El ministro de Seguridad, Martín Arrau, informó el jueves sobre los preparativos del Gobierno para la conmemoración del 11 de septiembre, asegurando que las fuerzas policiales ya tienen un plan de respuesta ante posibles incidentes que puedan afectar la seguridad. Arrau aclaró que su responsabilidad se centrará en mantener el orden público durante la jornada, ya que las actividades simbólicas o culturales no son competencia de su cartera. “Las policías tienen un plan de respuesta y preparación ante posibles hechos que puedan afectar la seguridad. Estamos preparadísimos, vamos a estar ahí monitoreando para que esto pueda ser lo más tranquilo posible”, afirmó el ministro. En relación a las actividades tradicionales en torno al Palacio de La Moneda, que incluyen visitas al monumento del expresidente Salvador Allende, el Gobierno reconoce el derecho a manifestarse, siempre y cuando se respeten las normas y los derechos de terceros. “Hay un derecho precisamente a la expresión, hay un derecho a manifestarse, pero hay que cumplir las normas”, enfatizó Arrau. Asimismo, señaló que las manifestaciones pacíficas con los permisos correspondientes, especialmente aquellas que impliquen cortes de tránsito, podrán llevarse a cabo sin problemas. “Las manifestaciones pacíficas, con los permisos si es que hay corte de tránsito, bienvenidas sean”, agregó el ministro. Por último, explicó que será la Delegación Presidencial la encargada de autorizar este tipo de actividades, mientras que las fuerzas públicas tendrán la responsabilidad de mantener el orden durante la jornada. Fuente: BioBioChile
El ministro de Seguridad Pública, Martín Arrau, defendió la agenda legislativa impulsada por el Gobierno para combatir el crimen organizado tras un operativo en Colina 2, rechazando las críticas por la ausencia de una reforma que permita flexibilizar el secreto bancario. Según el secretario de Estado, el levantamiento del secreto bancario ya está contemplado en la legislación, y se concede en la mayoría de los casos cuando es requerido por el Ministerio Público y cuenta con autorización judicial. En palabras del ministro, Acá hay que salir de los mitos. El alzamiento del secreto bancario existe, cada vez que sea solicitado se aprueba. Además, cuestionó la idea de que esta herramienta no existe, afirmando: Veamos cuántos casos han habido en la última década que se haya denegado. Yo no conozco ninguno, quizás habrá un par. En la gran mayoría, casi la totalidad, se aprueba de manera rápida. La Agenda contra el Crimen Organizado y el Terrorismo (ACOT), defendida por el ministro Arrau, contempla más de 20 proyectos en tramitación y otras iniciativas que serán ingresadas próximamente. Entre ellas se encuentra la creación del delito de pertenencia a organizaciones criminales y terroristas, así como mecanismos para congelar e incautar anticipadamente bienes vinculados a estas estructuras. A pesar de esto, desde la oposición surgieron críticas. El senador DC Iván Flores cuestionó que el Ejecutivo no haya priorizado un proyecto que permitiría levantar el secreto bancario sin orden judicial bajo ciertas condiciones. Según Flores, esta herramienta es fundamental para seguir la ruta del dinero y golpear las finanzas del crimen organizado. La primera línea de prioridad debería ser el levantamiento del secreto bancario si queremos de verdad entrar al crimen organizado , afirmó también el alcalde de San Bernardo, Christopher White. El ministro Arrau destacó una disminución cercana al 17-18% en los homicidios y un 20% en los robos con violencia en la Región Metropolitana. La agenda también incluye un nuevo estado de excepción constitucional por grave alteración de la seguridad pública, con posibles restricciones al tránsito, reuniones e interceptación de comunicaciones en zonas determinadas. Quiero rescatar algo que señaló ayer el señor Presidente de la República. Hoy día nos estamos concentrando en tres objetivos claves: crecimiento económico, la seguridad y el empleo. Entonces, toda nuestra fuerza está precisamente destinada a cumplir aquella meta, expresó el ministro Arrau. Todos serán evaluados caso a caso, mencionó también el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Fernando Rabat, respecto al llamado de sectores de derecha para otorgar indultos a uniformados condenados por hechos vinculados al estallido social. Fuente: ADN Radio Nacional
