Este miércoles 28 de mayo el gobierno finalmente presentó uno de los proyectos de ley más controvertidos de la administración de Gabriel Boric; el de aborto más allá de las tres causales que actualmente existen, y que de acuerdo a como fue presentado, despenalizaría a quienes aborten hasta las 14 semanas de gestación. Al respecto, el ministro de Justicia, Jaime Gajardo, explicó que la idea es dejar de criminalizar a las mujeres que optan por abortar, mientras que se seguiría penalizando a quienes interrumpan su embarazo después de las 14 semanas, que es el límite clínico recomendado. “En general, las mujeres que se ven enfrentadas a esto (aborto) lo hacen a través de un mercado ilícito, por lo que el día de mañana pueden ser perseguidas penalmente (...) Lo que hace este proyecto es que termina con la persecución penal hasta un cierto plazo, que son las 14 semanas. Después de ese plazo, se seguiría cometiendo el delito de aborto, explicó el ministro Gajardo en radio ADN. “El objetivo es que las mujeres no sigan siendo criminalizadas” En ese sentido, el ministro añadió que el tema legal “es bien importante, porque las mujeres tienen que enfrentar distintos tipos de decisiones respecto a si llevan adelante o no un aborto, y una de las decisiones es precisamente de tipo penal y ahí donde el Ministerio de Justicia está colaborando con el Ministerio de la Mujer. El objetivo del gobierno es que las mujeres no sigan siendo criminalizadas si es que tienen que tomar esta decisión”. En tanto, al abordar las cifras, el ministro Gajardo señaló que de acuerdo a algunos estudios hay “ más de 400 mujeres que han sido perseguidas penalmente por la comisión del delito de aborto”. Mientras que la penalidad por abortar puede ir “desde los 541 días, dependiendo del tipo de aborto que se practique, hasta los cinco años de presidio efectivo”. “ Estamos hablando de que es un son penas muy altas. Tenemos un poco más de una decena de mujeres cumpliendo condena en nuestros establecimientos penitenciarios, y es una realidad que hay que revisar “, dijo. Al ser consultado sobre las críticas al momento en el que se ingresó el proyecto al Congreso, el ministro de Justicia señaló que por una parte se esperó realizar las modificaciones a los reglamentos, y por otra es que se buscó “dar esta discusión, la que esperamos dar con altura de miras, porque estas discusiones se han dado en todas las sociedades democráticas modernas “, puntualizó. Fuente: Publimetro
Siete meses restan para las próximas elecciones presidenciales en Chile y los precandidatos ya están más que ambientados en la carrera por la búsqueda de suceder el actual jefe de Estado: Gabriel Boric. En esta línea, respecto a la oposición, los principales nombres son Evelyn Matthei, Johannes Kaiser y José Antonio Kast para integrar la papeleta. Y sobre éste último, de a poco ha ido compartiendo sus primeras ideas y propuestas iniciales antes de comenzar de lleno con su campaña. Pese a lo anterior, en esta ocasión, el político del Partido Republicano compartió unas palabras específicamente contra el ministro de Justicia, Jaime Gajardo –y aludiendo al Presidente Boric– a raíz de su visión contraria al manejo de la seguridad en El Salvador, llevada a cabo por el Mandatario Nayib Bukele. En ese sentido, a través de su perfil de Instagram, el derechista comenzó diciendo: “El ministro de Justicia critica el modelo de seguridad del Gobierno del Presidente Bukele y dice que no sirve para Chile: lo que no sirve es este Gobierno y un ministro de Justicia que habla desde la ignorancia y el desconocimiento”. “En El Salvador, la delincuencia y los homicidios van a la baja; la seguridad y la tranquilidad, en alza. Todo lo contrario a lo que pasa en Chile, donde las cárceles, que dependen del ministro de Justicia, están dominadas por el crimen organizado, y las calles están en manos del narcotráfico”, argumentó Kast. En relación a la experiencia de nuestro país, José Antonio señaló: “En Chile, necesitamos un gobierno que deje de defender a los delincuentes y empiece a proteger a los ciudadanos”. Por lo anterior, aseguró que en el país del cobre urge la creación de nuevos centros penitenciarios. “Necesitamos más cárceles: grandes, aisladas y controladas, sin ningún tipo de beneficio para estos criminales”, afirmó el abogado de 59 años. Fuente: Publimetro
