La mañana del domingo, a solo horas del ataque incendiario al proyecto de la hidroeléctrica Rucalhue en Quilaco, Región del Biobío, el ministro de Seguridad Pública, Luis Cordero, anunció que por primera vez desde que se reformó la Ley Antiterrorista, el gobierno invocaría la normativa ante el mayor atentado de este tipo registrado en la Macrozona Sur. Pero más allá del anuncio de Cordero, la acción judicial emprendida por el nuevo ministerio tiene como protagonista clave a quien también, recientemente, asumió las funciones de jefe jurídico en la estrenada cartera: José Tomás Humud Respaldiza (35). Humud, quien es abogado de la Universidad Católica desde 2016, es el encargado -junto a su equipo- de redactar la primera querella del Ejecutivo en materia antiterrorista, una labor a la que -según fuentes de La Tercera - el profesional estaría especialmente abocado los últimos días. Si bien aquello fue anunciado el domingo, hasta ahora la presentación no se ha materializado ante el Juzgado de Letras y Garantía de Santa Bárbara. Esto, aseguran fuentes de gobierno, precisamente por el minucioso trabajo que está desarrollando el profesional. Y es que al tratarse de la primera querella del gobierno que invoca la nueva normativa, y dado que han pasado años desde que no se presentan acciones judiciales bajo esa legislación, Humud está desarrollando un estudio acabado para redactar de la manera más precisa el texto, considerando -además- las nuevas figuras penales que se deben y exigen probar. El “hombre de Tohá” Solo un día antes de que el Ministerio de Seguridad Pública comenzara a operar, el 1 de abril, a Humud se le comunicó que asumiría la jefatura jurídica de la nueva cartera encabezada por Cordero. Hasta entonces el abogado especialista en Derecho Penal se desempeñaba como funcionario del Ministerio del Interior, cartera a la que arribó en noviembre del 2022. En el ministerio que era encabezado por la ahora exministra Carolina Tohá, y a quien el abogado de 35 años es cercano, se dedicaba inicialmente -según información de Transparencia- a ser “asesor del gabinete de la ministra”, para posteriormente convertirse en un asesor que apoyaba y coordinaba la actividad legislativa del ministerio. En ese rol, según la misma información pública, el profesional tenía un rol importante al desarrollar labores “a solicitud de la ministra”, como seguir los proyectos, elaborar informes de las tramitaciones y apoyar la relación legislativa del Congreso con el gobierno. En ese rol, el abogado, quien también es magíster en Derecho Penal con doble titulación de la Universidad de Talca y la Universidad Pompeu Fabra, tuvo varios pasos por el Congreso, compareciendo en comisiones en la tramitación de diferentes leyes, como los proyectos del registro de prófugos o de la Ley de Violencia Digital, también tramitada con el Ministerio de la Mujer. El penalista El primer acercamiento de José Tomás Humud, hijo de los empresarios Miguel Humud y Ana María Respaldiza y hermano de otro abogado, con el Derecho fue durante su escolaridad en el Colegio Cumbres. El 2007, mientras cursaba cuarto medio, el ahora jefe jurídico de Seguridad tomó el curso “Introducción al Derecho”, además de un taller de periodismo. En su etapa escolar tuvo un sobresaliente rendimiento académico. Los resultados lo llevaron a estudiar Derecho en la UC, donde además fue ayudante en el ramo de Derecho Penal, al menos durante los últimos tres años de la carrera. En la misma casa de estudios y en la Universidad de Talca también ha tenido labores docentes. Si bien quienes conocen al profesional lo definen como un hombre cercano al mundo del progresismo, destacan que no es cercano al Frente Amplio y que se distancia de los primeros asesores jurídicos que arribaron a Interior mientras estuvo encabezado por la exministra Izkia Siches. Tras jurar el 2016 ante la Corte Suprema, Humud comenzó su carrera profesional. Integró el estudio del abogado Juan Domingo Acosta, Acosta & Cía., donde tramitó -principalmente- causas penales relacionadas a delitos económicos. El paso por la clínica jurídica UC “Hola, soy José Tomás Humud, trabajo en el área Niñez de la Clínica Jurídica de la Universidad Católica desde que empezó el año 2018 y espero poder seguir trabajando acá mucho tiempo. Para mí este trabajo ha significado muchas cosas”. Con estas palabras, el 7 de marzo del 2022, ocho meses antes de arribar a Interior, el ahora funcionario de Seguridad se presentó en un video del organismo de la UC, donde desarrolló gran parte de su carrera como abogado, específicamente en el área penal. En esa repartición universitaria el profesional trabajó junto a la también abogada María Elena Santibáñez, con quien llevó ante la justicia una serie de causas, especialmente sobre derechos de niñas, niños y adolescentes. Ese trabajo, según él mismo destacó, demandó un “desafío intelectual”, ya que significó “estudiar las causas, ser creativos, justamente para llegar a esa solución adecuada a ese niño o niña”. Fuente: La Tercera Nacional
