En el asentamiento alemán, que no fue desmantelado hasta 1991 por orden del presidente Patricio Aylwin, se estima que más de 100 opositores al régimen fueron asesinados. (EFE).— Las autoridades del Gobierno firmaron este lunes el decreto de expropiación de la ex Colonia Dignidad, terreno en el que se emplazó un centro de detención, tortura y exterminio bajo el mando del pederasta alemán, Paul Schäfer, durante la dictadura de Augusto Pinochet, que será transformado en un centro de memoria histórica. En total, 117 hectáreas de terrenos e instalaciones que ya fueron declarados Monumento Nacional en 2016, pasarán a manos del Estado en una operación que el Ejecutivo espera concluir antes del 11 de marzo próximo, cuando deje La Moneda. “Estas son políticas de Estado (…) tener sitios de memoria que nos permitan decir muy claro y fuerte a toda la ciudadanía: estas cosas no pueden volver a ocurrir en nuestro país y no pueden volver a ocurrir tampoco en la humanidad. Es algo que nos parece que debiera darse continuidad bajo cualquier perspectiva”, dijo el ministro chileno de Justicia y Derechos Humanos, Jaime Gajardo. Además del titular de Justicia, firmaron el decreto el ministro de Vivienda y Urbanismo, Carlos Montes, y el ministro de Bienes Nacionales, Francisco Figueroa, todos a cargo de impulsar las coordinaciones institucionales necesarias para la expropiación. “Esto no es solo un acto político, sino que es también un acto de gran implicancia humana para bastante gente que, todavía, en muchos casos, están detenidos y desaparecidos. Es un proceso muy importante para cambiar la historia de Chile en materia de la existencia de un lugar donde existía represión”, señaló Montes. “Los sitios de memoria son los instrumentos a través de los cuales la sociedad y el Estad o se recuerdan a sí mismos lo que allí ocurrió, y eso es tremendamente importante en el mundo actual, al menos en Chile, donde las barbaridades están a la orden del día”, subrayó por su parte Figueroa. Los actuales habitantes de Villa Baviera, nombre actual del asentamiento fundado en 1961, si bien “no se oponen” a la creación de un sitio de memoria, insisten en que el proceso está pasando “por encima” de su comunidad, siendo “nuevamente vulnerados como chilenos y víctimas”. “ Este es un hecho que nos afecta directamente como comunidad, porque las 117 hectáreas a expropiar incluyen todo el centro urbanizado de Villa Baviera, es decir, los lugares donde vivimos, trabajamos y desarrollamos las actividades que nos permiten sobrevivir. Esta expropiación deja sin hogar ni sustento económico a una comunidad entera”, señalaron en un comunicado. “Durante décadas fuimos abusados de las formas más brutales mientras el Estado permitía la operación impune de Schäfer en territorio chileno (…) En vez de hacernos parte del proceso en nuestra calidad de víctimas, nos ignora y pasa por encima de una comunidad ya muy dañada ”, denunciaron. En el asentamiento alemán, que no fue desmantelado hasta 1991 por orden del presidente Patricio Aylwin (1990-1994), se estima que más de 100 opositores al régimen fueron asesinados y que hoy en día aún siguen desaparecidas. Schäfer, condenado en 2006 por abusos sexuales y fallecido en 2010, fue encerrado en una prisión del país después de ser detenido en Argentina, hasta donde había escapado años antes. Fuente: CNN Chile País
En medio de un debate sobre la dieta parlamentaria que reciben los exmandatarios en Chile, se han propuesto diversas medidas para modificar este beneficio. Actualmente, la Constitución establece que los exmandatarios reciben una dieta parlamentaria que supera los $7 millones de pesos mensuales, además de otros gastos como traslados y funcionamiento de oficinas. Entre las propuestas que se están considerando se encuentra la imposición de un mínimo de edad de 65 años para recibir esta dieta, lo que excluiría al Presidente Gabriel Boric de esta medida. También se plantean opciones como la reducción del monto de la dieta o la eliminación de los gastos de traslados y funcionamiento de oficina. A pesar de estas propuestas, desde el Gobierno se ha defendido la mantención de la dieta parlamentaria para los exPresidentes. Según declaraciones del ministro del Interior, Álvaro Elizalde, esta medida busca evitar que los exmandatarios terminen realizando trabajos de lobby o que existan conflictos de interés posteriores. El ministro Elizalde señaló: “Los países que tienen democracia de alto estándar establecen alguna forma de dieta para evitar, por ejemplo, que ha ocurrido en otros países que no lo tienen, que exjefes de Estado terminan de lobbistas, o con evidentes conflictos de interés”. A pesar de su defensa a la dieta parlamentaria actual, el ministro del Interior también reconoció que siempre se puede perfeccionar el marco regulatorio existente en esta materia, sin olvidar los principios inspiradores detrás de esta norma. Fuente: Publimetro
