El exdiputado Joaquín Lavín León se encuentra en la tercera jornada de la audiencia en la que es formalizado por los delitos de fraude al fisco, tráfico de influencias y falsificación de instrumento privado mercantil, enfrentando la posibilidad de quedar en prisión preventiva. Antes de ingresar al Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago, Lavín Jr. expresó sus dudas sobre los argumentos presentados por el Ministerio Público. En sus palabras: “ La fiscalía la verdad, lamentablemente tiene atribuciones para hacer lo que quiera... la fiscalía, prefiero no decir nada, esperemos a que hable la defensa ”. Consultado sobre el impacto familiar de este proceso, comparándolo con la situación mediática que enfrentó su esposa Cathy Barriga meses atrás, Lavín León reconoció lo complicado que resulta para su familia: “ Desde el punto de vista familiar esto es súper difícil, son procesos largos, duros, que implican mucha dedicación y evidentemente para la familia es un proceso difícil”. A pesar de las preguntas sobre la posibilidad de quedar en prisión preventiva, Joaquín Lavín León prefirió no extenderse y simplemente expresó: “ Esperemos que todo salga bien, que la defensa hable, de poder rebatir los puntos que dijo la fiscalía... la fiscalía puede decir muchas cosas, pero hay que probarlas ”. Por otro lado, el abogado del Consejo de Defensa del Estado (CDE), parte querellante en el caso del presunto fraude al fisco durante el mandato como diputado de Lavín León, respaldó la solicitud de prisión preventiva como medida cautelar. Según sus palabras: “ Para el CDE los hechos que se están investigando son de extrema gravedad, provoca perjuicio, afecta la democracia, ensucia el prestigio de las instituciones como el Congreso, genera mucho daño ”. Añadió además que “se ofreció una nutrida cantidad de evidencia que no deja otra posibilidad de interpretación que la planteada por el Ministerio Público y el CDE de que estamos frente a delitos de extrema gravedad... no hay ninguna otra medida cautelar (que la prisión preventiva) que sea suficiente y para proteger el éxito de la investigación ”. Fuente: Publimetro
En una decisión trascendental, la Corte Suprema ha respaldado plenamente la solicitud presentada por el Ministerio Público y ha ratificado el fallo que ordenó el desafuero del exdiputado Joaquín Lavín León. Como resultado, la Fiscalía está autorizada para iniciar un proceso formal en contra del esposo de Cathy Barriga por los delitos de fraude al Fisco (reiterado), tráfico de influencias y uso malicioso de instrumento privado mercantil. El director de la Unidad Especializada en Anticorrupción, Eugenio Campos, ha señalado que este paso permite avanzar a una nueva fase procesal que implica la notificación de cargos y la imposición de medidas cautelares. Según lo informado por Biobío, Campos expresó: “El Ministerio Público a día de hoy queda habilitado para formalizar la investigación y poder pedir las medidas cautelares personales que, conforme a la gravedad de los hechos y por estos delitos funcionarios, ameritan en la especie”. El abogado José Pedro Silva de la municipalidad de Maipú se mostró satisfecho con la decisión del Tribunal Supremo y reafirmó su intención de seguir adelante con la solicitud de medidas cautelares contra Lavín León. En sus palabras: “Nos deja muy conformes y esperamos que prontamente se formalice la investigación en contra del exdiputado, y podamos en ese minuto también nosotros como municipio pedir medidas cautelares”. La investigación está a cargo de la Fiscalía Metropolitana Oriente, con fiscales especializados en Anticorrupción. El foco está puesto en la emisión y uso de 34 facturas ideológicamente falsas por servicios presuntamente no prestados o no pagados efectivamente. También se están examinando posibles conexiones con empresas como Modo74 SpA, que habrían emitido facturas al Congreso y al Servel. Según los datos presentados en el caso, existe una posible desviación de fondos públicos con fines políticos, incluyendo campañas relacionadas con la exalcaldesa de Maipú, Cathy Barriga. El perjuicio fiscal estimado oscila entre $104 y $112 millones en asignaciones parlamentarias, además de otros montos vinculados a reembolsos del Servel. La causa también involucra querellas presentadas por el Servicio de Impuestos Internos, el Consejo de Defensa del Estado y la Municipalidad de Maipú como parte querellante. Fuente: Publimetro
