Este verano trae consigo un alivio económico para los hogares chilenos. La Contraloría General de la República (CGR) ha aprobado el nuevo decreto tarifario del Ministerio de Energía, que oficializa una reducción en las cuentas de electricidad. Esta rebaja podría significar un ahorro mensual de hasta $6.000 para un hogar promedio. La medida, que entra en vigor de forma retroactiva desde el 1 de enero de 2026, no solo representa un ajuste en el mercado energético, sino que también incluye la devolución de montos cobrados en exceso a los ciudadanos chilenos debido a errores técnicos de la Comisión Nacional de Energía (CNE). Esta disminución en los precios responde a una serie de factores favorables para los consumidores en la zona centro y sur del país. Según Humberto Verdejo, académico de la USACH, se han juntado dos factores clave para este primer semestre de 2026. Sin embargo, el impacto no será uniforme en todo el territorio nacional, ya que mientras el norte grande experimentará un ligero aumento en las tarifas, la zona centro-sur se beneficiará con descuentos significativos. Para calcular la nueva tarifa estimada, se debe tomar el consumo en pesos del mes de diciembre y aplicar el porcentaje de variación correspondiente a cada ciudad. Un ejemplo ilustrativo es el caso de un hogar de cuatro personas en Valparaíso (cliente Edecsa), cuyo pago mensual pasará de $74.262 a $68.374, según estimaciones validadas. Es importante tener en cuenta que dado que el decreto fue aprobado a mediados de enero, es probable que muchas facturas ya hayan sido emitidas con los precios anteriores. No obstante, la normativa establece que las empresas eléctricas deben realizar el recálculo correspondiente. Aquellos consumidores que hayan pagado en exceso durante el mes de enero verán reflejada automáticamente la devolución o el saldo a favor en su factura correspondiente al mes de febrero de 2026. Fuente: Publimetro
El ministro de Energía, Álvaro García, reconoció públicamente que podrían existir nuevas fallas en los cálculos tarifarios, lo que incluye el riesgo de más cobros indebidos a los usuarios. La admisión llegó luego de que la Comisión Nacional de Energía (CNE) detectara inconsistencias casi generalizadas en la información entregada por empresas transmisoras entre 2020 y 2023. La CNE encargó al Coordinador Eléctrico Nacional un estudio de la base de datos utilizada para valorizar los activos del sistema. El análisis arrojó que los valores reportados por las compañías “se alejan de los datos estándar” y que “ prácticamente la totalidad” del material revisado no contiene respaldo suficiente. La fijación tarifaria depende directamente de cuánto invierten las empresas en infraestructura —torres, líneas, subestaciones—, ya que ese monto se recupera a través de la cuenta eléctrica que pagan los hogares. Si esos datos están mal, los precios finales también. En entrevista con Radio ADN, el titular de Energía fue claro: “Como es un proceso bien complicado, se cometen errores.” García recordó que en 2016 cambió la ley y se estableció una metodología nueva que exige una documentación detallada de inversiones. El problema: hay infraestructura construida hace más de 60 años que no siempre tiene respaldo documental disponible. El ministerio calificó como “profundamente preocupante” la deficiente información entregada por las compañías, señalando que esto resta transparencia y genera desconfianza en un proceso tan sensible como la fijación de tarifas eléctricas. García advirtió que las empresas se arriesgan a multas significativas si no entregan datos completos y verificables. Mañana habrá una reunión urgente entre el Ministerio de Energía y las empresas transmisoras para revisar el estado de la información requerida. Consultado por la posibilidad de nuevos sobrecobros o subcobros, el ministro no descartó nada. Recordó el caso reciente de Transelec, donde los errores de valorización resultaron favorables a la empresa, pero el neto será devuelto a los usuarios desde enero de 2026. El gobierno insiste en que sus prioridades son auditar, corregir y garantizar que las tarifas reflejen el costo real. Mientras tanto, la ciudadanía espera que se aclare cuánto se pagó de más y cómo se devolverán esos recursos. Fuente: Publimetro
