Una nueva iniciativa legal ha surgido a raíz de un informe elaborado por la Contraloría General de la República, que reveló que 25,078 funcionarios públicos viajaron al extranjero mientras estaban con licencia médica entre 2023 y 2024. El proyecto busca aplicar sanciones a los trabajadores que hagan un mal uso del instrumento legal, modificando el estatuto administrativo y las normas que rigen a los funcionarios municipales, incorporando como causal directa de destitución el uso fraudulento de licencias médicas. Asimismo, la iniciativa busca abordar el ausentismo laboral en el sector público, proponiendo establecer el término salud incompatible con el cargo, para poder aplicarlo cuando los funcionarios se mantengan sin realizar labores durante meses o años debido a licencias médicas. El proyecto fue presentado por los senadores Sergio Gahona (UDI), Iván Moreira (UDI), Gustavo Sanhueza (UDI), Rojo Edwards y Felipe Kast (Evópoli). En medio de la discusión sobre este tema, el gobierno promulgó el pasado 24 de mayo de 2025 un proyecto que fortalece las facultades de los organismos reguladores y fiscalizadores, estableciendo sanciones administrativas y penales por la emisión de licencias médicas. La propuesta, iniciada en mensaje, tuvo como objetivo aumentar las multas y períodos de suspensión para médicos cirujanos, cirujanos dentistas y matronas que emiten licencias médicas de manera sistemática y beneficiando a personas no enfermas. Además, la nueva ley establece como requisito para emitir licencias que el médico haya aprobado el Examen Único Nacional de Conocimientos de Medicina (Eunacom), lo cual será exigible después de un año de publicada la ley, es decir, en mayo de 2026. La Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez (Compin), dependiente del Ministerio de Salud, informó sobre los resultados del Plan de Fiscalización de Grandes Emisores de Licencias Médicas. Según ellos, 1470 médicos emitieron 30,870 documentos mientras estaban con reposo legal, incumpliendo su propia indicación de salud. También se mencionó que el número de profesionales clasificados como 'grandes emisores' (con más de 1600 licencias emitidas en un año) disminuyó de 659 en 2022 a 309 en 2024. Como resultado, el gasto en licencias médicas asociado a estos emisores se redujo del 20% al 9.1% del gasto total. Fuente: Publimetro
En octubre del año pasado, el gobierno ingresó a la Cámara de Diputados el proyecto que busca eliminar las preexistencias en el sistema de isapres, cumpliendo así con uno de los compromisos asumidos durante la tramitación de la ley corta para avanzar en la reforma de salud. Sin embargo, el debate se entrampó rápidamente: las dos propuestas que apuntaban a compensar los riesgos entre aseguradoras —clave para viabilizar este cambio— fueron rechazadas en la Comisión de Salud. Con eso, el proyecto sigue avanzando, pero con un flanco abierto. En concreto, el proyecto establece que las aseguradoras deberán ofrecer un plan común de salud, sin diferencias de precio por edad, sexo o condiciones preexistentes. Estas últimas, definidas por las autoridades como cualquier enfermedad, patología o condición de salud conocida por el afiliado y diagnosticada médicamente antes de firmar el contrato, dejarían de ser motivo para negar cobertura o restringir el acceso. Pero la eliminación de este tipo de barreras requiere necesariamente un mecanismo que permita equilibrar el riesgo entre aseguradoras. Por eso, tanto el Gobierno como los mismos parlamentarios presentaron propuestas en esa línea. En el caso del Ejecutivo, la propuesta contemplaba que cada isapre estuviera obligada a contratar un reaseguro. ¿Qué significa esto? Que, para evitar la selección de afiliados según su nivel de riesgo, el proyecto establecía que las aseguradoras debían contar con una póliza que las protegiera ante un mayor gasto en prestaciones, producto de recibir personas con enfermedades o condiciones más complejas. Este reaseguro sería definido por la Superintendencia de Salud cada cinco años.