El Gobierno ha anunciado su decisión de presentar tres vetos a la megarreforma de Reconstrucción y Reactivación Económica una vez que el Senado apruebe el proyecto. Sin embargo, el Congreso ya anticipa que estas observaciones difícilmente podrán ser votadas durante esta semana. Según lo confirmado por La Moneda, las modificaciones se centrarán en tres normas que fueron incorporadas durante la discusión legislativa: el derecho al olvido financiero, la prohibición del anatocismo (cobro de intereses sobre intereses) y el mecanismo de pago a 30 días para las pymes. Además, el Ejecutivo está evaluando un cuarto veto relacionado con la reposición de servicios básicos para deudores en zonas de catástrofe. El biministro del Interior y la Segegob, Claudio Alvarado, ha señalado que Hacienda y la Segpres están trabajando en conjunto para presentar las observaciones el miércoles, un día después de la última votación pendiente en el Senado. En cuanto al pago a 30 días, Alvarado afirmó que es altamente probable que también sea objeto de un veto, argumentando que existen inquietudes planteadas por pequeñas y medianas empresas sobre los efectos de la norma. Por otro lado, el Ejecutivo ha reiterado su compromiso de compensar en un 100% a los municipios por los recursos que dejarán de percibir debido a la exención de contribuciones para mayores de 65 años a partir de 2027. A pesar del calendario propuesto por el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, el Congreso estima que la discusión de los vetos se extenderá más allá de esta semana. Desde la Cámara de Diputados advierten que las observaciones presidenciales deberán pasar primero por las comisiones de Hacienda y que existen diferencias jurídicas respecto de los plazos aplicables para su tramitación. En el mejor escenario para el Gobierno, las observaciones podrían llegar a la Sala de la Cámara a partir del 10 de agosto, prolongando así el cierre legislativo de la megarreforma. Fuente: ADN Radio Nacional
Una controversia se ha desatado entre el exsubsecretario de Hacienda Juan Pablo Rodríguez y el laboratorio Corthorn Health, después de que este último informara que una muestra tomada al exfuncionario arrojó resultados positivos en dos análisis realizados por separado. La situación se complicó cuando Rodríguez solicitó que la contramuestra fuera enviada a un laboratorio externo. La empresa rechazó esta solicitud y comunicó su decisión al Servicio Nacional para la Prevención y Rehabilitación del Consumo de Drogas y Alcohol (Senda), argumentando que trasladar la muestra pondría en peligro la cadena de custodia y la validez técnica del proceso. Según Corthorn Health, la muestra original fue analizada el 24 de junio y nuevamente el 8 de julio, por diferentes especialistas y con equipos distintos. La empresa afirmó que ambos análisis arrojaron el mismo resultado y señaló que “la única forma adecuada es abrir y analizar la contramuestra en Corthorn Health Limitada”. Además, el laboratorio mencionó que el exsubsecretario aún no ha solicitado formalmente la apertura de esa contramuestra según el protocolo establecido. Este procedimiento implica la verificación física de los sellos antes de iniciar un nuevo análisis. Rodríguez respondió a través de X, donde aseguró que pidió un informe cuantitativo que no le fue proporcionado. “No consumo drogas y confío en que la verdad prevalecerá”, declaró, mientras acusaba una violación de los protocolos relacionados con la información sensible. En una carta dirigida al laboratorio, el exfuncionario también cuestionó los criterios técnicos utilizados en el examen. “No consumo la sustancia mencionada en el informe ni ninguna otra sustancia estupefaciente o psicotrópica ilegal, y rechazo el resultado en su totalidad”, afirmó. La diferencia entre ambas versiones deberá resolverse mediante el procedimiento de contramuestra previsto en las normativas del servicio. Mientras se lleva a cabo este análisis, continúa el debate sobre la metodología, la custodia del material biológico y la interpretación de los resultados. Fuente: ADN Radio Nacional
