Las últimas conversaciones entre el exfiscal Metropolitano Oriente Manuel Guerra y el abogado Luis Hermosilla, expuestas por The Clinic el fin de semana, están generando reacciones. Dos de ellas incluyen la posibilidad de que el expersecutor sea juzgado y provienen de la alcaldesa de Vitacura, Camila Merino, y del Consejo de Defensa del Estado. PUBLICIDAD En las conversaciones, Guerra y Hermosilla se refieren en duros términos a la alcaldesa Merino (Evópoli), quien iniciaba la investigación por lo que iba descubriendo sobre su antecesor, Raúl Torrealba. “Lo de Torrealba se ve complejo. Creo que si avanzan se pondrá más difícil para él”, dice Guerra, además de insultos y de establecer que “olvidan que hay algo que se llama política y coalición. Y que le estás dando trigo a la izquierda”. La edil lamentó las palabras proferidas por Guerra, y señaló que “esto es aún más grave, considerando que él era el Fiscal Regional de la Zona Oriente cuando se hicieron las primeras denuncias y que desde su posición obtuvo información reservada que luego compartió”. “Estoy evaluando acciones legales, a nombre del municipio de Vitacura, y una posible querella por revelación de secreto por funcionario público”, indicó la alcaldesa Merino. No sería la única. Exabogados querellantes de los casos Penta, SQM y Cascadas, María Inés Horvitz y Mauricio Daza, también estarían evaluando acciones penales contra el exfiscal, por los delitos de cohecho, violación de secreto y prevaricación administrativa. Según CNN, Horvitz considera que hay cohecho, pues “Hermosilla hizo gestiones para recompensar a Guerra luego que dejó la Fiscalía por los favores que hizo”, mientras que Daza añadió que “el esfuerzo para que se esclareciera la verdad y se los llevara a juicio era inútil, ya que el destino estaba definido a partir de actos de corrupción cometidos por quien tenía a su cargo la dirección de la investigación”. En las conversaciones, Guerra le cuenta a Hermosilla sobre cómo fueron los interrogatorios a Carlos Alberto Délano y Carlos Eugenio Lavín. PUBLICIDAD Por estas mismas gestiones, según publicó La Tercera, la Fiscalía dio acceso al CDE al expediente que involucra a Manuel Guerra, por lo que se estudia una querella por corrupción, por los mismos casos de Penta, donde Guerra, tras dialogar con Hermosilla, recalificó y excluyó los delitos de soborno y cohecho contra Délano, Lavín y el ex subsecretario de Minería Pablo Wagner, lo que dejó fuera de la causa al CDE. El Comité Penal, compuesto por Daniel Martorell, Ruth Israel y Alberto Espina estudiará si en los diálogos hubo revelación de antecedentes de causas hacia el abogado. Cuestionado expersecutor trabajó para Providencia Los chats entre Luis Hermosilla y Manuel Guerra expuestos el viernes por The Clinic también develaban que había una relación cercana con la alcaldesa de Providencia, Evelyn Matthei, a quien se refieren, además, de manera muy descortés. Sobre esa posibilidad, la propia carta presidencial de la derecha declaró el fin de semana que “nunca he tenido una causa judicial en que estén involucrados ni Luis Hermosilla ni Manuel Guerra”, para descartar cualquier cercanía con el exfiscal y el abogado. Sin embargo, de acuerdo a una investigación de La Tercera, sí hubo otro tipo de relación. Primero, la natural que tenía Guerra cuando era fiscal y se reunía con alcaldes y altos cargos de todas las comunas de su jurisdicción. Sin embargo, también se revela que, después de salir del Ministerio Público, Guerra fue asesor remunerado en esa Municipalidad. Aunque hasta el cierre de esta edición Matthei no comentaba esta arista, desde la UDI, su partido, consideraron que el intento de relacionar a la alcaldesa con el cuestionado exfiscal son “acciones orquestadas desde la izquierda para sacar de carrera anticipadamente a la próxima presidenta de Chile”. Sobre los comentarios soeces de Guerra y Hermosilla hacia Matthei, desde el Gobierno, la ministra de la Mujer, Antonia Orellana, condenó que los chats “se refieren de forma denigrante a la alcaldesa. Llevamos tiempo que las mujeres que están en política se ven enfrentadas a otro tipo de cuestionamientos y comentarios que no hay que contribuir a difundir ni tampoco naturalizar”. Por su parte, la ministra vocera de Gobierno, Camila Vallejo, calificó como “reprochable cómo se refieren a otras personas” en esas comunicaciones. También fue crítica del caso y estableció que “este es el caso de corrupción más grande de la historia reciente”.
