La Sala del Senado respaldó de manera contundente el proyecto que busca prohibir el uso de dispositivos digitales de comunicación personal en los niveles parvulario, básico y medio de los establecimientos educacionales del país. Con esta aprobación, la iniciativa avanzó a su tercer trámite legislativo en la Cámara de Diputadas y Diputados. La votación confirmó las modificaciones realizadas por la Comisión de Educación, que ampliaron la restricción a todos los niveles educativos y establecieron excepciones específicas, como situaciones de salud, emergencias o catástrofes. Además, el texto establece derechos y responsabilidades para los diferentes miembros de la comunidad educativa y determina que la normativa entrará en vigencia a partir de 2026. El presidente de la Comisión de Educación, senador Gustavo Sanhueza, explicó ante la Sala las modificaciones realizadas al proyecto, que surgió a partir de siete mociones refundidas. Entre las novedades, se incluye la obligación de madres, padres y apoderados de supervisar y acompañar el uso de dispositivos móviles fuera del horario escolar, así como asumir la responsabilidad en caso de un uso inapropiado por parte de los estudiantes. La propuesta también establece que el sistema educativo deberá fomentar el uso responsable y seguro del contenido digital y las tecnologías asociadas durante el proceso formativo. Se hace hincapié en el desarrollo de habilidades relacionadas con la información, comunicación y conectividad digital, con el objetivo de equilibrar la restricción de dispositivos con una formación adecuada para la era tecnológica. El proyecto aprobado prohíbe el uso de dispositivos móviles electrónicos de comunicación personal en los establecimientos educativos que ofrecen niveles de educación parvularia, básica o media, con algunas excepciones. La prohibición se aplicará durante las actividades curriculares dentro del aula y se extenderá a todos los miembros de la comunidad educativa, salvo en circunstancias excepcionales. Sin embargo, en el nivel medio, los reglamentos de los centros educativos podrán establecer espacios, horarios o actividades específicas donde se permita el uso de dispositivos móviles, considerando la progresiva autonomía de los alumnos. Por último, se contempla una disposición transitoria que indica que lo dispuesto en esta iniciativa entrará en vigor al inicio del año escolar 2026 y que los establecimientos que imparten educación parvularia, básica y media tendrán hasta el 30 de junio del mismo año para actualizar sus reglamentos internos. Fuente: Publimetro
La jornada de elecciones presidenciales y parlamentarias alteró la rutina escolar de cientos de establecimientos educacionales a lo largo del país, a pesar de los esfuerzos coordinados por el Ministerio de Educación (Mineduc), Interior y el Servel para evitar la interrupción de clases. La directriz gubernamental fue clara: los recintos debían ser entregados a las Fuerzas Armadas el viernes 14 de noviembre a las 17:00 horas y devueltos la noche del domingo, con el fin de asegurar la continuidad de las clases este lunes 17 de noviembre. Según el balance oficial del Mineduc, la meta de retorno total a la normalidad no se cumplió en todos los casos. De los 3.062 establecimientos que funcionaron como locales de votación, 568 (un 18,5%) tuvieron que suspender clases para el lunes, y otros 146 (un 4,6%) iniciaron la jornada más tarde. Esto significa que más de 700 establecimientos vieron alterada su programación habitual. La suspensión por solicitud del sostenedor, a diferencia de la decretada por el ministerio, implica la recuperación obligatoria de las clases perdidas. Gran parte de los recintos que suspendieron clases dependen de los Servicios Locales de Educación Pública (SLEP), aunque desde la Dirección de Educación Pública se aseguró haber monitoreado la situación sin inconvenientes en la continuidad del servicio. Sin embargo, en el SLEP Valparaíso–Juan Fernández, apoderados denunciaron que los establecimientos fueron devueltos en condiciones “deplorables” y “asquerosas”, lo que impidió el retorno seguro de los estudiantes. Otros SLEP, como Chinchorro, Iquique y Elqui, también suspendieron actividades. La situación de desorden y limpieza deficiente no fue exclusiva de los SLEP. En comunas como Antofagasta (dependiente de la CMDS), 22 de 33 locales de votación suspendieron las clases tras inspecciones que revelaron desorden estructural, mobiliario desplazado y condiciones logísticas que no permitían garantizar la normalidad escolar. Incluso en recintos privados y emblemáticos, como el Liceo Carmela Carvajal y el Liceo José Victorino Lastarria en Providencia, se reportaron retrasos debido a la falta de limpieza o la presencia de material electoral, como urnas y cámaras, aún en las salas. Los establecimientos se vieron obligados a solicitar suspensiones de actividades o iniciar más tarde debido a que resultaba materialmente imposible desarrollar clases con el material electoral todavía dentro de las salas o con condiciones higiénicas insuficientes. Para mitigar el impacto, algunos colegios debieron adelantar la jornada del personal auxiliar o contratar servicios externos de limpieza, con la suspensión de clases implicando, en última instancia, la obligación de recuperar un día adicional de actividades en diciembre. Fuente: ADN Radio Nacional
