Aunque ya está siendo investigado y dejó su cargo, la salida del exsubsecretario del Interior Manuel Monsalve -por una investigación de violación- sigue haciendo ruido por la manera en que se manejó el caso en distintas aristas. Mientras la opinión pública y parte de la oposición acusan privilegios, también hay voces que descartan cualquier aprovechamiento de parte de Monsalve. PUBLICIDAD Muy polémicas fueron las palabras de la ministra de la Mujer, Antonia Orellana, quien ayer dejó entrever, en una confusa declaración, que otra hubiese sido la suerte de un acusado por violación especialmente en mantener su trabajo, si no se trataba de un subsecretario, sino de un ciudadano común. En una entrevista con Mega, Orellana señaló que “no estamos hablando de un portero de un servicio público, estamos hablando de nada más ni nada menos de quien está a cargo de la seguridad del país”. Tras eso, precisó que “eso no quiere decir que vaya o haya tenido un trato preferencial”. Ya desde el Gobierno la ministra del Interior, Carolina Tohá, había explicado, con otras palabras, que reemplazar a un subsecretario del Interior de un día para otro no es sencillo y eso explicaba, por ejemplo, que se eligiera a alguien que era ministro. Como sea, las palabras de Orellana tuvieron un fuerte eco en la oposición. La diputada Yovana Ahumada (Dem.) dijo que “¿si hubiese sido entonces un portero, se hubiese actuado de otra manera?”, mientras que Flor Weisse (UDI) agregó que “no hay ciudadanos de segunda ni de tercera categoría y menos cuando se trata de situaciones tan graves”. La diputada Chiara Barchiesi (Rep.) señaló que “el feminismo de la ministra depende de si el acusado es de izquierda o derecha y ahora nos dice que sus consideraciones varían entre un subsecretario y un portero”. Su par Ximena Ossandón (RN) dijo que “la falta de empatía de la ministra y su clasismo es impresentable”. Su partido pidió la renuncia de Orellana (ver secundaria). No es la única arista que ha surgido como un posible privilegio. El diputado Henry Leal (UDI) también apunta a los primeros momentos de la investigación. “Estamos pidiendo al Ministerio Público, y amerita una aclaración, el saber por qué se reúne Manuel Monsalve en un hotel con el fiscal Xavier Armendáriz”. PUBLICIDAD El caso de Jorge Valdivia, que estalló ayer (ver pág 2), también llamó la atención por las diferencias con el caso Monsalve, en consideración a que ambas son denuncias por violación. El exfutbolista fue detenido, formalizado y puesto en prisión preventiva en un solo día. Así lo observó el presidente de RN, Rodrigo Galilea, quien en radio Universo dijo que “no pasaron ni 12 horas y Valdivia quedó detenido y citado a audiencia de formalización. Es demasiado llamativo”. De acuerdo a la Fiscalía Oriente, la diferencia es la “pronta denuncia”, es decir, la declaración contra Monsalve se demoró semanas y aquella contra Valdivia, sólo horas después, por lo que las policías actúan bajo ese principio. No el de “flagrancia”, que requiere máximo 12 horas desde cometido el supuesto delito. La Moneda sigue sufriendo: se va Ana Lya Uriarte y piden cambio de gabinete El caso de Manuel Monsalve sigue generando problemas al interior de La Moneda. El propio Presidente Boric reconoció ayer a empresarios del Bío Bío que “los últimos días no han sido fáciles” después de la conferencia de 55 minutos para explicar la salida del exsubsecretario, mientras que Ana Lya Uriarte, quien se desempeñaba como asesora legislativa, dejó su cargo y la oposición pide cambios de ministros. A Boric le han caído críticas por la forma en que se ha manejado la situación y se acusa de querer mantener el caso oculto. Así lo expuso la carta presidencial de Chile Vamos, Evelyn Matthei, quien en Antofagasta se prerguntó “¿desde cuándo sabía el Presidente? Hay distintas versiones ¿Pensaba esperar hasta después de las elecciones? Cada vez son más dudas”. La salida de Uriarte, en tanto, sigue a la de Gabriel de la Fuente, quien era jefe de Gabinete de Monsalve y, según la denuncia, quien informó a la presunta víctima de su cambio de funciones y sueldo. La funcionaria tenía amplia experiencia en La Moneda, trabajó en el equipo de la exministra Izkia Siches, fue jefa de Gabinete de la expresidenta Michelle Bachelet y ministra de la Segpres del actual Gobierno. “Ha sido una gran servidora pública pero ella tomó la decisión de renunciar, es una pena”, sostuvo el nuevo susbecretario del Interior, Luis Cordero. Pero desde la oposición buscan que sean más las salidas. No sólo por la petición de las diputadas Ximena Ossandón y Paula Labra para que la ministra de la Mujer, Antonia Orellana, deje su cargo (ver nota principal), sino por la idea de la UDI de que Gabriel Boric adelante un cambio de gabinete que se prevé para el 15 de noviembre, la fecha límite para que personas que trabajen en el Gobierno y quieran ser candidatos en las parlamentarias de 2025 dejen su cargo. El diputado Juan Manuel Fuenzalida (UDI) explicó que “debe haber un cambio de gabinete y específicamente respecto a la ministra Carolina Tohá y de la ministra Orellana. En materia de seguridad, para combatir el crimen organizado y esta delincuencia más violenta se necesita fuerza”. La propia aludida, Carolina Tohá desestimó la idea de modificar el cuerpo de ministros y aseguró que “mostrando que las instituciones responden correctamente, se esclarecen las cosas, y si hay delitos, se sancionan. Esa creo yo es la manera de responder a una crisis como esta”. Incautan tercer celular de Monsalve La PDI había incautado dos celulares a Monsalve, pero, según La Tercera, encontraron un tercero que no estaba en la orden, que también fue requisado. El equipo de abogados del exsubsecretario no estuvo de acuerdo, por lo que la abogada María Inés Hovitz presentó una cautela de garantía en Tribunales, audiencia que se realizará hoy. En la cita también se discutirá el acceso de la defensa a la carpeta investigativa. El equipo de la denunciante, en tanto, cambió de abogado: salió Roberto Ávila y entró María Elena Santibáñez, exdirectora de la Unidad de Delitos Sexuales de la Fiscalía Nacional.
