Este martes, el exministro del Interior, Andrés Chadwick, interpuso una querella en la Corte de Apelaciones de Valparaíso contra diez diputados del oficialismo, acusándolos deinjurias graves y calumnias. Chadwick afirma que las declaraciones hechas en su contra en el escrito de la acusación constitucional contra la ministra suspendida de la Corte Suprema, Ángela Vivanco, afectan su imagen y honor. Ante esto, la querella está dirigida a los diputados Daniel Melo (PS), Lorena Pizarro (PC), Mónica Arce (IND), Jaime Araya (IND-PPD), Luis Malla (LIB), Lorena Fries (FA), Jaime Sáez (FA), Ana María Gazmuri (PAH), Nathalie Castillo (PC) y Nelson Venegas (PS). El exministro sostiene que, aunque la acusación debía centrarse en Vivanco, los parlamentarios desviaron su enfoque hacia su persona, imputándole delitos graves y difamando su reputación pública. Asimismo, en el documento, Chadwick destaca que las declaraciones realizadas por los diputados son falsas y que jamás solicitó a terceros que influyeran en casos de violaciones a los derechos humanos durante el estallido social, como se le acusa. Asimismo, niega cualquier implicación en los casos Exalmar, Dominga y en relación con el Director de la Policía de Investigaciones. Finalmente, la exautoridad solicitó el desafuero de los diputados para poder llevarlos a juicio, argumentando que han instrumentalizado su poder legislativo para llevar a cabo un ataque mediático con el objetivo de destruir su imagen y reputación.
El ministro de Educación, Nicolás Cataldo, anunció que la Ley de Reorganización y Condonación de Deudas Educativas, conocida como “fin al CAE”, traerá importantes cambios en la transparencia financiera de las universidades privadas. Entre las medidas más relevantes, se encuentra la obligación de publicar periódicamente detalles sobre la situación financiera de las instituciones, lo que incluye las remuneraciones de la planta académica y administrativa. Ante esto, en una entrevista con CNN Chile, el ministro detalló que, de aprobarse esta ley, las universidades deberán entregar información clara y accesible sobre su estado financiero. Esto incluye la “sanidad” de sus cuentas, una medida crucial tras diversas controversias sobre la gestión de algunas instituciones.Hoy en día, las universidades no están obligadas a transparentar esta información, pero la nueva normativa establecerá que lo hagan mes a mes en sus plataformas digitales, afirmó Cataldo. El ministro también fue consultado sobre casos polémicos, como el de la exministra Marcela Cubillos, quien recibía una remuneración de 17 millones de pesos por 22 horas de docencia. Cataldo aseguró que, con esta ley, no solo se podría haber conocido con antelación el sueldo de Cubillos, sino el de todo el personal académico y no académico.Es muy parecido al sistema de transparencia activa que ya tienen los ministerios, explicó el ministro, refiriéndose al acceso público a los sueldos de funcionarios de organismos públicos.
La comisión encargada de evaluar la acusación constitucional contra la ministra del Interior, Carolina Tohá, se encuentra en una jornada de sesiones intensivas, con el objetivo de despachar un informe que determine la procedencia del libelo acusatorio. El presidente de la comisión, Jaime Araya (IND-PPD), defendió la rapidez del proceso, argumentando que “la ciudadanía está cansada de un parlamento que anda a paso de tortuga”. Ante esto, durante el día se han convocado a más de una veintena de invitados propuestos por la bancada del Partido Republicano, los impulsores de la acusación. La defensa de Tohá ingresó ayer, donde se señalaron “imprecisiones, deformaciones y generalizaciones” en el libelo. La comisión tiene un plazo de seis días para elaborar su informe desde que se recibió la contestación. Asimismo, Araya se comprometió a actuar con transparencia y rectitud, a pesar de las críticas del Partido Republicano, que sostiene que los invitados fueron citados con poca antelación y que el proceso debe tomar el tiempo necesario. El diputado Luis Sánchez (Republicano) destacó la importancia de la crisis de seguridad en el país, instando a la comisión a no apresurarse y a funcionar de manera independiente. Por su parte, la presidenta de la Cámara de Diputados, Karol Cariola (PC), aseguró que los presidentes de las comisiones tienen la potestad de definir sus jornadas de trabajo, y subrayó que si es necesario, se organizarán sesiones especiales para asegurar un avance efectivo en el trabajo legislativo. “Lo que no queremos es quitarle tiempo al trabajo legislativo, considerando que hay que compatibilizar ambas cosas”, concluyó Cariola.
