La Corte Suprema ratificó la ilegalidad de los pinchazos telefónicos a Josefina Huneeus en el marco de la investigación de la arista Procultura del caso Convenios. Tras la confirmación del fallo por parte de la Segunda Sala de la Corte de Apelaciones de Antofagasta, la Fiscalía Nacional se pronunció al respecto. El fiscal nacional, Ángel Valencia, destacó que de los cinco ministros presentes en la sala, tres eran ministros titulares y dos abogados integrantes, quienes por mayoría confirmaron la sentencia de la Corte de Apelaciones de Antofagasta. Sin embargo, hubo dos votos en minoría que respaldaron el planteamiento del Ministerio Público. Valencia también señaló que el fallo mayoritario reconoce que ciertos pasajes de la sentencia cuestionados previamente eran innecesarios en el contexto de la resolución final. Esta sentencia se refiere a una diligencia específica, pero el caso Convenio es mucho más amplio y complejo, al igual que el caso Procultura. En relación con el impacto del fallo en la investigación, el fiscal nacional afirmó que aunque esperábamos que la corte revocara esta sentencia, su decisión no afecta en absoluto el curso de las investigaciones. El viernes 17 de mayo, la Fiscalía Nacional anunció la remoción del fiscal Patricio Cooper de la arista Procultura y designó al fiscal regional de Antofagasta, Juan Castro Bekios, para liderar la investigación. Esta medida se tomó luego de declararse ilegal el pinchazo a Josefina Huneeus, exesposa de Alberto Larraín, implicado en el caso. En ese contexto, se explicó que estas decisiones se toman para proteger el interés público y los principios fundamentales que rigen la actuación del Ministerio Público. Nuestro compromiso es garantizar el estricto cumplimiento de la ley, asegurar procesos justos y mantener la confianza de la ciudadanía en el sistema judicial. Consultado sobre posibles sanciones contra el fiscal Cooper, el fiscal nacional indicó que solicitamos un informe al fiscal regional de Coquimbo y una vez recibido revisaremos si es necesario iniciar una investigación disciplinaria. Fuente: Publimetro
La Fiscalía Metropolitana Oriente está próxima a solicitar el desafuero del diputado de la Unión Demócrata Independiente (UDI), Joaquín Lavín León, quien está siendo investigado por fraude al fisco, tráfico de influencias y negociación incompatible, según informa Publimetro. Además, recientemente se ha presentado una querella en su contra por malversación de fondos públicos por parte del Consejo de Defensa del Estado (CDE). En relación a este caso, el fiscal nacional, Ángel Valencia, fue consultado en el Congreso Nacional y declaró: “hay una investigación que ya lleva larga data, si no me equivoco estaba vigente incluso antes de que yo llegara al Ministerio Público o se inicia en una fecha cercana. Dispusimos su agrupación para los efectos de darle un nuevo impulso. Esa investigación se encuentra a cargo de la Fiscalía Oriente, fue una decisión que tomé poco tiempo después de haber llegado a este cargo”. Valencia también señaló que “ya se presentó una querella por parte del Consejo de Defensa del Estado, se presentó un conjunto de diligencias y, según se me ha informado, ya los fiscales a cargo de esa causa están en condiciones de comenzar a tomar decisiones”. En cuanto a la solicitud de desafuero, el fiscal nacional afirmó que “son las decisiones que normalmente corresponden a un caso como este. Todas las personas tienen derecho a que la investigación se extienda por un plazo razonable. En consecuencia, no pueden extenderse más tiempo que el prudente”. La acción judicial también involucra a tres exasesores del diputado Joaquín Lavín: Arnaldo Domínguez, Juan Alberto Silva y Felipe Vásquez Diéguez, quienes son considerados parte del círculo cercano del parlamentario y estarían implicados en maniobras irregulares en la rendición de gastos. La querella presentada en el 7º Juzgado de Garantía de Santiago se centra en supuestos desvíos de fondos realizados por Lavín para financiar su campaña política y la de otros candidatos de la UDI. Entre los antecedentes revelados, se destaca que el parlamentario habría declarado ante la Cámara de Diputadas y Diputados cerca de siete millones de pesos como gastos legislativos, pero estos habrían sido utilizados para saldar una deuda personal con una imprenta. Fuente: Publimetro