Lo que comenzó como una arista de uso de recursos públicos de parte del aún subsecretario del Interior Manuel Monsalve, pasó a ser una posible intervención en el caso o incluso una acción de presión, luego de que trascendiera que la autoridad viajó al sur, en un avión de Carabineros, no para hablar con su familia, como explicó incluso el Presidente Boric en su larga conferencia del viernes, sino para visitar a la familia de la denunciante. PUBLICIDAD Después de mantener una reunión con el fiscal Xavier Armendáriz, la abogada de Monsalve, Ana María Horvitz, negó que su defendido se haya encontrado con los cercanos a la mujer que lo acusa de haberla violado. “Nunca se juntó con la familia”, dijo la profesional, quien, de todas maneras, contestó de manera negativa todas las consultas de la prensa. Más temprano, la ministra del Interior, Carolina Tohá, señalaba en una entrevista con CNN ante la posibilidad de ese encuentro, que “eso lo tiene que responder el ex subsecretario. No tengo conocimiento de sus movimientos”. El Presidente Boric señaló el viernes que había instruido a Monsalve para viajar, pero no dijo si él mismo le había permitido usar medios fiscales. Tohá expuso ayer que “el Presidente instruye al subsecretario informar rápidamente a su familia. No le da ningún otro tipo de instrucción, y menos hacer uso de los vehículos fiscales, eso no es parte de las instrucciones que da el Presidente. Si usó o no usó, hay investigaciones en curso, penales por parte del Ministerio Público y el sumario”. Una aclaración necesaria, pues hay aristas que apuntan al mandatario más que nada por la polémica generada por la supuesta demora en pedir la renuncia. Al respecto, Tohá expuso que Monsalve “fue apartado treinta y tantas horas desde que se conoció esto, eso es muy rápido, porque la subsecretaría del Interior no es un cargo cualquiera, que se puede dejar un subrogante o que se puede nombrar una persona y ahí vamos viendo”. El diputado Andrés Longton (RN) aseguró tener conocimiento de que el Presidente Boric tenía convocado al Monsalve a una reunión el jueves a las 4 de la tarde: “Nunca tuvo en consideración sacarlo de su cargo. Es probable que quería dilatarlo para después de las elecciones” (ver recuadro). Conocidos estos antecedentes, y otros, la Contraloría General de la República ofició al Ministerio del Interior y a Carabineros por el uso del avión para un asunto personal, y a la PDI, por la revisión de cámaras sin autorización (ver secundaria). PUBLICIDAD Debido a la crisis, Presidencia informó que Boric suspendió un viaje hoy al Bío Bío para participar del Encuentro Regional de Empresas 2024, al que asistirá telemáticamente. También se informó que se disculpó durante el Comité Político con su asesora de prensa, a quien recriminó de manera visible durante la conferencia del viernes. Escoltas, informe oficial y cámaras complican a la PDI La PDI abrió un sumario a los funcionarios que eran escoltas de Manuel Monsalve y que lo dejaron solo durante el fin de semana de septiembre en que se habría producido la violación a la funcionaria del Ministerio del Interior. La Fiscalía ya les tomó declaraciones a los policías y también a la jefatura de Inteligencia, responsable por la seguridad de las autoridades. De acuerdo a los primeros indicios, fue el exsubsecretario quien liberó a los funcionarios ese día. Otro problema que afecta a la PDI tiene relación con la arista por obstrucción a la justicia que se sigue en contra de Monsalve y donde los policías tendrían un rol, pues la exautoridad les habría solicitado ir a mirar y retirar las grabaciones de las cámaras de seguridad del hotel. En este caso, el nuevo subsecretario del Interior, Luis Cordero, aseguró que “no hay indicios para suponer alteración de las imágenes. Esto se deduce porque se ha respetado el procedimiento legal y la custodia de las pruebas”. En tanto, el director de la PDI, Eduardo Cerna, está siendo cuestionado incluso por los investigadores, pues sería quien informó del caso a la ministra del Interior, Carolina Tohá, en una materia que se indaga de manera reservada, por tratarse de una denuncia por violación. Cordero descartó que haya ilegalidad en esta situación, mientras que el propio Cerna reconoció que no avisó de esto al fiscal, Xavier Armendáriz y aclaró que “yo informo (a Tohá) que estamos investigando, que ha habido actuaciones y era porque nuestro nexo era con el investigado. No comuniqué detalles de la investigación”.
En Ñuñoa, Puente Alto, Santiago y Viña del Mar la lucha por la alcaldía está abierta y no hay pronóstico claro para este 26 y 27. El resultado en estas comunas sopesará apoyo a propuestas nacionales y marcará la próxima presidencial. PUBLICIDAD PUENTE ALTO La carta nacional contra el rostro local En Puente Alto, el sillón de Germán Codina (RN) queda vacante después de 12 años, en una comuna que lleva 24 en manos de la derecha. Por Chile Vamos, después de líos internos, Karla Rubilar (Ind.) ganó las primarias y comenzó una campaña que la tiene como el único rostro conocido a nivel nacional en la papeleta, lo que no le asegura la victoria. De hecho, no se ha llevado bien con el edil saliente. Aunque Luis Escanilla (PS) ganó la primaria del oficialismo, como principal contrincante a Rubilar ha aparecido, subiendo en apoyos Matías Toledo (Ind.), conocido por su participación en organizaciones culturales y sociales de la comuna y expostulante al mismo sillón. Para Mario Herrera, analista político de la U. de Talca, “Puente Alto estaba relativamente ganada por parte de Rubilar, pero las últimas encuestas han demostrado que la figura de Toledo se ha fortalecido y tiene alguna opción de ganar, principalmente vinculado con su labor territorial, un trabajo muy característico y muy tradicional del éxito del Frente Amplio en las elecciones de 2021″. Sobre Rubilar, el experto señala que “es una candidata con alto nivel de conocimiento y alto nivel de valoración. Todo se va a ver en las urnas, porque como el voto es obligatorio y esta es una comuna tradicionalmente con baja participación, hay un elemento de incertidumbre. No sabemos realmente cómo se comportarán las personas que en los últimos procesos no han ido a las urnas”. VIÑA