Varias interrogantes dejó en el ambiente la Encuesta CEP de la semana pasada, aunque los expertos aseguran que los resultados que a algunos sorprenden, no son raros en el mundo en el último tiempo. PUBLICIDAD Por ejemplo, se consultó a qué valor se le da más importancia: libertades u orden público y seguridad ciudadana. El resultado comparado con la misma encuesta de ediciones anteriores mostró que la balanza se va inclinando hacia la preferencia por la seguridad, subiendo de 29% en diciembre de 2019 a 66% en mayo de 2022 y, ahora, 73%. Una inclinación fuerte hacia el otro lado, el de la libertad, marcó, en esas mismas mediciones, 22%, 12% y 9%, respectivamente. Para el sociólogo Eduardo Galaz, investigador del Centro Signos UAndes, preferir orden a libertad es un fenómeno global que está reportado desde al menos 2015 y lo han estudiado distintos autores bajo el nombre de retroceso democrático o de desconsolidación democrática. “Es un fenómeno de cambio en los valores en los que las democracias se sustentan y donde parece que las democracias son muy lentas para resolver ciertos problemas, como los reportados en la encuesta mundial de valores: crimen organizado, narcotráfico, delincuencia común y migración descontrolada, y que llevan a personas a considerar que regímenes autoritarios o gobiernos con mayor concentración de poder podrían zanjar de manera más eficiente”, asegura el experto. El resultado, en el mundo y especialmente en Chile, ¿significa que hay un giro hacia la derecha? No, exactamente, indica Marcelo Mella, analista político y académico del Departamento de Estudios Políticos de la U. de Santiago. El analilsta primero pide aclarar que “la CEP hace optar a la ciudadanía entre libertad y orden. pero la verdad es que politicamente no es posible garantizar libertad si el Estado no es capaz de tener presencia a nivel social y territorial”. El experto agrega que “no me parece que la discusión sobre el orden versus libertad refleje una posición de derecha o de izquierda, es decir, de una posición ideológica, sino más bien de la expresión subjetiva de niveles de incertidumbre que a esta altura se hacen intolerables, no solamente respecto a los temas de seguridad, sino también sobre las reglas del juego, eso hoy día afecta el desarrollo y la inversión”. PUBLICIDAD ¿Menos liberales y más conservadores, entonces? Tampoco, necesariamente, señala Galaz. “En valores ligados a la religiosidad, como moral familiar, sexual, matrimonio, vida, sí, la sociedad chilena es menos conservadora que antes, probablemente por una descristianización que es análoga a un proceso que se vivió en Europa Occidental. Pero hay otros temas en que en estos últimos 20 años Chile se ha ido volviendo crecientemente conservador hacia algunos valores asociados sobre todo a la autoridad y al orden”. La visión del Estallido y la proyección a las municipales Otro perfil que mostró la CEP fue el rechazo hacia el Estallido Social de hace cinco años. El 50% de los encuestados indicó que fue malo o muy malo y sólo el 17%, bueno o muy bueno. Las personas que aseguran que siempre rechazaron esas manifestaciones subió de 11% en diciembre de 2019 a 34% en esta ocasión, y quienes dicen siempre haber apoyado, bajó de 55% a 23%. Al analista político Marcelo Mella, de la Usach, no le sorprende. “Es que no es un rechazo a la crisis política de octubre del 2019, sino que tiene que ver más con un rechazo a la incertidumbre de estos últimos cinco años, con frustración por los dos procesos constituyentes y una incapacidad de la clase política de materializar o de concretar esas demandas y evitar la guerra de trincheras que hoy predomina”. Políticamente, tampoco es fácil encasillar las respuestas de índole social con movimientos políticos. Ya lo observa el sociólogo Eduardo Galaz, de la U. de los Andes, quien recuerda que “las etiquetas de conservador y liberal son imprecisas, porque ambos mundos han estado muy unidos, los partidos conservadores y liberales han hecho alianzas históricamente. Es más, la tradición liberal es mucho más fuerte en la derecha que en la izquierda, lo mismo que la tradición conservadora”. A fin de mes son las próximas elecciones, las municipales y regionales, y todo análisis político que se haga por estos días confluye en esas urnas. Para Marcelo Mella, estas divisiones no van a influir en los resultados: “Van a estar condicionados a la credibilidad que tengan las candidaturas respecto al orden y la seguridad pública sin duda, pero además en las elecciones a nivel local aparecen otras cuestiones, como los problemas de la comunidad y que no ocupan ningún lugar en la agenda”.
