El pasado jueves 25 de septiembre, un avión charter aterrizó en Santiago junto a 31 ciudadanos chilenos que fueron deportados desde Estados Unidos, esto sucede después de diversas gestiones del Gobierno comandado por el Presidente Donald Trump. La noticia fue confirmada por el Ministerio del Interior este sábado 27 de septiembre, en el cual Álvaro Elizalde detalló que entre estos había 23 hombres y 8 mujeres. Mientras que tres de estas personas mantenían órdenes de detención pendientes. Ellos fueron presentados inmediatamente ante la justicia. El ministro señaló que sumando a estos 31 chilenos que arribaron recientemente a nuestro país, el total llega a los 155 deportados durante la presente administración que está rigiendo a Estados Unidos. El ministro del Interior explicó que el procedimiento de estas deportaciones, “se enmarca en un trabajo coordinado entre los ministerios del Interior, Relaciones Exteriores y Seguridad Pública, junto con la Policía de Investigaciones, el Servicio de Registro Civil y otras instituciones del Estado, con el objetivo de asegurar un regreso ordenado”, declaró según lo consignado por Radio Biobío. En esta misma línea, el ministro continuó aclarando que “al arribo de los vuelos (en Chile) se realiza el proceso de control migratorio, se verifica la identidad y la situación judicial de cada persona retornada, y quienes registran órdenes de detención vigentes son puestos inmediatamente a disposición de la justicia”. Álvaro Elizalde quiso dejar en claro la postura del Gobierno ante estas deportaciones. “Desde el Ministerio del Interior reiteramos nuestro compromiso con la seguridad pública y el respeto al Estado de Derecho, trabajando estrechamente con las autoridades nacionales e internacionales para asegurar que estos procesos se realicen de forma ordenada y conforme a la ley”. Sin embargo, Elizalde enfatizó que estas expulsiones de EE.UU, “no está dirigida específicamente a Chile, sino que se aplica de manera general a todos los países”. Fuente: Publimetro
El Ministerio de Vivienda y Urbanismo (Minvu) ha reconocido a empresas del sector que no cuentan con los fondos suficientes para realizar los pagos a quienes construyen viviendas sociales, lo que ha generado una deuda que la industria estima en más de US$ 1.000 millones. Esta situación está afectando a inmobiliarias, constructoras y proveedores en todo el país, e incluso incluye pagos pendientes a propietarios de terrenos adquiridos por el ministerio. De acuerdo a correos internos obtenidos por DF, el Minvu ha informado a las empresas que, aunque hay una ejecución presupuestaria, no hay disponibilidad de caja ni aporte fiscal suficiente para cubrir los pagos, los cuales podrían no realizarse hasta marzo de 2026, cuando se emita un nuevo decreto de modificación presupuestaria. Esta confirmación llega después de meses de rumores en el sector, donde varios ejecutivos aseguran que sus empresas enfrentan deudas que superan los US$ 40 millones. El problema tiene su origen en el Plan de Emergencia Habitacional (PEH), lanzado en 2022 con el objetivo de reducir el déficit habitacional de 640 mil hogares mediante subsidios a proyectos privados. Los principales instrumentos del plan, los decretos DS19 y DS49, permiten a familias acceder a su primera vivienda o ayudan a hogares vulnerables a financiar la compra o construcción de casas. Sin embargo, los pagos pendientes en ambos sistemas han provocado la paralización de proyectos y retrasos en las entregas, lo que está afectando a familias que ya residen en algunas viviendas construidas. Para tratar de mitigar esta situación, el Minvu ha implementado un modelo de confirming a través de BancoEstado, que permite adelantar pagos con intereses asumidos por las empresas, aunque esta medida solo se aplica a algunos proyectos. Desde la industria, se califica esta medida como un parche insuficiente frente al riesgo de quiebras y reorganizaciones financieras, especialmente para pequeñas y medianas constructoras. Según el medio citado, el ministerio atribuye esta crisis a gastos mayores a los presupuestados, reactivación de obras y recursos insuficientes. Fuente: ADN Radio Nacional