DEL MAR Un ejemplo de plebiscito al Gobierno Decididos a quitar a Macarena Ripamonti (FA, de RD antes) del sillón edilicio de Viña del Mar, el centro y la derecha presentaron un solo candidato del sector, el arquitecto Iván Poduje (Ind.). La Ciudad Jardín era antes de la carta frenteamplista “la casa” desde 2004 de la UDI Virginia Reginato, a quien la ley le prohibió seguir postulándose (antes del escándalo de corrupción). En ese escenario no extrañó que Ripamonti venciera en la elección anterior a la UDI Andrea Molina y ahora se enfrentará a otra figura que se ha hecho conocido por su profesión antes que por una carrera política. PUBLICIDAD “Viña era un bastión histórico de la UDI y hoy tiene una alcaldesa mediática, joven y figura del FA. Su administración, si bien no ha mostrado muchos resultados en gestión, puede ser un buen barómetro para evaluar al Gobierno del Presidente Boric”, dice Fredy Vásquez, analista político de la U. del Alba. Es decir, la Ciudad Jardín y su candidata frenteamplista se suman a una serie de municipalidades a nivel nacional donde el resultado del domingo se extrapolará como un plebiscito o, al menos radiografía, de cómo la gente percibe el mandato de Gabriel Boric en La Moneda. “Ripamonti es la candidata del Gobierno, así que seguramente se juega la evaluación del Presidente. Un triunfo oficialista puede dar piso político al Gobierno en su último año, pero una victoria de Poduje sería la antesala del retorno de Chile Vamos a Palacio”, cierra Vásquez. SANTIAGO La antesala de La Moneda Las elecciones municipales en la comuna de Santiago cargan con un dato que puede ser consideado como una casualidad o como un indicador: desde hace 16 años, el sector político ganador en esta municipal se hace dueño también del sillón principal de La Moneda en la siguiente elección presidencial. El nombre de la actual alcaldesa, Irací Hassler (PC), se puede leer nuevamente en la papeleta, pues va por la reelección, pero en este sentido carga con otra mochila estadística: los electores de la comuna no han permitido que ninguno de sus tres antecesores se mantuviera en el cargo por un nuevo período. Por la derecha, Mario Desbordes (RN), exdiputado y exministro de Defensa de Sebastián Piñera, es el otro postulante que aparece con opciones reales de ser el próximo alcalde. “La de la comuna de Santiago es la elección más importante del país este fin de semana”, manifiesta sin problemas el analista político Fredy Vásquez, coordinador de la Facultad Ciencias Sociales y académico de políticas públicas de la Universidad del Alba. “En Santiago se juega más que la alcaldía, lo que se juega allí es la proyección para la elección presidencial. Y la gran debilidad de la alcaldesa Hassler es que Santiago se ha convertido en una comuna evidentemente deteriorada y en crisis. Y eso, a su vez, es la principal fortaleza de Mario Desbordes”, añade el experto de la Universidad del Alba. ÑUÑOA Dos proyectos distintos En Ñuñoa, la alcaldesa Emilia Ríos (FA, elegida al alero de Revolución Democrática en 2021), rompió con 24 años de ediles de derecha en la comuna y ahora va por la reelección. Para recuperar el sillón, Chile Vamos eligió a un rostro conocido, Sebastián Sichel (Ind.), quien incluso ha recibido apoyo de figuras de la exConcertación y ha basado su campaña, como ocurre en su sector, en la seguridad, planteando medidas como vigilancia aérea o pórticos lectores de patentes. Ríos, exconcejala también, ha adelantado que bajo su administración se ha incrementado en 50% el presupuesto de seguridad y apunta a mantener el alza. Su proyecto estrella es Nueva Irarrázaval, para impulsar ese eje comercial. Con carreras muy distintas, el triunfo de cualquiera de ellos también va mucho más allá de saber quién ocupará el sillón de Avenida Irarrázaval. Así lo cree el académico de la U. de Talca Mario Herrera, quien comenta que “los dos tienen cosas que probar. En el caso de Ríos, que el Frente Amplio es capaz de hacerse cargo de la gestión, el modelo de administración está en juego, más allá de la política de eslogan que suele dirigir”. Sobre Sichel, el analista político expone que “tiene que demostrar que es un candidato competitivo. Él ha estado mucho tiempo en política, ha ocupado cargos, pero no ha tenido éxitos electorales y la última carrera presidencial es un ejemplo. Debe validarse en las urnas”.
En la Sala de la Cámara de Diputados, cuando recién se discutía su procedencia, finalizó su vida la acusación constitucional que había interpuesto la DC con el apoyo del oficialismo en contra de Jean Pierre Matus, juez de la Corte Suprema. Tras los argumentos de acusadores y defensas y del propio magistrado, el libelo, que llegaba con informe negativo desde la comisión revisora, no consiguió la mayoría (necesitaba ser aprobado por la mitad más uno de los votos), pues no toda la centro izquierda se cuadró con la idea. PUBLICIDAD Matus llegó personalmente a la Sala para defenderse, alternando palabras con su abogado defensor, Luciano Fouillioux. Una acusación fuerte en su contra era haber negado comunicaciones con Luis Hermosilla. Aedo expuso que el magistrado “decidió mentir de manera reiterada en medios de comunicación, es decir, con publicidad”. “Jamás he negado haber conversado con el señor Hermosilla, está publicado (en la nota de Ciper). Yo dije ‘no tengo los chats, no existen’. Me equivoqué respecto de si era por chat o por teléfono, es cierto, pero esa equivocación no significa que yo haya negado haber conversado con el señor Hermosilla a propósito de mi postulación”, indicó Matus en el hemiciclo. Fouillioux insistió en la idea de que la AC era “repetitiva, confusa, antijurídica y donde se trata de acusar políticamente a un ministro de la Corte Suprema”. Cuatro diputados de la bancada PPD más Raúl Leiva (PS) y Gonzalo Winter (FA) se abstuvieron, mientras que Vlado Mirosevic y Alejandro Bernales (ambos PL) y Jaime Mulet (FRVS) se inclinaron por votar contra. Todo eso, sumado a la oposición hizo que se cayera la iniciativa: 66 votos a favor, 54 en contra y 14 abstenciones. El más enojado era Eric Aedo (DC), impulsor de la AC. “Vi durante la mañana un lobby importante de algunos parlamentarios dando vuelta votaciones, gente