En la comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento de la Cámara se encuentra la moción presentada por diputados de oposición, que busca modificar la Ley de Responsabilidad Penal Adolescente aumentando las penas a los menores de 16 años que comentan delitos violentos. El proyecto, que fue aprobado en general por la sala de la Cámara de Diputadas y Diputados el pasado 9 de julio y que volvió a la comisión para su discusión en particular, propone aumentar de 5 a 10 años la pena de internación cerrada máxima para los menores entre 14 y 16 años que participen de delitos como: robo con secuestro, violación, homicidio simple y homicidio calificado. En este escenario, la Unicef llamó “a las autoridades del país a garantizar que las reformas en materia de justicia penal adolescente, que se están discutiendo en el Congreso, se enmarquen en los compromisos internacionales adquiridos por el país, privilegiando la prevención, la protección y la efectiva reinserción social de los adolescentes que han cometido delitos”. Por tal razón, el organismo reiteró “su disposición a promover y acompañar el diálogo amplio y constructivo con todos los sectores políticos e institucionales, revisando los factores de riesgo, con el fin de resguardar el derecho a la protección y al desarrollo pleno de niñas, niños y adolescentes en el país, al mismo tiempo, de generar políticas efectivas para la prevención de delitos, que impidan el uso de la niñez y la adolescencia por parte de bandas criminales y la protección efectiva de las víctimas de delitos, incluyendo la investigación oportuna y sanción efectiva a los adultos responsables”. Sin embargo, argumentaron que “las recientes propuestas legislativas que modificarían la Ley de Responsabilidad Penal Adolescente (Boletín 15.589-07) incorporan disposiciones que, de aprobarse, debilitarían el principio de especialización de la justicia juvenil, aumentando sanciones privativas de libertad para menores de 16 años y restringiendo acciones que favorecen la reinserción responsable”. Asimismo, agregaron que “estas medidas, lejos de mejorar la seguridad pública, contradicen la evidencia internacional y ponen en riesgo el derecho de las y los adolescentes a una reinserción social efectiva como lo establece el artículo 40 de la Convención”. Según explicó la Unicef, “la evidencia señala que, a mayor tiempo de privación de libertad en adolescentes, menores son las posibilidades de reinserción social efectiva. La tendencia internacional apunta al fortalecimiento de medidas alternativas en el medio libre, programas de justicia restaurativa y una robusta inversión en prevención, acompañando a niñas, niños, adolescentes y a sus familias, especialmente aquellas que viven en contextos de mayor vulnerabilidad”. Según el grupo de expertos del Comité de los Derechos del Niño, se recomienda “intervenciones tempranas y respuestas proporcionales que prevengan la reincidencia y favorezcan la integración social”. En el organismo expusieron que “toda forma de violencia contra niñas, niños, adolescentes y contra las personas, en general, es inaceptable y merece una respuesta oportuna. Las víctimas requieren una atención inmediata, integral y empática que les permita recuperarse de los traumas y daños sufridos”. “Al mismo tiempo, para lograr un impacto duradero y sostenible, las autoridades e instituciones deben mirar más allá de la respuesta inmediata y atender las causas sociales y económicas que generan violencia: la desigualdad, la discriminación, abandono escolar y la falta de oportunidades por caminos hacia un trabajo digno, bien como el combate al crimen organizado”, sostuvieron desde Unicef. Fuente: Publimetro
En la comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento de la Cámara se encuentra la moción presentada por diputados de oposición, que busca modificar la Ley de Responsabilidad Penal Adolescente aumentando las penas a los menores de 16 años que comentan delitos violentos. El proyecto, que fue aprobado en general por la sala de la Cámara de Diputadas y Diputados el pasado 9 de julio y que volvió a la comisión para su discusión en particular, propone aumentar de 5 a 10 años la pena de internación cerrada máxima para los menores entre 14 y 16 años que participen de delitos como: robo con secuestro, violación, homicidio simple y homicidio calificado. En este escenario, la Unicef llamó “a las autoridades del país a garantizar que las reformas en materia de justicia penal adolescente, que se están discutiendo en el Congreso, se enmarquen en los compromisos internacionales adquiridos por el país, privilegiando la prevención, la protección y la efectiva reinserción social de los adolescentes que han cometido delitos”. Por tal razón, el organismo reiteró “su disposición a promover y acompañar el diálogo amplio y constructivo con todos los sectores políticos e institucionales, revisando los factores de riesgo, con el fin de resguardar el derecho a la protección y al desarrollo pleno de niñas, niños y adolescentes en el país, al mismo tiempo, de generar políticas efectivas para la prevención de delitos, que impidan el uso de la niñez y la adolescencia por parte de bandas criminales y la protección efectiva de las víctimas de delitos, incluyendo la investigación oportuna y sanción efectiva a los adultos responsables”. Sin embargo, argumentaron que “las recientes propuestas legislativas que modificarían la Ley de Responsabilidad Penal Adolescente (Boletín 15.589-07) incorporan disposiciones que, de aprobarse, debilitarían el principio de especialización de la justicia juvenil, aumentando sanciones privativas de libertad para menores de 16 años y restringiendo acciones que favorecen la reinserción responsable”. Asimismo, agregaron que “estas medidas, lejos de mejorar la seguridad pública, contradicen la evidencia internacional y ponen en riesgo el derecho de las y los adolescentes a una reinserción social efectiva como lo establece el artículo 40 de la Convención”. Según explicó la Unicef, “la evidencia señala que, a mayor tiempo de privación de libertad en adolescentes, menores son las posibilidades de reinserción social efectiva. La tendencia internacional apunta al fortalecimiento de medidas alternativas en el medio libre, programas de justicia restaurativa y una robusta inversión en prevención, acompañando a niñas, niños, adolescentes y a sus familias, especialmente aquellas que viven en contextos de mayor vulnerabilidad”. Según el grupo de expertos del Comité de los Derechos del Niño, se recomienda “intervenciones tempranas y respuestas proporcionales que prevengan la reincidencia y favorezcan la integración social”. En el organismo expusieron que “toda forma de violencia contra niñas, niños, adolescentes y contra las personas, en general, es inaceptable y merece una respuesta oportuna. Las víctimas requieren una atención inmediata, integral y empática que les permita recuperarse de los traumas y daños sufridos”. “Al mismo tiempo, para lograr un impacto duradero y sostenible, las autoridades e instituciones deben mirar más allá de la respuesta inmediata y atender las causas sociales y económicas que generan violencia: la desigualdad, la discriminación, abandono escolar y la falta de oportunidades por caminos hacia un trabajo digno, bien como el combate al crimen organizado”, sostuvieron desde Unicef. Fuente: Publimetro