Las candidaturas de José Antonio Kast y Johannes Kaiser han sido las únicas en cuestionar la posible postulación de Michelle Bachelet como líder de la Secretaría General de las Naciones Unidas, según lo anunciado por el presidente Gabriel Boric en la Asamblea General del organismo. El abanderado del Partido Nacional Libertario expresó su desacuerdo con la candidatura de Bachelet, mientras que el presidenciable republicano afirmó que el Gobierno no compartió el nombre de la exmandataria con toda la oposición. A pesar de las críticas de los candidatos de derecha, el nombre de Bachelet ha estado sonando como posible carta para la ONU desde hace meses. En marzo pasado, durante un panel en la Universidad de Columbia, Bachelet mencionó: “Estoy pensando... Quizás voy a ser candidata por la Secretaría General”, generando una ovación en el auditorio y el respaldo de figuras como Hillary Clinton. Según The Clinic, miembros de la comitiva que viajaron a Nueva York informaron a los candidatos presidenciales sobre esta postulación. Al respecto, la ministra Vocera Camila Vallejo señaló que “quien lidera la política de Estado es el presidente de la República, esto no se cogobierna”. Vallejo también destacó que se espera un apoyo transversal a la candidatura de Bachelet por parte de todos los sectores políticos, considerando su trayectoria y representatividad internacional. Sobre las consultas previas a la oposición acerca de esta postulación, Vallejo afirmó: “Lo que puedo decir es que Cancillería ha hecho un trabajo previo de distintas consultas con miembros de la oposición. Evidentemente, todos esperarían haber sido consultados, pero la política exterior la maneja el presidente de la República. Insisto, no se cogobierna”. Por su parte, el presidente del Senado Manuel José Ossandón respaldó la nominación de Michelle Bachelet para liderar la ONU, considerándola un hito importante para Chile y un tema de Estado que debe unir a todos los sectores políticos. Fuente: Publimetro
Más que un cambio “radical”, como promete José Antonio Kast en su programa, las propuestas del republicano y de Evelyn Matthei en materia de seguridad serían más bien una “continuidad” de la agenda que ha llevado adelante el gobierno, según indicó el ministro de Seguridad Pública, Luis Cordero. PUBLICIDAD El secretario de Estado señaló en entrevista con radio ADN, que “ si yo saco la retórica de eso, son programas de continuidad. Yo no noto ninguna diferencia de la agenda que ha planteado el gobierno el 2022 y cómo la ha proyectado hacia adelante con esas propuestas“. Entre los puntos planteados por los candidatos de derecha, la abanderada de Chile Vamos propone una inversión en seguridad de 2500 millones de dólares y el republicano plantea aumentar el gasto y construir cinco cárceles, además de otros tópicos. Respecto del “gobierno de emergencia” que propone Kast, el ministro de Seguridad Pública advirtió que “siempre hay que administrarlo con cuidado, porque cuando usted llama a la emergencia, llama al derecho de la emergencia y eso significa un estado de excepción permanente. No me espanto por estas declaraciones, pero me preocupa cuando se explota el miedo como estrategia electoral, porque tiene efectos en la vida cotidiana de las personas ”. Por tanto, argumentó que “si uno mira y saca en algún sentido esos calificativos, los adjetivos”, la agenda de seguridad de los candidatos de derecha son “la continuidad de lo que ha desarrollado este gobierno hasta ahora”. El ministro Luis Cordero además detalló que muchas de las medidas que se han planteado en los programas de gobierno de Matthei y Kast, ya han sido puestas en marcha por el Ejecutivo. “En el tema penitenciario, existe un plan de infraestructura que considera nuevas cárceles. Y el presupuesto en seguridad, que cuando asumimos venía a la baja, ha aumentado más de un 15% entre 2022 y 2025. Solo en el plan contra el crimen organizado se han destinado más de 241 000 millones de pesos”, afirmó. Por tal razón, el ministro de Seguridad Pública fue enfático en sostener que tanto las medidas de fortalecimiento penitenciario como el fortalecimiento institucional son parte integral del plan gubernamental actual liderado por el presidente Gabriel Boric. Aunque pueda resultar “incómodo para algunos”, estas acciones permitirán definir la ruta a seguir para el futuro. Fuente: Publimetro