El ministro de Justicia Jaime Gajardo, reconoció que se está evaluando el uso de uniformes para las Cárceles de Máxima Seguridad, no para todo el personal privado de libertad. “Esto en máxima seguridad en particular, lo que necesitamos es tratar de disminuir al máximo el tipo de cosas y la cantidad de cosas que se ingresan”, dijo el secretario de Estado. Gajardo explicó en conversación con Radio ADN, que “entonces cuando las personas utilizan su propia ropa se les permite ingresar ropa y se les permite sacar la ropa para lavarla. Entonces para evitar esos tipos de circuitos es importante que el establecimiento penitenciario les entregue un uniforme que además un uniforme que cuente con ciertas características”. “Por ejemplo que no sea inflamable para que eventualmente no se utilice como método para realizar combustión dentro de los establecimientos”, puntualizó. Ya en el mes de febrero, Gajardo precisó que la experiencia en otros países respalda esta iniciativa, “funciona en Colombia, funciona en Brasil. Para máxima seguridad el costo es menor”. El costo que tendría la medida sería de alrededor de $10 mil millones. El uso de uniformes en el mundo El uso de uniformes carcelarios es una práctica extendida en distintos países del mundo, aunque con enfoques diversos según las políticas penitenciarias de cada nación. En algunos casos, la vestimenta es utilizada como un medio de identificación y control, mientras que en otros, se ha flexibilizado para favorecer la reinserción social de los reclusos. En Estados Unidos, muchos estados imponen uniformes de color según la clasificación de los reos: los de naranja suelen ser para nuevos ingresos o presos de alta vigilancia, mientras que otros colores identifican distintos niveles de peligrosidad o funciones dentro de la prisión. En Europa, la tendencia ha sido menos restrictiva. En países como España y Alemania, los internos pueden vestir ropa propia, salvo en casos de máxima seguridad. La idea detrás de esta política es evitar la estigmatización y fomentar una sensación de normalidad dentro del proceso de rehabilitación. Por otro lado, en América Latina, el uso de uniformes varía considerablemente. En Brasil y México, muchas cárceles exigen prendas uniformadas, pero algunas han flexibilizado la norma, especialmente en centros de reinserción. Fuente: Publimetro
El alcalde de la comuna de Puerto Montt, Rodrigo Wainraihgt , junto con el diputado representante de la Región de Los Lagos, Mauro González, han manifestado su inquietud tras conocer la situación del sistema carcelario en la zona y solicitaron al Gobierno dar a conocer detalles del “Plan Maestro de Infraestructura Penitenciaria”. La solicitud nace tras una entrevista en la jornada de ayer domingo, donde el ministro de Justicia, Jaime Gajardo, expresó a CHV Noticias que el Ejecutivo contempla la puesta en marcha respecto a la creación de nuevas cárceles, junto con la ampliación de otras, el que incluye al Penal Alto Bonito de Puerto Montt. Al respecto, la ampliación de la cárcel de Puerto Montt, proyectada para el período 2030 con inicio de obras en 2029, contempla 600 plazas adicionales. Sin embargo, actualmente, más del 60% de los internos provienen de otras regiones, lo que ha incrementado la sensación de inseguridad en las comunidades cercanas. Asimismo, en un oficio dirigido a los representantes del Ministerio de Justicia, las autoridades solicitaron detalles sobre el nivel de peligrosidad de los reos trasladados, así como las medidas adoptadas para prevenir conflictos derivados de la llegada bandas provenientes otras zonas del país. No podemos permitir que nuestras comunidades sigan soportando el peso decisiones que incrementan sensación inseguridad. Es urgente conocer cómo se está garantizando seguridad tanto dentro como fuera recinto penitenciario, comentó el alcalde Puerto Montt. El malestar entre las autoridades también responde a ausencia información clara sobre condiciones operan cárceles región. Somos hablando problemática afecta directamente tranquilidad nuestras familias. Comunidades no pueden ser únicas perjudicadas por administración prioriza dividir bandas sin evaluar consecuencias, manifestó parlamentario Mauro González. Fundamental trabajar conjunto garantizar seguridad nuestras comunidades ahora no década, concluyó Wainraihgt. Fuente: Publimetro
