El conflicto político entre los diputados Daniel Manouchehri (PS) y Cristián Araya (Partido Republicano) tuvo un nuevo episodio este martes, cuando Manouchehri admitió haber cometido un error al lanzar un billete de $10 mil durante un punto de prensa. Sin embargo, lo hizo con ironía al señalar que la cifra era insuficiente comparada con los $1.700.000 mencionados en una escucha telefónica del OS-7 citada por un reportaje de CIPER. En un video publicado en sus redes sociales, Manouchehri justificó su gesto recordando el monto exacto mencionado en el informe reservado que desató la controversia: Me faltaron $1.690.000 para estar al nivel de lo que habría querido recibir el diputado Araya. El origen del conflicto se remonta a la publicación de un reportaje de CIPER que revela extractos del Oficio Reservado N.º 3.145 del OS-7 de Carabineros. En dicho documento se transcribe una llamada entre Sergio Yáber, conservador de Puente Alto actualmente suspendido, y un tercero, donde se menciona la entrega de $1,7 millones a Araya durante su campaña parlamentaria. Además, se mencionan registros donde Yáber solicita apoyo político a Araya en favor del exjuez Antonio Ulloa, y se sugiere que Araya compartió información sobre Manouchehri para generar un golpe de prensa contra él. Araya ha negado todas las acusaciones, afirmando que nunca recibió dinero de Yáber y que los mensajes atribuidos a él son notas públicas reenviadas sin intención política. Manouchehri aprovechó la polémica para reforzar su postura sobre la gravedad del caso, señalando que el verdadero problema no es el billete lanzado, sino el dinero mencionado en los registros interceptados. También acusó a Araya de haber recopilado información para perjudicarlo y a su sector político, afirmando que ese material habría terminado en manos de la misma red mencionada en las escuchas del OS-7. El socialista cuestionó la postura del Partido Republicano por encubrir a Araya en lugar de suspenderlo mientras se aclara la situación, instando al partido a colaborar con la investigación del Ministerio Público. Desde Republicanos han defendido la inocencia de Araya y han denunciado una maniobra política por parte del PS. El fiscal nacional Ángel Valencia indicó que los antecedentes públicos ameritan investigación, por lo que la Fiscalía deberá evaluar si inicia una causa penal para esclarecer el presunto aporte. Mientras tanto, la Cámara de Diputadas y Diputados enfrenta una creciente tensión política, donde el gesto simbólico de los $10 mil se ha vuelto viral, pero el foco sigue siendo el presunto pago de $1,7 millones mencionado en las escuchas oficiales. Fuente: Publimetro
En una reciente conferencia de prensa, la Policía de Investigaciones y la Fiscalía Regional de Coquimbo revelaron detalles sobre la Operación Oro Rojo, que culminó con la detención de Francisco San Martín Álvarez, presunto líder de una banda criminal especializada en el robo de cable de cobre. San Martín, además, es precandidato a alcalde por el Partido Republicano en Coquimbo para las elecciones del 2024. De acuerdo con las autoridades, esta organización delictiva operaba en diversas ciudades como Calama, Coquimbo, Valparaíso y Santiago. Luego del robo, utilizaban una fundición para transformar el cobre en cables que eran exportados a países como India y Bélgica. En la audiencia de formalización de cargos, la Fiscalía imputó a San Martín por asociación criminal, receptación, lavado de activos, delitos tributarios y aduaneros, lo que resultó en su prisión preventiva. Según reporta El Mostrador, Francisco San Martín se convirtió en un militante republicano disciplinado y comprometido. Además, se menciona que solía ceder su casa para ser utilizada como sede del Partido Republicano en la región. La relación entre San Martín y José Antonio Kast ha generado controversia. La comisión investigadora encargada del caso ha citado a Kast para comparecer en una sesión programada para el miércoles 13 de agosto. También se espera la presencia del fiscal nacional Ángel Valencia y el ministro de Seguridad Luis Cordero. El diputado Daniel Manouchehri expresó: “José Antonio Kast fue citado a la comisión investigadora para explicar por qué estuvo cenando en la casa de Francisco San Martín, hoy preso como líder de una mafia de tráfico de cobre”. Por otro lado, Carolina Tello del Frente Amplio señaló que es crucial que se aclaren los vínculos con San Martín: “Si alguien que ha aspirado a dirigir el país aparece vinculado a una investigación de esta gravedad, tiene el deber de aclararlo públicamente. La ciudadanía merece transparencia y respuestas claras”. Fuente: Publimetro
