La adquisición de 22 automóviles de lujo Lexus ES300h, valuada en $1200 millones, fue detenida en febrero de 2024 por la Corte Suprema. Sin embargo, recientemente se reveló la sanción impuesta a los responsables. De acuerdo con el Poder Judicial, se decidió aplicar el inciso 3° del artículo 513 del Código Orgánico de Tribunales para remover a los funcionarios de confianza de la Corporación Administrativa del Poder Judicial (CAPJ). En consecuencia, el tribunal confirmó la sanción contra el director de la CAPJ, Ricardo Guzmán Sanza, y el subdirector Zvonimr Koporcic Alfaro, por su participación en el intento fallido de renovar los vehículos de los ministros y fiscales del tribunal. La propuesta generó controversia al intentar reemplazar los vehículos Toyota Camry que han sido utilizados por los miembros de la Corte Suprema desde 2014. El secretario del tribunal, Jorge Sáez, reveló que tanto la DIPRES como el Ministerio de Hacienda estaban al tanto desde noviembre de 2023 sobre la compra de los autos de alta gama. El monto total fue autorizado por el Congreso en la ley de Presupuestos de 2024 y ratificado por el consejo de la CAPJ. Sáez explicó que la decisión se basó en criterios técnicos y de seguridad, priorizando estándares ambientales sostenibles. Estas consideraciones fueron fundamentales para aprobar la renovación de los vehículos, afirmó. Fuente: Publimetro
En el marco de un informe realizado por la Contraloría General de la República sobre el mal uso de licencias médicas en el sector público, la fiscal judicial de la Corte Suprema recopiló información relevante. Según lo informado por el máximo tribunal, se detectaron casos de funcionarios del Poder Judicial que, estando con licencia médica, salieron del país. La revisión de los casos contó con el apoyo de la Policía de Investigaciones (PDI) y la Contraloría Interna de la Corporación Administrativa del Poder Judicial. Se identificaron un total de 1029 casos de salidas del país en un lapso de 5 años, asociados a 692 funcionarios, de los cuales 571 siguen activos, dentro de un universo total de 13 457 personas. En cuanto a los cargos involucrados, se aclaró que no hay ministros o fiscales de la Corte Suprema entre los 571 funcionarios activos. Sin embargo, se detectaron 4 ministros y 1 fiscal judicial de Cortes de Apelaciones, así como 84 jueces de diversas competencias. Desde la Corte Suprema se ha decidido remitir una lista con los nombres correspondientes a las cortes de apelaciones para iniciar procedimientos disciplinarios. Estas investigaciones estarán a cargo de un único fiscal judicial por cada corte. Además, se advierte sobre posibles superposiciones entre licencias médicas y feriados, aspecto que será objeto de investigación. La Fiscalía Metropolitana Oriente está analizando detenidamente el informe presentado por la Contraloría sobre el mal uso de licencias médicas en el sector público. El objetivo es depurar la información para iniciar una investigación centrada en médicos que falsifican permisos y otros delitos asociados a esta práctica ilegal. Según lo expresado por Pamela Valdés, vocera de la Fiscalía Metropolitana Oriente, la emisión de licencias médicas falsas no es una indagatoria nueva para nosotros. Hace referencia a una denuncia previa que afectó a Fonasa por un monto considerable en subsidios por incapacidad laboral. Valdés señala que esperan descartar posibles delitos y utilizar procedimientos adecuados para determinar responsabilidades administrativas en estos casos. Fuente: Publimetro