El decano de la Facultad de Economía, Negocios y Gobierno de la USS, Alejandro Weber, ha calificado la revelación sobre los más de 25 mil funcionarios del aparato estatal que viajaron al extranjero durante 2023 y 2024 gracias a licencias médicas como una oportunidad inmejorable para modificar el régimen de empleo público. La Contraloría General de la República lideró una investigación que ha abierto un nuevo foco de cuestionamientos sobre las irregularidades en el funcionamiento del Estado. Esto ha generado preocupación en la ciudadanía nacional tras denuncias emblemáticas como los casos de Convenios o Audios. Un sondeo realizado por la Universidad San Sebastián, denominado “Chile nos habla”, reveló que el 96,8% de los encuestados considera que el uso de licencias médicas para viajes al extranjero está mal o muy mal. Solo un 0,4% cree que está bien, mientras que un 2,8% se muestra indiferente. En cuanto a las acciones a tomar en caso de comprobarse el mal uso de las licencias, un 69,9% de los encuestados sugiere exigir el reembolso del pago a los trabajadores que viajaron al extranjero. Además, un 64,2% opina que se debería desvincular a esos funcionarios. Otras medidas propuestas incluyen investigar a los profesionales de la salud que emiten las licencias (44,9%), tomar acciones legales contra los funcionarios públicos involucrados en el fraude (41,7%) e instruir sumarios administrativos (40,9%). Alejandro Weber expresó su preocupación ante esta situación: “Este hecho es de la mayor gravedad, daña la fe pública y la legitimidad del Estado. En momentos de estrechez fiscal y déficit en las cuentas públicas, es doloroso constatar que este fraude se financió con los impuestos pagados por todos los chilenos.” El Dr. Jorge Acosta, director Ejecutivo del Instituto de Políticas Públicas en Salud (IPSUSS), señaló la necesidad urgente de aumentar la fiscalización para evitar el uso malicioso de las licencias médicas y garantizar consecuencias para quienes las solicitan y emiten. Según el sondeo realizado, un 71,6% considera que la falta de consecuencias para quienes solicitan las licencias es una causa importante del problema. Asimismo, un 63,9% atribuye la situación a la falta de consecuencias para quienes emiten las licencias y un 39,7% menciona la falta de control por parte de la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez (COMPIN). El director ejecutivo del IPSUSS sugiere evaluar medidas como disminuir gradualmente el subsidio durante la licencia para incentivar la reincorporación temprana y revisar la temporalidad de las incapacidades prolongadas. Ante la pregunta sobre las posibles consecuencias para los funcionarios públicos involucrados en este escándalo, el 58,4% cree que no habrá ninguna acción. Solo un 30% espera medidas leves y un 11% confía en que se tomarán medidas importantes para prevenir casos similares en el futuro. Fuente: Publimetro
Una desaprobación del 70% a la forma en la que el Presidente Gabriel Boric está dirigiendo el gobierno es la que mostró durante esta semana la encuesta Cadem , cifra que no alcanzaba desde hace cerca de un año y que pese a todo fue desdramatizada por la ministra vocera de gobierno (s), Aisén Etcheverry. El Presidente no llegaba a esta cifra desde el asesinato de los tres funcionarios de Carabineros en Cañete durante 2024, y anteriormente, a inicios de 2023 llegó a la misma cifra de desaprobación tras el indulto presidencial a 12 detenidos en el marco del estallido social y al exfrentista Jorge Mateluna. La también ministra del Medio Ambiente fue consultada por la baja aprobación del Presiente, que apenas llega al 26% en el mismo sondeo, en radio Infinita, donde aseguró que las encuestas son fotos del momento, añadiendo además que la real evaluación de los gobiernos se hace una vez que terminan. En ese sentido, la ministra destacó que el trabajo del gobiernoestá