Este miércoles 28 de mayo el gobierno finalmente presentó uno de los proyectos de ley más controvertidos de la administración de Gabriel Boric; el de aborto más allá de las tres causales que actualmente existen, y que de acuerdo a como fue presentado, despenalizaría a quienes aborten hasta las 14 semanas de gestación. Al respecto, el ministro de Justicia, Jaime Gajardo, explicó que la idea es dejar de criminalizar a las mujeres que optan por abortar, mientras que se seguiría penalizando a quienes interrumpan su embarazo después de las 14 semanas, que es el límite clínico recomendado. “En general, las mujeres que se ven enfrentadas a esto (aborto) lo hacen a través de un mercado ilícito, por lo que el día de mañana pueden ser perseguidas penalmente (...) Lo que hace este proyecto es que termina con la persecución penal hasta un cierto plazo, que son las 14 semanas. Después de ese plazo, se seguiría cometiendo el delito de aborto, explicó el ministro Gajardo en radio ADN. “El objetivo es que las mujeres no sigan siendo criminalizadas” En ese sentido, el ministro añadió que el tema legal “es bien importante, porque las mujeres tienen que enfrentar distintos tipos de decisiones respecto a si llevan adelante o no un aborto, y una de las decisiones es precisamente de tipo penal y ahí donde el Ministerio de Justicia está colaborando con el Ministerio de la Mujer. El objetivo del gobierno es que las mujeres no sigan siendo criminalizadas si es que tienen que tomar esta decisión”. En tanto, al abordar las cifras, el ministro Gajardo señaló que de acuerdo a algunos estudios hay “ más de 400 mujeres que han sido perseguidas penalmente por la comisión del delito de aborto”. Mientras que la penalidad por abortar puede ir “desde los 541 días, dependiendo del tipo de aborto que se practique, hasta los cinco años de presidio efectivo”. “ Estamos hablando de que es un son penas muy altas. Tenemos un poco más de una decena de mujeres cumpliendo condena en nuestros establecimientos penitenciarios, y es una realidad que hay que revisar “, dijo. Al ser consultado sobre las críticas al momento en el que se ingresó el proyecto al Congreso, el ministro de Justicia señaló que por una parte se esperó realizar las modificaciones a los reglamentos, y por otra es que se buscó “dar esta discusión, la que esperamos dar con altura de miras, porque estas discusiones se han dado en todas las sociedades democráticas modernas “, puntualizó. Fuente: Publimetro
Siete meses restan para las próximas elecciones presidenciales en Chile y los precandidatos ya están más que ambientados en la carrera por la búsqueda de suceder el actual jefe de Estado: Gabriel Boric. En esta línea, respecto a la oposición, los principales nombres son Evelyn Matthei, Johannes Kaiser y José Antonio Kast para integrar la papeleta. Y sobre éste último, de a poco ha ido compartiendo sus primeras ideas y propuestas iniciales antes de comenzar de lleno con su campaña. Pese a lo anterior, en esta ocasión, el político del Partido Republicano compartió unas palabras específicamente contra el ministro de Justicia, Jaime Gajardo –y aludiendo al Presidente Boric– a raíz de su visión contraria al manejo de la seguridad en El Salvador, llevada a cabo por el Mandatario Nayib Bukele. En ese sentido, a través de su perfil de Instagram, el derechista comenzó diciendo: “El ministro de Justicia critica el modelo de seguridad del Gobierno del Presidente Bukele y dice que no sirve para Chile: lo que no sirve es este Gobierno y un ministro de Justicia que habla desde la ignorancia y el desconocimiento”. “En El Salvador, la delincuencia y los homicidios van a la baja; la seguridad y la tranquilidad, en alza. Todo lo contrario a lo que pasa en Chile, donde las cárceles, que dependen del ministro de Justicia, están dominadas por el crimen organizado, y las calles están en manos del narcotráfico”, argumentó Kast. En relación a la experiencia de nuestro país, José Antonio señaló: “En Chile, necesitamos un gobierno que deje de defender a los delincuentes y empiece a proteger a los ciudadanos”. Por lo anterior, aseguró que en el país del cobre urge la creación de nuevos centros penitenciarios. “Necesitamos más cárceles: grandes, aisladas y controladas, sin ningún tipo de beneficio para estos criminales”, afirmó el abogado de 59 años. Fuente: Publimetro