El proyecto de ley iniciado en moción fue aprobado en general por la sala de Cámara de Diputadas y Diputados por 85 votos a favor, 33 en contra y 20 abstenciones. La iniciativa legal establece una multa para quienes no voten en las elecciones populares y volverá a la Comisión de Gobierno Interior para su discusión en particular y la presentación de indicaciones. La propuesta es una moción impulsada por la diputada Joanna Pérez y cuenta además con las firmas de la desaforada parlamentaria del Frente Amplio, Catalina Pérez, y Jaime Mulet, además de otros exlegisladores. Desde la Cámara informaron que “la iniciativa consta de un artículo único que enmienda la Ley 18.700, orgánica constitucional sobre Votaciones Populares y Escrutinios. Específicamente, se establece que el ciudadano que no vote “será penado con multa a beneficio municipal de media a tres unidades tributarias mensuales”. Esto es, entre $34 461 y $206 769, aproximadamente. Sin embargo, se detalla que “la sanción no se aplicará si el incumplimiento se motivó por enfermedad, reposo por embarazo, parto y o puerperio. Tampoco en caso de ausencia del país o encontrarse el día de la elección o plebiscito en un lugar situado a más de doscientos kilómetros de aquél en que se encuentre inscrito. Igualmente, por otro impedimento grave debidamente comprobado ante el juez competente. Este apreciará la prueba, de acuerdo a las reglas de la sana crítica”. La multa será únicamente para los ciudadanos con nacionalidad chilena, excluyendo de esta obligación a los migrantes avecindados en el país. Según detallaron, “las excusas podrán presentarse hasta el día de la elección en la plataforma web del Servicio Electoral. De igual modo, se podrán cursar ante Carabineros de Chile. Ambas instituciones emitirán el respectivo certificado”. “Las personas que durante la realización de una elección o plebiscito desempeñen funciones que encomienda esta ley, serán eximidas de la sanción por una comunicación oficial por parte de la institución que los mandata al Servicio Electoral (Servel)”, señalaron. Asimismo, el proyecto “define que las ciudadanas y ciudadanos que hayan ejercido su voto en las últimas elecciones populares podrán recibir incentivos respecto de prestaciones estatales. Estos los establecerá el Ministerio del Interior en un reglamento”. Por último, “se determina que el Servel establecerá una plataforma digital donde los ciudadanos puedan hacer llegar sus justificativos. Para ello se acompañará con algún documento que acredite una de las causales mencionadas como excusa válida para no votar. Además, se explicita las vías para respaldar las distintas excepciones ya mencionadas”. Fuente: Publimetro
El conflicto político entre los diputados Daniel Manouchehri (PS) y Cristián Araya (Partido Republicano) tuvo un nuevo episodio este martes, cuando Manouchehri admitió haber cometido un error al lanzar un billete de $10 mil durante un punto de prensa. Sin embargo, lo hizo con ironía al señalar que la cifra era insuficiente comparada con los $1.700.000 mencionados en una escucha telefónica del OS-7 citada por un reportaje de CIPER. En un video publicado en sus redes sociales, Manouchehri justificó su gesto recordando el monto exacto mencionado en el informe reservado que desató la controversia: Me faltaron $1.690.000 para estar al nivel de lo que habría querido recibir el diputado Araya. El origen del conflicto se remonta a la publicación de un reportaje de CIPER que revela extractos del Oficio Reservado N.º 3.145 del OS-7 de Carabineros. En dicho documento se transcribe una llamada entre Sergio Yáber, conservador de Puente Alto actualmente suspendido, y un tercero, donde se menciona la entrega de $1,7 millones a Araya durante su campaña parlamentaria. Además, se mencionan registros donde Yáber solicita apoyo político a Araya en favor del exjuez Antonio Ulloa, y se sugiere que Araya compartió información sobre Manouchehri para generar un golpe de prensa contra él. Araya ha negado todas las acusaciones, afirmando que nunca recibió dinero de Yáber y que los mensajes atribuidos a él son notas públicas reenviadas sin intención política. Manouchehri aprovechó la polémica para reforzar su postura sobre la gravedad del caso, señalando que el verdadero problema no es el billete lanzado, sino el dinero mencionado en los registros interceptados. También acusó a Araya de haber recopilado información para perjudicarlo y a su sector político, afirmando que ese material habría terminado en manos de la misma red mencionada en las escuchas del OS-7. El socialista cuestionó la postura del Partido Republicano por encubrir a Araya en lugar de suspenderlo mientras se aclara la situación, instando al partido a colaborar con la investigación del Ministerio Público. Desde Republicanos han defendido la inocencia de Araya y han denunciado una maniobra política por parte del PS. El fiscal nacional Ángel Valencia indicó que los antecedentes públicos ameritan investigación, por lo que la Fiscalía deberá evaluar si inicia una causa penal para esclarecer el presunto aporte. Mientras tanto, la Cámara de Diputadas y Diputados enfrenta una creciente tensión política, donde el gesto simbólico de los $10 mil se ha vuelto viral, pero el foco sigue siendo el presunto pago de $1,7 millones mencionado en las escuchas oficiales. Fuente: Publimetro