La baja asistencia en la Cámara de Diputadas y Diputados impidió avanzar con el proyecto que pone fin al Crédito con Aval del Estado (CAE) y crea el Financiamiento para la Educación Superior (FES). La oposición reafirma su rechazo; el oficialismo respalda la salida de la banca y la condonación gradual. Este miércoles 20 de agosto, la Cámara de Diputadas y Diputados suspendió en cuatro oportunidades la sesión por quórum insuficiente, lo que frenó el debate del proyecto. El mínimo para el funcionamiento de la Sala es de 50 parlamentarios, pero de los 152 habilitados para votar, tres se encuentran desaforados. En tres momentos no se alcanzó la cifra requerida y la discusión quedó interrumpida. La mesa legislativa mantiene la intención de votar durante la jornada, primero en general y luego en particular. El Ejecutivo destaca que se trata de una de las promesas de campaña del presidente Gabriel Boric. La oposición rechaza el proyecto y lo califica como un “engaño”. Afirma que el nuevo mecanismo impondría una carga mayor a los estudiantes respecto del CAE y pide dividir la tramitación: terminar el CAE por una vía y discutir la creación del FES por otra. Desde sectores de centro surge la propuesta de aprobar en general para validar la idea de legislar, pero rechazar las indicaciones, con el fin de enviar un “cascarón” al Senado y abrir una reformulación. El oficialismo respalda la iniciativa. Sostiene que permite retirar a la banca del financiamiento de la educación superior y avanzar en la condonación gradual de las deudas universitarias. Más de 30 diputados solicitaron intervenir con tres minutos cada uno. Si no se concreta la votación hoy, la discusión continuará este jueves. Fuente: CNN Chile País
El pasado jueves 25 de septiembre, un avión charter aterrizó en Santiago junto a 31 ciudadanos chilenos que fueron deportados desde Estados Unidos, esto sucede después de diversas gestiones del Gobierno comandado por el Presidente Donald Trump. La noticia fue confirmada por el Ministerio del Interior este sábado 27 de septiembre, en el cual Álvaro Elizalde detalló que entre estos había 23 hombres y 8 mujeres. Mientras que tres de estas personas mantenían órdenes de detención pendientes. Ellos fueron presentados inmediatamente ante la justicia. El ministro señaló que sumando a estos 31 chilenos que arribaron recientemente a nuestro país, el total llega a los 155 deportados durante la presente administración que está rigiendo a Estados Unidos. El ministro del Interior explicó que el procedimiento de estas deportaciones, “se enmarca en un trabajo coordinado entre los ministerios del Interior, Relaciones Exteriores y Seguridad Pública, junto con la Policía de Investigaciones, el Servicio de Registro Civil y otras instituciones del Estado, con el objetivo de asegurar un regreso ordenado”, declaró según lo consignado por Radio Biobío. En esta misma línea, el ministro continuó aclarando que “al arribo de los vuelos (en Chile) se realiza el proceso de control migratorio, se verifica la identidad y la situación judicial de cada persona retornada, y quienes registran órdenes de detención vigentes son puestos inmediatamente a disposición de la justicia”. Álvaro Elizalde quiso dejar en claro la postura del Gobierno ante estas deportaciones. “Desde el Ministerio del Interior reiteramos nuestro compromiso con la seguridad pública y el respeto al Estado de Derecho, trabajando estrechamente con las autoridades nacionales e internacionales para asegurar que estos procesos se realicen de forma ordenada y conforme a la ley”. Sin embargo, Elizalde enfatizó que estas expulsiones de EE.UU, “no está dirigida específicamente a Chile, sino que se aplica de manera general a todos los países”. Fuente: Publimetro
