La Fiscalía Metropolitana Oriente está próxima a solicitar el desafuero del diputado de la Unión Demócrata Independiente (UDI), Joaquín Lavín León, quien está siendo investigado por fraude al fisco, tráfico de influencias y negociación incompatible, según informa Publimetro. Además, recientemente se ha presentado una querella en su contra por malversación de fondos públicos por parte del Consejo de Defensa del Estado (CDE). En relación a este caso, el fiscal nacional, Ángel Valencia, fue consultado en el Congreso Nacional y declaró: “hay una investigación que ya lleva larga data, si no me equivoco estaba vigente incluso antes de que yo llegara al Ministerio Público o se inicia en una fecha cercana. Dispusimos su agrupación para los efectos de darle un nuevo impulso. Esa investigación se encuentra a cargo de la Fiscalía Oriente, fue una decisión que tomé poco tiempo después de haber llegado a este cargo”. Valencia también señaló que “ya se presentó una querella por parte del Consejo de Defensa del Estado, se presentó un conjunto de diligencias y, según se me ha informado, ya los fiscales a cargo de esa causa están en condiciones de comenzar a tomar decisiones”. En cuanto a la solicitud de desafuero, el fiscal nacional afirmó que “son las decisiones que normalmente corresponden a un caso como este. Todas las personas tienen derecho a que la investigación se extienda por un plazo razonable. En consecuencia, no pueden extenderse más tiempo que el prudente”. La acción judicial también involucra a tres exasesores del diputado Joaquín Lavín: Arnaldo Domínguez, Juan Alberto Silva y Felipe Vásquez Diéguez, quienes son considerados parte del círculo cercano del parlamentario y estarían implicados en maniobras irregulares en la rendición de gastos. La querella presentada en el 7º Juzgado de Garantía de Santiago se centra en supuestos desvíos de fondos realizados por Lavín para financiar su campaña política y la de otros candidatos de la UDI. Entre los antecedentes revelados, se destaca que el parlamentario habría declarado ante la Cámara de Diputadas y Diputados cerca de siete millones de pesos como gastos legislativos, pero estos habrían sido utilizados para saldar una deuda personal con una imprenta. Fuente: Publimetro
El diputado independiente Joaquín Lavín León, exmilitante de la UDI, se encuentra bajo una grave investigación penal luego de ser querellado por el Consejo de Defensa del Estado (CDE) por presunta malversación de caudales públicos y fraude al fisco. La denuncia se centra en el uso de facturas falsas y gastos inflados durante su campaña parlamentaria, lo que habría permitido desviar fondos del Congreso Nacional. PUBLICIDAD De acuerdo con la querella, Lavín habría colaborado con su exasesor Arnaldo Domínguez, utilizando las empresas MMG SpA y Modo 74 SpA para simular servicios informáticos inexistentes. Una de las acciones más destacadas fue la emisión de 151 facturas por más de $75 millones, bajo el concepto de mantenimiento de una página web que, según la investigación, está inactiva desde 2022, según informó ADN Chile. “El objetivo era obtener reembolsos indebidos desde el Congreso Nacional”, afirmó el CDE en el documento presentado al Ministerio Público, donde también se solicitó que el Servicio de Impuestos Internos (SII) participe en la causa ante posibles delitos tributarios. El CDE solicitó la prisión preventiva del parlamentario argumentando un riesgo de obstrucción a la investigación. Al mismo tiempo, la Fiscalía Oriente está considerando pedir su desafuero, una medida necesaria para formalizar los cargos en su contra debido a su condición de diputado en ejercicio. Uno de los testimonios relevantes en este caso es el de Aída Olivares, secretaria de Lavín, quien declaró que el diputado continuó presentando facturas falsas incluso después de dejar de utilizar los servicios supuestamente contratados. Para el CDE, no hay dudas de que Lavín “instruyó y consintió” todas las operaciones, actuando con pleno conocimiento de su ilegalidad. Fuente: Publimetro