Las comisiones de diputados que verán las acusaciones constitucionales contra los ministros de la Corte Suprema Ángela Vivanco, Sergio Muñoz y Jean Pierre Matus, se constituyeron ayer, conversaron sus plazos y esperan ahora las respuestas de los magistrados, que están notificados desde el martes; todo eso, pese a que una de ellas contiene graves errores. Además, se confirmó que serán tres y no cuatro, pues la idea de perseguir a Mario Carroza se cayó por presiones internas de la derecha. PUBLICIDAD De la acusación contra Vivanco del oficialismo y la DC se han expuesto evidentes “copy-pastes” de una AC contra Luis Correa Bulo, de 2000, y contra Giorgio Jackson, de 2023, además de un error al invocar una causal propia de ministros de Estado: “Infringir la Constitución o las leyes o haber dejado éstas sin ejecución”. El firmante diputado Daniel Melo (PS) explicó que “en las 48 páginas del texto, en más de cinco oportunidades, inclusive, en la primera página, se enuncia la causal concreta”, que es “notable abandono de deberes”. Más tarde, el grupo de parlamentarios envió una rectificación a los integrantes de la comisión revisora por el “error involuntario”. En tanto, la otra Acusación Constitucional contra Vivanco, la de la derecha, se presentó unida con cargos contra el ministro Sergio Muñoz. El juez, quien interrumpió sus vacaciones, llegó ayer a Tribunales para retomar sus funciones y declaró que por esos días libres, “podría entenderse que, de alguna manera, hay alguna obstaculización y que en realidad no es mi intención”. “Así que de vuelta a trabajar y en la tarde veré el tema de mi defensa”, añadió. También se refirió a la situación de los jueces la vocera (s) de la Corte Suprema, Ana Gloria Chevesich, quien expuso que “los ministros son colegas que están viviendo una situación compleja, difícil, y también la Corte Suprema se ve afectada”. En tanto, la magistrada Andrea Muñoz confirmó que la Comisión de Ética recibió el martes al ministro Jean Pierre Matus, el tercer acusado, aunque por indagatorias internas. PUBLICIDAD Finalmente, la AC contra el juez Mario Carroza que planeaban diputados de oposición, se cayó luego de que la mitad de los firmantes retirara su patrocinio. De acuerdo a quienes la defendían, hubo interferencia desde el propio Chile Vamos. Camila Flores (RN) expuso que hubo “presiones del más bajo nivel hacia algunos de los firmantes. No entendemos por qué desde la UDI y RN existe este manto de protección al ministro Carroza, quien ha sido denunciado y está siendo investigado por la Fiscalía por tráfico de influencias en el nombramiento de notarios”. Uno de los “arrepentidos”, Miguel Mellado (RN), aseguró a CNN que “uno evalúa hechos concretos y hoy no hay nada”, refiriéndose a la falta de sustento de la acusación. “¿Presiones? Absolutamente nada”.