El Ministerio de Vivienda y Urbanismo (Minvu) ha reconocido a empresas del sector que no cuentan con los fondos suficientes para realizar los pagos a quienes construyen viviendas sociales, lo que ha generado una deuda que la industria estima en más de US$ 1.000 millones. Esta situación está afectando a inmobiliarias, constructoras y proveedores en todo el país, e incluso incluye pagos pendientes a propietarios de terrenos adquiridos por el ministerio. De acuerdo a correos internos obtenidos por DF, el Minvu ha informado a las empresas que, aunque hay una ejecución presupuestaria, no hay disponibilidad de caja ni aporte fiscal suficiente para cubrir los pagos, los cuales podrían no realizarse hasta marzo de 2026, cuando se emita un nuevo decreto de modificación presupuestaria. Esta confirmación llega después de meses de rumores en el sector, donde varios ejecutivos aseguran que sus empresas enfrentan deudas que superan los US$ 40 millones. El problema tiene su origen en el Plan de Emergencia Habitacional (PEH), lanzado en 2022 con el objetivo de reducir el déficit habitacional de 640 mil hogares mediante subsidios a proyectos privados. Los principales instrumentos del plan, los decretos DS19 y DS49, permiten a familias acceder a su primera vivienda o ayudan a hogares vulnerables a financiar la compra o construcción de casas. Sin embargo, los pagos pendientes en ambos sistemas han provocado la paralización de proyectos y retrasos en las entregas, lo que está afectando a familias que ya residen en algunas viviendas construidas. Para tratar de mitigar esta situación, el Minvu ha implementado un modelo de confirming a través de BancoEstado, que permite adelantar pagos con intereses asumidos por las empresas, aunque esta medida solo se aplica a algunos proyectos. Desde la industria, se califica esta medida como un parche insuficiente frente al riesgo de quiebras y reorganizaciones financieras, especialmente para pequeñas y medianas constructoras. Según el medio citado, el ministerio atribuye esta crisis a gastos mayores a los presupuestados, reactivación de obras y recursos insuficientes. Fuente: ADN Radio Nacional
Las candidaturas de José Antonio Kast y Johannes Kaiser han sido las únicas en cuestionar la posible postulación de Michelle Bachelet como líder de la Secretaría General de las Naciones Unidas, según lo anunciado por el presidente Gabriel Boric en la Asamblea General del organismo. El abanderado del Partido Nacional Libertario expresó su desacuerdo con la candidatura de Bachelet, mientras que el presidenciable republicano afirmó que el Gobierno no compartió el nombre de la exmandataria con toda la oposición. A pesar de las críticas de los candidatos de derecha, el nombre de Bachelet ha estado sonando como posible carta para la ONU desde hace meses. En marzo pasado, durante un panel en la Universidad de Columbia, Bachelet mencionó: “Estoy pensando... Quizás voy a ser candidata por la Secretaría General”, generando una ovación en el auditorio y el respaldo de figuras como Hillary Clinton. Según The Clinic, miembros de la comitiva que viajaron a Nueva York informaron a los candidatos presidenciales sobre esta postulación. Al respecto, la ministra Vocera Camila Vallejo señaló que “quien lidera la política de Estado es el presidente de la República, esto no se cogobierna”. Vallejo también destacó que se espera un apoyo transversal a la candidatura de Bachelet por parte de todos los sectores políticos, considerando su trayectoria y representatividad internacional. Sobre las consultas previas a la oposición acerca de esta postulación, Vallejo afirmó: “Lo que puedo decir es que Cancillería ha hecho un trabajo previo de distintas consultas con miembros de la oposición. Evidentemente, todos esperarían haber sido consultados, pero la política exterior la maneja el presidente de la República. Insisto, no se cogobierna”. Por su parte, el presidente del Senado Manuel José Ossandón respaldó la nominación de Michelle Bachelet para liderar la ONU, considerándola un hito importante para Chile y un tema de Estado que debe unir a todos los sectores políticos. Fuente: Publimetro
