En los próximos días debiera comenzar en la comisión del Trabajo y Seguridad Social de la Cámara de Diputadas y Diputados, la discusión del proyecto de ley que busca términar con el tope de años de servicios que se paga a los trabajadores luego de ser despedidos por necesidades de la empresa. El diputado del Frente Amplio, Diego Ibáñez, aseguró que hace unas semanas ingresó un proyecto de ley para eliminar el tope de 11 años de indemnización por años de servicio, el que se suma a otros “cuatro proyectos anteriores que desde 2012 están durmiendo en el Congreso“, sostuvo. El presidente de la comisión del Trabajo y Seguridad Social añadió que puso “en tabla este debate, he mandatado a que se pueda discutir y votar, aproximadamente, dentro del plazo de un mes”. Ibáñez agregó que el objetivo del proyecto es que “se cumpla con el principio del Código del Trabajo del año 31′, que era año trabajado, año pagado. Durante la dictadura, este derecho se recortó a cinco años y luego en democracia se extendió a once. Pero no hay una razón técnica o jurídica de peso para mantener ese tope. Lo justo es que se pague lo que se ha trabajado”. El parlamentario aseguró que “no hay razón para establecer mayor o menor cantidad de tiempo, sino que el principio del derecho laboral es que se pague el año que se ha trabajadoy eso es lo que estamos impulsando. Esperemos que se haga este debate para que exista consenso y podamos llegar a un acuerdo para que esto avance”. El también diputado el Frente Amplio, Andrés Giordano, por su parte, sostuvo que la ley actual “es una barrera injusta y muy arbitraria. ¿Por qué son 11 años? No hay ningún dato serio para establecer ese tope. Además, el legislador afirmó que la normativa instala “una barrera que penaliza precisamente a quienes más han aportado: los trabajadores con trayectorias laborales largas. Lo que proponemos es simple y es justo, que cada año trabajado cuente”. Fuente: Publimetro
El proyecto de ley que tiene 23 artículos permanentes y una disposición transitoria relativa a las reglas para el uso de la fuerza de militares y las fuerzas de orden y seguridad pública, quedó en condiciones de ser votado por la sala del Senado. La iniciativa legal que se encuentra en segundo trámite legislativo, establece normas generales sobre el uso de la fuerza del personal de Carabineros, la Policía de Investigaciones y las Fuerzas Armadas, las cuales fueron analizadas en particular por las comisiones unidas de Defensa Nacional y de Seguridad Pública, despachando el proyecto a la sala del Senado. En el detalle, se busca “normar el uso de la fuerza del personal de orden y seguridad pública en el cumplimiento de sus funciones y también el ejercido por las Fuerzas Armadas en el resguardo del orden público, en la protección de sus recintos militares o en la seguridad pública interior”, afirmaron desde el Senado. Los senadores de las comisiones, en tanto, coincidieron “en la necesidad de elevar a rango legal las reglas de uso de la fuerza que hoy se encuentran contenidas en cuerpos normativos de categoría inferior”, se indicó en un comunicado. Asimismo, estiman “que al recoger en la ley las reglas de uso de la fuerza hará posible que los tribunales las consideren en los casos que conozcan, pues hoy al estar en rango infralegal, no siempre son tenidas en cuenta. Los parlamentarios constataron que los grados de resistencia o agresión se corresponden con las etapas de uso de la fuerza sin que se trate de una escala lineal o ascendente. Fuente: Publimetro
A raíz de la solicitud del concejal Leonardo Prat en el último Concejo Municipal de Las Condes, durante este martes 25 de marzo, los diputados Tomás Hirsch y Ana María Gazmuri, de Acción Humanista, presentaron una iniciativa de ley que busca prohibir el uso del nombre del dictador Augusto Pinochet en exaltaciones y homenajes, esto quiere decir en calles, plazas o monumentos públicos. Este proyecto, que solamente cuenta con un artículo, señala: “prohíbase en todo el territorio nacional el uso del nombre completo o una parte de este del Dictador Augusto Pinochet Ugarte para avenidas, calles, pasajes, plazas, plazuelas o cualquier tipo de equipamiento público, como también para nombrar edificaciones públicas y monumentos públicos. “Cualquier acto de la administración, ya sea a nivel central, regional o municipal, que exalte o rinda homenaje a la figura del Dictador Augusto Pinochet Ugarte será nula de pleno derecho“, cierran el texto. Bajo este contexto, una de las impulsoras, la parlamentaria Gazmuri argumentó que presentaron “este proyecto de ley para evitar cualquier tipo de homenaje al dictador Pinochet. Es impresentable que homenajeamos a uno de nuestros peores delincuentes“. “Nos ponemos así en línea con países como Alemania y Austria ,que prohíben nombrar calles o lugares públicos con nombres de criminales de lesa humanidad especialmente aquellos relacionados con el nazismo y el Holocausto. Actos de ese tipo son impensables para cualquier país que se defina como civilizado, agregó la legisladora. En la otra vereda ,el congresista Hirsch manifestó que es “inaceptable que plazas parques y monumentos lleven el nombre del dictador y asesino Augusto Pinochet”. “A los violadores DD.HH no se les hacen homenajes se los repudia y condena“, dijo en redes sociales. Ponerle su nombre algún espacio público evidentemente es revictimizar quienes sufrieron las diversas violaciones Derechos Humanos miles detenidos desaparecidos ejecutados políticos exiliados torturados exonerados políticos”, cerró Tomás. Fuente: Publimetro