El Gobierno ha dado inicio a la implementación de su plan para monetizar parte del patrimonio fiscal, según lo anunciado durante la Cuenta Pública del Ministerio de Bienes Nacionales por la ministra Catalina Parot. En esta primera etapa de la estrategia, se pondrán a la venta más de 100 propiedades provenientes de herencias vacantes y licitaciones desiertas, valuadas en cerca de US$ 70 millones, las cuales serán ofrecidas a través de licitación pública en un nuevo portal web. Esta iniciativa materializa una propuesta previamente adelantada por el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, en abril, donde se informó que el Ejecutivo consideraba desprenderse de alrededor de 1.200 inmuebles fiscales subutilizados o provenientes de herencias vacantes con el fin de fortalecer las finanzas públicas y recomponer los fondos soberanos. Se estima que este plan podría generar entre US$ 200 millones y US$ 300 millones para el Estado. 'Anunciamos el primer plan de venta de bienes provenientes de herencias vacantes y de licitaciones que se habían declarado desiertas. Son más de 100 inmuebles fiscales para licitación pública, con un avalúo cercano a los US$ 70 millones', sostuvo la secretaria de Estado. La ministra explicó que el objetivo principal es transformar inmuebles abandonados o subutilizados en activos que generen recursos para el Fisco y los gobiernos regionales, mediante procesos abiertos que garanticen transparencia e igualdad de oportunidades para los interesados. Como parte de esta estrategia, Bienes Nacionales ha presentado un nuevo portal de licitaciones donde se publicarán los inmuebles disponibles para la venta. Esta plataforma incorporará un visor georreferenciado para consultar la ubicación y los principales antecedentes de cada propiedad. La ministra destacó que esta herramienta permitirá una mayor visibilidad a los procesos de licitación y facilitará el acceso a la información tanto para inversionistas como para cualquier interesado en participar. Además, recordó que una nueva orden ministerial vigente desde el 1 de julio establece la licitación pública como mecanismo preferente para la venta y concesión de inmuebles fiscales, reafirmando que las ocupaciones irregulares no generan derechos preferentes sobre estos bienes. De esta forma, aquellos interesados en adquirir una propiedad deberán revisar las licitaciones publicadas en el portal, conocer las condiciones de cada inmueble y presentar su oferta dentro de los plazos establecidos por Bienes Nacionales. Para más información sobre cómo participar en la compra de propiedades fiscales, se puede acceder al portal oficial aquí. Fuente: Meganoticias
El ministro de Seguridad, Martín Arrau, informó el jueves sobre los preparativos del Gobierno para la conmemoración del 11 de septiembre, asegurando que las fuerzas policiales ya tienen un plan de respuesta ante posibles incidentes que puedan afectar la seguridad. Arrau aclaró que su responsabilidad se centrará en mantener el orden público durante la jornada, ya que las actividades simbólicas o culturales no son competencia de su cartera. “Las policías tienen un plan de respuesta y preparación ante posibles hechos que puedan afectar la seguridad. Estamos preparadísimos, vamos a estar ahí monitoreando para que esto pueda ser lo más tranquilo posible”, afirmó el ministro. En relación a las actividades tradicionales en torno al Palacio de La Moneda, que incluyen visitas al monumento del expresidente Salvador Allende, el Gobierno reconoce el derecho a manifestarse, siempre y cuando se respeten las normas y los derechos de terceros. “Hay un derecho precisamente a la expresión, hay un derecho a manifestarse, pero hay que cumplir las normas”, enfatizó Arrau. Asimismo, señaló que las manifestaciones pacíficas con los permisos correspondientes, especialmente aquellas que impliquen cortes de tránsito, podrán llevarse a cabo sin problemas. “Las manifestaciones pacíficas, con los permisos si es que hay corte de tránsito, bienvenidas sean”, agregó el ministro. Por último, explicó que será la Delegación Presidencial la encargada de autorizar este tipo de actividades, mientras que las fuerzas públicas tendrán la responsabilidad de mantener el orden durante la jornada. Fuente: BioBioChile
