En el marco de la investigación del caso Audios, se han incorporado nuevas escuchas telefónicas que revelan una serie de gestiones extrajudiciales con el objetivo de evitar la destitución del exmagistrado de la Corte de Apelaciones, Antonio Ulloa, quien fue removido recientemente por el Congreso. Estos registros, a los que tuvo acceso un equipo de reportajes de CHV, implican a abogados, ministros en ejercicio, notarios y un conservador de Bienes Raíces en acciones destinadas a influir en decisiones clave del Poder Judicial. Según los antecedentes, Sergio Yaber, conservador de Bienes Raíces de Puente Alto, es uno de los principales actores en estas presuntas maniobras. En una conversación del 1 de octubre, Yaber menciona el estado de ánimo de Ulloa después del fallo inicial de la Suprema que evitó su salida: “Bien, estaba contento, estaba muy bien”, comentó Yaber a un notario. Las escuchas también involucran al diputado Cristian Araya, jefe de bancada del Partido Republicano. En una conversación con su esposa, uno de los investigados menciona: “Lo cité yo porque necesito amarrarlo con el tema de nuestro amigo, para que la bancada se ponga”. A pesar de esto, el parlamentario negó cualquier relación: “No existe ninguna investigación en mi contra ni he sido notificado de ninguna acción judicial”. Otro diálogo revelado por un noticiero televisivo el 22 de agosto señala gestiones con el abogado Alejandro Román, ex titular del Tribunal de Contratación Pública, quien tendría conexiones con ministros de la Corte Suprema. En esta conversación se escucha a uno de los implicados decir: “Aquí la idea es bajarlo un mes con cuea, si es que se puede bajar a menos… él tiene muchos amigos arriba”. Además de Ulloa, las escuchas también hacen referencia a intentos de apoyo a la exministra Verónica Sabaj. En una llamada telefónica, uno de los interlocutores expresa: “Ojalá se salven los dos… se están moviendo firme, firme, firme arriba por la Verónica”. La fiscal Carmen Gloria Wittwer confirmó que parte del contenido analizado podría tener carácter delictual y que nuevos antecedentes fueron remitidos a la Fiscalía Regional de Valparaíso para ampliar las investigaciones. Wittwer precisó: “Separaremos la investigación con este nuevo antecedente; debe revisarlo otro fiscal regional”. Fuente: ADN Radio Nacional
La Corte Suprema se pronunció sobre el caso de Ángela Vivanco, exministra del máximo tribunal, quien enfrenta una causa judicial en el caso “Muñeca Bielorrusa”. Según el vocero interino Jorge Sáez, el Ministerio Público presentó una querella contra la exjueza por fallos a favor de un consorcio bielorruso que le generó un beneficio económico. Sáez enfatizó que la Corte Suprema no emitirá opiniones sobre procesos judiciales en curso y recordó que el caso de Vivanco fue resuelto el año pasado. Ante la preocupación por evitar situaciones similares, se están implementando medidas para garantizar la integridad del sistema judicial. Se han revisado los procedimientos para evitar influencias indebidas en las decisiones judiciales y se está promoviendo un código de ética para prevenir conductas inaceptables. A pesar de no poder asegurar que no haya ocurrido en otros casos, se están implementando controles adicionales para evitar irregularidades en el futuro. Fuente: CNN Chile País
