Una nueva iniciativa legal ha surgido a raíz de un informe elaborado por la Contraloría General de la República, que reveló que 25,078 funcionarios públicos viajaron al extranjero mientras estaban con licencia médica entre 2023 y 2024. El proyecto busca aplicar sanciones a los trabajadores que hagan un mal uso del instrumento legal, modificando el estatuto administrativo y las normas que rigen a los funcionarios municipales, incorporando como causal directa de destitución el uso fraudulento de licencias médicas. Asimismo, la iniciativa busca abordar el ausentismo laboral en el sector público, proponiendo establecer el término salud incompatible con el cargo, para poder aplicarlo cuando los funcionarios se mantengan sin realizar labores durante meses o años debido a licencias médicas. El proyecto fue presentado por los senadores Sergio Gahona (UDI), Iván Moreira (UDI), Gustavo Sanhueza (UDI), Rojo Edwards y Felipe Kast (Evópoli). En medio de la discusión sobre este tema, el gobierno promulgó el pasado 24 de mayo de 2025 un proyecto que fortalece las facultades de los organismos reguladores y fiscalizadores, estableciendo sanciones administrativas y penales por la emisión de licencias médicas. La propuesta, iniciada en mensaje, tuvo como objetivo aumentar las multas y períodos de suspensión para médicos cirujanos, cirujanos dentistas y matronas que emiten licencias médicas de manera sistemática y beneficiando a personas no enfermas. Además, la nueva ley establece como requisito para emitir licencias que el médico haya aprobado el Examen Único Nacional de Conocimientos de Medicina (Eunacom), lo cual será exigible después de un año de publicada la ley, es decir, en mayo de 2026. La Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez (Compin), dependiente del Ministerio de Salud, informó sobre los resultados del Plan de Fiscalización de Grandes Emisores de Licencias Médicas. Según ellos, 1470 médicos emitieron 30,870 documentos mientras estaban con reposo legal, incumpliendo su propia indicación de salud. También se mencionó que el número de profesionales clasificados como 'grandes emisores' (con más de 1600 licencias emitidas en un año) disminuyó de 659 en 2022 a 309 en 2024. Como resultado, el gasto en licencias médicas asociado a estos emisores se redujo del 20% al 9.1% del gasto total. Fuente: Publimetro
En octubre del año pasado, el gobierno ingresó a la Cámara de Diputados el proyecto que busca eliminar las preexistencias en el sistema de isapres, cumpliendo así con uno de los compromisos asumidos durante la tramitación de la ley corta para avanzar en la reforma de salud. Sin embargo, el debate se entrampó rápidamente: las dos propuestas que apuntaban a compensar los riesgos entre aseguradoras —clave para viabilizar este cambio— fueron rechazadas en la Comisión de Salud. Con eso, el proyecto sigue avanzando, pero con un flanco abierto. En concreto, el proyecto establece que las aseguradoras deberán ofrecer un plan común de salud, sin diferencias de precio por edad, sexo o condiciones preexistentes. Estas últimas, definidas por las autoridades como cualquier enfermedad, patología o condición de salud conocida por el afiliado y diagnosticada médicamente antes de firmar el contrato, dejarían de ser motivo para negar cobertura o restringir el acceso. Pero la eliminación de este tipo de barreras requiere necesariamente un mecanismo que permita equilibrar el riesgo entre aseguradoras. Por eso, tanto el Gobierno como los mismos parlamentarios presentaron propuestas en esa línea. En el caso del Ejecutivo, la propuesta contemplaba que cada isapre estuviera obligada a contratar un reaseguro. ¿Qué significa esto? Que, para evitar la selección de afiliados según su nivel de riesgo, el proyecto establecía que las aseguradoras debían contar con una póliza que las protegiera ante un mayor gasto en prestaciones, producto de recibir personas con enfermedades o condiciones más complejas. Este reaseguro sería definido por la Superintendencia de Salud cada cinco años.