Tres acusaciones constitucionales se presentaron ayer en el Parlamento, contra tres jueces de la Corte Suprema. Pero no quiere decir que se haya presentado una a cada uno, la historia es otra. Sobre la magistrada Ángela Vivanco recayó una de los partidos de izquierda y otra de Chile Vamos y en esta última además se incluyó el nombre de Sergio Muñoz. Aparte, la DC encabezó otra petición, contra Jean Pierre Matus, también con apoyo del oficialismo. La Cámara de Diputados sorteó los nombres de los integrantes de las tres comisiones revisoras y en todas habrá mayoría de la oposición. PUBLICIDAD Aunque los libelos de Chile Vamos y el encabezado por el PS contra Vivanco coinciden en que hubo “abandono de deberes”, no hubo opción de unificarlo. La piedra de tope es el enfoque que dieron desde el PS, apuntando a la responsabilidad final de Andrés Chadwick, ministro del Interior del gobierno de Sebastián Piñera en la época de los mensajes del teléfono de Luis Hermosilla, un nombre que no aparece en la solicitud de la derecha. Según explicó el diputado Daniel Melo (PS), “nuestro caso se fundamenta en el caso Hermosilla e inclusive las relaciones con Chadwick. Queremos ver si existe referencia al señor Chadwick en la otra acusación”. Desde RN, la diputada Ximena Ossandón explicó que “no es el señor Chadwick el acusado. Y de todas las formas hemos dicho que él debe dar su versión. Además, el PS no estaba tan convencido de votar en favor de la AC a Muñoz, por eso no fuimos juntos”. En la UDI, el partido de Chadwick, el presidente, Guillermo Ramírez, aseguró que “no se había presentado antes porque confiábamos en las medidas disciplinarias que pudiese tomar la Corte, pero hoy entendemos que si no somos nosotros los que presentamos una acusación constitucional estas irregularidades puede que queden sin sanción”. Con la conformación de las comisiones, los posibles acusados quedan sin permiso para abandonar el país y un plazo de 10 días para presentar sus defensas, personalmente o por escrito. Luego, hay seis días para emitir el informe, que será el que presentarán a la Sala para votar; de aprobarse, se conforma otra comisión, de tres diputados, para exponerla al Senado, que en definitiva define la suerte de los acusados. Eso sería al menos en un mes, es decir, cerca de las elecciones municipales. Sin embargo, la ministra vocera de Gobierno, Camila Vallejo, descartó que todo se politice. “Podrá ser el miedo de algunos, pero no el del Ejecutivo. Creemos que el Parlamento tiene herramientas de fiscalización que son atribuciones constitucionales. Si fuera por elecciones, nunca habría ‘el mejor momento’”, señaló.
El Caso Audios volverá a tener trascendencia esta semana, especialmente desde la arista política. Mientras en la Corte Suprema sigue tramitándose el cuaderno de remoción contra la ministra Ángela Vivanco, en el Congreso está claro que habrá acusaciones constitucionales contra al menos tres jueces, aunque aún faltan por definirse dos asuntos que buscan que estas persecuciones interfieran lo menos posible con el trabajo parlamentario: que no haya más de una AC contra el mismo magistrado, es decir, se apoye transversalmente alguna; y que todas se unifiquen en un mismo texto, para que de esa manera haya una sola comisión y una sola sesión dedicada al asunto. PUBLICIDAD La jefa de bancada de diputados de RN, Ximena Ossandón, explicó ayer que la AC contra la ministra Vivanco no busca ese camino de unidad, pues ya la tienen redactada y tienen planificado presentarla hoy mismo. “Para que se dé cuenta en la sala en la sesión de la tarde y empiece a correr el proceso. Esto no debería durar más de un mes, incluso debería ser menos. Tiene dos capítulos, uno con las actuaciones que ella tuvo en causas que conoció y falló como jueza, y el otro dice relación en cómo intervino en diferentes nombramientos”, detalló. Desde el mismo partido, Camila Flores sí manifestó un plan para unificar las acusaciones constitucionales, para aprovechar de mejor manera el tiempo en el Congreso, pues indicó que presentarán una contra Vivanco, Jean-Pierre Matus y Sergio Muñoz. Su par Daniel Manouchehri (PS) indicó que esta semana presentarán la AC contra Vivanco. “La ministra habría manipulado la justicia para favorecer poderosos intereses, haciendo parte de la red de Hermosilla. La pregunta de fondo es si Vivanco recibía algo a cambio de estas actuaciones irregulares. ¿Habrá cohecho? La Fiscalía debe investigar a fondo”. En tanto, el diputado Eric Aedo (DC) entregó detalles sobre la AC que presentará hoy contra Matus, a quien se acusará de falta de probidad: será por mentirle al país, “no una, sino varias veces”; no declarar inhabilidades, “omitiendo su vínculo con Hermosilla y con el exministro Andrés Chadwick”, y perder la imparcialidad, cuestionada por el uso de expresiones como “ni perdón ni olvido” en los chats. En la Corte Suprema, en tanto, corre el plazo para que Vivanco presente sus descargos por la carpeta de remoción, que ahora se amplió hasta el 17 de octubre. Antes, el miércoles 9, en tanto, recién regresará de días libres el ministro Sergio Muñoz, pero quien regresará este miércoles es la jueza María Soledad Melo, quien aparece en los chats, pues le habría enviado su curriculum, en 2022, al abogado Hermosilla.