Durante la semana se dio a conocer el dictamen de la Corte de Apelaciones de Coyhaique que dejó en libertad condicional al agresor de Nabila Rifo, quien la dejó con pérdida total de su visión en 2016, Mauricio Ortega. Él alcanzó a cumplir 8 años y 8 meses de su condena de 18 años. PUBLICIDAD En reacción, la ministra de la Mujer y Equidad de Género, Antonia Orellana, anunció que instruirá a la Dirección Nacional de SernamEG a presentar una apelación contra la decisión, y que solicitará medidas de protección adicionales para Rifo en la ciudad de Coyhaique. El SernamEG descartó que haya existido negligencia en libertad condicional, indicó que “ ni la víctima ni el Servicio fueron debidamente notificados”. Agregando que “en este caso, la exfuncionaria del Servicio a la que se le envió la notificación vía correo electrónico, se encuentra destituida desde 2025 a raíz de un sumario administrativo ajeno a este tema”. Sin embargo, el Juzgado de Garantía de Coyhaique desmintió al SernamEG y a la ministra de la Mujer y Equidad de Género, Antonia Orellana, y certificó que sí fue notificada Nabila Rifo sobre la solicitud de libertad condicional de Ortega. El medio Biobío señaló que dicha diligencia se realizó el pasado 9 de septiembre del presente año, casi un mes antes de la audiencia que dictó la libertad condicional, según lo afirmado en un escrito del tribunal. Se afirmó que el organismo público no asesoró a la víctima para que pudiera oponerse a la solicitud de su agresor. En el caso de que esto se hubiese efectuado, la resolución de la Corte de Apelaciones pudo haber sido otra. El certificado del Poder Judicial indica que a pesar de haber sido “debidamente notificada”, Nabila Rifo no había “evacuado descargos o alegaciones respecto de la solicitud de libertad condicional solicitada por el condenado Mauricio Orlando Ortega Ruiz”. PUBLICIDAD Con respecto a lo apuntado desde el SernamEG que la notificación no se realizó en el domicilio actual de la víctima, el medio citado se comunicó con fuentes expertas que afirmaron que Rifo y su abogada son responsables de informar el cambio de dirección. No existen registros de una solicitud en ese sentido. Asimismo, el reportaje publicado por Biobío desmiente una versión entregada por la ministra Orellana en el matinal “Mucho Gusto” sobre el término de la representación de la abogada de Nabila Rifo. En dicha entrevista, la jefa de la cartera apuntó que el patrocinio existía hasta que exista una pena ejecutoria. No obstante, se expuso en un documento de agosto de 2016, que la representación sería hasta que se completara la pena, es decir, hasta 2034. Dicho mandato fue firmado ante la Primera Notaría de Coyhaique. Con respecto a la destitución de la abogada que representaba a Nabila, en el caso de que se le haya informado a la víctima, tenía dos opciones: que el servicio le ofreciera otro abogado o contratar a un representante por sus propios medios. Ninguna acción se efectuó. Fuente: Publimetro
El Poder Judicial confirmó el sábado 26 de julio la suspensión de la jueza Irene Rodríguez, quien firmó la orden que liberó al sicario venezolano responsable del asesinato de José Felipe Reyes, conocido como el “Rey de Meiggs”. A cargo del sumario disciplinario en el 8° Juzgado de Garantía estaba la fiscal Clara Carrasco, quien decidió suspender a Rodríguez y a una funcionaria del tribunal mientras se lleva a cabo la investigación. La decisión se tomó el viernes 25 de julio después de las diligencias correspondientes y se informó el sábado. El sumario fue instruido por la Corte de Apelaciones el pasado 15 de julio y estaba bajo la responsabilidad de la fiscal Carrasco, según indicó el Poder Judicial en su sitio web oficial. Un informe realizado por la Corporación Administrativa del Poder Judicial reveló un “eventual error humano” en la liberación del sicario venezolano Alberto Carlos Mejía Hernández, uno de los imputados por el asesinato de José Felipe Reyes Ossa en el barrio Meiggs. Mejía Hernández, acusado de homicidio calificado contra el “Rey de Meiggs”, fue liberado el 10 de julio poco después de recibir prisión preventiva en una audiencia en el Octavo Juzgado de Garantía de Santiago. Una segunda orden administrativa, que corregía un error en el apellido falso del imputado (conocido como Osmar Ferrer), fue la causa de su liberación. Este error fue detectado en el Poder Judicial gracias al reclamo de uno de los defensores de los otros implicados en el crimen. Fuente: Publimetro