En los próximos días debiera comenzar en la comisión del Trabajo y Seguridad Social de la Cámara de Diputadas y Diputados, la discusión del proyecto de ley que busca términar con el tope de años de servicios que se paga a los trabajadores luego de ser despedidos por necesidades de la empresa. El diputado del Frente Amplio, Diego Ibáñez, aseguró que hace unas semanas ingresó un proyecto de ley para eliminar el tope de 11 años de indemnización por años de servicio, el que se suma a otros “cuatro proyectos anteriores que desde 2012 están durmiendo en el Congreso“, sostuvo. El presidente de la comisión del Trabajo y Seguridad Social añadió que puso “en tabla este debate, he mandatado a que se pueda discutir y votar, aproximadamente, dentro del plazo de un mes”. Ibáñez agregó que el objetivo del proyecto es que “se cumpla con el principio del Código del Trabajo del año 31′, que era año trabajado, año pagado. Durante la dictadura, este derecho se recortó a cinco años y luego en democracia se extendió a once. Pero no hay una razón técnica o jurídica de peso para mantener ese tope. Lo justo es que se pague lo que se ha trabajado”. El parlamentario aseguró que “no hay razón para establecer mayor o menor cantidad de tiempo, sino que el principio del derecho laboral es que se pague el año que se ha trabajadoy eso es lo que estamos impulsando. Esperemos que se haga este debate para que exista consenso y podamos llegar a un acuerdo para que esto avance”. El también diputado el Frente Amplio, Andrés Giordano, por su parte, sostuvo que la ley actual “es una barrera injusta y muy arbitraria. ¿Por qué son 11 años? No hay ningún dato serio para establecer ese tope. Además, el legislador afirmó que la normativa instala “una barrera que penaliza precisamente a quienes más han aportado: los trabajadores con trayectorias laborales largas. Lo que proponemos es simple y es justo, que cada año trabajado cuente”. Fuente: Publimetro
El proyecto de ley que tiene 23 artículos permanentes y una disposición transitoria relativa a las reglas para el uso de la fuerza de militares y las fuerzas de orden y seguridad pública, quedó en condiciones de ser votado por la sala del Senado. La iniciativa legal que se encuentra en segundo trámite legislativo, establece normas generales sobre el uso de la fuerza del personal de Carabineros, la Policía de Investigaciones y las Fuerzas Armadas, las cuales fueron analizadas en particular por las comisiones unidas de Defensa Nacional y de Seguridad Pública, despachando el proyecto a la sala del Senado. En el detalle, se busca “normar el uso de la fuerza del personal de orden y seguridad pública en el cumplimiento de sus funciones y también el ejercido por las Fuerzas Armadas en el resguardo del orden público, en la protección de sus recintos militares o en la seguridad pública interior”, afirmaron desde el Senado. Los senadores de las comisiones, en tanto, coincidieron “en la necesidad de elevar a rango legal las reglas de uso de la fuerza que hoy se encuentran contenidas en cuerpos normativos de categoría inferior”, se indicó en un comunicado. Asimismo, estiman “que al recoger en la ley las reglas de uso de la fuerza hará posible que los tribunales las consideren en los casos que conozcan, pues hoy al estar en rango infralegal, no siempre son tenidas en cuenta. Los parlamentarios constataron que los grados de resistencia o agresión se corresponden con las etapas de uso de la fuerza sin que se trate de una escala lineal o ascendente. Fuente: Publimetro
A raíz de la solicitud del concejal Leonardo Prat en el último Concejo Municipal de Las Condes, durante este martes 25 de marzo, los diputados Tomás Hirsch y Ana María Gazmuri, de Acción Humanista, presentaron una iniciativa de ley que busca prohibir el uso del nombre del dictador Augusto Pinochet en exaltaciones y homenajes, esto quiere decir en calles, plazas o monumentos públicos. Este proyecto, que solamente cuenta con un artículo, señala: “prohíbase en todo el territorio nacional el uso del nombre completo o una parte de este del Dictador Augusto Pinochet Ugarte para avenidas, calles, pasajes, plazas, plazuelas o cualquier tipo de equipamiento público, como también para nombrar edificaciones públicas y monumentos públicos. “Cualquier acto de la administración, ya sea a nivel central, regional o municipal, que exalte o rinda homenaje a la figura del Dictador Augusto Pinochet Ugarte será nula de pleno derecho“, cierran el texto. Bajo este contexto, una de las impulsoras, la parlamentaria Gazmuri argumentó que presentaron “este proyecto de ley para evitar cualquier tipo de homenaje al dictador Pinochet. Es impresentable que homenajeamos a uno de nuestros peores delincuentes“. “Nos ponemos así en línea con países como Alemania y Austria ,que prohíben nombrar calles o lugares públicos con nombres de criminales de lesa humanidad especialmente aquellos relacionados con el nazismo y el Holocausto. Actos de ese tipo son impensables para cualquier país que se defina como civilizado, agregó la legisladora. En la otra vereda ,el congresista Hirsch manifestó que es “inaceptable que plazas parques y monumentos lleven el nombre del dictador y asesino Augusto Pinochet”. “A los violadores DD.HH no se les hacen homenajes se los repudia y condena“, dijo en redes sociales. Ponerle su nombre algún espacio público evidentemente es revictimizar quienes sufrieron las diversas violaciones Derechos Humanos miles detenidos desaparecidos ejecutados políticos exiliados torturados exonerados políticos”, cerró Tomás. Fuente: Publimetro