centrado en avanzar e implementar transformaciones y no en analizar las encuestas. Por otra parte, la ministra Etcheverry también fue consultada por el actual escenario electoral, en el que de acuerdo a la misma encuesta Cadem se posiciona a figuras de la derecha como José Antonio Kast y Evelyn Matthei como líderes en la intención de voto. Aseguró que falta mucho para esa elección y que el panorama aún está abierto. Todavía quedan primarias, varios meses de gobierno y muchos proyectos por ejecutar, indicó. Finalmente la ministra señaló que la última Cuenta Pública del Presidente Boric, que se realizará el próximo domingo 1 de junio ante el Congreso Pleno en Valparaíso, se pondrá el acento en los avances alcanzados durante su administración. La perspectiva es que este es un país que está avanzando, puntualizó. Fuente: Publimetro
A veces se generan tensiones entre las instituciones, comentó este miércoles el Presidente Gabriel Boric a la prensa, acompañado del Fiscal Nacional, Ángel Valencia. El Mandatario se dejó ver con el persecutor en la Cuenta Pública del Ministerio Público y vertió unas palabras de conciliación tras días marcados por la tensión entre la Fiscalía y el Gobierno. Valencia de hecho, hizo un guiño al Mandatario, al relevar el mejoramiento de la Fiscalía Regional de Magallanes, algo que el aludido correspondió con una sonrisa entre la audiencia. La controversia vino a partir de la filtración de una conversación del exasesor de Presidencia, Miguel Crispi, que era parte de la escucha telefónica que solicitó el fiscal Patricio Cooper hacia el frenteamplista por el caso Procultura. La incomodidad de La Moneda escaló con la información de una solicitud que el mismo persecutor hizo para interceptar el teléfono del Presidente. Si bien tribunales desestimó la medida, la ministra Aisén Etcheverry emplazó a la fiscalía a aclarar la veracidad del requerimiento. Estamos a la espera de que sea la propia Fiscalía quien pueda aclarar si es que este trascendido que se conoció hoy es cierto o no es cierto y a partir de ahí, bueno, tomar los recuerdos que sean necesarios, dijo la ministra este lunes, en una vocería hecha pasadas las 19:00 horas. ... Fuente: Emol
En el asentamiento alemán, que no fue desmantelado hasta 1991 por orden del presidente Patricio Aylwin, se estima que más de 100 opositores al régimen fueron asesinados. (EFE).— Las autoridades del Gobierno firmaron este lunes el decreto de expropiación de la ex Colonia Dignidad, terreno en el que se emplazó un centro de detención, tortura y exterminio bajo el mando del pederasta alemán, Paul Schäfer, durante la dictadura de Augusto Pinochet, que será transformado en un centro de memoria histórica. En total, 117 hectáreas de terrenos e instalaciones que ya fueron declarados Monumento Nacional en 2016, pasarán a manos del Estado en una operación que el Ejecutivo espera concluir antes del 11 de marzo próximo, cuando deje La Moneda. “Estas son políticas de Estado (…) tener sitios de memoria que nos permitan decir muy claro y fuerte a toda la ciudadanía: estas cosas no pueden volver a ocurrir en nuestro país y no pueden volver a ocurrir tampoco en la humanidad. Es algo que nos parece que debiera darse continuidad bajo cualquier perspectiva”, dijo el ministro chileno de Justicia y Derechos Humanos, Jaime Gajardo. Además del titular de Justicia, firmaron el decreto el ministro de Vivienda y Urbanismo, Carlos Montes, y el ministro de Bienes Nacionales, Francisco Figueroa, todos a cargo de impulsar las coordinaciones institucionales necesarias para la expropiación. “Esto no es solo un acto político, sino que es también un acto de gran implicancia humana para bastante gente que, todavía, en muchos casos, están detenidos y desaparecidos. Es un proceso muy importante para cambiar la historia de Chile en materia de la existencia de un lugar donde existía represión”, señaló Montes. “Los sitios de memoria son los instrumentos a través de los cuales la sociedad y el Estad o se recuerdan a sí mismos lo que allí ocurrió, y eso es tremendamente importante en el mundo actual, al menos en Chile, donde las barbaridades están a la orden del día”, subrayó por su parte Figueroa. Los actuales habitantes de Villa Baviera, nombre actual del asentamiento fundado en 1961, si bien “no se oponen” a la creación de un sitio de memoria, insisten en que el proceso está pasando “por encima” de su