Un informe elaborado por la Defensoría de la Niñez revela que las modificaciones propuestas a la Ley de Responsabilidad Penal Adolescente podrían tener un impacto significativo en el sistema judicial juvenil. Según el análisis, se proyecta un aumento del 206% en los casos sancionados con régimen cerrado, lo que implicaría un cambio sustancial en la cantidad de jóvenes privados de libertad. Una de las propuestas más destacadas es la modificación de las reglas de determinación de la pena, que podría llevar a un incremento considerable en los casos ingresados a privación de libertad total. De acuerdo con el documento, esta medida podría resultar en un aumento del 61% en las sanciones privativas de libertad, lo que plantea interrogantes sobre su efectividad para reducir la comisión de nuevos delitos. El análisis también advierte sobre otras medidas que podrían aumentar la duración de las sanciones y el uso de la internación provisoria, lo que generaría un incremento en el gasto estatal en privación de libertad. Sin embargo, se destaca que una mayor severidad en las sanciones no garantiza una reducción significativa en la reincidencia delictiva. El informe resalta la importancia de una intervención adecuada y pertinente para favorecer procesos de desistimiento delictivo. Además, se menciona que los delitos cometidos por adolescentes no son homogéneos y que es fundamental diferenciar las respuestas del Estado según la gravedad y complejidad de cada caso. En cuanto a las recomendaciones propuestas, se sugiere fortalecer la investigación y persecución penal de los casos más graves, así como desarrollar respuestas especializadas para adolescentes con alta complejidad. También se plantea la necesidad de reforzar la prevención temprana y mejorar la coordinación entre los sistemas de protección y justicia juvenil. En este sentido, el Defensor de la Niñez, Anuar Quesille, enfatizó: “Una política de seguridad no se mide solo por cuánto aumenta una pena, sino por su capacidad para evitar nuevos delitos. Resulta muy peligroso aumentar la privación de libertad sin tener una respuesta programática adecuada para la reinserción”. En resumen, el informe destaca la importancia de interrumpir las trayectorias delictivas, promover la reinserción social y utilizar la privación de libertad como una medida excepcional en el sistema judicial juvenil. Fuente: Publimetro
La diputada Maite Orsini se encuentra en medio de una polémica luego de que un reportaje televisivo revelara presuntas irregularidades en su desempeño como familia de acogida, lo que habría llevado a una suspensión del procedimiento por parte de Mejor Niñez. Según el reporte presentado por Canal 13 , se habrían detectado diversas irregularidades, como el incumplimiento de visitas, retiros no autorizados del colegio de la menor a su cargo, y la supuesta entrega de un “ vaper de marihuana ”. Ante estas acusaciones, Orsini emitió un comunicado en el que defendió su accionar: “Durante años he resguardado con absoluta reserva el vínculo que mantengo con ella por convicción ética y por mandato legal. La he acompañado, cuidado y querido como a una hija, priorizando siempre su tranquilidad, su desarrollo integral y su salud mental y emocional. Esa es la responsabilidad de cualquier adulta que decide involucrarse activamente en la protección de una niña o adolescente que ha vivido situaciones de vulneración de derechos”. Asimismo, negó haber postulado al programa de familias de acogida: “ Nunca he postulado al programa de familias de acogida, por lo que es incorrecto afirmar que una postulación haya sido rechazada. Soy y sigo siendo legalmente su tercera significativa”. Lamentó la publicación de antecedentes personales sobre la menor bajo protección del Estado, argumentando que esto “no solo vulnera su derecho a la privacidad y a la indemnidad psíquica; también debilita gravemente el sistema de protección de la infancia”. Finalmente, anunció su decisión de recurrir a la justicia: “Los antecedentes asociados a medidas de protección tienen carácter legalmente reservado. Su filtración, tergiversación o difusión pública no solo es éticamente reprochable : contraviene la normativa vigente en materia de protección de la infancia. Por lo mismo, se ejercerán todas las acciones legales correspondientes para establecer responsabilidades y resguardar plenamente los derechos de la adolescente bajo mi cuidado”. Fuente: CNN Chile País
