En un nuevo hito operativo, las autoridades del Ministerio del Interior, el Servicio Nacional de Migraciones y la Policía de Investigaciones (PDI) se reunieron en la losa aeroportuaria para coordinar el despegue de una nueva aeronave de la Fuerza Aérea de Chile (FACH) con destino a Bolivia, Ecuador y Colombia. En este vuelo fueron transportados 40 ciudadanos extranjeros expulsados del territorio nacional. Este séptimo vuelo bajo la administración del Presidente José Antonio Kast eleva a 1.174 expulsados en lo que va corrido de 2026. El subsecretario del Interior, Máximo Pavez; el Director Nacional de Migraciones, Frank Sauerbaum; y el prefecto Rodolfo Millán, jefe nacional (s) de la Jefatura Nacional de Migraciones de la policía civil, entregaron un reporte detallado en dependencias gubernamentales. En este vuelo se destacó la captura y reconducción de Daren Caicedo Ramírez, de 23 años, quien tenía una orden de captura internacional por deserción. De los pasajeros, 15 ingresaron al país por pasos no habilitados, mientras que los otros 25 tenían condenas vigentes o imputaciones severas. El subsecretario Pavez resaltó que hasta el 12 de julio han salido del país 7.558 personas, entre expulsiones forzosas y salidas voluntarias. En estas últimas, ciudadanos venezolanos representan el 76,7%, seguidos por colombianos con un 10,1%. Sauerbaum mencionó la necesidad de recursos suficientes para aumentar las expulsiones en el próximo año. Destacó que en 2025 se expulsaron 1.250 personas y en 2026 ya van 1.174. Además, señaló que los recursos actuales son insuficientes. Los balances semestrales del Servicio de Migraciones muestran un aumento del 34,53% en autorizaciones de salida durante los primeros seis meses del año en comparación con el mismo periodo del año anterior. Hasta la fecha, se han detectado 10.038 ingresos por pasos no habilitados. Millán informó que 1.009 expulsiones fueron administrativas, mientras que 125 fueron por dictámenes judiciales. Además, hubo una disminución del 60,92% en reconducciones automáticas en frontera durante el primer semestre. Fuente: Publimetro
La comunidad escolar de la región de O’Higgins se ve afectada por un complejo escenario judicial e institucional. La Policía de Investigaciones (PDI) llevó a cabo el allanamiento simultáneo de seis domicilios particulares en la zona como parte de una investigación penal iniciada por denuncias de alumnas del Colegio Marista de Rancagua. Estas estudiantes acusaron públicamente a sus compañeros de almacenar y distribuir material íntimo y de connotación sexual de menores de edad. Según informes publicados por La Tercera, la Brigada Investigadora de Delitos Sexuales (Brisexme) de la PDI determinó preliminarmente que esta red operaba desde hace al menos dos años a través de carpetas compartidas en Google Drive. Debido a la extensión y antigüedad de la red, los fiscales no descartan la participación de estudiantes de otros colegios en la comuna en el acceso o traspaso de estos archivos. Durante los allanamientos, se incautaron teléfonos celulares, computadores portátiles y tablets. El subprefecto Pablo Guzmán explicó que se están investigando los delitos relacionados con material pornográfico infantil, y todos los dispositivos confiscados fueron entregados al Ministerio Público para análisis forenses informáticos. El fiscal regional suplente, Pablo Muñoz, confirmó que se aseguró la evidencia tecnológica sensible y que se está brindando apoyo a las víctimas. Además, reveló que se está investigando una posible omisión de denuncia por parte de los estamentos administrativos del colegio. Las alumnas organizaron manifestaciones tanto dentro como fuera del colegio, cuestionando las medidas tomadas por la dirección y exigiendo sanciones contra los responsables del acoso virtual. Ante esta crisis interna, el rector del Colegio Marista de Rancagua, Claudio Castillo, defendió las acciones tomadas por la dirección, afirmando que se activaron los protocolos internos y que se realizó la denuncia temprana ante los tribunales competentes. Castillo declaró: “Ninguna forma de vulneración a la dignidad o intimidad tiene cabida en un colegio que se define por el cuidado y protección de cada persona”. Fuente: Publimetro