que estaba comprometida a votar a favor absteniéndose”, dijo. “Ha imperado el lobby de Hermosilla y esto quiere decir que estas trenzas de poder que yo he denunciado a raíz de estas acusaciones siguen operando y son capaces de mover voluntades incluso cuando se han manifestado en una dirección distinta”, añadió el parlamentario democratacristiano. PUBLICIDAD También lo piensan desde el PS, el partido de Leiva, que desde un inicio había manifestado que no iría en bloque con su partido. Daniel Manouchehri (PS) acusó que “las redes de Hermosilla y su banda operaron para salvar al juez Matus. Esta acusación partió con un amplio respaldo, incluso de la UDI, pero varios miembros del oficialismo se dieron una vuelta olímpica”. La oposición se había reunido por la mañana y habían acordado rechazar el libelo. Camila Flores (RN) explicó que “no existían las fuerzas jurídicas suficientes para perseverar en una acusación que estaba mal planteada y no tenía fundamento. Como Cámara de Diputados no nos podemos seguir desprestigiando y votando a favor simplemente por revanchismo. Y los hechos que se le imputaban al ministro Matus ocurrieron antes de que él asumiera como magistrado en la Corte Suprema”. En la discusión, diputados como Lorena Pizarro (PC) expusieron entre los motivos para avanzar en una eventual expulsión que Matus ha aplicado la media prescripción en casos de Derechos Humanos, expresiones que fueron rechazadas por la oposición. El eventual revanchismo, de hecho, también fue tema en el Senado, donde se ve la AC a Sergio Muñoz (ver secundaria). Como respondió Johannes Kaiser (Ind./SC), “no puede ser que haya habido parlamentarios, especialmente del Partido Comunista, que hayan dicho que iban a perseguir o que estaban dispuestos a votar a favor, no en razón de la acusación, sino por otros motivos, como es el tipo de fallos del juez, porque a nosotros, como Congreso, nos está vedado pronunciarnos sobre los fallos de los jueces”. Muñoz defiende su “honra mancillada” presencialmente El Senado escuchó las argumentaciones en torno a la acusación constitucional en contra de los jueces de la Corte Suprema Ángela Vivanco y Sergio Muñoz, que aunque se presentaron y pasaron unidas por la Cámara, fueron separadas en esta instancia. El juez se presentó personalmente para establecer algunos puntos y para, como indicó, “defender mi honra que pretende ser mancillada”. El magistrado fue explícito en señalar que nunca se comunicó con su hija para comentarle el fallo -información privilegiada- sobre un proyecto inmobiliario en que pensaba invertir, como declaró una funcionaria de la inmobiliaria en una declaración notarial, y de cuya certeza “no hay ninguna prueba”, según dijo. La persecución, en este caso presentada por la derecha, se ha interpretado como un revanchismo. Así lo indicó el senador Daniel Núñez (PC): “Es una venganza sobre el juez Muñoz, ataron esta AC con la de Ángela Vivanco. Eso es algo irregular, no podemos destituir a alguien por sus fallos en materia de Derechos Humanos o contra las Isapres”. Por la tarde fue el turno de que los senadores oyeran cargos y descargos del caso Vivanco. Su abogado, Juan Carlos Manríquez insistió en que la acción es innecesaria, pues ya hay otra AC en proceso contra su defendida. Los argumentos que tuvo la Cámara para visar la acusación fueron presentados ante el Senado por tres diputados. Uno de ellos, Jorge Guzmán (Evo), aseguró que “la Corte Suprema ya ha declarado que ella no ha tenido un buen comportamiento y su conducta ha tenido un efecto directo sobre la confianza pública en la justicia”. Ambas votaciones se llevarán a cabo hoy.
Casi por unanimidad la Sala de la Cámara de Diputados declaró admisible la acusación constitucional ingresada en por el oficialismo en contra de la exministra de la Corte Suprema Ángela Vivanco, aunque ya se había visado un documento con el mismo objetivo, pero emanado de la derecha y sobre la misma jueza. Con 131 votos a favor y la abstención de María Luisa Cordero (RN) el texto contra Vivanco pasó también al Senado, que hoy verá el primer libelo. PUBLICIDAD El primer intento de que no fructificara la AC lo planteó el abogado defensor, Juan Carlos Manríquez, quien aseguró que sería “innecesaria” si ya hay otra en trámite en la Cámara Alta. Su principal preocupación era que hubiese una “doble sanción por el mismo hecho”. La destitución y la imposibilidad de ocupar cargos públicos por cinco años no son acumulativas. Manríquez señaló también que el libelo “carece de utilidad porque la jueza ya fue destituida”, en alusión a la sanción que le impuso la propia Corte Suprema. La presidenta de la comisión revisora, Marlén Pérez (UDI), expuso el error que cometieron los redactores al imputarle a Vivanco faltas que sólo corresponden a ministros de Estado, pero agregó que “es importante que esta Cámara pueda ir al fondo para que el Senado finalmente decida”. El diputado Jorge Alessandri (UDI) agregó que “ya había una AC y esta segunda tenía errores, pero como los argumentos son muy parecidos, es muy difícil apoyar la primera y no la segunda”. El texto también indica que el exministro del Interior Andrés Chadwick (entonces de la UDI) sería parte fundamental de la red de corrupción, pero Alessandri explicó que “decidimos una admisibilidad. Estamos diciendo que pasen los antecedentes al Senado para su revisión, no que sea cierto lo que dice ahí”. Para el diputado Daniel Melo (PS) que el libelo toque a Chadwick es fundamental: “Es imposible separar esta acusación constitucional de toda la trama que está detrás del caso Audio. Si seguimos cada uno de los puntos de esta trama de favores de corrupción aparece el rostro nítido de Andrés Chadwick. Esa es la diferencia con la otra AC”. Hoy, el Senado verá la primera AC contra Vivanco, aquella que se presentó amarrada con la de Sergio Muñoz. La Cámara Alta verá en sesiones separadas ambas solicitudes; primero, la del juez. Se estima que hoy sólo se escuchará la relación de los hechos y a la comisión de tres diputados para plantear los argumentos a favor, mientras que mañana se oiría a las defensas y se debería votar, de acuerdo a la planificación expuesta por el vicepresidente del Senado, Matías Walker (Dem.).