En octubre del año pasado, el gobierno ingresó a la Cámara de Diputados el proyecto que busca eliminar las preexistencias en el sistema de isapres, cumpliendo así con uno de los compromisos asumidos durante la tramitación de la ley corta para avanzar en la reforma de salud. Sin embargo, el debate se entrampó rápidamente: las dos propuestas que apuntaban a compensar los riesgos entre aseguradoras —clave para viabilizar este cambio— fueron rechazadas en la Comisión de Salud. Con eso, el proyecto sigue avanzando, pero con un flanco abierto. En concreto, el proyecto establece que las aseguradoras deberán ofrecer un plan común de salud, sin diferencias de precio por edad, sexo o condiciones preexistentes. Estas últimas, definidas por las autoridades como cualquier enfermedad, patología o condición de salud conocida por el afiliado y diagnosticada médicamente antes de firmar el contrato, dejarían de ser motivo para negar cobertura o restringir el acceso. Pero la eliminación de este tipo de barreras requiere necesariamente un mecanismo que permita equilibrar el riesgo entre aseguradoras. Por eso, tanto el Gobierno como los mismos parlamentarios presentaron propuestas en esa línea. En el caso del Ejecutivo, la propuesta contemplaba que cada isapre estuviera obligada a contratar un reaseguro. ¿Qué significa esto? Que, para evitar la selección de afiliados según su nivel de riesgo, el proyecto establecía que las aseguradoras debían contar con una póliza que las protegiera ante un mayor gasto en prestaciones, producto de recibir personas con enfermedades o condiciones más complejas. Este reaseguro sería definido por la Superintendencia de Salud cada cinco años.
La mañana del domingo, a solo horas del ataque incendiario al proyecto de la hidroeléctrica Rucalhue en Quilaco, Región del Biobío, el ministro de Seguridad Pública, Luis Cordero, anunció que por primera vez desde que se reformó la Ley Antiterrorista, el gobierno invocaría la normativa ante el mayor atentado de este tipo registrado en la Macrozona Sur. Pero más allá del anuncio de Cordero, la acción judicial emprendida por el nuevo ministerio tiene como protagonista clave a quien también, recientemente, asumió las funciones de jefe jurídico en la estrenada cartera: José Tomás Humud Respaldiza (35). Humud, quien es abogado de la Universidad Católica desde 2016, es el encargado -junto a su equipo- de redactar la primera querella del Ejecutivo en materia antiterrorista, una labor a la que -según fuentes de La Tercera - el profesional estaría especialmente abocado los últimos días. Si bien aquello fue anunciado el domingo, hasta ahora la presentación no se ha materializado ante el Juzgado de Letras y Garantía de Santa Bárbara. Esto, aseguran fuentes de gobierno, precisamente por el minucioso trabajo que está desarrollando el profesional. Y es que al tratarse de la primera querella del gobierno que invoca la nueva normativa, y dado que han pasado años desde que no se presentan acciones judiciales bajo esa legislación, Humud está desarrollando un estudio acabado para redactar de la manera más precisa el texto, considerando -además- las nuevas figuras penales que se deben y exigen probar. El “hombre de Tohá” Solo un día antes de que el Ministerio de Seguridad Pública comenzara a operar, el 1 de abril, a Humud se le comunicó que asumiría la jefatura jurídica de la nueva cartera encabezada por Cordero. Hasta entonces el abogado especialista en Derecho Penal se desempeñaba como funcionario del Ministerio del Interior, cartera a la que arribó en noviembre del 2022. En el ministerio que era encabezado por la ahora exministra Carolina Tohá, y a quien el abogado de 35 años es cercano, se dedicaba inicialmente -según información de Transparencia- a ser “asesor del gabinete de la ministra”, para posteriormente convertirse en un asesor que apoyaba y coordinaba la actividad legislativa del ministerio. En ese rol, según