Los 16 jueces de la Corte Suprema de Chile se sometieron voluntariamente a un examen de drogas el lunes 16 de junio. La prueba consistió en un análisis de cabello capaz de detectar el consumo de sustancias ilícitas hasta 90 días antes. Aunque inicialmente se estableció que solo una muestra aleatoria sería tomada, el pleno decidió que todos los jueces participarían. La ministra vocera de la Suprema, María Soledad Melo, explicó: “Esta es una decisión del pleno que busca dar a la ciudadanía una señal de probidad, confianza y legitimidad. Hasta ahora, los ministros podían ser seleccionados al azar, pero optamos por hacerlo de forma voluntaria como un cuerpo colegiado”. El procedimiento se llevó a cabo durante la mañana del lunes y contó con la participación de todos los ministros en ejercicio, incluido el presidente Ricardo Blanco Herrera. Según lo indicado por el máximo tribunal, los resultados de los exámenes serán entregados confidencialmente a la dirección de la Corporación Administrativa del Poder Judicial. En caso de resultados negativos o ausencias, se informará al Pleno de la Corte Suprema. Sin embargo, si algún resultado es positivo, se seguirá el procedimiento establecido por el acta 203-2018. Este protocolo implica realizar una contra muestra y, en caso de confirmarse el consumo de sustancias ilegales, la persona será sometida a una evaluación clínica para determinar la dependencia. En caso de confirmarse esta dependencia, se informará al superior jerárquico y se iniciará un proceso de rehabilitación que podría incluir la suspensión del cargo por acuerdo del Pleno de la Corte Suprema. Fuente: Publimetro
La Corte Suprema ratificó la ilegalidad de los pinchazos telefónicos a Josefina Huneeus en el marco de la investigación de la arista Procultura del caso Convenios. Tras la confirmación del fallo por parte de la Segunda Sala de la Corte de Apelaciones de Antofagasta, la Fiscalía Nacional se pronunció al respecto. El fiscal nacional, Ángel Valencia, destacó que de los cinco ministros presentes en la sala, tres eran ministros titulares y dos abogados integrantes, quienes por mayoría confirmaron la sentencia de la Corte de Apelaciones de Antofagasta. Sin embargo, hubo dos votos en minoría que respaldaron el planteamiento del Ministerio Público. Valencia también señaló que el fallo mayoritario reconoce que ciertos pasajes de la sentencia cuestionados previamente eran innecesarios en el contexto de la resolución final. Esta sentencia se refiere a una diligencia específica, pero el caso Convenio es mucho más amplio y complejo, al igual que el caso Procultura. En relación con el impacto del fallo en la investigación, el fiscal nacional afirmó que aunque esperábamos que la corte revocara esta sentencia, su decisión no afecta en absoluto el curso de las investigaciones. El viernes 17 de mayo, la Fiscalía Nacional anunció la remoción del fiscal Patricio Cooper de la arista Procultura y designó al fiscal regional de Antofagasta, Juan Castro Bekios, para liderar la investigación. Esta medida se tomó luego de declararse ilegal el pinchazo a Josefina Huneeus, exesposa de Alberto Larraín, implicado en el caso. En ese contexto, se explicó que estas decisiones se toman para proteger el interés público y los principios fundamentales que rigen la actuación del Ministerio Público. Nuestro compromiso es garantizar el estricto cumplimiento de la ley, asegurar procesos justos y mantener la confianza de la ciudadanía en el sistema judicial. Consultado sobre posibles sanciones contra el fiscal Cooper, el fiscal nacional indicó que solicitamos un informe al fiscal regional de Coquimbo y una vez recibido revisaremos si es necesario iniciar una investigación disciplinaria. Fuente: Publimetro
La adquisición de 22 automóviles de lujo Lexus ES300h, valuada en $1200 millones, fue detenida en febrero de 2024 por la Corte Suprema. Sin embargo, recientemente se reveló la sanción impuesta a los responsables. De acuerdo con el Poder Judicial, se decidió aplicar el inciso 3° del artículo 513 del Código Orgánico de Tribunales para remover a los funcionarios de confianza de la Corporación Administrativa del Poder Judicial (CAPJ). En consecuencia, el tribunal confirmó la sanción contra el director de la CAPJ, Ricardo Guzmán Sanza, y el subdirector Zvonimr Koporcic Alfaro, por su participación en el intento fallido de renovar los vehículos de los ministros y fiscales del tribunal. La propuesta generó controversia al intentar reemplazar los vehículos Toyota Camry que han sido utilizados por los miembros de la Corte Suprema desde 2014. El secretario del tribunal, Jorge Sáez, reveló que tanto la DIPRES como el Ministerio de Hacienda estaban al tanto desde noviembre de 2023 sobre la compra de los autos de alta gama. El monto total fue autorizado por el Congreso en la ley de Presupuestos de 2024 y ratificado por el consejo de la CAPJ. Sáez explicó que la decisión se basó en criterios técnicos y de seguridad, priorizando estándares ambientales sostenibles. Estas consideraciones fueron fundamentales para aprobar la renovación de los vehículos, afirmó. Fuente: Publimetro
