La diputada representante de la región de O’Higgins, Carla Morales presentó una solicitud de oficio al Ministerio de Desarrollo Social y Familia, a la Subsecretaría de la Niñez y al Servicio Nacional de Protección Especializada a la Niñez y Adolescencia, exigiendo información sobre las acciones implementadas para prevenir delitos de trata y esclavitud infantil, particularmente en contextos de migración. PUBLICIDAD En ese contexto, Morales destacó la gravedad del caso de una niña boliviana de ocho años, que fue vendida e ingresada irregularmente al país y sometida a condiciones de esclavitud en un campamento en Rengo, región de O’Higgins. “Es inconcebible que en pleno siglo XXI sigamos enfrentando situaciones tan brutales como esta, donde una niña es vendida por su propia abuela y expuesta a violencia, explotación y abandono total. Esto evidencia un preocupante vacío en la protección de los derechos de la infancia migrante”, afirmó. La parlamentaria subrayó que este caso no debe considerarse aislado, sino un reflejo de fallas estructurales en el sistema de protección infantil y la gestión fronteriza. “La desprotección institucional y la falta de un sistema de alerta temprana dejan a miles de niños en situación de vulnerabilidad extrema, invisibles para el Estado y expuestos a redes de trata y explotación”, agregó Morales. Entre las solicitudes planteadas en el oficio, la congresista exige información sobre medidas específicas para proteger a niños migrantes en campamentos, la existencia de catastros actualizados sobre menores en condiciones precarias, y protocolos de asistencia jurídica y psicológica. También solicitó detalles sobre la coordinación con sistemas judiciales de países vecinos, especialmente Bolivia, para prevenir y sancionar estos delitos. Finalmente, la legisladora instó a las autoridades a fortalecer la fiscalización en pasos fronterizos no habilitados y en campamentos con alta población migrante, sin caer en la criminalización, como una estrategia para garantizar derechos fundamentales. “Es urgente actuar con determinación para proteger a los niños y niñas más vulnerables, especialmente aquellos que enfrentan condiciones de extrema pobreza y migración”, concluyó la diputada. Fuente: Publimetro
La diputada representante de la región de O’Higgins, Carla Morales presentó una solicitud de oficio al Ministerio de Desarrollo Social y Familia, a la Subsecretaría de la Niñez y al Servicio Nacional de Protección Especializada a la Niñez y Adolescencia, exigiendo información sobre las acciones implementadas para prevenir delitos de trata y esclavitud infantil, particularmente en contextos de migración. PUBLICIDAD En ese contexto, Morales destacó la gravedad del caso de una niña boliviana de ocho años, que fue vendida e ingresada irregularmente al país y sometida a condiciones de esclavitud en un campamento en Rengo, región de O’Higgins. “Es inconcebible que en pleno siglo XXI sigamos enfrentando situaciones tan brutales como esta, donde una niña es vendida por su propia abuela y expuesta a violencia, explotación y abandono total. Esto evidencia un preocupante vacío en la protección de los derechos de la infancia migrante”, afirmó. La parlamentaria subrayó que este caso no debe considerarse aislado, sino un reflejo de fallas estructurales en el sistema de protección infantil y la gestión fronteriza. “La desprotección institucional y la falta de un sistema de alerta temprana dejan a miles de niños en situación de vulnerabilidad extrema, invisibles para el Estado y expuestos a redes de trata y explotación”, agregó Morales. Entre las solicitudes planteadas en el oficio, la congresista exige información sobre medidas específicas para proteger a niños migrantes en campamentos, la existencia de catastros actualizados sobre menores en condiciones precarias, y protocolos de asistencia jurídica y psicológica. También solicitó detalles sobre la coordinación con sistemas judiciales de países vecinos, especialmente Bolivia, para prevenir y sancionar estos delitos. Finalmente, la legisladora instó a las autoridades a fortalecer la fiscalización en pasos fronterizos no habilitados y en campamentos con alta población migrante, sin caer en la criminalización, como una estrategia para garantizar derechos fundamentales. “Es urgente actuar con determinación para proteger a los niños y niñas más vulnerables, especialmente aquellos que enfrentan condiciones de extrema pobreza y migración”, concluyó la diputada. Fuente: Publimetro