El Municipio de Talcahuano presentó una solicitud a la Superintendencia de Educación en abril pasado debido al millonario déficit que afecta al Departamento de Administración de Educación Municipal (DAEM), lo que ha impactado el pago de sueldos del personal educativo. Ante esta situación, la Superintendencia designó como Administrador Provisional (AP) al ingeniero civil electrónico Christian Zepeda Echeverría, con el objetivo de garantizar el acceso a la educación de los estudiantes municipales y brindar estabilidad laboral a los docentes y asistentes de la educación. La decisión se basa en causales establecidas en la Ley 20.529, incluyendo el riesgo para la continuidad del servicio educativo y retrasos en el pago de remuneraciones y cotizaciones previsionales. En total, 32 establecimientos educacionales municipales se verán afectados, impactando a cerca de 8000 estudiantes. La Superintendencia informó que desde 2018 hasta 2025 se han realizado 701 fiscalizaciones a los establecimientos administrados por la Municipalidad de Talcahuano, con procedimientos administrativos iniciados en 185 ocasiones. La superintendenta de Educación, Loreto Orellana, aseguró que con la designación del Administrador Provisional se garantiza la continuidad educativa sin afectar la trayectoria de los alumnos. Además, se han dispuesto recursos para el adecuado funcionamiento del servicio educativo, brindando estabilidad al personal docente y asistente. Por su parte, el alcalde Eduardo Saavedra reafirmó su compromiso de pagar las deudas previsionales y de salud lo antes posible, reconociendo una deuda que supera los 8000 millones de pesos. Christian Zepeda Echeverría, nuevo Administrador Provisional, es ingeniero civil electrónico y magíster en Ingeniería Industrial mención Gestión. Entre sus responsabilidades está asegurar el funcionamiento adecuado y la continuidad del servicio educativo en los establecimientos asignados. Finalmente, la Superintendencia explicó que una vez designado un Administrador Provisional, la entidad sostenedora queda inhabilitada para administrar los establecimientos y recibir subvenciones educativas. No obstante, sigue siendo responsable de las obligaciones generadas antes de dicha designación. Fuente: Publimetro
La Sala del Senado respaldó de manera contundente el proyecto que busca prohibir el uso de dispositivos digitales de comunicación personal en los niveles parvulario, básico y medio de los establecimientos educacionales del país. Con esta aprobación, la iniciativa avanzó a su tercer trámite legislativo en la Cámara de Diputadas y Diputados. La votación confirmó las modificaciones realizadas por la Comisión de Educación, que ampliaron la restricción a todos los niveles educativos y establecieron excepciones específicas, como situaciones de salud, emergencias o catástrofes. Además, el texto establece derechos y responsabilidades para los diferentes miembros de la comunidad educativa y determina que la normativa entrará en vigencia a partir de 2026. El presidente de la Comisión de Educación, senador Gustavo Sanhueza, explicó ante la Sala las modificaciones realizadas al proyecto, que surgió a partir de siete mociones refundidas. Entre las novedades, se incluye la obligación de madres, padres y apoderados de supervisar y acompañar el uso de dispositivos móviles fuera del horario escolar, así como asumir la responsabilidad en caso de un uso inapropiado por parte de los estudiantes. La propuesta también establece que el sistema educativo deberá fomentar el uso responsable y seguro del contenido digital y las tecnologías asociadas durante el proceso formativo. Se hace hincapié en el desarrollo de habilidades relacionadas con la información, comunicación y conectividad digital, con el objetivo de equilibrar la restricción de dispositivos con una formación adecuada para la era tecnológica. El proyecto aprobado prohíbe el uso de dispositivos móviles electrónicos de comunicación personal en los establecimientos educativos que ofrecen niveles de educación parvularia, básica o media, con algunas excepciones. La prohibición se aplicará durante las actividades curriculares dentro del aula y se extenderá a todos los miembros de la comunidad educativa, salvo en circunstancias excepcionales. Sin embargo, en el nivel medio, los reglamentos de los centros educativos podrán establecer espacios, horarios o actividades específicas donde se permita el uso de dispositivos móviles, considerando la progresiva autonomía de los alumnos. Por último, se contempla una disposición transitoria que indica que lo dispuesto en esta iniciativa entrará en vigor al inicio del año escolar 2026 y que los establecimientos que imparten educación parvularia, básica y media tendrán hasta el 30 de junio del mismo año para actualizar sus reglamentos internos. Fuente: Publimetro