comunidad, siendo “nuevamente vulnerados como chilenos y víctimas”. “ Este es un hecho que nos afecta directamente como comunidad, porque las 117 hectáreas a expropiar incluyen todo el centro urbanizado de Villa Baviera, es decir, los lugares donde vivimos, trabajamos y desarrollamos las actividades que nos permiten sobrevivir. Esta expropiación deja sin hogar ni sustento económico a una comunidad entera”, señalaron en un comunicado. “Durante décadas fuimos abusados de las formas más brutales mientras el Estado permitía la operación impune de Schäfer en territorio chileno (…) En vez de hacernos parte del proceso en nuestra calidad de víctimas, nos ignora y pasa por encima de una comunidad ya muy dañada ”, denunciaron. En el asentamiento alemán, que no fue desmantelado hasta 1991 por orden del presidente Patricio Aylwin (1990-1994), se estima que más de 100 opositores al régimen fueron asesinados y que hoy en día aún siguen desaparecidas. Schäfer, condenado en 2006 por abusos sexuales y fallecido en 2010, fue encerrado en una prisión del país después de ser detenido en Argentina, hasta donde había escapado años antes. Fuente: CNN Chile País
En medio de un debate sobre la dieta parlamentaria que reciben los exmandatarios en Chile, se han propuesto diversas medidas para modificar este beneficio. Actualmente, la Constitución establece que los exmandatarios reciben una dieta parlamentaria que supera los $7 millones de pesos mensuales, además de otros gastos como traslados y funcionamiento de oficinas. Entre las propuestas que se están considerando se encuentra la imposición de un mínimo de edad de 65 años para recibir esta dieta, lo que excluiría al Presidente Gabriel Boric de esta medida. También se plantean opciones como la reducción del monto de la dieta o la eliminación de los gastos de traslados y funcionamiento de oficina. A pesar de estas propuestas, desde el Gobierno se ha defendido la mantención de la dieta parlamentaria para los exPresidentes. Según declaraciones del ministro del Interior, Álvaro Elizalde, esta medida busca evitar que los exmandatarios terminen realizando trabajos de lobby o que existan conflictos de interés posteriores. El ministro Elizalde señaló: “Los países que tienen democracia de alto estándar establecen alguna forma de dieta para evitar, por ejemplo, que ha ocurrido en otros países que no lo tienen, que exjefes de Estado terminan de lobbistas, o con evidentes conflictos de interés”. A pesar de su defensa a la dieta parlamentaria actual, el ministro del Interior también reconoció que siempre se puede perfeccionar el marco regulatorio existente en esta materia, sin olvidar los principios inspiradores detrás de esta norma. Fuente: Publimetro
El decano de la Facultad de Economía, Negocios y Gobierno de la USS, Alejandro Weber, ha calificado la revelación sobre los más de 25 mil funcionarios del aparato estatal que viajaron al extranjero durante 2023 y 2024 gracias a licencias médicas como una oportunidad inmejorable para modificar el régimen de empleo público. La Contraloría General de la República lideró una investigación que ha abierto un nuevo foco de cuestionamientos sobre las irregularidades en el funcionamiento del Estado. Esto ha generado preocupación en la ciudadanía nacional tras denuncias emblemáticas como los casos de Convenios o Audios. Un sondeo realizado por la Universidad San Sebastián, denominado “Chile nos habla”, reveló que el 96,8% de los encuestados considera que el uso de licencias médicas para viajes al extranjero está mal o muy mal. Solo un 0,4% cree que está bien, mientras que un 2,8% se muestra indiferente. En cuanto a las acciones a tomar en caso de comprobarse el mal uso de las licencias, un 69,9% de los encuestados sugiere exigir el reembolso del pago a los trabajadores que viajaron al extranjero. Además, un 64,2% opina que se debería desvincular a esos funcionarios. Otras medidas propuestas incluyen investigar a los profesionales de la salud que emiten las licencias (44,9%), tomar acciones legales contra los funcionarios públicos involucrados en el fraude (41,7%) e instruir sumarios administrativos (40,9%). Alejandro Weber expresó su preocupación ante esta situación: “Este hecho es de la mayor gravedad, daña la fe pública y la legitimidad del Estado. En momentos de estrechez fiscal y déficit en las cuentas públicas, es doloroso constatar que este fraude se financió