Efectivos de la Policía de Investigaciones (PDI) lograron la captura de la madre del lactante de nueve meses de vida que permanecía internado tras ser abandonado hace casi una semana en el Hospital de Alto Hospicio, en la Región de Tarapacá. La urgencia del procedimiento policial se desencadenó luego de que los exámenes médicos confirmaran que el menor ingresó al recinto con un cuadro agudo de intoxicación por ingesta de cocaína. La detención fue llevada a cabo por la Brigada de Investigación Criminal (Bicrim), tras realizar diversas diligencias investigativas que permitieron esclarecer lo sucedido en el entorno familiar. Según los antecedentes técnicos, el bebé tuvo acceso directo a la sustancia ilícita y la consumió mientras la mujer manipulaba la droga en el domicilio que compartían. El prefecto inspector Mauricio Jorquera, jefe de la PDI en Tarapacá, brindó información sobre los padres y las circunstancias del incidente. “Los dos padres son colombianos, se encuentran irregularmente en el país y tienen antecedentes por tráfico de drogas”, detalló la autoridad policial. En relación con el origen del problema médico, el jefe regional de la policía civil afirmó que “la madre fue arrestada por su negligencia y descuido hacia el menor, ya que mientras secaba cocaína base en casa, el bebé tomó una cantidad y se la llevó a la boca”. Los residuos químicos provocaron un colapso en la salud del infante, quien posteriormente fue dejado en el hospital sin supervisión legal. Toda la información recopilada durante las primeras etapas de la investigación fue entregada al Ministerio Público local. La fiscalía determinó que la mujer sea presentada ante el Juzgado de Garantía para enfrentar una audiencia por parricidio frustrado y tráfico de drogas. Por otro lado, los equipos operativos de la PDI continúan con patrullajes e instrucciones para localizar y detener al padre del lactante. Este individuo, con antecedentes por infracciones a la Ley de Drogas, se encuentra prófugo desde el abandono del niño en el hospital. Hasta el momento, no ha sido ubicado por las autoridades policiales hasta el cierre de esta edición. Fuente: Publimetro
Un complejo procedimiento policial se llevó a cabo en la zona sur de la Región Metropolitana después del descubrimiento del cuerpo sin vida de una joven de 19 años en su domicilio en la comuna de Puente Alto. Este trágico suceso ha generado preocupación en las autoridades debido a que, un par de horas antes de su muerte, la víctima se comunicó directamente con la central telefónica 133 de Carabineros de Chile para denunciar violencia intrafamiliar (VIF). El hallazgo ocurrió durante la tarde del miércoles cuando un tío de la joven acudió a la casa familiar ubicada en Villa La Frontera. Al ingresar al inmueble, descubrió el cuerpo sin vida de la mujer y alertó a las autoridades policiales locales, quienes resguardaron la escena. Por orden de la Fiscalía local, las investigaciones quedaron a cargo de la Brigada de Homicidios Sur Metropolitana de la Policía de Investigaciones (PDI). Según los primeros informes policiales, el cadáver presentaba múltiples lesiones equimóticas, consistentes en moretones visibles en varias partes del cuerpo. A pesar de las evidencias de violencia física, el comisario Carlos Lobos de la Brigada de Homicidios Sur Metropolitana señaló que aún no es posible determinar con certeza científica el momento ni el origen exacto de las lesiones. En sus palabras, “las lesiones observables no pueden ser atribuidas necesariamente a terceras personas, y tampoco se puede descartar que sean autoinfligidas”. La causa exacta del fallecimiento será determinada mediante una necropsia realizada en los laboratorios forenses del Servicio Médico Legal (SML). Este examen revelará si hubo asfixia, traumatismo interno o intoxicación, corroborando o descartando las hipótesis iniciales. Paralelamente, la Policía de Investigaciones está llevando a cabo operativos para localizar e identificar a un hombre aproximadamente de 30 años. Este individuo, quien mantenía una relación sentimental con la víctima, es considerado sospechoso debido a antecedentes previos de violencia reportados antes del trágico desenlace. Fuente: Publimetro