En una reciente conferencia de prensa, la Policía de Investigaciones y la Fiscalía Regional de Coquimbo revelaron detalles sobre la Operación Oro Rojo, que culminó con la detención de Francisco San Martín Álvarez, presunto líder de una banda criminal especializada en el robo de cable de cobre. San Martín, además, es precandidato a alcalde por el Partido Republicano en Coquimbo para las elecciones del 2024. De acuerdo con las autoridades, esta organización delictiva operaba en diversas ciudades como Calama, Coquimbo, Valparaíso y Santiago. Luego del robo, utilizaban una fundición para transformar el cobre en cables que eran exportados a países como India y Bélgica. En la audiencia de formalización de cargos, la Fiscalía imputó a San Martín por asociación criminal, receptación, lavado de activos, delitos tributarios y aduaneros, lo que resultó en su prisión preventiva. Según reporta El Mostrador, Francisco San Martín se convirtió en un militante republicano disciplinado y comprometido. Además, se menciona que solía ceder su casa para ser utilizada como sede del Partido Republicano en la región. La relación entre San Martín y José Antonio Kast ha generado controversia. La comisión investigadora encargada del caso ha citado a Kast para comparecer en una sesión programada para el miércoles 13 de agosto. También se espera la presencia del fiscal nacional Ángel Valencia y el ministro de Seguridad Luis Cordero. El diputado Daniel Manouchehri expresó: “José Antonio Kast fue citado a la comisión investigadora para explicar por qué estuvo cenando en la casa de Francisco San Martín, hoy preso como líder de una mafia de tráfico de cobre”. Por otro lado, Carolina Tello del Frente Amplio señaló que es crucial que se aclaren los vínculos con San Martín: “Si alguien que ha aspirado a dirigir el país aparece vinculado a una investigación de esta gravedad, tiene el deber de aclararlo públicamente. La ciudadanía merece transparencia y respuestas claras”. Fuente: Publimetro
El proyecto de ley iniciado en moción fue aprobado en general por la sala de Cámara de Diputadas y Diputados por 85 votos a favor, 33 en contra y 20 abstenciones. La iniciativa legal establece una multa para quienes no voten en las elecciones populares y volverá a la Comisión de Gobierno Interior para su discusión en particular y la presentación de indicaciones. La propuesta es una moción impulsada por la diputada Joanna Pérez y cuenta además con las firmas de la desaforada parlamentaria del Frente Amplio, Catalina Pérez, y Jaime Mulet, además de otros exlegisladores. Desde la Cámara informaron que “la iniciativa consta de un artículo único que enmienda la Ley 18.700, orgánica constitucional sobre Votaciones Populares y Escrutinios. Específicamente, se establece que el ciudadano que no vote “será penado con multa a beneficio municipal de media a tres unidades tributarias mensuales”. Esto es, entre $34 461 y $206 769, aproximadamente. Sin embargo, se detalla que “la sanción no se aplicará si el incumplimiento se motivó por enfermedad, reposo por embarazo, parto y o puerperio. Tampoco en caso de ausencia del país o encontrarse el día de la elección o plebiscito en un lugar situado a más de doscientos kilómetros de aquél en que se encuentre inscrito. Igualmente, por otro impedimento grave debidamente comprobado ante el juez competente. Este apreciará la prueba, de acuerdo a las reglas de la sana crítica”. La multa será únicamente para los ciudadanos con nacionalidad chilena, excluyendo de esta obligación a los migrantes avecindados en el país. Según detallaron, “las excusas podrán presentarse hasta el día de la elección en la plataforma web del Servicio Electoral. De igual modo, se podrán cursar ante Carabineros de Chile. Ambas instituciones emitirán el respectivo certificado”. “Las personas que durante la realización de una elección o plebiscito desempeñen funciones que encomienda esta ley, serán eximidas de la sanción por una comunicación oficial por parte de la institución que los mandata al Servicio Electoral (Servel)”, señalaron. Asimismo, el proyecto “define que las ciudadanas y ciudadanos que hayan ejercido su voto en las últimas elecciones populares podrán recibir incentivos respecto de prestaciones estatales. Estos los establecerá el Ministerio del Interior en un reglamento”. Por último, “se determina que el Servel establecerá una plataforma digital donde los ciudadanos puedan hacer llegar sus justificativos. Para ello se acompañará con algún documento que acredite una de las causales mencionadas como excusa válida para no votar. Además, se explicita las vías para respaldar las distintas excepciones ya mencionadas”. Fuente: Publimetro