Aunque ya está siendo investigado y dejó su cargo, la salida del exsubsecretario del Interior Manuel Monsalve -por una investigación de violación- sigue haciendo ruido por la manera en que se manejó el caso en distintas aristas. Mientras la opinión pública y parte de la oposición acusan privilegios, también hay voces que descartan cualquier aprovechamiento de parte de Monsalve. PUBLICIDAD Muy polémicas fueron las palabras de la ministra de la Mujer, Antonia Orellana, quien ayer dejó entrever, en una confusa declaración, que otra hubiese sido la suerte de un acusado por violación especialmente en mantener su trabajo, si no se trataba de un subsecretario, sino de un ciudadano común. En una entrevista con Mega, Orellana señaló que “no estamos hablando de un portero de un servicio público, estamos hablando de nada más ni nada menos de quien está a cargo de la seguridad del país”. Tras eso, precisó que “eso no quiere decir que vaya o haya tenido un trato preferencial”. Ya desde el Gobierno la ministra del Interior, Carolina Tohá, había explicado, con otras palabras, que reemplazar a un subsecretario del Interior de un día para otro no es sencillo y eso explicaba, por ejemplo, que se eligiera a alguien que era ministro. Como sea, las palabras de Orellana tuvieron un fuerte eco en la oposición. La diputada Yovana Ahumada (Dem.) dijo que “¿si hubiese sido entonces un portero, se hubiese actuado de otra manera?”, mientras que Flor Weisse (UDI) agregó que “no hay ciudadanos de segunda ni de tercera categoría y menos cuando se trata de situaciones tan graves”. La diputada Chiara Barchiesi (Rep.) señaló que “el feminismo de la ministra depende de si el acusado es de izquierda o derecha y ahora nos dice que sus consideraciones varían entre un subsecretario y un portero”. Su par Ximena Ossandón (RN) dijo que “la falta de empatía de la ministra y su clasismo es impresentable”. Su partido pidió la renuncia de Orellana (ver secundaria). No es la única arista que ha surgido como un posible privilegio. El diputado Henry Leal (UDI) también apunta a los primeros momentos de la investigación. “Estamos pidiendo al Ministerio Público, y amerita una aclaración, el saber por qué se reúne Manuel Monsalve en un hotel con el fiscal Xavier Armendáriz”. PUBLICIDAD El caso de Jorge Valdivia, que estalló ayer (ver pág 2), también llamó la atención por las diferencias con el caso Monsalve, en consideración a que ambas son denuncias por violación. El exfutbolista fue detenido, formalizado y puesto en prisión preventiva en un solo día. Así lo observó el presidente de RN, Rodrigo Galilea, quien en radio Universo dijo que “no pasaron ni 12 horas y Valdivia quedó detenido y citado a audiencia de formalización. Es demasiado llamativo”. De acuerdo a la Fiscalía Oriente, la diferencia es la “pronta denuncia”, es decir, la declaración contra Monsalve se demoró semanas y aquella contra Valdivia, sólo horas después, por lo que las policías actúan bajo ese principio. No el de “flagrancia”, que requiere máximo 12 horas desde cometido el supuesto delito. La Moneda sigue sufriendo: se va Ana Lya Uriarte y piden cambio de gabinete El caso de Manuel Monsalve sigue generando problemas al interior de La Moneda. El propio Presidente Boric reconoció ayer a empresarios del Bío Bío que “los últimos días no han sido fáciles” después de la conferencia de 55 minutos para explicar la salida del exsubsecretario, mientras que Ana Lya Uriarte, quien se desempeñaba como asesora legislativa, dejó su cargo y la oposición pide cambios de ministros. A Boric le han caído críticas por la forma en que se ha manejado la situación y se acusa de querer mantener el caso oculto. Así lo expuso la carta presidencial de Chile Vamos, Evelyn Matthei, quien en Antofagasta se prerguntó “¿desde cuándo sabía el Presidente? Hay distintas versiones ¿Pensaba esperar hasta después de las elecciones? Cada vez son más dudas”. La salida de Uriarte, en tanto, sigue a la de Gabriel de la Fuente, quien era jefe de Gabinete de Monsalve y, según la denuncia, quien informó a la presunta víctima de su cambio de funciones y sueldo. La funcionaria tenía amplia experiencia en La Moneda, trabajó en el equipo de la exministra Izkia Siches, fue jefa de Gabinete de la expresidenta Michelle Bachelet y ministra de la Segpres del actual Gobierno. “Ha sido una gran servidora pública pero ella tomó la decisión de renunciar, es una pena”, sostuvo el nuevo susbecretario del Interior, Luis Cordero. Pero desde la oposición buscan que sean más las salidas. No sólo por la petición de las diputadas Ximena Ossandón y Paula Labra para que la ministra de la Mujer, Antonia Orellana, deje su cargo (ver nota principal), sino por la idea de la UDI de que Gabriel Boric adelante un cambio de gabinete que se prevé para el 15 de noviembre, la fecha límite para que personas que trabajen en el Gobierno y quieran ser candidatos en las parlamentarias de 2025 dejen su cargo. El diputado Juan Manuel Fuenzalida (UDI) explicó que “debe haber un cambio de gabinete y específicamente respecto a la ministra Carolina Tohá y de la ministra Orellana. En materia de seguridad, para combatir el crimen organizado y esta delincuencia más violenta se necesita fuerza”. La propia aludida, Carolina Tohá desestimó la idea de modificar el cuerpo de ministros y aseguró que “mostrando que las instituciones responden correctamente, se esclarecen las cosas, y si hay delitos, se sancionan. Esa creo yo es la manera de responder a una crisis como esta”. Incautan tercer celular de Monsalve La PDI había incautado dos celulares a Monsalve, pero, según La Tercera, encontraron un tercero que no estaba en la orden, que también fue requisado. El equipo de abogados del exsubsecretario no estuvo de acuerdo, por lo que la abogada María Inés Hovitz presentó una cautela de garantía en Tribunales, audiencia que se realizará hoy. En la cita también se discutirá el acceso de la defensa a la carpeta investigativa. El equipo de la denunciante, en tanto, cambió de abogado: salió Roberto Ávila y entró María Elena Santibáñez, exdirectora de la Unidad de Delitos Sexuales de la Fiscalía Nacional.