Desde el Aeródromo de Tobalaba, en la comuna de La Reina, la ministra del Interior, Carolina Tohá, abordó la acusación constitucional que el lunes fue presentada en su contra por el Partido Republicano, en medio de la crisis de seguridad que enfrenta el país. Esta acción se concretó luego de que el partido fundado por José Antonio Kast le diera un ultimátum de 72 horas para renunciar, tras la dimisión del general director de Carabineros, Ricardo Yáñez, quien enfrentaba un proceso judicial en base al Criterio Tohá. Ante esto, la ministra dejó en claro que no se prestará para confrontaciones políticas:Por más que se diga lo que se diga, a mí no me van a hacer pelear con la acusación constitucional, afirmó. Además, subrayó quela pelea del gobierno y de los chilenos está en otra parte: contra la inseguridad, la violencia y los delitos. Asimismo, Tohá también destacó que los ciudadanosdeben estar muy cansados de vernos en este tipo de peleas, y abogó por la necesidad de trabajar de manera unida, como se ha logrado con iniciativas legislativas como la ley de las 40 horas, Papito Corazón y el Royalty. Finalmente, señaló que su equipo legal, encabezado por un abogado ya designado, se encargará de responder a los requerimientos del proceso parlamentario, mientras el Ministerio del Interior continuará enfocado en las tareas de seguridad que le corresponden.
En una sesión de la comisión de Salud del Senado, la ministra de Salud, Ximena Aguilera, confirmó que el gobierno pondrá suma urgencia al proyecto de ley de eutanasia y cuidados paliativos, el cual ha permanecido en discusión en la Cámara Alta durante los últimos tres años. Aguilera destacó que esta iniciativa ha sido priorizada por el Presidente Gabriel Boric, quien la incluyó en su agenda legislativa durante la Cuenta Pública de junio de 2024. A pesar de que el Mandatario no había especificado una fecha para su discusión, la ministra indicó que el proyecto podría ser ingresado a la comisión en el transcurso de esta semana. La eutanasia efectivamente se le va a dar suma urgencia esta semana, afirmó Aguilera, enfatizando que, junto a esta iniciativa, se discutirá también la ley integral de salud mental. Además, la ministra subrayó que en el Ministerio de Salud existen tres grandes prioridades legislativas: los tiempos de espera en atención médica, la salud mental, y las reformas necesarias a raíz de las sentencias de la Corte Suprema, como la ley corta de isapres. Finalmente, el impulso a la discusión de la eutanasia se produce tras una carta de Susana Moreira, una mujer con distrofia muscular que solicitó al Presidente una muerte asistida. En esto tenemos un gran tema pendiente, declaró Boric, quien instó al Congreso a no evadir el debate sobre las necesidades de quienes padecen enfermedades terminales e incurables.
Este martes, el exministro del Interior, Andrés Chadwick, interpuso una querella en la Corte de Apelaciones de Valparaíso contra diez diputados del oficialismo, acusándolos deinjurias graves y calumnias. Chadwick afirma que las declaraciones hechas en su contra en el escrito de la acusación constitucional contra la ministra suspendida de la Corte Suprema, Ángela Vivanco, afectan su imagen y honor. Ante esto, la querella está dirigida a los diputados Daniel Melo (PS), Lorena Pizarro (PC), Mónica Arce (IND), Jaime Araya (IND-PPD), Luis Malla (LIB), Lorena Fries (FA), Jaime Sáez (FA), Ana María Gazmuri (PAH), Nathalie Castillo (PC) y Nelson Venegas (PS). El exministro sostiene que, aunque la acusación debía centrarse en Vivanco, los parlamentarios desviaron su enfoque hacia su persona, imputándole delitos graves y difamando su reputación pública. Asimismo, en el documento, Chadwick destaca que las declaraciones realizadas por los diputados son falsas y que jamás solicitó a terceros que influyeran en casos de violaciones a los derechos humanos durante el estallido social, como se le acusa. Asimismo, niega cualquier implicación en los casos Exalmar, Dominga y en relación con el Director de la Policía de Investigaciones. Finalmente, la exautoridad solicitó el desafuero de los diputados para poder llevarlos a juicio, argumentando que han instrumentalizado su poder legislativo para llevar a cabo un ataque mediático con el objetivo de destruir su imagen y reputación.
El ministro de Educación, Nicolás Cataldo, anunció que la Ley de Reorganización y Condonación de Deudas Educativas, conocida como “fin al CAE”, traerá importantes cambios en la transparencia financiera de las universidades privadas. Entre las medidas más relevantes, se encuentra la obligación de publicar periódicamente detalles sobre la situación financiera de las instituciones, lo que incluye las remuneraciones de la planta académica y administrativa. Ante esto, en una entrevista con CNN Chile, el ministro detalló que, de aprobarse esta ley, las universidades deberán entregar información clara y accesible sobre su estado financiero. Esto incluye la “sanidad” de sus cuentas, una medida crucial tras diversas controversias sobre la gestión de algunas instituciones.Hoy en día, las universidades no están obligadas a transparentar esta información, pero la nueva normativa establecerá que lo hagan mes a mes en sus plataformas digitales, afirmó Cataldo. El ministro también fue consultado sobre casos polémicos, como el de la exministra Marcela Cubillos, quien recibía una remuneración de 17 millones de pesos por 22 horas de docencia. Cataldo aseguró que, con esta ley, no solo se podría haber conocido con antelación el sueldo de Cubillos, sino el de todo el personal académico y no académico.Es muy parecido al sistema de transparencia activa que ya tienen los ministerios, explicó el ministro, refiriéndose al acceso público a los sueldos de funcionarios de organismos públicos.