El fiscal nacional, Ángel Valencia, se refirió al fallo de la Corte de Apelaciones de Antofagasta que acogió el recurso de amparo presentado por la psiquiatra, Josefina Huneeus, cuyo teléfono celular fue intervenido por la Policía de Investigaciones (PDI) tras solicitud del ahora exfiscal del caso Procultura, Patricio Cooper, y donde se incluyó una conversación entre la mujer y el presidente Gabriel Boric. En lo medular, el fallo estableció que “no solo se ha infringido la obligación general de fundamentación que ordena el artículo 36 del Código Procesal Penal y todos y cada uno de los requisitos y obligaciones que impone el artículo 222 del mismo texto legal, sino que se han validado actuaciones policiales al amparo de quien dirige la investigación, propias de tiempos pretéritos de la República, donde las garantías fundamentales de los ciudadanos eran vulnerados por agentes del propio Estado ”. Tras la resolución, la Fiscalía Nacional informó que se removía del caso al fiscal Cooper, con el fin de “asegurar su continuidad, objetividad y el adecuado desarrollo de las diligencias en curso”. En conversación con canal 13, el fiscal nacional cuestionó el falló de la Primera Sala de la Corte de Apelaciones de Antofagasta, sosteniendo que “más que contundente, contiene un conjunto de afirmaciones graves. Hay afirmaciones de hecho y opiniones jurídicas. Y además opiniones que van incluso más allá de lo jurídico. Leí algunas opiniones que me parece que son injustas“. Asimismo, afirmó que Procultura “es una causa demasiado grave y los antecedentes son demasiados serios. Tenemos que evitar que la causa sea vulnerable a cuestionamientos, tenemos que evitar también que el fiscal que la conduce siga siendo vulnerable a cuestionamientos”. “Ese fallo, aunque está pendiente eventualmente de ser recurrido, podría servir como antecedente o como pretexto para cuestionar la nulidad o la validez de un conjunto diligencias que el fiscal Cooper pudiera seguir realizando”, agregó Valencia. Por tal razón, afirmó que les “parece que lo más seguro, para poder avanzar con mayor rapidez y con una investigación que le de más confianza a la ciudadanía es que la conduzca otro fiscal”.
El fiscal nacional, Ángel Valencia, abordó la investigación expresó que se requieren “ fondos adicionales ” para realizar nuevas diligencias en el caso del naufragio de la lancha Bruma que terminó con la desaparición de sus siete tripulantes. Los hechos ocurridos el 30 de marzo en las costas de la Región del Biobío han dejado con incertidumbre respecto a qué provocó el hundimiento de la embarcación de pesca artesanal. Las diligencias que se han realizado por parte del Ministerio Público con ayuda de la Armada del barco Cobra, del cual se sospecha colisionó con Bruma, han sido todas en el mar. En esa línea, las familias de los pescadores desaparecidos solicitaron peritajes en dique seco, es decir, que el pesquero industrial sea llevado a tierra y analizado, para “rescatar evidencia bajo el agua”. Respecto a las diligencias, el fiscal nacional expresó que existen algunas “ pendientes ”. “Hay una cantidad importante de recursos tanto de la policía como del Ministerio Público que están concentrados y focalizados en aquello con dedicación”, aclaró. “Muy probablemente van a ver novedades respecto de diligencias en particular que se van a hacer. Muy probablemente respecto a un peritaje. Pero aquello creo que es la fiscal a cargo del caso que en su momento va a entregar la información”, añadió. En esa línea, Valencia manifestó que la fiscal regional Marcela Cartagena, quien está a cargo de la investigación realizó “algunas peticiones porque, efectivamente, los recursos que tenemos disponibles a nivel policial no están nunca preparados para un caso como este, son recursos especializados, es necesario pedir apoyo de entidades externas a la policía que tienen las capacidades para hacer peritajes de esta naturaleza y eso requiere fondos adicionales”. La fiscal está evaluando la necesidad de esa pericia y la Fiscalía Nacional está evaluando la disponibilidad presupuestaria, esperamos en el caso nuestro, esperamos contar con esos fondos para poder realizar todas las diligencias necesarias para esclarecer esto, agregó. Fuente: La Tercera Nacional