El ministro de Seguridad Pública, Martín Arrau, defendió la agenda legislativa impulsada por el Gobierno para combatir el crimen organizado tras un operativo en Colina 2, rechazando las críticas por la ausencia de una reforma que permita flexibilizar el secreto bancario. Según el secretario de Estado, el levantamiento del secreto bancario ya está contemplado en la legislación, y se concede en la mayoría de los casos cuando es requerido por el Ministerio Público y cuenta con autorización judicial. En palabras del ministro, Acá hay que salir de los mitos. El alzamiento del secreto bancario existe, cada vez que sea solicitado se aprueba. Además, cuestionó la idea de que esta herramienta no existe, afirmando: Veamos cuántos casos han habido en la última década que se haya denegado. Yo no conozco ninguno, quizás habrá un par. En la gran mayoría, casi la totalidad, se aprueba de manera rápida. La Agenda contra el Crimen Organizado y el Terrorismo (ACOT), defendida por el ministro Arrau, contempla más de 20 proyectos en tramitación y otras iniciativas que serán ingresadas próximamente. Entre ellas se encuentra la creación del delito de pertenencia a organizaciones criminales y terroristas, así como mecanismos para congelar e incautar anticipadamente bienes vinculados a estas estructuras. A pesar de esto, desde la oposición surgieron críticas. El senador DC Iván Flores cuestionó que el Ejecutivo no haya priorizado un proyecto que permitiría levantar el secreto bancario sin orden judicial bajo ciertas condiciones. Según Flores, esta herramienta es fundamental para seguir la ruta del dinero y golpear las finanzas del crimen organizado. La primera línea de prioridad debería ser el levantamiento del secreto bancario si queremos de verdad entrar al crimen organizado , afirmó también el alcalde de San Bernardo, Christopher White. El ministro Arrau destacó una disminución cercana al 17-18% en los homicidios y un 20% en los robos con violencia en la Región Metropolitana. La agenda también incluye un nuevo estado de excepción constitucional por grave alteración de la seguridad pública, con posibles restricciones al tránsito, reuniones e interceptación de comunicaciones en zonas determinadas. Quiero rescatar algo que señaló ayer el señor Presidente de la República. Hoy día nos estamos concentrando en tres objetivos claves: crecimiento económico, la seguridad y el empleo. Entonces, toda nuestra fuerza está precisamente destinada a cumplir aquella meta, expresó el ministro Arrau. Todos serán evaluados caso a caso, mencionó también el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Fernando Rabat, respecto al llamado de sectores de derecha para otorgar indultos a uniformados condenados por hechos vinculados al estallido social. Fuente: ADN Radio Nacional
El Gobierno ha anunciado su decisión de presentar tres vetos a la megarreforma de Reconstrucción y Reactivación Económica una vez que el Senado apruebe el proyecto. Sin embargo, el Congreso ya anticipa que estas observaciones difícilmente podrán ser votadas durante esta semana. Según lo confirmado por La Moneda, las modificaciones se centrarán en tres normas que fueron incorporadas durante la discusión legislativa: el derecho al olvido financiero, la prohibición del anatocismo (cobro de intereses sobre intereses) y el mecanismo de pago a 30 días para las pymes. Además, el Ejecutivo está evaluando un cuarto veto relacionado con la reposición de servicios básicos para deudores en zonas de catástrofe. El biministro del Interior y la Segegob, Claudio Alvarado, ha señalado que Hacienda y la Segpres están trabajando en conjunto para presentar las observaciones el miércoles, un día después de la última votación pendiente en el Senado. En cuanto al pago a 30 días, Alvarado afirmó que es altamente probable que también sea objeto de un veto, argumentando que existen inquietudes planteadas por pequeñas y medianas empresas sobre los efectos de la norma. Por otro lado, el Ejecutivo ha reiterado su compromiso de compensar en un 100% a los municipios por los recursos que dejarán de percibir debido a la exención de contribuciones para mayores de 65 años a partir de 2027. A pesar del calendario propuesto por el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, el Congreso estima que la discusión de los vetos se extenderá más allá de esta semana. Desde la Cámara de Diputados advierten que las observaciones presidenciales deberán pasar primero por las comisiones de Hacienda y que existen diferencias jurídicas respecto de los plazos aplicables para su tramitación. En el mejor escenario para el Gobierno, las observaciones podrían llegar a la Sala de la Cámara a partir del 10 de agosto, prolongando así el cierre legislativo de la megarreforma. Fuente: ADN Radio Nacional