La comisión encargada de evaluar la acusación constitucional contra la ministra del Interior, Carolina Tohá, se encuentra en una jornada de sesiones intensivas, con el objetivo de despachar un informe que determine la procedencia del libelo acusatorio. El presidente de la comisión, Jaime Araya (IND-PPD), defendió la rapidez del proceso, argumentando que “la ciudadanía está cansada de un parlamento que anda a paso de tortuga”. Ante esto, durante el día se han convocado a más de una veintena de invitados propuestos por la bancada del Partido Republicano, los impulsores de la acusación. La defensa de Tohá ingresó ayer, donde se señalaron “imprecisiones, deformaciones y generalizaciones” en el libelo. La comisión tiene un plazo de seis días para elaborar su informe desde que se recibió la contestación. Asimismo, Araya se comprometió a actuar con transparencia y rectitud, a pesar de las críticas del Partido Republicano, que sostiene que los invitados fueron citados con poca antelación y que el proceso debe tomar el tiempo necesario. El diputado Luis Sánchez (Republicano) destacó la importancia de la crisis de seguridad en el país, instando a la comisión a no apresurarse y a funcionar de manera independiente. Por su parte, la presidenta de la Cámara de Diputados, Karol Cariola (PC), aseguró que los presidentes de las comisiones tienen la potestad de definir sus jornadas de trabajo, y subrayó que si es necesario, se organizarán sesiones especiales para asegurar un avance efectivo en el trabajo legislativo. “Lo que no queremos es quitarle tiempo al trabajo legislativo, considerando que hay que compatibilizar ambas cosas”, concluyó Cariola.
Desde el Aeródromo de Tobalaba, en la comuna de La Reina, la ministra del Interior, Carolina Tohá, abordó la acusación constitucional que el lunes fue presentada en su contra por el Partido Republicano, en medio de la crisis de seguridad que enfrenta el país. Esta acción se concretó luego de que el partido fundado por José Antonio Kast le diera un ultimátum de 72 horas para renunciar, tras la dimisión del general director de Carabineros, Ricardo Yáñez, quien enfrentaba un proceso judicial en base al Criterio Tohá. Ante esto, la ministra dejó en claro que no se prestará para confrontaciones políticas:Por más que se diga lo que se diga, a mí no me van a hacer pelear con la acusación constitucional, afirmó. Además, subrayó quela pelea del gobierno y de los chilenos está en otra parte: contra la inseguridad, la violencia y los delitos. Asimismo, Tohá también destacó que los ciudadanosdeben estar muy cansados de vernos en este tipo de peleas, y abogó por la necesidad de trabajar de manera unida, como se ha logrado con iniciativas legislativas como la ley de las 40 horas, Papito Corazón y el Royalty. Finalmente, señaló que su equipo legal, encabezado por un abogado ya designado, se encargará de responder a los requerimientos del proceso parlamentario, mientras el Ministerio del Interior continuará enfocado en las tareas de seguridad que le corresponden.
En una sesión de la comisión de Salud del Senado, la ministra de Salud, Ximena Aguilera, confirmó que el gobierno pondrá suma urgencia al proyecto de ley de eutanasia y cuidados paliativos, el cual ha permanecido en discusión en la Cámara Alta durante los últimos tres años. Aguilera destacó que esta iniciativa ha sido priorizada por el Presidente Gabriel Boric, quien la incluyó en su agenda legislativa durante la Cuenta Pública de junio de 2024. A pesar de que el Mandatario no había especificado una fecha para su discusión, la ministra indicó que el proyecto podría ser ingresado a la comisión en el transcurso de esta semana. La eutanasia efectivamente se le va a dar suma urgencia esta semana, afirmó Aguilera, enfatizando que, junto a esta iniciativa, se discutirá también la ley integral de salud mental. Además, la ministra subrayó que en el Ministerio de Salud existen tres grandes prioridades legislativas: los tiempos de espera en atención médica, la salud mental, y las reformas necesarias a raíz de las sentencias de la Corte Suprema, como la ley corta de isapres. Finalmente, el impulso a la discusión de la eutanasia se produce tras una carta de Susana Moreira, una mujer con distrofia muscular que solicitó al Presidente una muerte asistida. En esto tenemos un gran tema pendiente, declaró Boric, quien instó al Congreso a no evadir el debate sobre las necesidades de quienes padecen enfermedades terminales e incurables.
