Un informe elaborado por la Defensoría de la Niñez revela que las modificaciones propuestas a la Ley de Responsabilidad Penal Adolescente podrían tener un impacto significativo en el sistema judicial juvenil. Según el análisis, se proyecta un aumento del 206% en los casos sancionados con régimen cerrado, lo que implicaría un cambio sustancial en la cantidad de jóvenes privados de libertad. Una de las propuestas más destacadas es la modificación de las reglas de determinación de la pena, que podría llevar a un incremento considerable en los casos ingresados a privación de libertad total. De acuerdo con el documento, esta medida podría resultar en un aumento del 61% en las sanciones privativas de libertad, lo que plantea interrogantes sobre su efectividad para reducir la comisión de nuevos delitos. El análisis también advierte sobre otras medidas que podrían aumentar la duración de las sanciones y el uso de la internación provisoria, lo que generaría un incremento en el gasto estatal en privación de libertad. Sin embargo, se destaca que una mayor severidad en las sanciones no garantiza una reducción significativa en la reincidencia delictiva. El informe resalta la importancia de una intervención adecuada y pertinente para favorecer procesos de desistimiento delictivo. Además, se menciona que los delitos cometidos por adolescentes no son homogéneos y que es fundamental diferenciar las respuestas del Estado según la gravedad y complejidad de cada caso. En cuanto a las recomendaciones propuestas, se sugiere fortalecer la investigación y persecución penal de los casos más graves, así como desarrollar respuestas especializadas para adolescentes con alta complejidad. También se plantea la necesidad de reforzar la prevención temprana y mejorar la coordinación entre los sistemas de protección y justicia juvenil. En este sentido, el Defensor de la Niñez, Anuar Quesille, enfatizó: “Una política de seguridad no se mide solo por cuánto aumenta una pena, sino por su capacidad para evitar nuevos delitos. Resulta muy peligroso aumentar la privación de libertad sin tener una respuesta programática adecuada para la reinserción”. En resumen, el informe destaca la importancia de interrumpir las trayectorias delictivas, promover la reinserción social y utilizar la privación de libertad como una medida excepcional en el sistema judicial juvenil. Fuente: Publimetro
Un informe elaborado por la Defensoría de la Niñez revela que las modificaciones propuestas a la Ley de Responsabilidad Penal Adolescente podrían tener un impacto significativo en el sistema judicial juvenil. Según el análisis, se proyecta un aumento del 206% en los casos sancionados con régimen cerrado, lo que implicaría un cambio sustancial en la cantidad de jóvenes privados de libertad. Una de las propuestas más destacadas es la modificación de las reglas de determinación de la pena, que podría llevar a un incremento considerable en los casos ingresados a privación de libertad total. De acuerdo con el documento, esta medida podría resultar en un aumento del 61% en las sanciones privativas de libertad, lo que plantea interrogantes sobre su efectividad para reducir la comisión de nuevos delitos. El análisis también advierte sobre otras medidas que podrían aumentar la duración de las sanciones y el uso de la internación provisoria, lo que generaría un incremento en el gasto estatal en privación de libertad. Sin embargo, se destaca que una mayor severidad en las sanciones no garantiza una reducción significativa en la reincidencia delictiva. El informe resalta la importancia de una intervención adecuada y pertinente para favorecer procesos de desistimiento delictivo. Además, se menciona que los delitos cometidos por adolescentes no son homogéneos y que es fundamental diferenciar las respuestas del Estado según la gravedad y complejidad de cada caso. En cuanto a las recomendaciones propuestas, se sugiere fortalecer la investigación y persecución penal de los casos más graves, así como desarrollar respuestas especializadas para adolescentes con alta complejidad. También se plantea la necesidad de reforzar la prevención temprana y mejorar la coordinación entre los sistemas de protección y justicia juvenil. En este sentido, el Defensor de la Niñez, Anuar Quesille, enfatizó: “Una política de seguridad no se mide solo por cuánto aumenta una pena, sino por su capacidad para evitar nuevos delitos. Resulta muy peligroso aumentar la privación de libertad sin tener una respuesta programática adecuada para la reinserción”. En resumen, el informe destaca la importancia de interrumpir las trayectorias delictivas, promover la reinserción social y utilizar la privación de libertad como una medida excepcional en el sistema judicial juvenil. Fuente: Publimetro
