Una disputa por el control de Aguas del Desierto, sociedad vinculada a proyectos sanitarios y de desalinización en la Región de Antofagasta, ha llegado a sede penal luego de que el Cuarto Juzgado de Garantía de Santiago declarara admisible una querella presentada por su fundador, Gustavo Contreras Romo, contra Cecil Chellew Cáceres y Patricio Mosso Pinto. La acción judicial cuestiona una serie de préstamos, cesiones de créditos y aumentos de capital que, según la parte querellante, habrían provocado una drástica disminución de la participación de Contreras en la compañía. De acuerdo con los antecedentes incluidos en la querella, el empresario comenzó en 2016 con el 100% de Aguas del Desierto y, tras el ingreso de nuevos inversionistas, se contempló inicialmente una estructura de propiedad de 60% para estos y 40% para el fundador. Posteriormente, Contreras quedó con un 14,2857% de la compañía. Sin embargo, después de una operación realizada en 2025, su participación habría descendido hasta apenas 0,043245%, mientras las sociedades Truro y Llonquén habrían pasado a controlar conjuntamente el 99,952431%. “Gustavo Contreras comenzó con el 100% de Aguas del Desierto. Nuestra querella busca esclarecer cómo terminó con apenas un 0,043245% y quiénes se beneficiaron de esa pérdida de participación”, señalan los abogados de Contreras, Patricio Silva-Riesco y Pablo Araya. Uno de los principales focos de la acción corresponde a un aumento de capital aprobado el 29 de septiembre de 2025, que contempló la emisión de 230.543 nuevas acciones, a un valor de $145.857 cada una. De acuerdo con la presentación judicial, estas acciones podían ser pagadas mediante la capitalización y cesión de créditos contra Aguas del Desierto y CRAMSA. Contreras, a través de su representante, votó en contra de la operación. La querella sostiene que no habría contado oportunamente con todos los antecedentes necesarios para determinar el origen, vigencia y valor de las acreencias utilizadas. La acción plantea eventuales acuerdos abusivos y la entrega de información falsa sobre aspectos relevantes de la sociedad. Estas imputaciones deberán ser acreditadas durante la investigación penal. La disputa adquiere especial relevancia debido a la magnitud de los proyectos relacionados con las sociedades involucradas. Según los antecedentes expuestos en la acción, Aguas Marítimas contempla una inversión de US$5.000 millones y una capacidad de producción diaria que supera los 700 mil metros cúbicos. En conjunto, las inversiones proyectadas para las iniciativas sanitarias y desalinización vinculadas al caso superarían los US$7.000 millones. Sin embargo, es importante destacar que esta cifra corresponde a inversiones proyectadas y no a una valorización específica para Aguas del Desierto. Por ello, uno de los aspectos clave que se busca es someter a peritaje el valor real considerando diversos factores como permisos, inversiones, financiamiento, flujos esperados y riesgos asociados a los proyectos. Otro punto relevante es examinar detenidamente el tratamiento dado a los créditos involucrados en las distintas operaciones. La parte querellante plantea que se debe seguir el rastro completo desde el desembolso original hasta su eventual cesión o capitalización para determinar posibles duplicidades o efectos tributarios inapropiados. “Buscamos establecer si una misma acreencia fue utilizada más de una vez para obtener acciones o producir efectos tributarios improcedentes”, sostienen los abogados. Incluso se recalca en el documento queestas situaciones no están acreditadas, por lo que será necesario investigar minuciosamente para determinar cualquier irregularidad. Otro aspecto clave que se busca esclarecer es si la valorización asociada a las concesiones y permisos tuvo algún impacto en las operaciones que modificaron el control societario. Según los antecedentes presentados, se menciona una concesión sanitaria completada en junio del 2025 junto con una concesión marítima en marzo del 2026 y posteriormente una aprobación ambiental. Además, se destaca que el Comité Ministerial mantuvo su calificación favorable sobre los proyectos en agosto del 2026. “El caso plantea si las expectativas sobre la valorización fueron aprovechadas para capturar el control del proyecto mediante las operaciones denunciadas”, afirman Silva-Riesco y Araya. Ahora corresponderá a la investigación determinar si existieron irregularidades como se denuncia y establecer posibles responsabilidades derivadas. Fuente: Publimetro