Un adolescente que había escapado de una residencia de cuidado en Arica fue encontrado sin vida, atado y calcinado en un sector de la ciudad, en un crimen que autoridades investigan como posible ajuste de cuentas entre bandas criminales. El cuerpo del menor- de acuerdo a T13 - fue hallado este lunes en el sector de Las Llosyas, tras un llamado que alertó a las autoridades sobre el hallazgo de un cadáver en circunstancias violentas. Según los primeros antecedentes de la investigación, el adolescente habría fallecido el 16 de febrero, y la causa preliminar de muerte fue un paro respiratorio provocado por asfixia mecánica por ahorcamiento, en un contexto que está siendo indagado por el Ministerio Público y la Policía de Investigaciones (PDI). El fiscal regional de Arica, Mario Carrera, indicó que “la forma de su muerte da cuenta de lo que muchas veces se define como un ajuste entre organizaciones delictuales”, sugiriendo la posible participación de grupos criminales en el hecho. De acuerdo con el persecutor, el cuerpo no fue enterrado ni ocultado de manera tradicional: fue calcinado en el lugar, lo que llevó a testigos que observaron lo ocurrido a dar aviso a Carabineros y a la PDI. “Esto refleja un actuar frío y premeditado”, agregó el fiscal. “Lo que no nos habíamos topado es que esto afectara a un chileno. Cuando hablamos de los crímenes anteriores normalmente teníamos como víctima a ciudadanos extranjeros, en particular venezolanos. Una de las cosas que más nos preocupa en este tipo de hechos, es que se pudieran estar reagrupando bandas que, bajo nuestro criterio, están desarticuladas u operando en su mínima expresión”, señaló el fiscal. El menor de edad se encontraba al cuidado del Servicio Nacional de Protección Especializada a la Niñez y Adolescencia (Mejor Niñez), pero había escapado de una residencia administrada por esa entidad, lo que encendió la alerta y motivó la búsqueda que precedió al hallazgo. Desde el servicio reconocieron que el caso “va mucho más allá de la capacidad de respuesta” de la institución y detallaron que se activaron procesos de búsqueda con apoyo intersectorial tras la desaparición del menor, aunque sin resultados hasta el trágico hallazgo del cuerpo. Fuente: Publimetro
Un informe elaborado por la Defensoría de la Niñez revela que las modificaciones propuestas a la Ley de Responsabilidad Penal Adolescente podrían tener un impacto significativo en el sistema judicial juvenil. Según el análisis, se proyecta un aumento del 206% en los casos sancionados con régimen cerrado, lo que implicaría un cambio sustancial en la cantidad de jóvenes privados de libertad. Una de las propuestas más destacadas es la modificación de las reglas de determinación de la pena, que podría llevar a un incremento considerable en los casos ingresados a privación de libertad total. De acuerdo con el documento, esta medida podría resultar en un aumento del 61% en las sanciones privativas de libertad, lo que plantea interrogantes sobre su efectividad para reducir la comisión de nuevos delitos. El análisis también advierte sobre otras medidas que podrían aumentar la duración de las sanciones y el uso de la internación provisoria, lo que generaría un incremento en el gasto estatal en privación de libertad. Sin embargo, se destaca que una mayor severidad en las sanciones no garantiza una reducción significativa en la reincidencia delictiva. El informe resalta la importancia de una intervención adecuada y pertinente para favorecer procesos de desistimiento delictivo. Además, se menciona que los delitos cometidos por adolescentes no son homogéneos y que es fundamental diferenciar las respuestas del Estado según la gravedad y complejidad de cada caso. En cuanto a las recomendaciones propuestas, se sugiere fortalecer la investigación y persecución penal de los casos más graves, así como desarrollar respuestas especializadas para adolescentes con alta complejidad. También se plantea la necesidad de reforzar la prevención temprana y mejorar la coordinación entre los sistemas de protección y justicia juvenil. En este sentido, el Defensor de la Niñez, Anuar Quesille, enfatizó: “Una política de seguridad no se mide solo por cuánto aumenta una pena, sino por su capacidad para evitar nuevos delitos. Resulta muy peligroso aumentar la privación de libertad sin tener una respuesta programática adecuada para la reinserción”. En resumen, el informe destaca la importancia de interrumpir las trayectorias delictivas, promover la reinserción social y utilizar la privación de libertad como una medida excepcional en el sistema judicial juvenil. Fuente: Publimetro