Una serie de reacciones generaron las declaraciones del gobernador de la Región Metropolitana, Claudio Orrego, respecto de las últimas filtraciones de conversaciones privadas entre la exalcaldesa de Santaigo, Irací Hassler, y la diputada comunista, Karol,Cariola, en el marco de la investigación por el caso Sierra Bella, y apuntó a un eventual cohecho dentro de la Fiscalía producto de las innumerables filtraciones que se han conocido de varias investigaciones supuestamente reservadas. En entrevista con CNN Chile Radio, Orrego sostuvo sobre las filtraciones que le “parece que es un despropósito y una falta de control de parte de los fiscales, lo que está pasando dentro de la Fiscalía abísmante, porque quiere decir que alguien aquí está moviendo plata. ¿Cómo llega tanta información a la prensa?”. “T odas las semanas tenemos alguna filtración. Entonces, la verdad es que uno se pregunta: ¿Aquí a alguien le están pagando por liberarlo? ¿Hay alguien que comprar favores por la prensa? Esto no está permitido por la ley “, insistió el gobernador “Su deber es denunciar” Fue el fiscal nacional, Ángel Valencia, quien respondió a los dichos de la autoridad regional, afirmando en entrevista con Radio ADN que “si el gobernador Orrego tiene esos antecedentes, su deber como funcionario público es denunciar y acompañar esos antecedentes a la justicia “, ya que, de no presentar pruebas, las acusaciones serían calificadas como “calumniosas” y ofensivas para todos funcionarios que trabajan en la institución. La respuesta de Orrego Con la polémica instalada, fue el propio gobernador Orrego quien respondió a los dichos del fiscal nacional, aclarando por medio de su cuenta de X que él no ha hecho ninguna imputación sobre el tema. La autoridad regional afirmó que “ n o he denunciado ni acusado a nadie (menos aún a fiscales, con quienes he tenido un excelente trabajo en temas de seguridad). No es mi estilo y nunca lo he hecho. Lo que sí he planteado es que se está volviendo una norma ver filtraciones de investigaciones secretas en los diarios “. Por tal razón, insistió: “ Me pregunto quiénes las hacen y por qué motivos: ¿favores, tráfico de influencias, poder, agenda política, dinero? Esto es precisamente lo que debe investigarse por quien tiene el mandato legal para hacerlo. Finalmente, Claudio Orregop agregó que “no se trata de defensas corporativas de ningún grupo; se debe investigar cualquier delito, sin importar quién lo cometa. Sin embargo, permitir que las filtraciones se normalicen me parece que afecta la confianza en la justicia ”. Fuente: Publimetro
La Corte Suprema ratificó la ilegalidad de los pinchazos telefónicos a Josefina Huneeus en el marco de la investigación de la arista Procultura del caso Convenios. Tras la confirmación del fallo por parte de la Segunda Sala de la Corte de Apelaciones de Antofagasta, la Fiscalía Nacional se pronunció al respecto. El fiscal nacional, Ángel Valencia, destacó que de los cinco ministros presentes en la sala, tres eran ministros titulares y dos abogados integrantes, quienes por mayoría confirmaron la sentencia de la Corte de Apelaciones de Antofagasta. Sin embargo, hubo dos votos en minoría que respaldaron el planteamiento del Ministerio Público. Valencia también señaló que el fallo mayoritario reconoce que ciertos pasajes de la sentencia cuestionados previamente eran innecesarios en el contexto de la resolución final. Esta sentencia se refiere a una diligencia específica, pero el caso Convenio es mucho más amplio y complejo, al igual que el caso Procultura. En relación con el impacto del fallo en la investigación, el fiscal nacional afirmó que aunque esperábamos que la corte revocara esta sentencia, su decisión no afecta en absoluto el curso de las investigaciones. El viernes 17 de mayo, la Fiscalía Nacional anunció la remoción del fiscal Patricio Cooper de la arista Procultura y designó al fiscal regional de Antofagasta, Juan Castro Bekios, para liderar la investigación. Esta medida se tomó luego de declararse ilegal el pinchazo a Josefina Huneeus, exesposa de Alberto Larraín, implicado en el caso. En ese contexto, se explicó que estas decisiones se toman para proteger el interés público y los principios fundamentales que rigen la actuación del Ministerio Público. Nuestro compromiso es garantizar el estricto cumplimiento de la ley, asegurar procesos justos y mantener la confianza de la ciudadanía en el sistema judicial. Consultado sobre posibles sanciones contra el fiscal Cooper, el fiscal nacional indicó que solicitamos un informe al fiscal regional de Coquimbo y una vez recibido revisaremos si es necesario iniciar una investigación disciplinaria. Fuente: Publimetro