En medio de la investigación por presuntos delitos de corrupción ligados a la exalcaldesa de Maipú, Cathy Barriga, nuevos antecedentes salieron a la luz que involucran directamente al diputado Joaquín Lavín León. T13 accedió de forma exclusiva a la declaración que el parlamentario entregó al Ministerio Público, donde explicó su participación en la administración de su esposa y abordó la polémica emisión de facturas presuntamente falsas. Uno de los focos de la indagatoria apunta a la empresa MMG, que habría recibido pagos con fondos del Congreso Nacional para actividades vinculadas a campañas políticas. Lavín atribuyó toda la responsabilidad de estos movimientos financieros a su excolaborador más cercano, Arnaldo Domínguez. “A partir del 2015, cuando Arnaldo Domínguez pasa a ser Jefe Territorial, se hace cargo de muchos de los proveedores que tienen que ver con la labor territorial y empieza a tener comunicación con MMG (...) Yo dije expresamente que las cosas que se hacían para Cathy y para mí, las pagamos nosotros. Las de la UDI, las pagaba la UDI. Las de constituyente, las pagaba cada candidato”, aseguró el diputado. En su testimonio, Lavín defendió su cercanía con la administración municipal, señalando que su intención siempre fue apoyar a Barriga, pero sin tomar decisiones. “Yo quería que a Cathy le fuera bien en su administración, ya que sabía que era muy duro, porque había mucha gente que quería hacerle la vida imposible, por lo que yo tomé la decisión de ayudarla en lo que más podía. Pero tenía claro también que yo no tomaba ninguna decisión”, sostuvo. Sin embargo, la Fiscalía presentó correos electrónicos que lo vincularían directamente a decisiones administrativas en la Municipalidad de Maipú. Entre ellos destaca un correo donde adjuntó un listado con cerca de 500 personas que debían ser desvinculadas. Consultado al respecto el parlamentario afirmó: “Eran personas querían colaborar con gestión Cathy Barriga (...) La idea era colaborar gestión y Cathy Barriga le fuera bien. Yo sólo transmitía lo me comunicaban”. Lavín enfrenta un momento judicial delicado ya próximos días podría solicitarse desafuero y avanzar en la formalización por fraude al fisco, tráfico de influencias y negociación incompatible. Fuente: Publimetro
“Que sí, que no, que nunca te decides...“, seguramente esa frase de la canción del grupo El Símbolo se le viene a la mente a la ciudadanía, cada vez que Cathy Barriga es citada a una nueva revisión de medidas cautelares. En total, a la fecha la exalcaldesa de Maipú registra seis revisiones, en las cuales ha entrado y salido de prisión preventiva en la cárcel de San Miguel. Este martes fue su último control, donde le mantuvieron las medidas cautelares de arresto domiciliario nocturno, arraigo nacional, junto con la prohibición de contactarse con cualquiera de los imputados por la causa de fraude al fisco por la cual es investigada. Registro de medidas cautelares a Cathy Barriga La primera medida cautelar se remonta a enero del 2024 donde quedó con arresto domiciliario. Decisión que le permitió poder realizar publicaciones en Instagram e incluso incursionar en la venta de contenido erótico. Algunos dice que eso motivó a la fiscalía a buscar pruebas más contundentes para lograr la prisión preventiva y no continuara “riéndose” de la justicia. Fue así como el 12 de noviembre se acabó su libertad y quedó detenida en la cárcel de San Miguel. Pero, pasó poco más de un mes, 36 días, y el tribunal volvió a cambiar la cautelar, permitiéndole regresar a su domicilio el 18 de diciembre, justo para Navidad. Sin embargo, no corrió la misma suerte para Año Nuevo, puesto que ocho días después, el 26 de diciembre se revisaron nuevamente las cautelaras y otra vez le decretaron prisión preventiva. Esta vez porque Fiscalía y el Consejo de Defensa del Estado, apelaron a la resolución anterior. Casi dos meses después, precisamente 53 días, en Noveno Juzgado de Garantía de Santiago volvió a cambiar la cautelar el 17 de febrero del 2025 y la dejó con arresto domiciliario, tres días después del Día del Amor. Y tal como ya era costumbre, nuevamente ocho días después, se revocó el beneficio y volvió a prisión preventiva el 25 de febrero. Todo esto hasta el 9 de abril donde quedó con arresto domiciliario nocturno hasta la fecha, luego que este 15 de abril se ratificara la medida. En total, Cathy Barriga estuvo tres veces en prisión preventiva por la causa por fraude al fisco y malversación de fondos públicos durante su gestión como alcaldesa de Maipú, consignó La Tercera. Fuente: Publimetro