En el marco de la investigación del caso Audios, se han incorporado nuevas escuchas telefónicas que revelan una serie de gestiones extrajudiciales con el objetivo de evitar la destitución del exmagistrado de la Corte de Apelaciones, Antonio Ulloa, quien fue removido recientemente por el Congreso. Estos registros, a los que tuvo acceso un equipo de reportajes de CHV, implican a abogados, ministros en ejercicio, notarios y un conservador de Bienes Raíces en acciones destinadas a influir en decisiones clave del Poder Judicial. Según los antecedentes, Sergio Yaber, conservador de Bienes Raíces de Puente Alto, es uno de los principales actores en estas presuntas maniobras. En una conversación del 1 de octubre, Yaber menciona el estado de ánimo de Ulloa después del fallo inicial de la Suprema que evitó su salida: “Bien, estaba contento, estaba muy bien”, comentó Yaber a un notario. Las escuchas también involucran al diputado Cristian Araya, jefe de bancada del Partido Republicano. En una conversación con su esposa, uno de los investigados menciona: “Lo cité yo porque necesito amarrarlo con el tema de nuestro amigo, para que la bancada se ponga”. A pesar de esto, el parlamentario negó cualquier relación: “No existe ninguna investigación en mi contra ni he sido notificado de ninguna acción judicial”. Otro diálogo revelado por un noticiero televisivo el 22 de agosto señala gestiones con el abogado Alejandro Román, ex titular del Tribunal de Contratación Pública, quien tendría conexiones con ministros de la Corte Suprema. En esta conversación se escucha a uno de los implicados decir: “Aquí la idea es bajarlo un mes con cuea, si es que se puede bajar a menos… él tiene muchos amigos arriba”. Además de Ulloa, las escuchas también hacen referencia a intentos de apoyo a la exministra Verónica Sabaj. En una llamada telefónica, uno de los interlocutores expresa: “Ojalá se salven los dos… se están moviendo firme, firme, firme arriba por la Verónica”. La fiscal Carmen Gloria Wittwer confirmó que parte del contenido analizado podría tener carácter delictual y que nuevos antecedentes fueron remitidos a la Fiscalía Regional de Valparaíso para ampliar las investigaciones. Wittwer precisó: “Separaremos la investigación con este nuevo antecedente; debe revisarlo otro fiscal regional”. Fuente: ADN Radio Nacional
La Corte Suprema se pronunció sobre el caso de Ángela Vivanco, exministra del máximo tribunal, quien enfrenta una causa judicial en el caso “Muñeca Bielorrusa”. Según el vocero interino Jorge Sáez, el Ministerio Público presentó una querella contra la exjueza por fallos a favor de un consorcio bielorruso que le generó un beneficio económico. Sáez enfatizó que la Corte Suprema no emitirá opiniones sobre procesos judiciales en curso y recordó que el caso de Vivanco fue resuelto el año pasado. Ante la preocupación por evitar situaciones similares, se están implementando medidas para garantizar la integridad del sistema judicial. Se han revisado los procedimientos para evitar influencias indebidas en las decisiones judiciales y se está promoviendo un código de ética para prevenir conductas inaceptables. A pesar de no poder asegurar que no haya ocurrido en otros casos, se están implementando controles adicionales para evitar irregularidades en el futuro. Fuente: CNN Chile País