La Fiscalía Metropolitana Oriente está próxima a solicitar el desafuero del diputado de la Unión Demócrata Independiente (UDI), Joaquín Lavín León, quien está siendo investigado por fraude al fisco, tráfico de influencias y negociación incompatible, según informa Publimetro. Además, recientemente se ha presentado una querella en su contra por malversación de fondos públicos por parte del Consejo de Defensa del Estado (CDE). En relación a este caso, el fiscal nacional, Ángel Valencia, fue consultado en el Congreso Nacional y declaró: “hay una investigación que ya lleva larga data, si no me equivoco estaba vigente incluso antes de que yo llegara al Ministerio Público o se inicia en una fecha cercana. Dispusimos su agrupación para los efectos de darle un nuevo impulso. Esa investigación se encuentra a cargo de la Fiscalía Oriente, fue una decisión que tomé poco tiempo después de haber llegado a este cargo”. Valencia también señaló que “ya se presentó una querella por parte del Consejo de Defensa del Estado, se presentó un conjunto de diligencias y, según se me ha informado, ya los fiscales a cargo de esa causa están en condiciones de comenzar a tomar decisiones”. En cuanto a la solicitud de desafuero, el fiscal nacional afirmó que “son las decisiones que normalmente corresponden a un caso como este. Todas las personas tienen derecho a que la investigación se extienda por un plazo razonable. En consecuencia, no pueden extenderse más tiempo que el prudente”. La acción judicial también involucra a tres exasesores del diputado Joaquín Lavín: Arnaldo Domínguez, Juan Alberto Silva y Felipe Vásquez Diéguez, quienes son considerados parte del círculo cercano del parlamentario y estarían implicados en maniobras irregulares en la rendición de gastos. La querella presentada en el 7º Juzgado de Garantía de Santiago se centra en supuestos desvíos de fondos realizados por Lavín para financiar su campaña política y la de otros candidatos de la UDI. Entre los antecedentes revelados, se destaca que el parlamentario habría declarado ante la Cámara de Diputadas y Diputados cerca de siete millones de pesos como gastos legislativos, pero estos habrían sido utilizados para saldar una deuda personal con una imprenta. Fuente: Publimetro
El fiscal nacional, Ángel Valencia, se refirió al fallo de la Corte de Apelaciones de Antofagasta que acogió el recurso de amparo presentado por la psiquiatra, Josefina Huneeus, cuyo teléfono celular fue intervenido por la Policía de Investigaciones (PDI) tras solicitud del ahora exfiscal del caso Procultura, Patricio Cooper, y donde se incluyó una conversación entre la mujer y el presidente Gabriel Boric. En lo medular, el fallo estableció que “no solo se ha infringido la obligación general de fundamentación que ordena el artículo 36 del Código Procesal Penal y todos y cada uno de los requisitos y obligaciones que impone el artículo 222 del mismo texto legal, sino que se han validado actuaciones policiales al amparo de quien dirige la investigación, propias de tiempos pretéritos de la República, donde las garantías fundamentales de los ciudadanos eran vulnerados por agentes del propio Estado ”. Tras la resolución, la Fiscalía Nacional informó que se removía del caso al fiscal Cooper, con el fin de “asegurar su continuidad, objetividad y el adecuado desarrollo de las diligencias en curso”. En conversación con canal 13, el fiscal nacional cuestionó el falló de la Primera Sala de la Corte de Apelaciones de Antofagasta, sosteniendo que “más que contundente, contiene un conjunto de afirmaciones graves. Hay afirmaciones de hecho y opiniones jurídicas. Y además opiniones que van incluso más allá de lo jurídico. Leí algunas opiniones que me parece que son injustas“. Asimismo, afirmó que Procultura “es una causa demasiado grave y los antecedentes son demasiados serios. Tenemos que evitar que la causa sea vulnerable a cuestionamientos, tenemos que evitar también que el fiscal que la conduce siga siendo vulnerable a cuestionamientos”. “Ese fallo, aunque está pendiente eventualmente de ser recurrido, podría servir como antecedente o como pretexto para cuestionar la nulidad o la validez de un conjunto diligencias que el fiscal Cooper pudiera seguir realizando”, agregó Valencia. Por tal razón, afirmó que les “parece que lo más seguro, para poder avanzar con mayor rapidez y con una investigación que le de más confianza a la ciudadanía es que la conduzca otro fiscal”.