Lo que comenzó como una arista de uso de recursos públicos de parte del aún subsecretario del Interior Manuel Monsalve, pasó a ser una posible intervención en el caso o incluso una acción de presión, luego de que trascendiera que la autoridad viajó al sur, en un avión de Carabineros, no para hablar con su familia, como explicó incluso el Presidente Boric en su larga conferencia del viernes, sino para visitar a la familia de la denunciante. PUBLICIDAD Después de mantener una reunión con el fiscal Xavier Armendáriz, la abogada de Monsalve, Ana María Horvitz, negó que su defendido se haya encontrado con los cercanos a la mujer que lo acusa de haberla violado. “Nunca se juntó con la familia”, dijo la profesional, quien, de todas maneras, contestó de manera negativa todas las consultas de la prensa. Más temprano, la ministra del Interior, Carolina Tohá, señalaba en una entrevista con CNN ante la posibilidad de ese encuentro, que “eso lo tiene que responder el ex subsecretario. No tengo conocimiento de sus movimientos”. El Presidente Boric señaló el viernes que había instruido a Monsalve para viajar, pero no dijo si él mismo le había permitido usar medios fiscales. Tohá expuso ayer que “el Presidente instruye al subsecretario informar rápidamente a su familia. No le da ningún otro tipo de instrucción, y menos hacer uso de los vehículos fiscales, eso no es parte de las instrucciones que da el Presidente. Si usó o no usó, hay investigaciones en curso, penales por parte del Ministerio Público y el sumario”. Una aclaración necesaria, pues hay aristas que apuntan al mandatario más que nada por la polémica generada por la supuesta demora en pedir la renuncia. Al respecto, Tohá expuso que Monsalve “fue apartado treinta y tantas horas desde que se conoció esto, eso es muy rápido, porque la subsecretaría del Interior no es un cargo cualquiera, que se puede dejar un subrogante o que se puede nombrar una persona y ahí vamos viendo”. El diputado Andrés Longton (RN) aseguró tener conocimiento de que el Presidente Boric tenía convocado al Monsalve a una reunión el jueves a las 4 de la tarde: “Nunca tuvo en consideración sacarlo de su cargo. Es probable que quería dilatarlo para después de las elecciones” (ver recuadro). Conocidos estos antecedentes, y otros, la Contraloría General de la República ofició al Ministerio del Interior y a Carabineros por el uso del avión para un asunto personal, y a la PDI, por la revisión de cámaras sin autorización (ver secundaria). PUBLICIDAD Debido a la crisis, Presidencia informó que Boric suspendió un viaje hoy al Bío Bío para participar del Encuentro Regional de Empresas 2024, al que asistirá telemáticamente. También se informó que se disculpó durante el Comité Político con su asesora de prensa, a quien recriminó de manera visible durante la conferencia del viernes. Escoltas, informe oficial y cámaras complican a la PDI La PDI abrió un sumario a los funcionarios que eran escoltas de Manuel Monsalve y que lo dejaron solo durante el fin de semana de septiembre en que se habría producido la violación a la funcionaria del Ministerio del Interior. La Fiscalía ya les tomó declaraciones a los policías y también a la jefatura de Inteligencia, responsable por la seguridad de las autoridades. De acuerdo a los primeros indicios, fue el exsubsecretario quien liberó a los funcionarios ese día. Otro problema que afecta a la PDI tiene relación con la arista por obstrucción a la justicia que se sigue en contra de Monsalve y donde los policías tendrían un rol, pues la exautoridad les habría solicitado ir a mirar y retirar las grabaciones de las cámaras de seguridad del hotel. En este caso, el nuevo subsecretario del Interior, Luis Cordero, aseguró que “no hay indicios para suponer alteración de las imágenes. Esto se deduce porque se ha respetado el procedimiento legal y la custodia de las pruebas”. En tanto, el director de la PDI, Eduardo Cerna, está siendo cuestionado incluso por los investigadores, pues sería quien informó del caso a la ministra del Interior, Carolina Tohá, en una materia que se indaga de manera reservada, por tratarse de una denuncia por violación. Cordero descartó que haya ilegalidad en esta situación, mientras que el propio Cerna reconoció que no avisó de esto al fiscal, Xavier Armendáriz y aclaró que “yo informo (a Tohá) que estamos investigando, que ha habido actuaciones y era porque nuestro nexo era con el investigado. No comuniqué detalles de la investigación”.
En Ñuñoa, Puente Alto, Santiago y Viña del Mar la lucha por la alcaldía está abierta y no hay pronóstico claro para este 26 y 27. El resultado en estas comunas sopesará apoyo a propuestas nacionales y marcará la próxima presidencial. PUBLICIDAD PUENTE ALTO La carta nacional contra el rostro local En Puente Alto, el sillón de Germán Codina (RN) queda vacante después de 12 años, en una comuna que lleva 24 en manos de la derecha. Por Chile Vamos, después de líos internos, Karla Rubilar (Ind.) ganó las primarias y comenzó una campaña que la tiene como el único rostro conocido a nivel nacional en la papeleta, lo que no le asegura la victoria. De hecho, no se ha llevado bien con el edil saliente. Aunque Luis Escanilla (PS) ganó la primaria del oficialismo, como principal contrincante a Rubilar ha aparecido, subiendo en apoyos Matías Toledo (Ind.), conocido por su participación en organizaciones culturales y sociales de la comuna y expostulante al mismo sillón. Para Mario Herrera, analista político de la U. de Talca, “Puente Alto estaba relativamente ganada por parte de Rubilar, pero las últimas encuestas han demostrado que la figura de Toledo se ha fortalecido y tiene alguna opción de ganar, principalmente vinculado con su labor territorial, un trabajo muy característico y muy tradicional del éxito del Frente Amplio en las elecciones de 2021″. Sobre Rubilar, el experto señala que “es una candidata con alto nivel de conocimiento y alto nivel de valoración. Todo se va a ver en las urnas, porque como el voto es obligatorio y esta es una comuna tradicionalmente con baja participación, hay un elemento de incertidumbre. No sabemos realmente cómo se comportarán las personas que en los últimos procesos no han ido a las urnas”. VIÑA