Una disputa por el control de Aguas del Desierto, sociedad vinculada a proyectos sanitarios y de desalinización en la Región de Antofagasta, ha llegado a sede penal luego de que el Cuarto Juzgado de Garantía de Santiago declarara admisible una querella presentada por su fundador, Gustavo Contreras Romo, contra Cecil Chellew Cáceres y Patricio Mosso Pinto. La acción judicial cuestiona una serie de préstamos, cesiones de créditos y aumentos de capital que, según la parte querellante, habrían provocado una drástica disminución de la participación de Contreras en la compañía. De acuerdo con los antecedentes incluidos en la querella, el empresario comenzó en 2016 con el 100% de Aguas del Desierto y, tras el ingreso de nuevos inversionistas, se contempló inicialmente una estructura de propiedad de 60% para estos y 40% para el fundador. Posteriormente, Contreras quedó con un 14,2857% de la compañía. Sin embargo, después de una operación realizada en 2025, su participación habría descendido hasta apenas 0,043245%, mientras las sociedades Truro y Llonquén habrían pasado a controlar conjuntamente el 99,952431%. “Gustavo Contreras comenzó con el 100% de Aguas del Desierto. Nuestra querella busca esclarecer cómo terminó con apenas un 0,043245% y quiénes se beneficiaron de esa pérdida de participación”, señalan los abogados de Contreras, Patricio Silva-Riesco y Pablo Araya. Uno de los principales focos de la acción corresponde a un aumento de capital aprobado el 29 de septiembre de 2025, que contempló la emisión de 230.543 nuevas acciones, a un valor de $145.857 cada una. De acuerdo con la presentación judicial, estas acciones podían ser pagadas mediante la capitalización y cesión de créditos contra Aguas del Desierto y CRAMSA. Contreras, a través de su representante, votó en contra de la operación. La querella sostiene que no habría contado oportunamente con todos los antecedentes necesarios para determinar el origen, vigencia y valor de las acreencias utilizadas. La acción plantea eventuales acuerdos abusivos y la entrega de información falsa sobre aspectos relevantes de la sociedad. Estas imputaciones deberán ser acreditadas durante la investigación penal. La disputa adquiere especial relevancia debido a la magnitud de los proyectos relacionados con las sociedades involucradas. Según los antecedentes expuestos en la acción, Aguas Marítimas contempla una inversión de US$5.000 millones y una capacidad de producción diaria que supera los 700 mil metros cúbicos. En conjunto, las inversiones proyectadas para las iniciativas sanitarias y desalinización vinculadas al caso superarían los US$7.000 millones. Sin embargo, es importante destacar que esta cifra corresponde a inversiones proyectadas y no a una valorización específica para Aguas del Desierto. Por ello, uno de los aspectos clave que se busca es someter a peritaje el valor real considerando diversos factores como permisos, inversiones, financiamiento, flujos esperados y riesgos asociados a los proyectos. Otro punto relevante es examinar detenidamente el tratamiento dado a los créditos involucrados en las distintas operaciones. La parte querellante plantea que se debe seguir el rastro completo desde el desembolso original hasta su eventual cesión o capitalización para determinar posibles duplicidades o efectos tributarios inapropiados. “Buscamos establecer si una misma acreencia fue utilizada más de una vez para obtener acciones o producir efectos tributarios improcedentes”, sostienen los abogados. Incluso se recalca en el documento queestas situaciones no están acreditadas, por lo que será necesario investigar minuciosamente para determinar cualquier irregularidad. Otro aspecto clave que se busca esclarecer es si la valorización asociada a las concesiones y permisos tuvo algún impacto en las operaciones que modificaron el control societario. Según los antecedentes presentados, se menciona una concesión sanitaria completada en junio del 2025 junto con una concesión marítima en marzo del 2026 y posteriormente una aprobación ambiental. Además, se destaca que el Comité Ministerial mantuvo su calificación favorable sobre los proyectos en agosto del 2026. “El caso plantea si las expectativas sobre la valorización fueron aprovechadas para capturar el control del proyecto mediante las operaciones denunciadas”, afirman Silva-Riesco y Araya. Ahora corresponderá a la investigación determinar si existieron irregularidades como se denuncia y establecer posibles responsabilidades derivadas. Fuente: Publimetro