El diputado y esposo de Cathy Barriga , Joaquín Lavín León, reconoció esta mañana que si bien el Primer Tribunal Electoral Regional de Santiago (TER) inhabilitó a la exalcaldesa de Maipú de ejercer cualquier cargo público por cinco años, este fallo no es una resolución definitiva considerando que podrían apelarlo al Tribunal Calificador de Elecciones (Tricel). Fue esta mañana, mientras hacía presuroso ingreso a la cárcel de mujeres de San Miguel, para visitar a su esposa, que el parlamentario expuso la situación en que quedó la exfuncionaria municipal, actualmente procesada por delitos de fraude al fisco y malversación de caudal público durante su gestión alcaldicia. “Van a tener que esperar hasta la salida, parece, porque están todos corriendo”, indicó Lavín León mientras corría hacia el acceso del recinto penitenciario ubicado en la comuna de San Miguel. En ese sentido precisó a los medios presentes que “creo que es importante respecto de la resolución del TER , lo primero que hay que decir es que eso es solamente la primera instancia (de su inhabilitación a ejercer cargos públicos)”. “Porque, por supuesto, eso se apela al Tricel”, aclaró el parlamentario dando cuenta de la decisión futura del entorno de Barriga para revertir esta resolución del órgano electoral. “El Tricel es el que tiene la última palabra”, puntualizó Lavín antes ingresar al recinto carcelario. Cabe señalar que dicha resolución llegó luego del requerimiento realizado por seis concejales acusando irregularidades cometidas bajo su administración municipal entre 2016 y 2021. El fallo se fundamentó en el artículo 51 bis de la Ley N° 18.695 permitiendo declarar inhabilidad cuando se comprueban faltas graves a la probidad o abandono de deberes. Fuente: Publimetro
La Fiscalía Metropolitana Oriente está próxima a solicitar el desafuero del diputado de la Unión Demócrata Independiente (UDI), Joaquín Lavín León, quien está siendo investigado por fraude al fisco, tráfico de influencias y negociación incompatible, según informa Publimetro. Además, recientemente se ha presentado una querella en su contra por malversación de fondos públicos por parte del Consejo de Defensa del Estado (CDE). En relación a este caso, el fiscal nacional, Ángel Valencia, fue consultado en el Congreso Nacional y declaró: “hay una investigación que ya lleva larga data, si no me equivoco estaba vigente incluso antes de que yo llegara al Ministerio Público o se inicia en una fecha cercana. Dispusimos su agrupación para los efectos de darle un nuevo impulso. Esa investigación se encuentra a cargo de la Fiscalía Oriente, fue una decisión que tomé poco tiempo después de haber llegado a este cargo”. Valencia también señaló que “ya se presentó una querella por parte del Consejo de Defensa del Estado, se presentó un conjunto de diligencias y, según se me ha informado, ya los fiscales a cargo de esa causa están en condiciones de comenzar a tomar decisiones”. En cuanto a la solicitud de desafuero, el fiscal nacional afirmó que “son las decisiones que normalmente corresponden a un caso como este. Todas las personas tienen derecho a que la investigación se extienda por un plazo razonable. En consecuencia, no pueden extenderse más tiempo que el prudente”. La acción judicial también involucra a tres exasesores del diputado Joaquín Lavín: Arnaldo Domínguez, Juan Alberto Silva y Felipe Vásquez Diéguez, quienes son considerados parte del círculo cercano del parlamentario y estarían implicados en maniobras irregulares en la rendición de gastos. La querella presentada en el 7º Juzgado de Garantía de Santiago se centra en supuestos desvíos de fondos realizados por Lavín para financiar su campaña política y la de otros candidatos de la UDI. Entre los antecedentes revelados, se destaca que el parlamentario habría declarado ante la Cámara de Diputadas y Diputados cerca de siete millones de pesos como gastos legislativos, pero estos habrían sido utilizados para saldar una deuda personal con una imprenta. Fuente: Publimetro