DEL MAR Un ejemplo de plebiscito al Gobierno Decididos a quitar a Macarena Ripamonti (FA, de RD antes) del sillón edilicio de Viña del Mar, el centro y la derecha presentaron un solo candidato del sector, el arquitecto Iván Poduje (Ind.). La Ciudad Jardín era antes de la carta frenteamplista “la casa” desde 2004 de la UDI Virginia Reginato, a quien la ley le prohibió seguir postulándose (antes del escándalo de corrupción). En ese escenario no extrañó que Ripamonti venciera en la elección anterior a la UDI Andrea Molina y ahora se enfrentará a otra figura que se ha hecho conocido por su profesión antes que por una carrera política. PUBLICIDAD “Viña era un bastión histórico de la UDI y hoy tiene una alcaldesa mediática, joven y figura del FA. Su administración, si bien no ha mostrado muchos resultados en gestión, puede ser un buen barómetro para evaluar al Gobierno del Presidente Boric”, dice Fredy Vásquez, analista político de la U. del Alba. Es decir, la Ciudad Jardín y su candidata frenteamplista se suman a una serie de municipalidades a nivel nacional donde el resultado del domingo se extrapolará como un plebiscito o, al menos radiografía, de cómo la gente percibe el mandato de Gabriel Boric en La Moneda. “Ripamonti es la candidata del Gobierno, así que seguramente se juega la evaluación del Presidente. Un triunfo oficialista puede dar piso político al Gobierno en su último año, pero una victoria de Poduje sería la antesala del retorno de Chile Vamos a Palacio”, cierra Vásquez. SANTIAGO La antesala de La Moneda Las elecciones municipales en la comuna de Santiago cargan con un dato que puede ser consideado como una casualidad o como un indicador: desde hace 16 años, el sector político ganador en esta municipal se hace dueño también del sillón principal de La Moneda en la siguiente elección presidencial. El nombre de la actual alcaldesa, Irací Hassler (PC), se puede leer nuevamente en la papeleta, pues va por la reelección, pero en este sentido carga con otra mochila estadística: los electores de la comuna no han permitido que ninguno de sus tres antecesores se mantuviera en el cargo por un nuevo período. Por la derecha, Mario Desbordes (RN), exdiputado y exministro de Defensa de Sebastián Piñera, es el otro postulante que aparece con opciones reales de ser el próximo alcalde. “La de la comuna de Santiago es la elección más importante del país este fin de semana”, manifiesta sin problemas el analista político Fredy Vásquez, coordinador de la Facultad Ciencias Sociales y académico de políticas públicas de la Universidad del Alba. “En Santiago se juega más que la alcaldía, lo que se juega allí es la proyección para la elección presidencial. Y la gran debilidad de la alcaldesa Hassler es que Santiago se ha convertido en una comuna evidentemente deteriorada y en crisis. Y eso, a su vez, es la principal fortaleza de Mario Desbordes”, añade el experto de la Universidad del Alba. ÑUÑOA Dos proyectos distintos En Ñuñoa, la alcaldesa Emilia Ríos (FA, elegida al alero de Revolución Democrática en 2021), rompió con 24 años de ediles de derecha en la comuna y ahora va por la reelección. Para recuperar el sillón, Chile Vamos eligió a un rostro conocido, Sebastián Sichel (Ind.), quien incluso ha recibido apoyo de figuras de la exConcertación y ha basado su campaña, como ocurre en su sector, en la seguridad, planteando medidas como vigilancia aérea o pórticos lectores de patentes. Ríos, exconcejala también, ha adelantado que bajo su administración se ha incrementado en 50% el presupuesto de seguridad y apunta a mantener el alza. Su proyecto estrella es Nueva Irarrázaval, para impulsar ese eje comercial. Con carreras muy distintas, el triunfo de cualquiera de ellos también va mucho más allá de saber quién ocupará el sillón de Avenida Irarrázaval. Así lo cree el académico de la U. de Talca Mario Herrera, quien comenta que “los dos tienen cosas que probar. En el caso de Ríos, que el Frente Amplio es capaz de hacerse cargo de la gestión, el modelo de administración está en juego, más allá de la política de eslogan que suele dirigir”. Sobre Sichel, el analista político expone que “tiene que demostrar que es un candidato competitivo. Él ha estado mucho tiempo en política, ha ocupado cargos, pero no ha tenido éxitos electorales y la última carrera presidencial es un ejemplo. Debe validarse en las urnas”.
En la Sala de la Cámara de Diputados, cuando recién se discutía su procedencia, finalizó su vida la acusación constitucional que había interpuesto la DC con el apoyo del oficialismo en contra de Jean Pierre Matus, juez de la Corte Suprema. Tras los argumentos de acusadores y defensas y del propio magistrado, el libelo, que llegaba con informe negativo desde la comisión revisora, no consiguió la mayoría (necesitaba ser aprobado por la mitad más uno de los votos), pues no toda la centro izquierda se cuadró con la idea. PUBLICIDAD Matus llegó personalmente a la Sala para defenderse, alternando palabras con su abogado defensor, Luciano Fouillioux. Una acusación fuerte en su contra era haber negado comunicaciones con Luis Hermosilla. Aedo expuso que el magistrado “decidió mentir de manera reiterada en medios de comunicación, es decir, con publicidad”. “Jamás he negado haber conversado con el señor Hermosilla, está publicado (en la nota de Ciper). Yo dije ‘no tengo los chats, no existen’. Me equivoqué respecto de si era por chat o por teléfono, es cierto, pero esa equivocación no significa que yo haya negado haber conversado con el señor Hermosilla a propósito de mi postulación”, indicó Matus en el hemiciclo. Fouillioux insistió en la idea de que la AC era “repetitiva, confusa, antijurídica y donde se trata de acusar políticamente a un ministro de la Corte Suprema”. Cuatro diputados de la bancada PPD más Raúl Leiva (PS) y Gonzalo Winter (FA) se abstuvieron, mientras que Vlado Mirosevic y Alejandro Bernales (ambos PL) y Jaime Mulet (FRVS) se inclinaron por votar contra. Todo eso, sumado a la oposición hizo que se cayera la iniciativa: 66 votos a favor, 54 en contra y 14 abstenciones. El más enojado era Eric Aedo (DC), impulsor de la AC. “Vi durante la mañana un lobby importante de algunos parlamentarios dando vuelta votaciones, gente