El fiscal nacional, Ángel Valencia, abordó la investigación expresó que se requieren “ fondos adicionales ” para realizar nuevas diligencias en el caso del naufragio de la lancha Bruma que terminó con la desaparición de sus siete tripulantes. Los hechos ocurridos el 30 de marzo en las costas de la Región del Biobío han dejado con incertidumbre respecto a qué provocó el hundimiento de la embarcación de pesca artesanal. Las diligencias que se han realizado por parte del Ministerio Público con ayuda de la Armada del barco Cobra, del cual se sospecha colisionó con Bruma, han sido todas en el mar. En esa línea, las familias de los pescadores desaparecidos solicitaron peritajes en dique seco, es decir, que el pesquero industrial sea llevado a tierra y analizado, para “rescatar evidencia bajo el agua”. Respecto a las diligencias, el fiscal nacional expresó que existen algunas “ pendientes ”. “Hay una cantidad importante de recursos tanto de la policía como del Ministerio Público que están concentrados y focalizados en aquello con dedicación”, aclaró. “Muy probablemente van a ver novedades respecto de diligencias en particular que se van a hacer. Muy probablemente respecto a un peritaje. Pero aquello creo que es la fiscal a cargo del caso que en su momento va a entregar la información”, añadió. En esa línea, Valencia manifestó que la fiscal regional Marcela Cartagena, quien está a cargo de la investigación realizó “algunas peticiones porque, efectivamente, los recursos que tenemos disponibles a nivel policial no están nunca preparados para un caso como este, son recursos especializados, es necesario pedir apoyo de entidades externas a la policía que tienen las capacidades para hacer peritajes de esta naturaleza y eso requiere fondos adicionales”. La fiscal está evaluando la necesidad de esa pericia y la Fiscalía Nacional está evaluando la disponibilidad presupuestaria, esperamos en el caso nuestro, esperamos contar con esos fondos para poder realizar todas las diligencias necesarias para esclarecer esto, agregó. Fuente: La Tercera Nacional
Una serie de reacciones generaron las declaraciones del gobernador de la Región Metropolitana, Claudio Orrego, respecto de las últimas filtraciones de conversaciones privadas entre la exalcaldesa de Santaigo, Irací Hassler, y la diputada comunista, Karol,Cariola, en el marco de la investigación por el caso Sierra Bella, y apuntó a un eventual cohecho dentro de la Fiscalía producto de las innumerables filtraciones que se han conocido de varias investigaciones supuestamente reservadas. En entrevista con CNN Chile Radio, Orrego sostuvo sobre las filtraciones que le “parece que es un despropósito y una falta de control de parte de los fiscales, lo que está pasando dentro de la Fiscalía abísmante, porque quiere decir que alguien aquí está moviendo plata. ¿Cómo llega tanta información a la prensa?”. “T odas las semanas tenemos alguna filtración. Entonces, la verdad es que uno se pregunta: ¿Aquí a alguien le están pagando por liberarlo? ¿Hay alguien que comprar favores por la prensa? Esto no está permitido por la ley “, insistió el gobernador “Su deber es denunciar” Fue el fiscal nacional, Ángel Valencia, quien respondió a los dichos de la autoridad regional, afirmando en entrevista con Radio ADN que “si el gobernador Orrego tiene esos antecedentes, su deber como funcionario público es denunciar y acompañar esos antecedentes a la justicia “, ya que, de no presentar pruebas, las acusaciones serían calificadas como “calumniosas” y ofensivas para todos funcionarios que trabajan en la institución. La respuesta de Orrego Con la polémica instalada, fue el propio gobernador Orrego quien respondió a los dichos del fiscal nacional, aclarando por medio de su cuenta de X que él no ha hecho ninguna imputación sobre el tema. La autoridad regional afirmó que “ n o he denunciado ni acusado a nadie (menos aún a fiscales, con quienes he tenido un excelente trabajo en temas de seguridad). No es mi estilo y nunca lo he hecho. Lo que sí he planteado es que se está volviendo una norma ver filtraciones de investigaciones secretas en los diarios “. Por tal razón, insistió: “ Me pregunto quiénes las hacen y por qué motivos: ¿favores, tráfico de influencias, poder, agenda política, dinero? Esto es precisamente lo que debe investigarse por quien tiene el mandato legal para hacerlo. Finalmente, Claudio Orregop agregó que “no se trata de defensas corporativas de ningún grupo; se debe investigar cualquier delito, sin importar quién lo cometa. Sin embargo, permitir que las filtraciones se normalicen me parece que afecta la confianza en la justicia ”. Fuente: Publimetro