El diputado independiente Joaquín Lavín León, exmilitante de la UDI, se encuentra bajo una grave investigación penal luego de ser querellado por el Consejo de Defensa del Estado (CDE) por presunta malversación de caudales públicos y fraude al fisco. La denuncia se centra en el uso de facturas falsas y gastos inflados durante su campaña parlamentaria, lo que habría permitido desviar fondos del Congreso Nacional. PUBLICIDAD De acuerdo con la querella, Lavín habría colaborado con su exasesor Arnaldo Domínguez, utilizando las empresas MMG SpA y Modo 74 SpA para simular servicios informáticos inexistentes. Una de las acciones más destacadas fue la emisión de 151 facturas por más de $75 millones, bajo el concepto de mantenimiento de una página web que, según la investigación, está inactiva desde 2022, según informó ADN Chile. “El objetivo era obtener reembolsos indebidos desde el Congreso Nacional”, afirmó el CDE en el documento presentado al Ministerio Público, donde también se solicitó que el Servicio de Impuestos Internos (SII) participe en la causa ante posibles delitos tributarios. El CDE solicitó la prisión preventiva del parlamentario argumentando un riesgo de obstrucción a la investigación. Al mismo tiempo, la Fiscalía Oriente está considerando pedir su desafuero, una medida necesaria para formalizar los cargos en su contra debido a su condición de diputado en ejercicio. Uno de los testimonios relevantes en este caso es el de Aída Olivares, secretaria de Lavín, quien declaró que el diputado continuó presentando facturas falsas incluso después de dejar de utilizar los servicios supuestamente contratados. Para el CDE, no hay dudas de que Lavín “instruyó y consintió” todas las operaciones, actuando con pleno conocimiento de su ilegalidad. Fuente: Publimetro
En medio de la investigación por presuntos delitos de corrupción ligados a la exalcaldesa de Maipú, Cathy Barriga, nuevos antecedentes salieron a la luz que involucran directamente al diputado Joaquín Lavín León. T13 accedió de forma exclusiva a la declaración que el parlamentario entregó al Ministerio Público, donde explicó su participación en la administración de su esposa y abordó la polémica emisión de facturas presuntamente falsas. Uno de los focos de la indagatoria apunta a la empresa MMG, que habría recibido pagos con fondos del Congreso Nacional para actividades vinculadas a campañas políticas. Lavín atribuyó toda la responsabilidad de estos movimientos financieros a su excolaborador más cercano, Arnaldo Domínguez. “A partir del 2015, cuando Arnaldo Domínguez pasa a ser Jefe Territorial, se hace cargo de muchos de los proveedores que tienen que ver con la labor territorial y empieza a tener comunicación con MMG (...) Yo dije expresamente que las cosas que se hacían para Cathy y para mí, las pagamos nosotros. Las de la UDI, las pagaba la UDI. Las de constituyente, las pagaba cada candidato”, aseguró el diputado. En su testimonio, Lavín defendió su cercanía con la administración municipal, señalando que su intención siempre fue apoyar a Barriga, pero sin tomar decisiones. “Yo quería que a Cathy le fuera bien en su administración, ya que sabía que era muy duro, porque había mucha gente que quería hacerle la vida imposible, por lo que yo tomé la decisión de ayudarla en lo que más podía. Pero tenía claro también que yo no tomaba ninguna decisión”, sostuvo. Sin embargo, la Fiscalía presentó correos electrónicos que lo vincularían directamente a decisiones administrativas en la Municipalidad de Maipú. Entre ellos destaca un correo donde adjuntó un listado con cerca de 500 personas que debían ser desvinculadas. Consultado al respecto el parlamentario afirmó: “Eran personas querían colaborar con gestión Cathy Barriga (...) La idea era colaborar gestión y Cathy Barriga le fuera bien. Yo sólo transmitía lo me comunicaban”. Lavín enfrenta un momento judicial delicado ya próximos días podría solicitarse desafuero y avanzar en la formalización por fraude al fisco, tráfico de influencias y negociación incompatible. Fuente: Publimetro