El ministro de Justicia Jaime Gajardo, reconoció que se está evaluando el uso de uniformes para las Cárceles de Máxima Seguridad, no para todo el personal privado de libertad. “Esto en máxima seguridad en particular, lo que necesitamos es tratar de disminuir al máximo el tipo de cosas y la cantidad de cosas que se ingresan”, dijo el secretario de Estado. Gajardo explicó en conversación con Radio ADN, que “entonces cuando las personas utilizan su propia ropa se les permite ingresar ropa y se les permite sacar la ropa para lavarla. Entonces para evitar esos tipos de circuitos es importante que el establecimiento penitenciario les entregue un uniforme que además un uniforme que cuente con ciertas características”. “Por ejemplo que no sea inflamable para que eventualmente no se utilice como método para realizar combustión dentro de los establecimientos”, puntualizó. Ya en el mes de febrero, Gajardo precisó que la experiencia en otros países respalda esta iniciativa, “funciona en Colombia, funciona en Brasil. Para máxima seguridad el costo es menor”. El costo que tendría la medida sería de alrededor de $10 mil millones. El uso de uniformes en el mundo El uso de uniformes carcelarios es una práctica extendida en distintos países del mundo, aunque con enfoques diversos según las políticas penitenciarias de cada nación. En algunos casos, la vestimenta es utilizada como un medio de identificación y control, mientras que en otros, se ha flexibilizado para favorecer la reinserción social de los reclusos. En Estados Unidos, muchos estados imponen uniformes de color según la clasificación de los reos: los de naranja suelen ser para nuevos ingresos o presos de alta vigilancia, mientras que otros colores identifican distintos niveles de peligrosidad o funciones dentro de la prisión. En Europa, la tendencia ha sido menos restrictiva. En países como España y Alemania, los internos pueden vestir ropa propia, salvo en casos de máxima seguridad. La idea detrás de esta política es evitar la estigmatización y fomentar una sensación de normalidad dentro del proceso de rehabilitación. Por otro lado, en América Latina, el uso de uniformes varía considerablemente. En Brasil y México, muchas cárceles exigen prendas uniformadas, pero algunas han flexibilizado la norma, especialmente en centros de reinserción. Fuente: Publimetro
El alcalde de la comuna de Puerto Montt, Rodrigo Wainraihgt , junto con el diputado representante de la Región de Los Lagos, Mauro González, han manifestado su inquietud tras conocer la situación del sistema carcelario en la zona y solicitaron al Gobierno dar a conocer detalles del “Plan Maestro de Infraestructura Penitenciaria”. La solicitud nace tras una entrevista en la jornada de ayer domingo, donde el ministro de Justicia, Jaime Gajardo, expresó a CHV Noticias que el Ejecutivo contempla la puesta en marcha respecto a la creación de nuevas cárceles, junto con la ampliación de otras, el que incluye al Penal Alto Bonito de Puerto Montt. Al respecto, la ampliación de la cárcel de Puerto Montt, proyectada para el período 2030 con inicio de obras en 2029, contempla 600 plazas adicionales. Sin embargo, actualmente, más del 60% de los internos provienen de otras regiones, lo que ha incrementado la sensación de inseguridad en las comunidades cercanas. Asimismo, en un oficio dirigido a los representantes del Ministerio de Justicia, las autoridades solicitaron detalles sobre el nivel de peligrosidad de los reos trasladados, así como las medidas adoptadas para prevenir conflictos derivados de la llegada bandas provenientes otras zonas del país. No podemos permitir que nuestras comunidades sigan soportando el peso decisiones que incrementan sensación inseguridad. Es urgente conocer cómo se está garantizando seguridad tanto dentro como fuera recinto penitenciario, comentó el alcalde Puerto Montt. El malestar entre las autoridades también responde a ausencia información clara sobre condiciones operan cárceles región. Somos hablando problemática afecta directamente tranquilidad nuestras familias. Comunidades no pueden ser únicas perjudicadas por administración prioriza dividir bandas sin evaluar consecuencias, manifestó parlamentario Mauro González. Fundamental trabajar conjunto garantizar seguridad nuestras comunidades ahora no década, concluyó Wainraihgt. Fuente: Publimetro