Una controversia se ha desatado entre el exsubsecretario de Hacienda Juan Pablo Rodríguez y el laboratorio Corthorn Health, después de que este último informara que una muestra tomada al exfuncionario arrojó resultados positivos en dos análisis realizados por separado. La situación se complicó cuando Rodríguez solicitó que la contramuestra fuera enviada a un laboratorio externo. La empresa rechazó esta solicitud y comunicó su decisión al Servicio Nacional para la Prevención y Rehabilitación del Consumo de Drogas y Alcohol (Senda), argumentando que trasladar la muestra pondría en peligro la cadena de custodia y la validez técnica del proceso. Según Corthorn Health, la muestra original fue analizada el 24 de junio y nuevamente el 8 de julio, por diferentes especialistas y con equipos distintos. La empresa afirmó que ambos análisis arrojaron el mismo resultado y señaló que “la única forma adecuada es abrir y analizar la contramuestra en Corthorn Health Limitada”. Además, el laboratorio mencionó que el exsubsecretario aún no ha solicitado formalmente la apertura de esa contramuestra según el protocolo establecido. Este procedimiento implica la verificación física de los sellos antes de iniciar un nuevo análisis. Rodríguez respondió a través de X, donde aseguró que pidió un informe cuantitativo que no le fue proporcionado. “No consumo drogas y confío en que la verdad prevalecerá”, declaró, mientras acusaba una violación de los protocolos relacionados con la información sensible. En una carta dirigida al laboratorio, el exfuncionario también cuestionó los criterios técnicos utilizados en el examen. “No consumo la sustancia mencionada en el informe ni ninguna otra sustancia estupefaciente o psicotrópica ilegal, y rechazo el resultado en su totalidad”, afirmó. La diferencia entre ambas versiones deberá resolverse mediante el procedimiento de contramuestra previsto en las normativas del servicio. Mientras se lleva a cabo este análisis, continúa el debate sobre la metodología, la custodia del material biológico y la interpretación de los resultados. Fuente: ADN Radio Nacional
El Gobierno ha dado inicio a la implementación de su plan para monetizar parte del patrimonio fiscal, según lo anunciado durante la Cuenta Pública del Ministerio de Bienes Nacionales por la ministra Catalina Parot. En esta primera etapa de la estrategia, se pondrán a la venta más de 100 propiedades provenientes de herencias vacantes y licitaciones desiertas, valuadas en cerca de US$ 70 millones, las cuales serán ofrecidas a través de licitación pública en un nuevo portal web. Esta iniciativa materializa una propuesta previamente adelantada por el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, en abril, donde se informó que el Ejecutivo consideraba desprenderse de alrededor de 1.200 inmuebles fiscales subutilizados o provenientes de herencias vacantes con el fin de fortalecer las finanzas públicas y recomponer los fondos soberanos. Se estima que este plan podría generar entre US$ 200 millones y US$ 300 millones para el Estado. 'Anunciamos el primer plan de venta de bienes provenientes de herencias vacantes y de licitaciones que se habían declarado desiertas. Son más de 100 inmuebles fiscales para licitación pública, con un avalúo cercano a los US$ 70 millones', sostuvo la secretaria de Estado. La ministra explicó que el objetivo principal es transformar inmuebles abandonados o subutilizados en activos que generen recursos para el Fisco y los gobiernos regionales, mediante procesos abiertos que garanticen transparencia e igualdad de oportunidades para los interesados. Como parte de esta estrategia, Bienes Nacionales ha presentado un nuevo portal de licitaciones donde se publicarán los inmuebles disponibles para la venta. Esta plataforma incorporará un visor georreferenciado para consultar la ubicación y los principales antecedentes de cada propiedad. La ministra destacó que esta herramienta permitirá una mayor visibilidad a los procesos de licitación y facilitará el acceso a la información tanto para inversionistas como para cualquier interesado en participar. Además, recordó que una nueva orden ministerial vigente desde el 1 de julio establece la licitación pública como mecanismo preferente para la venta y concesión de inmuebles fiscales, reafirmando que las ocupaciones irregulares no generan derechos preferentes sobre estos bienes. De esta forma, aquellos interesados en adquirir una propiedad deberán revisar las licitaciones publicadas en el portal, conocer las condiciones de cada inmueble y presentar su oferta dentro de los plazos establecidos por Bienes Nacionales. Para más información sobre cómo participar en la compra de propiedades fiscales, se puede acceder al portal oficial aquí. Fuente: Meganoticias