El Gobierno anunció el ingreso de un proyecto de ley con el cual buscan estimular el mercado inmobiliario mediante un subsidio a la tasa de los créditos para la compra de viviendas y cobertura de las mismas. Con ello, se busca bajar el valor final que las familias pagan por concepto de dividendo, junto con bajar el stock de viviendas sin comercializar y que afectan al sector de la construcción. La iniciativa fue comunicada hoy por el ministro de Hacienda, Mario Marcel, y la ministra (s) de Vivienda y Urbanismo, Gabriela Elgueta. Ambos contaban con la presencia del presidente de la Cámara Chilena de la Construcción (CChC), Alfredo Echavarría, y de la Asociación de Bancos e Instituciones Financieras (Abif), José Manuel Mena. Suben las tasas de los créditos hipotecarios y retoman niveles de noviembre 2024 Según información del Gobierno, el proyecto propone establecer un subsidio a la tasa interés créditos hipotecarios para nuevas viviendas hasta 4 mil UF (más $150 millones). Este sería hasta 60 puntos base (pb) en tasa. Fuente: BioBioChile
Acusando un creciente problema de los llamados spam que podrían derivar en estafas, el diputado Gonzalo Winter, junto a un grupo transversal de parlamentarios, presentó la denominada Ley +56. La iniciativa busca limitar el funcionamiento de call centers en el extranjero, fomentando que operen dentro del territorio nacional. “La masificación de esta industria ha traído consigo efectos indeseados que debemos enfrentar con urgencia. Este proyecto propone una regulación justa que proteja a los consumidores y, al mismo tiempo, fortalezca el empleo en Chile”, señaló al respecto Winter. El detalle de la Ley +56 En concreto, el proyecto establece que las empresas de call centers deberán operar dentro del país, prohibiendo subcontratar servicios que funcionen fuera del territorio chileno. Según se detalla, “queda prohibido subcontratar servicios que operen fuera del territorio de la República para contactar o ser contactados con terceros, ya sea por vía telefónica, medios telemáticos, tecnología digital u otros medios electrónicos, con fines de atención, información, soporte técnico, comercial o administrativo, venta o promoción de productos o servicios, o recepción de reclamos”. La moción ya cuenta con el respaldo de los diputados Boris Barrera (PC), Alejandro Bernales (PL), Carlos Bianchi (INDP), Andrés Giordano (FA), Daniel Manouchehri (PS), Carla Morales (RN), Javiera Morales (FA), Rubén Oyarzo (INDP) y Víctor Pino (Demócratas). Fuente: BioBioChile
Una nueva iniciativa legal ha surgido a raíz de un informe elaborado por la Contraloría General de la República, que reveló que 25,078 funcionarios públicos viajaron al extranjero mientras estaban con licencia médica entre 2023 y 2024. El proyecto busca aplicar sanciones a los trabajadores que hagan un mal uso del instrumento legal, modificando el estatuto administrativo y las normas que rigen a los funcionarios municipales, incorporando como causal directa de destitución el uso fraudulento de licencias médicas. Asimismo, la iniciativa busca abordar el ausentismo laboral en el sector público, proponiendo establecer el término salud incompatible con el cargo, para poder aplicarlo cuando los funcionarios se mantengan sin realizar labores durante meses o años debido a licencias médicas. El proyecto fue presentado por los senadores Sergio Gahona (UDI), Iván Moreira (UDI), Gustavo Sanhueza (UDI), Rojo Edwards y Felipe Kast (Evópoli). En medio de la discusión sobre este tema, el gobierno promulgó el pasado 24 de mayo de 2025 un proyecto que fortalece las facultades de los organismos reguladores y fiscalizadores, estableciendo sanciones administrativas y penales por la emisión de licencias médicas. La propuesta, iniciada en mensaje, tuvo como objetivo aumentar las multas y períodos de suspensión para médicos cirujanos, cirujanos dentistas y matronas que emiten licencias médicas de manera sistemática y beneficiando a personas no enfermas. Además, la nueva ley establece como requisito para emitir licencias que el médico haya aprobado el Examen Único Nacional de Conocimientos de Medicina (Eunacom), lo cual será exigible después de un año de publicada la ley, es decir, en mayo de 2026. La Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez (Compin), dependiente del Ministerio de Salud, informó sobre los resultados del Plan de Fiscalización de Grandes Emisores de Licencias Médicas. Según ellos, 1470 médicos emitieron 30,870 documentos mientras estaban con reposo legal, incumpliendo su propia indicación de salud. También se mencionó que el número de profesionales clasificados como 'grandes emisores' (con más de 1600 licencias emitidas en un año) disminuyó de 659 en 2022 a 309 en 2024. Como resultado, el gasto en licencias médicas asociado a estos emisores se redujo del 20% al 9.1% del gasto total. Fuente: Publimetro