El exdiputado Joaquín Lavín León se encuentra en la tercera jornada de la audiencia en la que es formalizado por los delitos de fraude al fisco, tráfico de influencias y falsificación de instrumento privado mercantil, enfrentando la posibilidad de quedar en prisión preventiva. Antes de ingresar al Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago, Lavín Jr. expresó sus dudas sobre los argumentos presentados por el Ministerio Público. En sus palabras: “ La fiscalía la verdad, lamentablemente tiene atribuciones para hacer lo que quiera... la fiscalía, prefiero no decir nada, esperemos a que hable la defensa ”. Consultado sobre el impacto familiar de este proceso, comparándolo con la situación mediática que enfrentó su esposa Cathy Barriga meses atrás, Lavín León reconoció lo complicado que resulta para su familia: “ Desde el punto de vista familiar esto es súper difícil, son procesos largos, duros, que implican mucha dedicación y evidentemente para la familia es un proceso difícil”. A pesar de las preguntas sobre la posibilidad de quedar en prisión preventiva, Joaquín Lavín León prefirió no extenderse y simplemente expresó: “ Esperemos que todo salga bien, que la defensa hable, de poder rebatir los puntos que dijo la fiscalía... la fiscalía puede decir muchas cosas, pero hay que probarlas ”. Por otro lado, el abogado del Consejo de Defensa del Estado (CDE), parte querellante en el caso del presunto fraude al fisco durante el mandato como diputado de Lavín León, respaldó la solicitud de prisión preventiva como medida cautelar. Según sus palabras: “ Para el CDE los hechos que se están investigando son de extrema gravedad, provoca perjuicio, afecta la democracia, ensucia el prestigio de las instituciones como el Congreso, genera mucho daño ”. Añadió además que “se ofreció una nutrida cantidad de evidencia que no deja otra posibilidad de interpretación que la planteada por el Ministerio Público y el CDE de que estamos frente a delitos de extrema gravedad... no hay ninguna otra medida cautelar (que la prisión preventiva) que sea suficiente y para proteger el éxito de la investigación ”. Fuente: Publimetro
En una decisión trascendental, la Corte Suprema ha respaldado plenamente la solicitud presentada por el Ministerio Público y ha ratificado el fallo que ordenó el desafuero del exdiputado Joaquín Lavín León. Como resultado, la Fiscalía está autorizada para iniciar un proceso formal en contra del esposo de Cathy Barriga por los delitos de fraude al Fisco (reiterado), tráfico de influencias y uso malicioso de instrumento privado mercantil. El director de la Unidad Especializada en Anticorrupción, Eugenio Campos, ha señalado que este paso permite avanzar a una nueva fase procesal que implica la notificación de cargos y la imposición de medidas cautelares. Según lo informado por Biobío, Campos expresó: “El Ministerio Público a día de hoy queda habilitado para formalizar la investigación y poder pedir las medidas cautelares personales que, conforme a la gravedad de los hechos y por estos delitos funcionarios, ameritan en la especie”. El abogado José Pedro Silva de la municipalidad de Maipú se mostró satisfecho con la decisión del Tribunal Supremo y reafirmó su intención de seguir adelante con la solicitud de medidas cautelares contra Lavín León. En sus palabras: “Nos deja muy conformes y esperamos que prontamente se formalice la investigación en contra del exdiputado, y podamos en ese minuto también nosotros como municipio pedir medidas cautelares”. La investigación está a cargo de la Fiscalía Metropolitana Oriente, con fiscales especializados en Anticorrupción. El foco está puesto en la emisión y uso de 34 facturas ideológicamente falsas por servicios presuntamente no prestados o no pagados efectivamente. También se están examinando posibles conexiones con empresas como Modo74 SpA, que habrían emitido facturas al Congreso y al Servel. Según los datos presentados en el caso, existe una posible desviación de fondos públicos con fines políticos, incluyendo campañas relacionadas con la exalcaldesa de Maipú, Cathy Barriga. El perjuicio fiscal estimado oscila entre $104 y $112 millones en asignaciones parlamentarias, además de otros montos vinculados a reembolsos del Servel. La causa también involucra querellas presentadas por el Servicio de Impuestos Internos, el Consejo de Defensa del Estado y la Municipalidad de Maipú como parte querellante. Fuente: Publimetro