La jornada de elecciones presidenciales y parlamentarias alteró la rutina escolar de cientos de establecimientos educacionales a lo largo del país, a pesar de los esfuerzos coordinados por el Ministerio de Educación (Mineduc), Interior y el Servel para evitar la interrupción de clases. La directriz gubernamental fue clara: los recintos debían ser entregados a las Fuerzas Armadas el viernes 14 de noviembre a las 17:00 horas y devueltos la noche del domingo, con el fin de asegurar la continuidad de las clases este lunes 17 de noviembre. Según el balance oficial del Mineduc, la meta de retorno total a la normalidad no se cumplió en todos los casos. De los 3.062 establecimientos que funcionaron como locales de votación, 568 (un 18,5%) tuvieron que suspender clases para el lunes, y otros 146 (un 4,6%) iniciaron la jornada más tarde. Esto significa que más de 700 establecimientos vieron alterada su programación habitual. La suspensión por solicitud del sostenedor, a diferencia de la decretada por el ministerio, implica la recuperación obligatoria de las clases perdidas. Gran parte de los recintos que suspendieron clases dependen de los Servicios Locales de Educación Pública (SLEP), aunque desde la Dirección de Educación Pública se aseguró haber monitoreado la situación sin inconvenientes en la continuidad del servicio. Sin embargo, en el SLEP Valparaíso–Juan Fernández, apoderados denunciaron que los establecimientos fueron devueltos en condiciones “deplorables” y “asquerosas”, lo que impidió el retorno seguro de los estudiantes. Otros SLEP, como Chinchorro, Iquique y Elqui, también suspendieron actividades. La situación de desorden y limpieza deficiente no fue exclusiva de los SLEP. En comunas como Antofagasta (dependiente de la CMDS), 22 de 33 locales de votación suspendieron las clases tras inspecciones que revelaron desorden estructural, mobiliario desplazado y condiciones logísticas que no permitían garantizar la normalidad escolar. Incluso en recintos privados y emblemáticos, como el Liceo Carmela Carvajal y el Liceo José Victorino Lastarria en Providencia, se reportaron retrasos debido a la falta de limpieza o la presencia de material electoral, como urnas y cámaras, aún en las salas. Los establecimientos se vieron obligados a solicitar suspensiones de actividades o iniciar más tarde debido a que resultaba materialmente imposible desarrollar clases con el material electoral todavía dentro de las salas o con condiciones higiénicas insuficientes. Para mitigar el impacto, algunos colegios debieron adelantar la jornada del personal auxiliar o contratar servicios externos de limpieza, con la suspensión de clases implicando, en última instancia, la obligación de recuperar un día adicional de actividades en diciembre. Fuente: ADN Radio Nacional
El Municipio de Talcahuano presentó una solicitud a la Superintendencia de Educación en abril pasado debido al millonario déficit que afecta al Departamento de Administración de Educación Municipal (DAEM), lo que ha impactado el pago de sueldos del personal educativo. Ante esta situación, la Superintendencia designó como Administrador Provisional (AP) al ingeniero civil electrónico Christian Zepeda Echeverría, con el objetivo de garantizar el acceso a la educación de los estudiantes municipales y brindar estabilidad laboral a los docentes y asistentes de la educación. La decisión se basa en causales establecidas en la Ley 20.529, incluyendo el riesgo para la continuidad del servicio educativo y retrasos en el pago de remuneraciones y cotizaciones previsionales. En total, 32 establecimientos educacionales municipales se verán afectados, impactando a cerca de 8000 estudiantes. La Superintendencia informó que desde 2018 hasta 2025 se han realizado 701 fiscalizaciones a los establecimientos administrados por la Municipalidad de Talcahuano, con procedimientos administrativos iniciados en 185 ocasiones. La superintendenta de Educación, Loreto Orellana, aseguró que con la designación del Administrador Provisional se garantiza la continuidad educativa sin afectar la trayectoria de los alumnos. Además, se han dispuesto recursos para el adecuado funcionamiento del servicio educativo, brindando estabilidad al personal docente y asistente. Por su parte, el alcalde Eduardo Saavedra reafirmó su compromiso de pagar las deudas previsionales y de salud lo antes posible, reconociendo una deuda que supera los 8000 millones de pesos. Christian Zepeda Echeverría, nuevo Administrador Provisional, es ingeniero civil electrónico y magíster en Ingeniería Industrial mención Gestión. Entre sus responsabilidades está asegurar el funcionamiento adecuado y la continuidad del servicio educativo en los establecimientos asignados. Finalmente, la Superintendencia explicó que una vez designado un Administrador Provisional, la entidad sostenedora queda inhabilitada para administrar los establecimientos y recibir subvenciones educativas. No obstante, sigue siendo responsable de las obligaciones generadas antes de dicha designación. Fuente: Publimetro
