El exministro de Hacienda, Nicolás Grau, ha salido al paso de las críticas formuladas por el actual titular de la cartera, Jorge Quiroz,, quien acusó presuntos errores en la proyección de la deuda pública presentada en el último Informe de Finanzas Públicas (IFP) del gobierno de Gabriel Boric. La controversia surgió luego de que Quiroz afirmara que había inconsistencias en los cálculos fiscales del período 2026-2030, señalando una presunta subestimación de la deuda pública por cerca de US$10.500 millones. Ante estas críticas, Grau defendió la labor realizada durante su gestión y refutó la existencia de errores metodológicos en las proyecciones. “No tiene errores de cálculo”, afirmó el exsecretario de Estado en su cuenta de “X”. Asimismo, aseguró que las discrepancias expuestas por el nuevo gobierno se deben a cambios en criterios y supuestos económicos utilizados para las estimaciones futuras. El exministro también recordó que durante la administración anterior se logró estabilizar el crecimiento de la deuda pública, resaltando que el indicador alcanzó un 41,7% del PIB. “Por primera vez desde el 2007-2008 que la deuda pública se frena”, había expresado Grau meses atrás en una entrevista con T13 Radio. Desde el Ejecutivo, Jorge Quiroz insistió en que el nuevo informe fiscal reveló diferencias significativas entre el aumento de los déficits proyectados y el nivel de deuda informado previamente. “Quedan debiendo 9 billones de pesos”, declaró el ministro, añadiendo que se ha ordenado una investigación administrativa para esclarecer cómo se produjo la discrepancia. Fuente: Publimetro
Tras la fuerte controversia generada por la llamada “ley de amarre”, el Gobierno ha decidido retroceder y ajustar la normativa que regula las condiciones de desvinculación de trabajadores públicos incluidos en el proyecto misceláneo del Presupuesto. El ministro de Hacienda, Nicolás Grau, anunció la modificación, indicando que en respuesta a las críticas, se ha aumentado de 2 a 5 años el tiempo de servicio continuo requerido para que un funcionario a contrata pueda apelar ante la Contraloría General de la República por un despido considerado injustificado. Inicialmente, la propuesta permitía que aquellos con al menos dos años en contrato pudieran acudir a dicho organismo, lo cual provocó protestas desde la oposición al considerarla innecesaria e incluso como un intento de proteger empleos, generando tensiones dentro de la coalición oficialista. Grau también desmintió rumores sobre protecciones a cargos políticos, asegurando que, por primera vez, se establecerá por ley que quienes ocupan puestos de confianza política deberán cesar sus funciones el 11 de marzo, coincidiendo con el cambio de gobierno. En una entrevista con Radio Duna, Grau explicó: “Lo que presentamos fue que quienes tenían este derecho a reclamo en la Contraloría eran personas que estaban a contrata al menos hace 2 años, y cambiamos ese número de 2 a 5 años”. Además, agregó: “Por lo tanto, ese derecho no va a estar para las personas que incluso hayan entrado por concurso público durante esta administración”. A pesar de los ajustes realizados, algunos sectores de la oposición mantienen su rechazo a la iniciativa, argumentando que aún deja desprotegidos a funcionarios con menos de cinco años de servicio y que la jurisprudencia actual ya contempla mecanismos suficientes para revisar despidos sin necesidad de una nueva normativa. Con estos cambios, el Gobierno busca recuperar apoyos en un Congreso dividido y avanzar en la tramitación de un paquete legislativo que incluye el reajuste salarial y otras cuestiones relacionadas con el sector público. Fuente: Publimetro
El exministro de Hacienda, Nicolás Grau, ha salido al paso de las críticas formuladas por el actual titular de la cartera, Jorge Quiroz,, quien acusó presuntos errores en la proyección de la deuda pública presentada en el último Informe de Finanzas Públicas (IFP) del gobierno de Gabriel Boric. La controversia surgió luego de que Quiroz afirmara que había inconsistencias en los cálculos fiscales del período 2026-2030, señalando una presunta subestimación de la deuda pública por cerca de US$10.500 millones. Ante estas críticas, Grau defendió la labor realizada durante su gestión y refutó la existencia de errores metodológicos en las proyecciones. “No tiene errores de cálculo”, afirmó el exsecretario de Estado en su cuenta de “X”. Asimismo, aseguró que las discrepancias expuestas por el nuevo gobierno se deben a cambios en criterios y supuestos económicos utilizados para las estimaciones futuras. El exministro también recordó que durante la administración anterior se logró estabilizar el crecimiento de la deuda pública, resaltando que el indicador alcanzó un 41,7% del PIB. “Por primera vez desde el 2007-2008 que la deuda pública se frena”, había expresado Grau meses atrás en una entrevista con T13 Radio. Desde el Ejecutivo, Jorge Quiroz insistió en que el nuevo informe fiscal reveló diferencias significativas entre el aumento de los déficits proyectados y el nivel de deuda informado previamente. “Quedan debiendo 9 billones de pesos”, declaró el ministro, añadiendo que se ha ordenado una investigación administrativa para esclarecer cómo se produjo la discrepancia. Fuente: Publimetro
Tras la fuerte controversia generada por la llamada “ley de amarre”, el Gobierno ha decidido retroceder y ajustar la normativa que regula las condiciones de desvinculación de trabajadores públicos incluidos en el proyecto misceláneo del Presupuesto. El ministro de Hacienda, Nicolás Grau, anunció la modificación, indicando que en respuesta a las críticas, se ha aumentado de 2 a 5 años el tiempo de servicio continuo requerido para que un funcionario a contrata pueda apelar ante la Contraloría General de la República por un despido considerado injustificado. Inicialmente, la propuesta permitía que aquellos con al menos dos años en contrato pudieran acudir a dicho organismo, lo cual provocó protestas desde la oposición al considerarla innecesaria e incluso como un intento de proteger empleos, generando tensiones dentro de la coalición oficialista. Grau también desmintió rumores sobre protecciones a cargos políticos, asegurando que, por primera vez, se establecerá por ley que quienes ocupan puestos de confianza política deberán cesar sus funciones el 11 de marzo, coincidiendo con el cambio de gobierno. En una entrevista con Radio Duna, Grau explicó: “Lo que presentamos fue que quienes tenían este derecho a reclamo en la Contraloría eran personas que estaban a contrata al menos hace 2 años, y cambiamos ese número de 2 a 5 años”. Además, agregó: “Por lo tanto, ese derecho no va a estar para las personas que incluso hayan entrado por concurso público durante esta administración”. A pesar de los ajustes realizados, algunos sectores de la oposición mantienen su rechazo a la iniciativa, argumentando que aún deja desprotegidos a funcionarios con menos de cinco años de servicio y que la jurisprudencia actual ya contempla mecanismos suficientes para revisar despidos sin necesidad de una nueva normativa. Con estos cambios, el Gobierno busca recuperar apoyos en un Congreso dividido y avanzar en la tramitación de un paquete legislativo que incluye el reajuste salarial y otras cuestiones relacionadas con el sector público. Fuente: Publimetro