En octubre del año pasado, el gobierno ingresó a la Cámara de Diputados el proyecto que busca eliminar las preexistencias en el sistema de isapres, cumpliendo así con uno de los compromisos asumidos durante la tramitación de la ley corta para avanzar en la reforma de salud. Sin embargo, el debate se entrampó rápidamente: las dos propuestas que apuntaban a compensar los riesgos entre aseguradoras —clave para viabilizar este cambio— fueron rechazadas en la Comisión de Salud. Con eso, el proyecto sigue avanzando, pero con un flanco abierto. En concreto, el proyecto establece que las aseguradoras deberán ofrecer un plan común de salud, sin diferencias de precio por edad, sexo o condiciones preexistentes. Estas últimas, definidas por las autoridades como cualquier enfermedad, patología o condición de salud conocida por el afiliado y diagnosticada médicamente antes de firmar el contrato, dejarían de ser motivo para negar cobertura o restringir el acceso. Pero la eliminación de este tipo de barreras requiere necesariamente un mecanismo que permita equilibrar el riesgo entre aseguradoras. Por eso, tanto el Gobierno como los mismos parlamentarios presentaron propuestas en esa línea. En el caso del Ejecutivo, la propuesta contemplaba que cada isapre estuviera obligada a contratar un reaseguro. ¿Qué significa esto? Que, para evitar la selección de afiliados según su nivel de riesgo, el proyecto establecía que las aseguradoras debían contar con una póliza que las protegiera ante un mayor gasto en prestaciones, producto de recibir personas con enfermedades o condiciones más complejas. Este reaseguro sería definido por la Superintendencia de Salud cada cinco años.
El Gobierno anunció el ingreso de un proyecto de ley con el cual buscan estimular el mercado inmobiliario mediante un subsidio a la tasa de los créditos para la compra de viviendas y cobertura de las mismas. Con ello, se busca bajar el valor final que las familias pagan por concepto de dividendo, junto con bajar el stock de viviendas sin comercializar y que afectan al sector de la construcción. La iniciativa fue comunicada hoy por el ministro de Hacienda, Mario Marcel, y la ministra (s) de Vivienda y Urbanismo, Gabriela Elgueta. Ambos contaban con la presencia del presidente de la Cámara Chilena de la Construcción (CChC), Alfredo Echavarría, y de la Asociación de Bancos e Instituciones Financieras (Abif), José Manuel Mena. Suben las tasas de los créditos hipotecarios y retoman niveles de noviembre 2024 Según información del Gobierno, el proyecto propone establecer un subsidio a la tasa interés créditos hipotecarios para nuevas viviendas hasta 4 mil UF (más $150 millones). Este sería hasta 60 puntos base (pb) en tasa. Fuente: BioBioChile
Acusando un creciente problema de los llamados spam que podrían derivar en estafas, el diputado Gonzalo Winter, junto a un grupo transversal de parlamentarios, presentó la denominada Ley +56. La iniciativa busca limitar el funcionamiento de call centers en el extranjero, fomentando que operen dentro del territorio nacional. “La masificación de esta industria ha traído consigo efectos indeseados que debemos enfrentar con urgencia. Este proyecto propone una regulación justa que proteja a los consumidores y, al mismo tiempo, fortalezca el empleo en Chile”, señaló al respecto Winter. El detalle de la Ley +56 En concreto, el proyecto establece que las empresas de call centers deberán operar dentro del país, prohibiendo subcontratar servicios que funcionen fuera del territorio chileno. Según se detalla, “queda prohibido subcontratar servicios que operen fuera del territorio de la República para contactar o ser contactados con terceros, ya sea por vía telefónica, medios telemáticos, tecnología digital u otros medios electrónicos, con fines de atención, información, soporte técnico, comercial o administrativo, venta o promoción de productos o servicios, o recepción de reclamos”. La moción ya cuenta con el respaldo de los diputados Boris Barrera (PC), Alejandro Bernales (PL), Carlos Bianchi (INDP), Andrés Giordano (FA), Daniel Manouchehri (PS), Carla Morales (RN), Javiera Morales (FA), Rubén Oyarzo (INDP) y Víctor Pino (Demócratas). Fuente: BioBioChile