con los impuestos pagados por todos los chilenos.” El Dr. Jorge Acosta, director Ejecutivo del Instituto de Políticas Públicas en Salud (IPSUSS), señaló la necesidad urgente de aumentar la fiscalización para evitar el uso malicioso de las licencias médicas y garantizar consecuencias para quienes las solicitan y emiten. Según el sondeo realizado, un 71,6% considera que la falta de consecuencias para quienes solicitan las licencias es una causa importante del problema. Asimismo, un 63,9% atribuye la situación a la falta de consecuencias para quienes emiten las licencias y un 39,7% menciona la falta de control por parte de la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez (COMPIN). El director ejecutivo del IPSUSS sugiere evaluar medidas como disminuir gradualmente el subsidio durante la licencia para incentivar la reincorporación temprana y revisar la temporalidad de las incapacidades prolongadas. Ante la pregunta sobre las posibles consecuencias para los funcionarios públicos involucrados en este escándalo, el 58,4% cree que no habrá ninguna acción. Solo un 30% espera medidas leves y un 11% confía en que se tomarán medidas importantes para prevenir casos similares en el futuro. Fuente: Publimetro
Una desaprobación del 70% a la forma en la que el Presidente Gabriel Boric está dirigiendo el gobierno es la que mostró durante esta semana la encuesta Cadem , cifra que no alcanzaba desde hace cerca de un año y que pese a todo fue desdramatizada por la ministra vocera de gobierno (s), Aisén Etcheverry. El Presidente no llegaba a esta cifra desde el asesinato de los tres funcionarios de Carabineros en Cañete durante 2024, y anteriormente, a inicios de 2023 llegó a la misma cifra de desaprobación tras el indulto presidencial a 12 detenidos en el marco del estallido social y al exfrentista Jorge Mateluna. La también ministra del Medio Ambiente fue consultada por la baja aprobación del Presiente, que apenas llega al 26% en el mismo sondeo, en radio Infinita, donde aseguró que las encuestas son fotos del momento, añadiendo además que la real evaluación de los gobiernos se hace una vez que terminan. En ese sentido, la ministra destacó que el trabajo del gobiernoestá centrado en avanzar e implementar transformaciones y no en analizar las encuestas. Por otra parte, la ministra Etcheverry también fue consultada por el actual escenario electoral, en el que de acuerdo a la misma encuesta Cadem se posiciona a figuras de la derecha como José Antonio Kast y Evelyn Matthei como líderes en la intención de voto. Aseguró que falta mucho para esa elección y que el panorama aún está abierto. Todavía quedan primarias, varios meses de gobierno y muchos proyectos por ejecutar, indicó. Finalmente la ministra señaló que la última Cuenta Pública del Presidente Boric, que se realizará el próximo domingo 1 de junio ante el Congreso Pleno en Valparaíso, se pondrá el acento en los avances alcanzados durante su administración. La perspectiva es que este es un país que está avanzando, puntualizó. Fuente: Publimetro
A veces se generan tensiones entre las instituciones, comentó este miércoles el Presidente Gabriel Boric a la prensa, acompañado del Fiscal Nacional, Ángel Valencia. El Mandatario se dejó ver con el persecutor en la Cuenta Pública del Ministerio Público y vertió unas palabras de conciliación tras días marcados por la tensión entre la Fiscalía y el Gobierno. Valencia de hecho, hizo un guiño al Mandatario, al relevar el mejoramiento de la Fiscalía Regional de Magallanes, algo que el aludido correspondió con una sonrisa entre la audiencia. La controversia vino a partir de la filtración de una conversación del exasesor de Presidencia, Miguel Crispi, que era parte de la escucha telefónica que solicitó el fiscal Patricio Cooper hacia el frenteamplista por el caso Procultura. La incomodidad de La Moneda escaló con la información de una solicitud que el mismo persecutor hizo para interceptar el teléfono del Presidente. Si bien tribunales desestimó la medida, la ministra Aisén Etcheverry emplazó a la fiscalía a aclarar la veracidad del requerimiento. Estamos a la espera de que sea la propia Fiscalía quien pueda aclarar si es que este trascendido que se conoció hoy es cierto o no es cierto y a partir de ahí, bueno, tomar los recuerdos que sean necesarios, dijo la ministra este lunes, en una vocería hecha pasadas las 19:00 horas. ... Fuente: Emol