La exministra de Seguridad Pública, María Trinidad Steinert, ha presentado una extensa documentación de 26 páginas ante la Contraloría General de la República en Santiago, marcando un nuevo capítulo en su batalla legal. El objetivo de este recurso administrativo es anular de manera definitiva el controvertido dictamen D344 emitido por el organismo fiscalizador el 1 de julio de 2026. El pronunciamiento cuestionó que un oficio reservado enviado por Steinert a la Policía de Investigaciones (PDI) en marzo excedió sus atribuciones legales. En respuesta, la exsecretaria de Estado ha decidido actuar formalmente mediante este escrito técnico, argumentando que la resolución vulneró su derecho constitucional a la defensa al no ser notificada del dictamen. La defensa jurídica de Steinert destaca una supuesta contradicción normativa por parte de la Contraloría en comparación con procedimientos anteriores. Se menciona que la misma entidad solicitó información sensible en enero de 2026, respaldada posteriormente por las Cortes de Apelaciones. Bajo esta premisa, Steinert argumenta que si se validó el resguardo de datos para una entidad fiscalizadora, el mismo principio debió aplicarse a las solicitudes del Ministerio de Seguridad Pública. Además, se cuestiona la redacción del dictamen D344 y se critica el uso de la expresión no se ajusta estrictamente para evaluar las potestades ejecutivas. La defensa considera que calificar grados variables de cumplimiento normativo implica una extralimitación de las facultades del organismo contralor sobre decisiones políticas. El escrito también señala la divulgación masiva del oficio reservado antes de llegar a las instancias fiscalizadoras del Congreso. Steinert critica que el órgano contralor haya centrado su atención en la solicitud regular mientras ignoraba la filtración del texto original a los medios. Para rebatir las acusaciones sobre su labor previa como fiscal regional, se incluyó en el expediente una declaración oficial del director general de la PDI ante la Comisión de Seguridad Ciudadana. En esta declaración, se ratifica que las decisiones sobre remociones fueron autónomas y exclusivas de los mandos institucionales, buscando demostrar que su requerimiento no interfería en la estructura institucional. Fuente: Publimetro
En un nuevo hito operativo, las autoridades del Ministerio del Interior, el Servicio Nacional de Migraciones y la Policía de Investigaciones (PDI) se reunieron en la losa aeroportuaria para coordinar el despegue de una nueva aeronave de la Fuerza Aérea de Chile (FACH) con destino a Bolivia, Ecuador y Colombia. En este vuelo fueron transportados 40 ciudadanos extranjeros expulsados del territorio nacional. Este séptimo vuelo bajo la administración del Presidente José Antonio Kast eleva a 1.174 expulsados en lo que va corrido de 2026. El subsecretario del Interior, Máximo Pavez; el Director Nacional de Migraciones, Frank Sauerbaum; y el prefecto Rodolfo Millán, jefe nacional (s) de la Jefatura Nacional de Migraciones de la policía civil, entregaron un reporte detallado en dependencias gubernamentales. En este vuelo se destacó la captura y reconducción de Daren Caicedo Ramírez, de 23 años, quien tenía una orden de captura internacional por deserción. De los pasajeros, 15 ingresaron al país por pasos no habilitados, mientras que los otros 25 tenían condenas vigentes o imputaciones severas. El subsecretario Pavez resaltó que hasta el 12 de julio han salido del país 7.558 personas, entre expulsiones forzosas y salidas voluntarias. En estas últimas, ciudadanos venezolanos representan el 76,7%, seguidos por colombianos con un 10,1%. Sauerbaum mencionó la necesidad de recursos suficientes para aumentar las expulsiones en el próximo año. Destacó que en 2025 se expulsaron 1.250 personas y en 2026 ya van 1.174. Además, señaló que los recursos actuales son insuficientes. Los balances semestrales del Servicio de Migraciones muestran un aumento del 34,53% en autorizaciones de salida durante los primeros seis meses del año en comparación con el mismo periodo del año anterior. Hasta la fecha, se han detectado 10.038 ingresos por pasos no habilitados. Millán informó que 1.009 expulsiones fueron administrativas, mientras que 125 fueron por dictámenes judiciales. Además, hubo una disminución del 60,92% en reconducciones automáticas en frontera durante el primer semestre. Fuente: Publimetro