Las últimas conversaciones entre el exfiscal Metropolitano Oriente Manuel Guerra y el abogado Luis Hermosilla, expuestas por The Clinic el fin de semana, están generando reacciones. Dos de ellas incluyen la posibilidad de que el expersecutor sea juzgado y provienen de la alcaldesa de Vitacura, Camila Merino, y del Consejo de Defensa del Estado. PUBLICIDAD En las conversaciones, Guerra y Hermosilla se refieren en duros términos a la alcaldesa Merino (Evópoli), quien iniciaba la investigación por lo que iba descubriendo sobre su antecesor, Raúl Torrealba. “Lo de Torrealba se ve complejo. Creo que si avanzan se pondrá más difícil para él”, dice Guerra, además de insultos y de establecer que “olvidan que hay algo que se llama política y coalición. Y que le estás dando trigo a la izquierda”. La edil lamentó las palabras proferidas por Guerra, y señaló que “esto es aún más grave, considerando que él era el Fiscal Regional de la Zona Oriente cuando se hicieron las primeras denuncias y que desde su posición obtuvo información reservada que luego compartió”. “Estoy evaluando acciones legales, a nombre del municipio de Vitacura, y una posible querella por revelación de secreto por funcionario público”, indicó la alcaldesa Merino. No sería la única. Exabogados querellantes de los casos Penta, SQM y Cascadas, María Inés Horvitz y Mauricio Daza, también estarían evaluando acciones penales contra el exfiscal, por los delitos de cohecho, violación de secreto y prevaricación administrativa. Según CNN, Horvitz considera que hay cohecho, pues “Hermosilla hizo gestiones para recompensar a Guerra luego que dejó la Fiscalía por los favores que hizo”, mientras que Daza añadió que “el esfuerzo para que se esclareciera la verdad y se los llevara a juicio era inútil, ya que el destino estaba definido a partir de actos de corrupción cometidos por quien tenía a su cargo la dirección de la investigación”. En las conversaciones, Guerra le cuenta a Hermosilla sobre cómo fueron los interrogatorios a Carlos Alberto Délano y Carlos Eugenio Lavín. PUBLICIDAD Por estas mismas gestiones, según publicó La Tercera, la Fiscalía dio acceso al CDE al expediente que involucra a Manuel Guerra, por lo que se estudia una querella por corrupción, por los mismos casos de Penta, donde Guerra, tras dialogar con Hermosilla, recalificó y excluyó los delitos de soborno y cohecho contra Délano, Lavín y el ex subsecretario de Minería Pablo Wagner, lo que dejó fuera de la causa al CDE. El Comité Penal, compuesto por Daniel Martorell, Ruth Israel y Alberto Espina estudiará si en los diálogos hubo revelación de antecedentes de causas hacia el abogado. Cuestionado expersecutor trabajó para Providencia Los chats entre Luis Hermosilla y Manuel Guerra expuestos el viernes por The Clinic también develaban que había una relación cercana con la alcaldesa de Providencia, Evelyn Matthei, a quien se refieren, además, de manera muy descortés. Sobre esa posibilidad, la propia carta presidencial de la derecha declaró el fin de semana que “nunca he tenido una causa judicial en que estén involucrados ni Luis Hermosilla ni Manuel Guerra”, para descartar cualquier cercanía con el exfiscal y el abogado. Sin embargo, de acuerdo a una investigación de La Tercera, sí hubo otro tipo de relación. Primero, la natural que tenía Guerra cuando era fiscal y se reunía con alcaldes y altos cargos de todas las comunas de su jurisdicción. Sin embargo, también se revela que, después de salir del Ministerio Público, Guerra fue asesor remunerado en esa Municipalidad. Aunque hasta el cierre de esta edición Matthei no comentaba esta arista, desde la UDI, su partido, consideraron que el intento de relacionar a la alcaldesa con el cuestionado exfiscal son “acciones orquestadas desde la izquierda para sacar de carrera anticipadamente a la próxima presidenta de Chile”. Sobre los comentarios soeces de Guerra y Hermosilla hacia Matthei, desde el Gobierno, la ministra de la Mujer, Antonia Orellana, condenó que los chats “se refieren de forma denigrante a la alcaldesa. Llevamos tiempo que las mujeres que están en política se ven enfrentadas a otro tipo de cuestionamientos y comentarios que no hay que contribuir a difundir ni tampoco naturalizar”. Por su parte, la ministra vocera de Gobierno, Camila Vallejo, calificó como “reprochable cómo se refieren a otras personas” en esas comunicaciones. También fue crítica del caso y estableció que “este es el caso de corrupción más grande de la historia reciente”.