Este verano trae consigo un alivio económico para los hogares chilenos. La Contraloría General de la República (CGR) ha aprobado el nuevo decreto tarifario del Ministerio de Energía, que oficializa una reducción en las cuentas de electricidad. Esta rebaja podría significar un ahorro mensual de hasta $6.000 para un hogar promedio. La medida, que entra en vigor de forma retroactiva desde el 1 de enero de 2026, no solo representa un ajuste en el mercado energético, sino que también incluye la devolución de montos cobrados en exceso a los ciudadanos chilenos debido a errores técnicos de la Comisión Nacional de Energía (CNE). Esta disminución en los precios responde a una serie de factores favorables para los consumidores en la zona centro y sur del país. Según Humberto Verdejo, académico de la USACH, se han juntado dos factores clave para este primer semestre de 2026. Sin embargo, el impacto no será uniforme en todo el territorio nacional, ya que mientras el norte grande experimentará un ligero aumento en las tarifas, la zona centro-sur se beneficiará con descuentos significativos. Para calcular la nueva tarifa estimada, se debe tomar el consumo en pesos del mes de diciembre y aplicar el porcentaje de variación correspondiente a cada ciudad. Un ejemplo ilustrativo es el caso de un hogar de cuatro personas en Valparaíso (cliente Edecsa), cuyo pago mensual pasará de $74.262 a $68.374, según estimaciones validadas. Es importante tener en cuenta que dado que el decreto fue aprobado a mediados de enero, es probable que muchas facturas ya hayan sido emitidas con los precios anteriores. No obstante, la normativa establece que las empresas eléctricas deben realizar el recálculo correspondiente. Aquellos consumidores que hayan pagado en exceso durante el mes de enero verán reflejada automáticamente la devolución o el saldo a favor en su factura correspondiente al mes de febrero de 2026. Fuente: Publimetro
El ministro de Energía, Álvaro García, reconoció públicamente que podrían existir nuevas fallas en los cálculos tarifarios, lo que incluye el riesgo de más cobros indebidos a los usuarios. La admisión llegó luego de que la Comisión Nacional de Energía (CNE) detectara inconsistencias casi generalizadas en la información entregada por empresas transmisoras entre 2020 y 2023. La CNE encargó al Coordinador Eléctrico Nacional un estudio de la base de datos utilizada para valorizar los activos del sistema. El análisis arrojó que los valores reportados por las compañías “se alejan de los datos estándar” y que “ prácticamente la totalidad” del material revisado no contiene respaldo suficiente. La fijación tarifaria depende directamente de cuánto invierten las empresas en infraestructura —torres, líneas, subestaciones—, ya que ese monto se recupera a través de la cuenta eléctrica que pagan los hogares. Si esos datos están mal, los precios finales también. En entrevista con Radio ADN, el titular de Energía fue claro: “Como es un proceso bien complicado, se cometen errores.” García recordó que en 2016 cambió la ley y se estableció una metodología nueva que exige una documentación detallada de inversiones. El problema: hay infraestructura construida hace más de 60 años que no siempre tiene respaldo documental disponible. El ministerio calificó como “profundamente preocupante” la deficiente información entregada por las compañías, señalando que esto resta transparencia y genera desconfianza en un proceso tan sensible como la fijación de tarifas eléctricas. García advirtió que las empresas se arriesgan a multas significativas si no entregan datos completos y verificables. Mañana habrá una reunión urgente entre el Ministerio de Energía y las empresas transmisoras para revisar el estado de la información requerida. Consultado por la posibilidad de nuevos sobrecobros o subcobros, el ministro no descartó nada. Recordó el caso reciente de Transelec, donde los errores de valorización resultaron favorables a la empresa, pero el neto será devuelto a los usuarios desde enero de 2026. El gobierno insiste en que sus prioridades son auditar, corregir y garantizar que las tarifas reflejen el costo real. Mientras tanto, la ciudadanía espera que se aclare cuánto se pagó de más y cómo se devolverán esos recursos. Fuente: Publimetro