La comunidad escolar de la región de O’Higgins se ve afectada por un complejo escenario judicial e institucional. La Policía de Investigaciones (PDI) llevó a cabo el allanamiento simultáneo de seis domicilios particulares en la zona como parte de una investigación penal iniciada por denuncias de alumnas del Colegio Marista de Rancagua. Estas estudiantes acusaron públicamente a sus compañeros de almacenar y distribuir material íntimo y de connotación sexual de menores de edad. Según informes publicados por La Tercera, la Brigada Investigadora de Delitos Sexuales (Brisexme) de la PDI determinó preliminarmente que esta red operaba desde hace al menos dos años a través de carpetas compartidas en Google Drive. Debido a la extensión y antigüedad de la red, los fiscales no descartan la participación de estudiantes de otros colegios en la comuna en el acceso o traspaso de estos archivos. Durante los allanamientos, se incautaron teléfonos celulares, computadores portátiles y tablets. El subprefecto Pablo Guzmán explicó que se están investigando los delitos relacionados con material pornográfico infantil, y todos los dispositivos confiscados fueron entregados al Ministerio Público para análisis forenses informáticos. El fiscal regional suplente, Pablo Muñoz, confirmó que se aseguró la evidencia tecnológica sensible y que se está brindando apoyo a las víctimas. Además, reveló que se está investigando una posible omisión de denuncia por parte de los estamentos administrativos del colegio. Las alumnas organizaron manifestaciones tanto dentro como fuera del colegio, cuestionando las medidas tomadas por la dirección y exigiendo sanciones contra los responsables del acoso virtual. Ante esta crisis interna, el rector del Colegio Marista de Rancagua, Claudio Castillo, defendió las acciones tomadas por la dirección, afirmando que se activaron los protocolos internos y que se realizó la denuncia temprana ante los tribunales competentes. Castillo declaró: “Ninguna forma de vulneración a la dignidad o intimidad tiene cabida en un colegio que se define por el cuidado y protección de cada persona”. Fuente: Publimetro
Efectivos de la Policía de Investigaciones (PDI) lograron la captura de la madre del lactante de nueve meses de vida que permanecía internado tras ser abandonado hace casi una semana en el Hospital de Alto Hospicio, en la Región de Tarapacá. La urgencia del procedimiento policial se desencadenó luego de que los exámenes médicos confirmaran que el menor ingresó al recinto con un cuadro agudo de intoxicación por ingesta de cocaína. La detención fue llevada a cabo por la Brigada de Investigación Criminal (Bicrim), tras realizar diversas diligencias investigativas que permitieron esclarecer lo sucedido en el entorno familiar. Según los antecedentes técnicos, el bebé tuvo acceso directo a la sustancia ilícita y la consumió mientras la mujer manipulaba la droga en el domicilio que compartían. El prefecto inspector Mauricio Jorquera, jefe de la PDI en Tarapacá, brindó información sobre los padres y las circunstancias del incidente. “Los dos padres son colombianos, se encuentran irregularmente en el país y tienen antecedentes por tráfico de drogas”, detalló la autoridad policial. En relación con el origen del problema médico, el jefe regional de la policía civil afirmó que “la madre fue arrestada por su negligencia y descuido hacia el menor, ya que mientras secaba cocaína base en casa, el bebé tomó una cantidad y se la llevó a la boca”. Los residuos químicos provocaron un colapso en la salud del infante, quien posteriormente fue dejado en el hospital sin supervisión legal. Toda la información recopilada durante las primeras etapas de la investigación fue entregada al Ministerio Público local. La fiscalía determinó que la mujer sea presentada ante el Juzgado de Garantía para enfrentar una audiencia por parricidio frustrado y tráfico de drogas. Por otro lado, los equipos operativos de la PDI continúan con patrullajes e instrucciones para localizar y detener al padre del lactante. Este individuo, con antecedentes por infracciones a la Ley de Drogas, se encuentra prófugo desde el abandono del niño en el hospital. Hasta el momento, no ha sido ubicado por las autoridades policiales hasta el cierre de esta edición. Fuente: Publimetro