“Que sí, que no, que nunca te decides...“, seguramente esa frase de la canción del grupo El Símbolo se le viene a la mente a la ciudadanía, cada vez que Cathy Barriga es citada a una nueva revisión de medidas cautelares. En total, a la fecha la exalcaldesa de Maipú registra seis revisiones, en las cuales ha entrado y salido de prisión preventiva en la cárcel de San Miguel. Este martes fue su último control, donde le mantuvieron las medidas cautelares de arresto domiciliario nocturno, arraigo nacional, junto con la prohibición de contactarse con cualquiera de los imputados por la causa de fraude al fisco por la cual es investigada. Registro de medidas cautelares a Cathy Barriga La primera medida cautelar se remonta a enero del 2024 donde quedó con arresto domiciliario. Decisión que le permitió poder realizar publicaciones en Instagram e incluso incursionar en la venta de contenido erótico. Algunos dice que eso motivó a la fiscalía a buscar pruebas más contundentes para lograr la prisión preventiva y no continuara “riéndose” de la justicia. Fue así como el 12 de noviembre se acabó su libertad y quedó detenida en la cárcel de San Miguel. Pero, pasó poco más de un mes, 36 días, y el tribunal volvió a cambiar la cautelar, permitiéndole regresar a su domicilio el 18 de diciembre, justo para Navidad. Sin embargo, no corrió la misma suerte para Año Nuevo, puesto que ocho días después, el 26 de diciembre se revisaron nuevamente las cautelaras y otra vez le decretaron prisión preventiva. Esta vez porque Fiscalía y el Consejo de Defensa del Estado, apelaron a la resolución anterior. Casi dos meses después, precisamente 53 días, en Noveno Juzgado de Garantía de Santiago volvió a cambiar la cautelar el 17 de febrero del 2025 y la dejó con arresto domiciliario, tres días después del Día del Amor. Y tal como ya era costumbre, nuevamente ocho días después, se revocó el beneficio y volvió a prisión preventiva el 25 de febrero. Todo esto hasta el 9 de abril donde quedó con arresto domiciliario nocturno hasta la fecha, luego que este 15 de abril se ratificara la medida. En total, Cathy Barriga estuvo tres veces en prisión preventiva por la causa por fraude al fisco y malversación de fondos públicos durante su gestión como alcaldesa de Maipú, consignó La Tercera. Fuente: Publimetro
El diputado y esposo de Cathy Barriga , Joaquín Lavín León, reconoció esta mañana que si bien el Primer Tribunal Electoral Regional de Santiago (TER) inhabilitó a la exalcaldesa de Maipú de ejercer cualquier cargo público por cinco años, este fallo no es una resolución definitiva considerando que podrían apelarlo al Tribunal Calificador de Elecciones (Tricel). Fue esta mañana, mientras hacía presuroso ingreso a la cárcel de mujeres de San Miguel, para visitar a su esposa, que el parlamentario expuso la situación en que quedó la exfuncionaria municipal, actualmente procesada por delitos de fraude al fisco y malversación de caudal público durante su gestión alcaldicia. “Van a tener que esperar hasta la salida, parece, porque están todos corriendo”, indicó Lavín León mientras corría hacia el acceso del recinto penitenciario ubicado en la comuna de San Miguel. En ese sentido precisó a los medios presentes que “creo que es importante respecto de la resolución del TER , lo primero que hay que decir es que eso es solamente la primera instancia (de su inhabilitación a ejercer cargos públicos)”. “Porque, por supuesto, eso se apela al Tricel”, aclaró el parlamentario dando cuenta de la decisión futura del entorno de Barriga para revertir esta resolución del órgano electoral. “El Tricel es el que tiene la última palabra”, puntualizó Lavín antes ingresar al recinto carcelario. Cabe señalar que dicha resolución llegó luego del requerimiento realizado por seis concejales acusando irregularidades cometidas bajo su administración municipal entre 2016 y 2021. El fallo se fundamentó en el artículo 51 bis de la Ley N° 18.695 permitiendo declarar inhabilidad cuando se comprueban faltas graves a la probidad o abandono de deberes. Fuente: Publimetro