Una nueva iniciativa legal ha surgido a raíz de un informe elaborado por la Contraloría General de la República, que reveló que 25,078 funcionarios públicos viajaron al extranjero mientras estaban con licencia médica entre 2023 y 2024. El proyecto busca aplicar sanciones a los trabajadores que hagan un mal uso del instrumento legal, modificando el estatuto administrativo y las normas que rigen a los funcionarios municipales, incorporando como causal directa de destitución el uso fraudulento de licencias médicas. Asimismo, la iniciativa busca abordar el ausentismo laboral en el sector público, proponiendo establecer el término salud incompatible con el cargo, para poder aplicarlo cuando los funcionarios se mantengan sin realizar labores durante meses o años debido a licencias médicas. El proyecto fue presentado por los senadores Sergio Gahona (UDI), Iván Moreira (UDI), Gustavo Sanhueza (UDI), Rojo Edwards y Felipe Kast (Evópoli). En medio de la discusión sobre este tema, el gobierno promulgó el pasado 24 de mayo de 2025 un proyecto que fortalece las facultades de los organismos reguladores y fiscalizadores, estableciendo sanciones administrativas y penales por la emisión de licencias médicas. La propuesta, iniciada en mensaje, tuvo como objetivo aumentar las multas y períodos de suspensión para médicos cirujanos, cirujanos dentistas y matronas que emiten licencias médicas de manera sistemática y beneficiando a personas no enfermas. Además, la nueva ley establece como requisito para emitir licencias que el médico haya aprobado el Examen Único Nacional de Conocimientos de Medicina (Eunacom), lo cual será exigible después de un año de publicada la ley, es decir, en mayo de 2026. La Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez (Compin), dependiente del Ministerio de Salud, informó sobre los resultados del Plan de Fiscalización de Grandes Emisores de Licencias Médicas. Según ellos, 1470 médicos emitieron 30,870 documentos mientras estaban con reposo legal, incumpliendo su propia indicación de salud. También se mencionó que el número de profesionales clasificados como 'grandes emisores' (con más de 1600 licencias emitidas en un año) disminuyó de 659 en 2022 a 309 en 2024. Como resultado, el gasto en licencias médicas asociado a estos emisores se redujo del 20% al 9.1% del gasto total. Fuente: Publimetro
En octubre del año pasado, el gobierno ingresó a la Cámara de Diputados el proyecto que busca eliminar las preexistencias en el sistema de isapres, cumpliendo así con uno de los compromisos asumidos durante la tramitación de la ley corta para avanzar en la reforma de salud. Sin embargo, el debate se entrampó rápidamente: las dos propuestas que apuntaban a compensar los riesgos entre aseguradoras —clave para viabilizar este cambio— fueron rechazadas en la Comisión de Salud. Con eso, el proyecto sigue avanzando, pero con un flanco abierto. En concreto, el proyecto establece que las aseguradoras deberán ofrecer un plan común de salud, sin diferencias de precio por edad, sexo o condiciones preexistentes. Estas últimas, definidas por las autoridades como cualquier enfermedad, patología o condición de salud conocida por el afiliado y diagnosticada médicamente antes de firmar el contrato, dejarían de ser motivo para negar cobertura o restringir el acceso. Pero la eliminación de este tipo de barreras requiere necesariamente un mecanismo que permita equilibrar el riesgo entre aseguradoras. Por eso, tanto el Gobierno como los mismos parlamentarios presentaron propuestas en esa línea. En el caso del Ejecutivo, la propuesta contemplaba que cada isapre estuviera obligada a contratar un reaseguro. ¿Qué significa esto? Que, para evitar la selección de afiliados según su nivel de riesgo, el proyecto establecía que las aseguradoras debían contar con una póliza que las protegiera ante un mayor gasto en prestaciones, producto de recibir personas con enfermedades o condiciones más complejas. Este reaseguro sería definido por la Superintendencia de Salud cada cinco años.
