El Ministerio de Vivienda y Urbanismo (Minvu) respondió a las inquietudes surgidas tras la presentación de un requerimiento por parte de diputados de Renovación Nacional ante la Contraloría General de la República, solicitando revisar la legalidad de la orden de expropiación de una parte de los terrenos del mega asentamiento Cerro Centinela, ubicado en San Antonio, Región de Valparaíso. LEE MÁS: Gobierno anuncia proyecto habitacional para dar solución definitiva al campamento de San Antonio En este sentido, el Minvu reafirmó su “total respeto por la institucionalidad”, destacando que la facultad de expropiar está respaldada por la Constitución, específicamente en el artículo 19 N° 24, el cual autoriza este tipo de medidas siempre y cuando tengan un fin público y estén respaldadas legalmente. Asimismo, recordó que el proceso debe ajustarse al Decreto Ley 2.186 de 1978, que regula las expropiaciones y garantiza el pago de una indemnización en efectivo. Respecto a la competencia del Minvu, se enfatizó que la Ley 16.391 y varios decretos posteriores asignan a la institución —junto con los Serviu— la responsabilidad de ejecutar políticas habitacionales, incluyendo la adquisición, subdivisión y urbanización de terrenos, así como la radicación o erradicación de campamentos. En este sentido, el artículo 51 de dicha ley otorga explícitamente a los Serviu la facultad para expropiar terrenos con el fin de implementar programas habitacionales aprobados por decreto. El caso del Cerro Centinela, donde más de 11 mil personas están registradas en el catastro del Minvu 2024, se describió como una situación de “urgente necesidad habitacional”. Se hizo hincapié en que la expropiación no busca obstaculizar el cumplimiento de la sentencia judicial que ordena el desalojo, sino que responde a la obligación del Estado de brindar soluciones habitacionales y urbanas en un contexto excepcional debido a la magnitud del asentamiento. “El fallo debe cumplirse, pero ello no anula la utilidad pública ni la facultad expropiatoria del Serviu”, señalaron desde el Ministerio. En este contexto, el Gobierno ya presentó ante la Corte de Apelaciones de Valparaíso el plan para el desalojo y anunció que se llevará a cabo una expropiación parcial del terreno. Además, se recordó que tanto los propietarios como los Serviu podrán hacer uso de los recursos legales durante el proceso y que una comisión de expertos determinará una indemnización provisional. En caso de considerarse una afectación patrimonial, los dueños tendrán derecho a recurrir a los tribunales correspondientes. Por último, desde el Minvu se hizo un llamado a evitar “la polarización y escalada del conflicto”, asegurando que se trabajará en todas las instancias necesarias para fundamentar técnicamente y jurídicamente la medida. El objetivo es cumplir con el fallo judicial y avanzar hacia una solución “equilibrada y acorde a la legalidad” para abordar un problema descrito como “complejo y multidimensional”. Fuente: Publimetro
El Ministerio de Vivienda y Urbanismo (Minvu) respondió a las inquietudes surgidas tras la presentación de un requerimiento por parte de diputados de Renovación Nacional ante la Contraloría General de la República, solicitando revisar la legalidad de la orden de expropiación de una parte de los terrenos del mega asentamiento Cerro Centinela, ubicado en San Antonio, Región de Valparaíso. LEE MÁS: Gobierno anuncia proyecto habitacional para dar solución definitiva al campamento de San Antonio En este sentido, el Minvu reafirmó su “total respeto por la institucionalidad”, destacando que la facultad de expropiar está respaldada por la Constitución, específicamente en el artículo 19 N° 24, el cual autoriza este tipo de medidas siempre y cuando tengan un fin público y estén respaldadas legalmente. Asimismo, recordó que el proceso debe ajustarse al Decreto Ley 2.186 de 1978, que regula las expropiaciones y garantiza el pago de una indemnización en efectivo. Respecto a la competencia del Minvu, se enfatizó que la Ley 16.391 y varios decretos posteriores asignan a la institución —junto con los Serviu— la responsabilidad de ejecutar políticas habitacionales, incluyendo la adquisición, subdivisión y urbanización de terrenos, así como la radicación o erradicación de campamentos. En este sentido, el artículo 51 de dicha ley otorga explícitamente a los Serviu la facultad para expropiar terrenos con el fin de implementar programas habitacionales aprobados por decreto. El caso del Cerro Centinela, donde más de 11 mil personas están registradas en el catastro del Minvu 2024, se describió como una situación de “urgente necesidad habitacional”. Se hizo hincapié en que la expropiación no busca obstaculizar el cumplimiento de la sentencia judicial que ordena el desalojo, sino que responde a la obligación del Estado de brindar soluciones habitacionales y urbanas en un contexto excepcional debido a la magnitud del asentamiento. “El fallo debe cumplirse, pero ello no anula la utilidad pública ni la facultad expropiatoria del Serviu”, señalaron desde el Ministerio. En este contexto, el Gobierno ya presentó ante la Corte de Apelaciones de Valparaíso el plan para el desalojo y anunció que se llevará a cabo una expropiación parcial del terreno. Además, se recordó que tanto los propietarios como los Serviu podrán hacer uso de los recursos legales durante el proceso y que una comisión de expertos determinará una indemnización provisional. En caso de considerarse una afectación patrimonial, los dueños tendrán derecho a recurrir a los tribunales correspondientes. Por último, desde el Minvu se hizo un llamado a evitar “la polarización y escalada del conflicto”, asegurando que se trabajará en todas las instancias necesarias para fundamentar técnicamente y jurídicamente la medida. El objetivo es cumplir con el fallo judicial y avanzar hacia una solución “equilibrada y acorde a la legalidad” para abordar un problema descrito como “complejo y multidimensional”. Fuente: Publimetro