la misma información pública, el profesional tenía un rol importante al desarrollar labores “a solicitud de la ministra”, como seguir los proyectos, elaborar informes de las tramitaciones y apoyar la relación legislativa del Congreso con el gobierno. En ese rol, el abogado, quien también es magíster en Derecho Penal con doble titulación de la Universidad de Talca y la Universidad Pompeu Fabra, tuvo varios pasos por el Congreso, compareciendo en comisiones en la tramitación de diferentes leyes, como los proyectos del registro de prófugos o de la Ley de Violencia Digital, también tramitada con el Ministerio de la Mujer. El penalista El primer acercamiento de José Tomás Humud, hijo de los empresarios Miguel Humud y Ana María Respaldiza y hermano de otro abogado, con el Derecho fue durante su escolaridad en el Colegio Cumbres. El 2007, mientras cursaba cuarto medio, el ahora jefe jurídico de Seguridad tomó el curso “Introducción al Derecho”, además de un taller de periodismo. En su etapa escolar tuvo un sobresaliente rendimiento académico. Los resultados lo llevaron a estudiar Derecho en la UC, donde además fue ayudante en el ramo de Derecho Penal, al menos durante los últimos tres años de la carrera. En la misma casa de estudios y en la Universidad de Talca también ha tenido labores docentes. Si bien quienes conocen al profesional lo definen como un hombre cercano al mundo del progresismo, destacan que no es cercano al Frente Amplio y que se distancia de los primeros asesores jurídicos que arribaron a Interior mientras estuvo encabezado por la exministra Izkia Siches. Tras jurar el 2016 ante la Corte Suprema, Humud comenzó su carrera profesional. Integró el estudio del abogado Juan Domingo Acosta, Acosta & Cía., donde tramitó -principalmente- causas penales relacionadas a delitos económicos. El paso por la clínica jurídica UC “Hola, soy José Tomás Humud, trabajo en el área Niñez de la Clínica Jurídica de la Universidad Católica desde que empezó el año 2018 y espero poder seguir trabajando acá mucho tiempo. Para mí este trabajo ha significado muchas cosas”. Con estas palabras, el 7 de marzo del 2022, ocho meses antes de arribar a Interior, el ahora funcionario de Seguridad se presentó en un video del organismo de la UC, donde desarrolló gran parte de su carrera como abogado, específicamente en el área penal. En esa repartición universitaria el profesional trabajó junto a la también abogada María Elena Santibáñez, con quien llevó ante la justicia una serie de causas, especialmente sobre derechos de niñas, niños y adolescentes. Ese trabajo, según él mismo destacó, demandó un “desafío intelectual”, ya que significó “estudiar las causas, ser creativos, justamente para llegar a esa solución adecuada a ese niño o niña”. Fuente: La Tercera Nacional
En octubre del año pasado, el gobierno ingresó a la Cámara de Diputados el proyecto que busca eliminar las preexistencias en el sistema de isapres, cumpliendo así con uno de los compromisos asumidos durante la tramitación de la ley corta para avanzar en la reforma de salud. Sin embargo, el debate se entrampó rápidamente: las dos propuestas que apuntaban a compensar los riesgos entre aseguradoras —clave para viabilizar este cambio— fueron rechazadas en la Comisión de Salud. Con eso, el proyecto sigue avanzando, pero con un flanco abierto. En concreto, el proyecto establece que las aseguradoras deberán ofrecer un plan común de salud, sin diferencias de precio por edad, sexo o condiciones preexistentes. Estas últimas, definidas por las autoridades como cualquier enfermedad, patología o condición de salud conocida por el afiliado y diagnosticada médicamente antes de firmar el contrato, dejarían de ser motivo para negar cobertura o restringir el acceso. Pero la eliminación de este tipo de barreras requiere necesariamente un mecanismo que permita equilibrar el riesgo entre aseguradoras. Por eso, tanto el Gobierno como los mismos parlamentarios presentaron propuestas en esa línea. En el caso del Ejecutivo, la propuesta contemplaba que cada isapre estuviera obligada a contratar un reaseguro. ¿Qué significa esto? Que, para evitar la selección de afiliados según su nivel de riesgo, el proyecto establecía que las aseguradoras debían contar con una póliza que las protegiera ante un mayor gasto en prestaciones, producto de recibir personas con enfermedades o condiciones más complejas. Este reaseguro sería definido por la Superintendencia de Salud cada cinco años.