Más que un cambio “radical”, como promete José Antonio Kast en su programa, las propuestas del republicano y de Evelyn Matthei en materia de seguridad serían más bien una “continuidad” de la agenda que ha llevado adelante el gobierno, según indicó el ministro de Seguridad Pública, Luis Cordero. PUBLICIDAD El secretario de Estado señaló en entrevista con radio ADN, que “ si yo saco la retórica de eso, son programas de continuidad. Yo no noto ninguna diferencia de la agenda que ha planteado el gobierno el 2022 y cómo la ha proyectado hacia adelante con esas propuestas“. Entre los puntos planteados por los candidatos de derecha, la abanderada de Chile Vamos propone una inversión en seguridad de 2500 millones de dólares y el republicano plantea aumentar el gasto y construir cinco cárceles, además de otros tópicos. Respecto del “gobierno de emergencia” que propone Kast, el ministro de Seguridad Pública advirtió que “siempre hay que administrarlo con cuidado, porque cuando usted llama a la emergencia, llama al derecho de la emergencia y eso significa un estado de excepción permanente. No me espanto por estas declaraciones, pero me preocupa cuando se explota el miedo como estrategia electoral, porque tiene efectos en la vida cotidiana de las personas ”. Por tanto, argumentó que “si uno mira y saca en algún sentido esos calificativos, los adjetivos”, la agenda de seguridad de los candidatos de derecha son “la continuidad de lo que ha desarrollado este gobierno hasta ahora”. El ministro Luis Cordero además detalló que muchas de las medidas que se han planteado en los programas de gobierno de Matthei y Kast, ya han sido puestas en marcha por el Ejecutivo. “En el tema penitenciario, existe un plan de infraestructura que considera nuevas cárceles. Y el presupuesto en seguridad, que cuando asumimos venía a la baja, ha aumentado más de un 15% entre 2022 y 2025. Solo en el plan contra el crimen organizado se han destinado más de 241 000 millones de pesos”, afirmó. Por tal razón, el ministro de Seguridad Pública fue enfático en sostener que tanto las medidas de fortalecimiento penitenciario como el fortalecimiento institucional son parte integral del plan gubernamental actual liderado por el presidente Gabriel Boric. Aunque pueda resultar “incómodo para algunos”, estas acciones permitirán definir la ruta a seguir para el futuro. Fuente: Publimetro
La baja asistencia en la Cámara de Diputadas y Diputados impidió avanzar con el proyecto que pone fin al Crédito con Aval del Estado (CAE) y crea el Financiamiento para la Educación Superior (FES). La oposición reafirma su rechazo; el oficialismo respalda la salida de la banca y la condonación gradual. Este miércoles 20 de agosto, la Cámara de Diputadas y Diputados suspendió en cuatro oportunidades la sesión por quórum insuficiente, lo que frenó el debate del proyecto. El mínimo para el funcionamiento de la Sala es de 50 parlamentarios, pero de los 152 habilitados para votar, tres se encuentran desaforados. En tres momentos no se alcanzó la cifra requerida y la discusión quedó interrumpida. La mesa legislativa mantiene la intención de votar durante la jornada, primero en general y luego en particular. El Ejecutivo destaca que se trata de una de las promesas de campaña del presidente Gabriel Boric. La oposición rechaza el proyecto y lo califica como un “engaño”. Afirma que el nuevo mecanismo impondría una carga mayor a los estudiantes respecto del CAE y pide dividir la tramitación: terminar el CAE por una vía y discutir la creación del FES por otra. Desde sectores de centro surge la propuesta de aprobar en general para validar la idea de legislar, pero rechazar las indicaciones, con el fin de enviar un “cascarón” al Senado y abrir una reformulación. El oficialismo respalda la iniciativa. Sostiene que permite retirar a la banca del financiamiento de la educación superior y avanzar en la condonación gradual de las deudas universitarias. Más de 30 diputados solicitaron intervenir con tres minutos cada uno. Si no se concreta la votación hoy, la discusión continuará este jueves. Fuente: CNN Chile País