Un complejo procedimiento policial se llevó a cabo en la zona sur de la Región Metropolitana después del descubrimiento del cuerpo sin vida de una joven de 19 años en su domicilio en la comuna de Puente Alto. Este trágico suceso ha generado preocupación en las autoridades debido a que, un par de horas antes de su muerte, la víctima se comunicó directamente con la central telefónica 133 de Carabineros de Chile para denunciar violencia intrafamiliar (VIF). El hallazgo ocurrió durante la tarde del miércoles cuando un tío de la joven acudió a la casa familiar ubicada en Villa La Frontera. Al ingresar al inmueble, descubrió el cuerpo sin vida de la mujer y alertó a las autoridades policiales locales, quienes resguardaron la escena. Por orden de la Fiscalía local, las investigaciones quedaron a cargo de la Brigada de Homicidios Sur Metropolitana de la Policía de Investigaciones (PDI). Según los primeros informes policiales, el cadáver presentaba múltiples lesiones equimóticas, consistentes en moretones visibles en varias partes del cuerpo. A pesar de las evidencias de violencia física, el comisario Carlos Lobos de la Brigada de Homicidios Sur Metropolitana señaló que aún no es posible determinar con certeza científica el momento ni el origen exacto de las lesiones. En sus palabras, “las lesiones observables no pueden ser atribuidas necesariamente a terceras personas, y tampoco se puede descartar que sean autoinfligidas”. La causa exacta del fallecimiento será determinada mediante una necropsia realizada en los laboratorios forenses del Servicio Médico Legal (SML). Este examen revelará si hubo asfixia, traumatismo interno o intoxicación, corroborando o descartando las hipótesis iniciales. Paralelamente, la Policía de Investigaciones está llevando a cabo operativos para localizar e identificar a un hombre aproximadamente de 30 años. Este individuo, quien mantenía una relación sentimental con la víctima, es considerado sospechoso debido a antecedentes previos de violencia reportados antes del trágico desenlace. Fuente: Publimetro
La exministra de Seguridad Pública, María Trinidad Steinert, ha presentado una extensa documentación de 26 páginas ante la Contraloría General de la República en Santiago, marcando un nuevo capítulo en su batalla legal. El objetivo de este recurso administrativo es anular de manera definitiva el controvertido dictamen D344 emitido por el organismo fiscalizador el 1 de julio de 2026. El pronunciamiento cuestionó que un oficio reservado enviado por Steinert a la Policía de Investigaciones (PDI) en marzo excedió sus atribuciones legales. En respuesta, la exsecretaria de Estado ha decidido actuar formalmente mediante este escrito técnico, argumentando que la resolución vulneró su derecho constitucional a la defensa al no ser notificada del dictamen. La defensa jurídica de Steinert destaca una supuesta contradicción normativa por parte de la Contraloría en comparación con procedimientos anteriores. Se menciona que la misma entidad solicitó información sensible en enero de 2026, respaldada posteriormente por las Cortes de Apelaciones. Bajo esta premisa, Steinert argumenta que si se validó el resguardo de datos para una entidad fiscalizadora, el mismo principio debió aplicarse a las solicitudes del Ministerio de Seguridad Pública. Además, se cuestiona la redacción del dictamen D344 y se critica el uso de la expresión no se ajusta estrictamente para evaluar las potestades ejecutivas. La defensa considera que calificar grados variables de cumplimiento normativo implica una extralimitación de las facultades del organismo contralor sobre decisiones políticas. El escrito también señala la divulgación masiva del oficio reservado antes de llegar a las instancias fiscalizadoras del Congreso. Steinert critica que el órgano contralor haya centrado su atención en la solicitud regular mientras ignoraba la filtración del texto original a los medios. Para rebatir las acusaciones sobre su labor previa como fiscal regional, se incluyó en el expediente una declaración oficial del director general de la PDI ante la Comisión de Seguridad Ciudadana. En esta declaración, se ratifica que las decisiones sobre remociones fueron autónomas y exclusivas de los mandos institucionales, buscando demostrar que su requerimiento no interfería en la estructura institucional. Fuente: Publimetro