Durante la semana se dio a conocer el dictamen de la Corte de Apelaciones de Coyhaique que dejó en libertad condicional al agresor de Nabila Rifo, quien la dejó con pérdida total de su visión en 2016, Mauricio Ortega. Él alcanzó a cumplir 8 años y 8 meses de su condena de 18 años. PUBLICIDAD En reacción, la ministra de la Mujer y Equidad de Género, Antonia Orellana, anunció que instruirá a la Dirección Nacional de SernamEG a presentar una apelación contra la decisión, y que solicitará medidas de protección adicionales para Rifo en la ciudad de Coyhaique. El SernamEG descartó que haya existido negligencia en libertad condicional, indicó que “ ni la víctima ni el Servicio fueron debidamente notificados”. Agregando que “en este caso, la exfuncionaria del Servicio a la que se le envió la notificación vía correo electrónico, se encuentra destituida desde 2025 a raíz de un sumario administrativo ajeno a este tema”. Sin embargo, el Juzgado de Garantía de Coyhaique desmintió al SernamEG y a la ministra de la Mujer y Equidad de Género, Antonia Orellana, y certificó que sí fue notificada Nabila Rifo sobre la solicitud de libertad condicional de Ortega. El medio Biobío señaló que dicha diligencia se realizó el pasado 9 de septiembre del presente año, casi un mes antes de la audiencia que dictó la libertad condicional, según lo afirmado en un escrito del tribunal. Se afirmó que el organismo público no asesoró a la víctima para que pudiera oponerse a la solicitud de su agresor. En el caso de que esto se hubiese efectuado, la resolución de la Corte de Apelaciones pudo haber sido otra. El certificado del Poder Judicial indica que a pesar de haber sido “debidamente notificada”, Nabila Rifo no había “evacuado descargos o alegaciones respecto de la solicitud de libertad condicional solicitada por el condenado Mauricio Orlando Ortega Ruiz”. PUBLICIDAD Con respecto a lo apuntado desde el SernamEG que la notificación no se realizó en el domicilio actual de la víctima, el medio citado se comunicó con fuentes expertas que afirmaron que Rifo y su abogada son responsables de informar el cambio de dirección. No existen registros de una solicitud en ese sentido. Asimismo, el reportaje publicado por Biobío desmiente una versión entregada por la ministra Orellana en el matinal “Mucho Gusto” sobre el término de la representación de la abogada de Nabila Rifo. En dicha entrevista, la jefa de la cartera apuntó que el patrocinio existía hasta que exista una pena ejecutoria. No obstante, se expuso en un documento de agosto de 2016, que la representación sería hasta que se completara la pena, es decir, hasta 2034. Dicho mandato fue firmado ante la Primera Notaría de Coyhaique. Con respecto a la destitución de la abogada que representaba a Nabila, en el caso de que se le haya informado a la víctima, tenía dos opciones: que el servicio le ofreciera otro abogado o contratar a un representante por sus propios medios. Ninguna acción se efectuó. Fuente: Publimetro
El Poder Judicial confirmó el sábado 26 de julio la suspensión de la jueza Irene Rodríguez, quien firmó la orden que liberó al sicario venezolano responsable del asesinato de José Felipe Reyes, conocido como el “Rey de Meiggs”. A cargo del sumario disciplinario en el 8° Juzgado de Garantía estaba la fiscal Clara Carrasco, quien decidió suspender a Rodríguez y a una funcionaria del tribunal mientras se lleva a cabo la investigación. La decisión se tomó el viernes 25 de julio después de las diligencias correspondientes y se informó el sábado. El sumario fue instruido por la Corte de Apelaciones el pasado 15 de julio y estaba bajo la responsabilidad de la fiscal Carrasco, según indicó el Poder Judicial en su sitio web oficial. Un informe realizado por la Corporación Administrativa del Poder Judicial reveló un “eventual error humano” en la liberación del sicario venezolano Alberto Carlos Mejía Hernández, uno de los imputados por el asesinato de José Felipe Reyes Ossa en el barrio Meiggs. Mejía Hernández, acusado de homicidio calificado contra el “Rey de Meiggs”, fue liberado el 10 de julio poco después de recibir prisión preventiva en una audiencia en el Octavo Juzgado de Garantía de Santiago. Una segunda orden administrativa, que corregía un error en el apellido falso del imputado (conocido como Osmar Ferrer), fue la causa de su liberación. Este error fue detectado en el Poder Judicial gracias al reclamo de uno de los defensores de los otros implicados en el crimen. Fuente: Publimetro