Varias interrogantes dejó en el ambiente la Encuesta CEP de la semana pasada, aunque los expertos aseguran que los resultados que a algunos sorprenden, no son raros en el mundo en el último tiempo. PUBLICIDAD Por ejemplo, se consultó a qué valor se le da más importancia: libertades u orden público y seguridad ciudadana. El resultado comparado con la misma encuesta de ediciones anteriores mostró que la balanza se va inclinando hacia la preferencia por la seguridad, subiendo de 29% en diciembre de 2019 a 66% en mayo de 2022 y, ahora, 73%. Una inclinación fuerte hacia el otro lado, el de la libertad, marcó, en esas mismas mediciones, 22%, 12% y 9%, respectivamente. Para el sociólogo Eduardo Galaz, investigador del Centro Signos UAndes, preferir orden a libertad es un fenómeno global que está reportado desde al menos 2015 y lo han estudiado distintos autores bajo el nombre de retroceso democrático o de desconsolidación democrática. “Es un fenómeno de cambio en los valores en los que las democracias se sustentan y donde parece que las democracias son muy lentas para resolver ciertos problemas, como los reportados en la encuesta mundial de valores: crimen organizado, narcotráfico, delincuencia común y migración descontrolada, y que llevan a personas a considerar que regímenes autoritarios o gobiernos con mayor concentración de poder podrían zanjar de manera más eficiente”, asegura el experto. El resultado, en el mundo y especialmente en Chile, ¿significa que hay un giro hacia la derecha? No, exactamente, indica Marcelo Mella, analista político y académico del Departamento de Estudios Políticos de la U. de Santiago. El analilsta primero pide aclarar que “la CEP hace optar a la ciudadanía entre libertad y orden. pero la verdad es que politicamente no es posible garantizar libertad si el Estado no es capaz de tener presencia a nivel social y territorial”. El experto agrega que “no me parece que la discusión sobre el orden versus libertad refleje una posición de derecha o de izquierda, es decir, de una posición ideológica, sino más bien de la expresión subjetiva de niveles de incertidumbre que a esta altura se hacen intolerables, no solamente respecto a los temas de seguridad, sino también sobre las reglas del juego, eso hoy día afecta el desarrollo y la inversión”. PUBLICIDAD ¿Menos liberales y más conservadores, entonces? Tampoco, necesariamente, señala Galaz. “En valores ligados a la religiosidad, como moral familiar, sexual, matrimonio, vida, sí, la sociedad chilena es menos conservadora que antes, probablemente por una descristianización que es análoga a un proceso que se vivió en Europa Occidental. Pero hay otros temas en que en estos últimos 20 años Chile se ha ido volviendo crecientemente conservador hacia algunos valores asociados sobre todo a la autoridad y al orden”. La visión del Estallido y la proyección a las municipales Otro perfil que mostró la CEP fue el rechazo hacia el Estallido Social de hace cinco años. El 50% de los encuestados indicó que fue malo o muy malo y sólo el 17%, bueno o muy bueno. Las personas que aseguran que siempre rechazaron esas manifestaciones subió de 11% en diciembre de 2019 a 34% en esta ocasión, y quienes dicen siempre haber apoyado, bajó de 55% a 23%. Al analista político Marcelo Mella, de la Usach, no le sorprende. “Es que no es un rechazo a la crisis política de octubre del 2019, sino que tiene que ver más con un rechazo a la incertidumbre de estos últimos cinco años, con frustración por los dos procesos constituyentes y una incapacidad de la clase política de materializar o de concretar esas demandas y evitar la guerra de trincheras que hoy predomina”. Políticamente, tampoco es fácil encasillar las respuestas de índole social con movimientos políticos. Ya lo observa el sociólogo Eduardo Galaz, de la U. de los Andes, quien recuerda que “las etiquetas de conservador y liberal son imprecisas, porque ambos mundos han estado muy unidos, los partidos conservadores y liberales han hecho alianzas históricamente. Es más, la tradición liberal es mucho más fuerte en la derecha que en la izquierda, lo mismo que la tradición conservadora”. A fin de mes son las próximas elecciones, las municipales y regionales, y todo análisis político que se haga por estos días confluye en esas urnas. Para Marcelo Mella, estas divisiones no van a influir en los resultados: “Van a estar condicionados a la credibilidad que tengan las candidaturas respecto al orden y la seguridad pública sin duda, pero además en las elecciones a nivel local aparecen otras cuestiones, como los problemas de la comunidad y que no ocupan ningún lugar en la agenda”.