La diputada Maite Orsini se encuentra en medio de una polémica luego de que un reportaje televisivo revelara presuntas irregularidades en su desempeño como familia de acogida, lo que habría llevado a una suspensión del procedimiento por parte de Mejor Niñez. Según el reporte presentado por Canal 13 , se habrían detectado diversas irregularidades, como el incumplimiento de visitas, retiros no autorizados del colegio de la menor a su cargo, y la supuesta entrega de un “ vaper de marihuana ”. Ante estas acusaciones, Orsini emitió un comunicado en el que defendió su accionar: “Durante años he resguardado con absoluta reserva el vínculo que mantengo con ella por convicción ética y por mandato legal. La he acompañado, cuidado y querido como a una hija, priorizando siempre su tranquilidad, su desarrollo integral y su salud mental y emocional. Esa es la responsabilidad de cualquier adulta que decide involucrarse activamente en la protección de una niña o adolescente que ha vivido situaciones de vulneración de derechos”. Asimismo, negó haber postulado al programa de familias de acogida: “ Nunca he postulado al programa de familias de acogida, por lo que es incorrecto afirmar que una postulación haya sido rechazada. Soy y sigo siendo legalmente su tercera significativa”. Lamentó la publicación de antecedentes personales sobre la menor bajo protección del Estado, argumentando que esto “no solo vulnera su derecho a la privacidad y a la indemnidad psíquica; también debilita gravemente el sistema de protección de la infancia”. Finalmente, anunció su decisión de recurrir a la justicia: “Los antecedentes asociados a medidas de protección tienen carácter legalmente reservado. Su filtración, tergiversación o difusión pública no solo es éticamente reprochable : contraviene la normativa vigente en materia de protección de la infancia. Por lo mismo, se ejercerán todas las acciones legales correspondientes para establecer responsabilidades y resguardar plenamente los derechos de la adolescente bajo mi cuidado”. Fuente: CNN Chile País
Un adolescente que había escapado de una residencia de cuidado en Arica fue encontrado sin vida, atado y calcinado en un sector de la ciudad, en un crimen que autoridades investigan como posible ajuste de cuentas entre bandas criminales. El cuerpo del menor- de acuerdo a T13 - fue hallado este lunes en el sector de Las Llosyas, tras un llamado que alertó a las autoridades sobre el hallazgo de un cadáver en circunstancias violentas. Según los primeros antecedentes de la investigación, el adolescente habría fallecido el 16 de febrero, y la causa preliminar de muerte fue un paro respiratorio provocado por asfixia mecánica por ahorcamiento, en un contexto que está siendo indagado por el Ministerio Público y la Policía de Investigaciones (PDI). El fiscal regional de Arica, Mario Carrera, indicó que “la forma de su muerte da cuenta de lo que muchas veces se define como un ajuste entre organizaciones delictuales”, sugiriendo la posible participación de grupos criminales en el hecho. De acuerdo con el persecutor, el cuerpo no fue enterrado ni ocultado de manera tradicional: fue calcinado en el lugar, lo que llevó a testigos que observaron lo ocurrido a dar aviso a Carabineros y a la PDI. “Esto refleja un actuar frío y premeditado”, agregó el fiscal. “Lo que no nos habíamos topado es que esto afectara a un chileno. Cuando hablamos de los crímenes anteriores normalmente teníamos como víctima a ciudadanos extranjeros, en particular venezolanos. Una de las cosas que más nos preocupa en este tipo de hechos, es que se pudieran estar reagrupando bandas que, bajo nuestro criterio, están desarticuladas u operando en su mínima expresión”, señaló el fiscal. El menor de edad se encontraba al cuidado del Servicio Nacional de Protección Especializada a la Niñez y Adolescencia (Mejor Niñez), pero había escapado de una residencia administrada por esa entidad, lo que encendió la alerta y motivó la búsqueda que precedió al hallazgo. Desde el servicio reconocieron que el caso “va mucho más allá de la capacidad de respuesta” de la institución y detallaron que se activaron procesos de búsqueda con apoyo intersectorial tras la desaparición del menor, aunque sin resultados hasta el trágico hallazgo del cuerpo. Fuente: Publimetro