que estaba comprometida a votar a favor absteniéndose”, dijo. “Ha imperado el lobby de Hermosilla y esto quiere decir que estas trenzas de poder que yo he denunciado a raíz de estas acusaciones siguen operando y son capaces de mover voluntades incluso cuando se han manifestado en una dirección distinta”, añadió el parlamentario democratacristiano. PUBLICIDAD También lo piensan desde el PS, el partido de Leiva, que desde un inicio había manifestado que no iría en bloque con su partido. Daniel Manouchehri (PS) acusó que “las redes de Hermosilla y su banda operaron para salvar al juez Matus. Esta acusación partió con un amplio respaldo, incluso de la UDI, pero varios miembros del oficialismo se dieron una vuelta olímpica”. La oposición se había reunido por la mañana y habían acordado rechazar el libelo. Camila Flores (RN) explicó que “no existían las fuerzas jurídicas suficientes para perseverar en una acusación que estaba mal planteada y no tenía fundamento. Como Cámara de Diputados no nos podemos seguir desprestigiando y votando a favor simplemente por revanchismo. Y los hechos que se le imputaban al ministro Matus ocurrieron antes de que él asumiera como magistrado en la Corte Suprema”. En la discusión, diputados como Lorena Pizarro (PC) expusieron entre los motivos para avanzar en una eventual expulsión que Matus ha aplicado la media prescripción en casos de Derechos Humanos, expresiones que fueron rechazadas por la oposición. El eventual revanchismo, de hecho, también fue tema en el Senado, donde se ve la AC a Sergio Muñoz (ver secundaria). Como respondió Johannes Kaiser (Ind./SC), “no puede ser que haya habido parlamentarios, especialmente del Partido Comunista, que hayan dicho que iban a perseguir o que estaban dispuestos a votar a favor, no en razón de la acusación, sino por otros motivos, como es el tipo de fallos del juez, porque a nosotros, como Congreso, nos está vedado pronunciarnos sobre los fallos de los jueces”. Muñoz defiende su “honra mancillada” presencialmente El Senado escuchó las argumentaciones en torno a la acusación constitucional en contra de los jueces de la Corte Suprema Ángela Vivanco y Sergio Muñoz, que aunque se presentaron y pasaron unidas por la Cámara, fueron separadas en esta instancia. El juez se presentó personalmente para establecer algunos puntos y para, como indicó, “defender mi honra que pretende ser mancillada”. El magistrado fue explícito en señalar que nunca se comunicó con su hija para comentarle el fallo -información privilegiada- sobre un proyecto inmobiliario en que pensaba invertir, como declaró una funcionaria de la inmobiliaria en una declaración notarial, y de cuya certeza “no hay ninguna prueba”, según dijo. La persecución, en este caso presentada por la derecha, se ha interpretado como un revanchismo. Así lo indicó el senador Daniel Núñez (PC): “Es una venganza sobre el juez Muñoz, ataron esta AC con la de Ángela Vivanco. Eso es algo irregular, no podemos destituir a alguien por sus fallos en materia de Derechos Humanos o contra las Isapres”. Por la tarde fue el turno de que los senadores oyeran cargos y descargos del caso Vivanco. Su abogado, Juan Carlos Manríquez insistió en que la acción es innecesaria, pues ya hay otra AC en proceso contra su defendida. Los argumentos que tuvo la Cámara para visar la acusación fueron presentados ante el Senado por tres diputados. Uno de ellos, Jorge Guzmán (Evo), aseguró que “la Corte Suprema ya ha declarado que ella no ha tenido un buen comportamiento y su conducta ha tenido un efecto directo sobre la confianza pública en la justicia”. Ambas votaciones se llevarán a cabo hoy.
Casi por unanimidad la Sala de la Cámara de Diputados declaró admisible la acusación constitucional ingresada en por el oficialismo en contra de la exministra de la Corte Suprema Ángela Vivanco, aunque ya se había visado un documento con el mismo objetivo, pero emanado de la derecha y sobre la misma jueza. Con 131 votos a favor y la abstención de María Luisa Cordero (RN) el texto contra Vivanco pasó también al Senado, que hoy verá el primer libelo. PUBLICIDAD El primer intento de que no fructificara la AC lo planteó el abogado defensor, Juan Carlos Manríquez, quien aseguró que sería “innecesaria” si ya hay otra en trámite en la Cámara Alta. Su principal preocupación era que hubiese una “doble sanción por el mismo hecho”. La destitución y la imposibilidad de ocupar cargos públicos por cinco años no son acumulativas. Manríquez señaló también que el libelo “carece de utilidad porque la jueza ya fue destituida”, en alusión a la sanción que le impuso la propia Corte Suprema. La presidenta de la comisión revisora, Marlén Pérez (UDI), expuso el error que cometieron los redactores al imputarle a Vivanco faltas que sólo corresponden a ministros de Estado, pero agregó que “es importante que esta Cámara pueda ir al fondo para que el Senado finalmente decida”. El diputado Jorge Alessandri (UDI) agregó que “ya había una AC y esta segunda tenía errores, pero como los argumentos son muy parecidos, es muy difícil apoyar la primera y no la segunda”. El texto también indica que el exministro del Interior Andrés Chadwick (entonces de la UDI) sería parte fundamental de la red de corrupción, pero Alessandri explicó que “decidimos una admisibilidad. Estamos diciendo que pasen los antecedentes al Senado para su revisión, no que sea cierto lo que dice ahí”. Para el diputado Daniel Melo (PS) que el libelo toque a Chadwick es fundamental: “Es imposible separar esta acusación constitucional de toda la trama que está detrás del caso Audio. Si seguimos cada uno de los puntos de esta trama de favores de corrupción aparece el rostro nítido de Andrés Chadwick. Esa es la diferencia con la otra AC”. Hoy, el Senado verá la primera AC contra Vivanco, aquella que se presentó amarrada con la de Sergio Muñoz. La Cámara Alta verá en sesiones separadas ambas solicitudes; primero, la del juez. Se estima que hoy sólo se escuchará la relación de los hechos y a la comisión de tres diputados para plantear los argumentos a favor, mientras que mañana se oiría a las defensas y se debería votar, de acuerdo a la planificación expuesta por el vicepresidente del Senado, Matías Walker (Dem.).