Las comisiones de diputados que verán las acusaciones constitucionales contra los ministros de la Corte Suprema Ángela Vivanco, Sergio Muñoz y Jean Pierre Matus, se constituyeron ayer, conversaron sus plazos y esperan ahora las respuestas de los magistrados, que están notificados desde el martes; todo eso, pese a que una de ellas contiene graves errores. Además, se confirmó que serán tres y no cuatro, pues la idea de perseguir a Mario Carroza se cayó por presiones internas de la derecha. PUBLICIDAD De la acusación contra Vivanco del oficialismo y la DC se han expuesto evidentes “copy-pastes” de una AC contra Luis Correa Bulo, de 2000, y contra Giorgio Jackson, de 2023, además de un error al invocar una causal propia de ministros de Estado: “Infringir la Constitución o las leyes o haber dejado éstas sin ejecución”. El firmante diputado Daniel Melo (PS) explicó que “en las 48 páginas del texto, en más de cinco oportunidades, inclusive, en la primera página, se enuncia la causal concreta”, que es “notable abandono de deberes”. Más tarde, el grupo de parlamentarios envió una rectificación a los integrantes de la comisión revisora por el “error involuntario”. En tanto, la otra Acusación Constitucional contra Vivanco, la de la derecha, se presentó unida con cargos contra el ministro Sergio Muñoz. El juez, quien interrumpió sus vacaciones, llegó ayer a Tribunales para retomar sus funciones y declaró que por esos días libres, “podría entenderse que, de alguna manera, hay alguna obstaculización y que en realidad no es mi intención”. “Así que de vuelta a trabajar y en la tarde veré el tema de mi defensa”, añadió. También se refirió a la situación de los jueces la vocera (s) de la Corte Suprema, Ana Gloria Chevesich, quien expuso que “los ministros son colegas que están viviendo una situación compleja, difícil, y también la Corte Suprema se ve afectada”. En tanto, la magistrada Andrea Muñoz confirmó que la Comisión de Ética recibió el martes al ministro Jean Pierre Matus, el tercer acusado, aunque por indagatorias internas. PUBLICIDAD Finalmente, la AC contra el juez Mario Carroza que planeaban diputados de oposición, se cayó luego de que la mitad de los firmantes retirara su patrocinio. De acuerdo a quienes la defendían, hubo interferencia desde el propio Chile Vamos. Camila Flores (RN) expuso que hubo “presiones del más bajo nivel hacia algunos de los firmantes. No entendemos por qué desde la UDI y RN existe este manto de protección al ministro Carroza, quien ha sido denunciado y está siendo investigado por la Fiscalía por tráfico de influencias en el nombramiento de notarios”. Uno de los “arrepentidos”, Miguel Mellado (RN), aseguró a CNN que “uno evalúa hechos concretos y hoy no hay nada”, refiriéndose a la falta de sustento de la acusación. “¿Presiones? Absolutamente nada”.
