente Cruz, CEO de Sheriff. “Es importante mencionar que esta data no incluye las causas de fraude reportadas en los respectivos Juzgados de Policía Local”, aclara Cruz, dejando en evidencia el preocupante aumento de estos delitos en el país. Estamos viendo un fenómeno preocupante: el crecimiento sostenido de la judicialización por fraude, especialmente en zonas donde antes era menos habitual — Vicente Cruz En este considerable aumento de causas penales, la Región Metropolitana registró 4.437 causas penales por fraude en 2025, un incremento de un 86,1% respecto a las 2.384 causas de 2024. Una cifra que representa más del 41% de todos los casos en Chile. Tras la capital nacional, el segundo mayor registro recayó en el Maule, región que reportó un alza del 268% en los casos de fraude durante el primer trimestre, con 703 causas en 2024 a 2.587 en 2025. El aumento proporcional más alto de todas las regiones. “Cuando regiones como el Maule comienzan a marcar alzas de este nivel, hay que prender las alertas, esto quiere decir que el ciberdelito no conoce de centralización”, explica el CEO. Los delitos que más crecieron 1.- Estafas y otras defraudaciones: 9.037 causas en 2025; un aumento de un 61,84% respecto de 2024 (5.584 causas). 2.- Uso malicioso de tarjetas y dispositivos: de tres casos en 2024 a 873 en 2025, aumentando casi 30 veces su incidencia. 3.- Celebración de contrato simulado : desde 56 a 68 causas, con un incremento de subiendo un 21,43% respecto del año pasado. “La sofisticación de los métodos de fraude digital sigue creciendo. La velocidad del delito supera muchas veces la capacidad de reacción de las víctimas y los organismos por detrás, por eso es clave tener a mano fuentes de información y herramientas predictivas”, dice Cruz, quien sostiene que “la judicialización de las causas de fraude es una buena medida porque previene potenciales actos fraudulentos al conocer los antecedentes históricos de las empresas y/o personas con las cuales hacemos negocios. “La prevención es la mejor estrategia. Usar tecnología para anticiparse a fraudes no es una opción, es una necesidad en este nuevo escenario”, concluye el líder de Sheriff. Fuente: Publimetro
Este miércoles se conoció que un empresario emitió boletas a Joaquín Lavín León, quien habría usado asignaciones parlamentarias para financiar material de campaña. Esto ocurre en el marco de la investigación por fraude que involucra al diputado, quien ya devolvió $7 millones a la Cámara de Diputados. En medio de la querella presentada por la administración de Tomás Vodanovic en la Municipalidad de Maipú ante el 9.º Juzgado de Garantía, en contra de Lavín León y su exasesor parlamentario Arnoldo Domínguez, por fraude al fisco y tráfico de influencias. Según una publicación de CIPER, la querella expone correos electrónicos, testimonios y hechos que darían cuenta de la presunta emisión de facturas falsas al Congreso, además de gestiones del en la Municipalidad de Maipú en beneficio de terceros. En este contexto, uno de los testimonios clave es el de Juan Alberto Silva, dueño de la Imprenta MMG S.A., quien declaró haber elaborado material de campaña para Joaquín Lavín León durante varios años. Según su relato ante la fiscalía, el diputado habría utilizado asignaciones parlamentarias para pagar parte de esos servicios. Arnaldo Domínguez (asesor) me propuso pagar mensualmente con nuevas facturas que yo emitiera a Joaquín Lavín, las que él rendiría (al Congreso), ya que esa era la única forma en que él tendría que pagarme lo que debía, lo que yo acepté, declaró Silva. En la querella se identificaron 19 facturas fraudulentas por un total $17.882.310. La situación se hizo pública semanas atrás cuando El Mostrador informó sobre los $7 millones devueltos por Lavín León a la Cámara. CIPER, verificó en el Servicio Electoral (Servel) que durante la campaña del 2017 Imprenta MMG S.A. fue proveedora no solo del diputado sino también otros candidatos UDI. Juan Alberto Silva, reconoció irregularidades: No tengo respaldos sobre lo indicado en las glosas; estas fueron hechas para abonar mi pago pendiente con ellos. Silva afirmó también haber prestado servicios a la Municipalidad entre 2017-2021 cercanos a los $90 millones. Su vínculo iniciaría con Cathy Barriga como alcaldesa tras acuerdo previo con Lavín León. Aporté a campaña esperando seguir trabajando tras elección, señalaba Silva. Silva también mencionaba solicitud ocasional: Dominguez pidiendo boleta comisión $2.4M suplementar remuneración mensual apoyo diputado. Fuente: ADN Radio Nacional
El parlamentario Roberto Arroyo, del Partido Social Cristiano, presentó un oficio de fiscalización al director nacional del Servicio Nacional del Consumidor (Sernac), Andrés Herrera, solicitando información detallada sobre las medidas adoptadas frente a los crecientes fraudes asociados al uso de códigos QR. Estos casos incluyen el robo de datos y claves personales de los usuarios a través de métodos engañosos en locales comerciales y estacionamientos. El uso de códigos QR, aunque práctico, se ha convertido en un blanco para los delincuentes. Es fundamental que tanto los proveedores como las autoridades aseguren mecanismos de protección efectivos para evitar que los consumidores sean víctimas de estos engaños, señaló el legislador Arroyo. Bajo ese contexto, el congresista además destacó la necesidad de revisar y, de ser necesario, reforzar la legislación actual para abordar este tipo de delitos. Entre las situaciones expuestas, se mencionan casos en los que los códigos son colocados fraudulentamente en restaurantes y estacionamientos, redirigiendo a los usuarios a sitios falsos que permiten a los ciberdelincuentes acceder a información confidencial de los dispositivos móviles de las víctimas. El oficio solicita al Sernac entregar un catastro de las denuncias recibidas por este tipo de delitos desglosado por regiones. Sumado a lo anterior, busca saber si la legislación vigente contempla la responsabilidad de los proveedores al proporcionar códigos QR intervenidos y si el servicio promueve alguna modificación legal al respecto. Es imperativo que Sernac y las autoridades pertinentes entreguen respuestas claras y adopten medidas inmediatas para prevenir estas prácticas. No podemos permitir que los delincuentes sigan aprovechándose de la tecnología para perjudicar a los ciudadanos, enfatizó Arroyo. Finalmente, el diputado por el 20° Distrito, Región del Biobío, reiteró su compromiso con la seguridad de los consumidores y con la promoción de cambios legales que garanticen la protección de sus derechos en un entorno digital cada vez más complejo. Fuente: Publimetro