Tres acusaciones constitucionales se presentaron ayer en el Parlamento, contra tres jueces de la Corte Suprema. Pero no quiere decir que se haya presentado una a cada uno, la historia es otra. Sobre la magistrada Ángela Vivanco recayó una de los partidos de izquierda y otra de Chile Vamos y en esta última además se incluyó el nombre de Sergio Muñoz. Aparte, la DC encabezó otra petición, contra Jean Pierre Matus, también con apoyo del oficialismo. La Cámara de Diputados sorteó los nombres de los integrantes de las tres comisiones revisoras y en todas habrá mayoría de la oposición. PUBLICIDAD Aunque los libelos de Chile Vamos y el encabezado por el PS contra Vivanco coinciden en que hubo “abandono de deberes”, no hubo opción de unificarlo. La piedra de tope es el enfoque que dieron desde el PS, apuntando a la responsabilidad final de Andrés Chadwick, ministro del Interior del gobierno de Sebastián Piñera en la época de los mensajes del teléfono de Luis Hermosilla, un nombre que no aparece en la solicitud de la derecha. Según explicó el diputado Daniel Melo (PS), “nuestro caso se fundamenta en el caso Hermosilla e inclusive las relaciones con Chadwick. Queremos ver si existe referencia al señor Chadwick en la otra acusación”. Desde RN, la diputada Ximena Ossandón explicó que “no es el señor Chadwick el acusado. Y de todas las formas hemos dicho que él debe dar su versión. Además, el PS no estaba tan convencido de votar en favor de la AC a Muñoz, por eso no fuimos juntos”. En la UDI, el partido de Chadwick, el presidente, Guillermo Ramírez, aseguró que “no se había presentado antes porque confiábamos en las medidas disciplinarias que pudiese tomar la Corte, pero hoy entendemos que si no somos nosotros los que presentamos una acusación constitucional estas irregularidades puede que queden sin sanción”. Con la conformación de las comisiones, los posibles acusados quedan sin permiso para abandonar el país y un plazo de 10 días para presentar sus defensas, personalmente o por escrito. Luego, hay seis días para emitir el informe, que será el que presentarán a la Sala para votar; de aprobarse, se conforma otra comisión, de tres diputados, para exponerla al Senado, que en definitiva define la suerte de los acusados. Eso sería al menos en un mes, es decir, cerca de las elecciones municipales. Sin embargo, la ministra vocera de Gobierno, Camila Vallejo, descartó que todo se politice. “Podrá ser el miedo de algunos, pero no el del Ejecutivo. Creemos que el Parlamento tiene herramientas de fiscalización que son atribuciones constitucionales. Si fuera por elecciones, nunca habría ‘el mejor momento’”, señaló.
El Caso Audios volverá a tener trascendencia esta semana, especialmente desde la arista política. Mientras en la Corte Suprema sigue tramitándose el cuaderno de remoción contra la ministra Ángela Vivanco, en el Congreso está claro que habrá acusaciones constitucionales contra al menos tres jueces, aunque aún faltan por definirse dos asuntos que buscan que estas persecuciones interfieran lo menos posible con el trabajo parlamentario: que no haya más de una AC contra el mismo magistrado, es decir, se apoye transversalmente alguna; y que todas se unifiquen en un mismo texto, para que de esa manera haya una sola comisión y una sola sesión dedicada al asunto. PUBLICIDAD La jefa de bancada de diputados de RN, Ximena Ossandón, explicó ayer que la AC contra la ministra Vivanco no busca ese camino de unidad, pues ya la tienen redactada y tienen planificado presentarla hoy mismo. “Para que se dé cuenta en la sala en la sesión de la tarde y empiece a correr el proceso. Esto no debería durar más de un mes, incluso debería ser menos. Tiene dos capítulos, uno con las actuaciones que ella tuvo en causas que conoció y falló como jueza, y el otro dice relación en cómo intervino en diferentes nombramientos”, detalló. Desde el mismo partido, Camila Flores sí manifestó un plan para unificar las acusaciones constitucionales, para aprovechar de mejor manera el tiempo en el Congreso, pues indicó que presentarán una contra Vivanco, Jean-Pierre Matus y Sergio Muñoz. Su par Daniel Manouchehri (PS) indicó que esta semana presentarán la AC contra Vivanco. “La ministra habría manipulado la justicia para favorecer poderosos intereses, haciendo parte de la red de Hermosilla. La pregunta de fondo es si Vivanco recibía algo a cambio de estas actuaciones irregulares. ¿Habrá cohecho? La Fiscalía debe investigar a fondo”. En tanto, el diputado Eric Aedo (DC) entregó detalles sobre la AC que presentará hoy contra Matus, a quien se acusará de falta de probidad: será por mentirle al país, “no una, sino varias veces”; no declarar inhabilidades, “omitiendo su vínculo con Hermosilla y con el exministro Andrés Chadwick”, y perder la imparcialidad, cuestionada por el uso de expresiones como “ni perdón ni olvido” en los chats. En la Corte Suprema, en tanto, corre el plazo para que Vivanco presente sus descargos por la carpeta de remoción, que ahora se amplió hasta el 17 de octubre. Antes, el miércoles 9, en tanto, recién regresará de días libres el ministro Sergio Muñoz, pero quien regresará este miércoles es la jueza María Soledad Melo, quien aparece en los chats, pues le habría enviado su curriculum, en 2022, al abogado Hermosilla.