En el marco de un informe realizado por la Contraloría General de la República sobre el mal uso de licencias médicas en el sector público, la fiscal judicial de la Corte Suprema recopiló información relevante. Según lo informado por el máximo tribunal, se detectaron casos de funcionarios del Poder Judicial que, estando con licencia médica, salieron del país. La revisión de los casos contó con el apoyo de la Policía de Investigaciones (PDI) y la Contraloría Interna de la Corporación Administrativa del Poder Judicial. Se identificaron un total de 1029 casos de salidas del país en un lapso de 5 años, asociados a 692 funcionarios, de los cuales 571 siguen activos, dentro de un universo total de 13 457 personas. En cuanto a los cargos involucrados, se aclaró que no hay ministros o fiscales de la Corte Suprema entre los 571 funcionarios activos. Sin embargo, se detectaron 4 ministros y 1 fiscal judicial de Cortes de Apelaciones, así como 84 jueces de diversas competencias. Desde la Corte Suprema se ha decidido remitir una lista con los nombres correspondientes a las cortes de apelaciones para iniciar procedimientos disciplinarios. Estas investigaciones estarán a cargo de un único fiscal judicial por cada corte. Además, se advierte sobre posibles superposiciones entre licencias médicas y feriados, aspecto que será objeto de investigación. La Fiscalía Metropolitana Oriente está analizando detenidamente el informe presentado por la Contraloría sobre el mal uso de licencias médicas en el sector público. El objetivo es depurar la información para iniciar una investigación centrada en médicos que falsifican permisos y otros delitos asociados a esta práctica ilegal. Según lo expresado por Pamela Valdés, vocera de la Fiscalía Metropolitana Oriente, la emisión de licencias médicas falsas no es una indagatoria nueva para nosotros. Hace referencia a una denuncia previa que afectó a Fonasa por un monto considerable en subsidios por incapacidad laboral. Valdés señala que esperan descartar posibles delitos y utilizar procedimientos adecuados para determinar responsabilidades administrativas en estos casos. Fuente: Publimetro
Los 16 jueces de la Corte Suprema de Chile se sometieron voluntariamente a un examen de drogas el lunes 16 de junio. La prueba consistió en un análisis de cabello capaz de detectar el consumo de sustancias ilícitas hasta 90 días antes. Aunque inicialmente se estableció que solo una muestra aleatoria sería tomada, el pleno decidió que todos los jueces participarían. La ministra vocera de la Suprema, María Soledad Melo, explicó: “Esta es una decisión del pleno que busca dar a la ciudadanía una señal de probidad, confianza y legitimidad. Hasta ahora, los ministros podían ser seleccionados al azar, pero optamos por hacerlo de forma voluntaria como un cuerpo colegiado”. El procedimiento se llevó a cabo durante la mañana del lunes y contó con la participación de todos los ministros en ejercicio, incluido el presidente Ricardo Blanco Herrera. Según lo indicado por el máximo tribunal, los resultados de los exámenes serán entregados confidencialmente a la dirección de la Corporación Administrativa del Poder Judicial. En caso de resultados negativos o ausencias, se informará al Pleno de la Corte Suprema. Sin embargo, si algún resultado es positivo, se seguirá el procedimiento establecido por el acta 203-2018. Este protocolo implica realizar una contra muestra y, en caso de confirmarse el consumo de sustancias ilegales, la persona será sometida a una evaluación clínica para determinar la dependencia. En caso de confirmarse esta dependencia, se informará al superior jerárquico y se iniciará un proceso de rehabilitación que podría incluir la suspensión del cargo por acuerdo del Pleno de la Corte Suprema. Fuente: Publimetro
La Corte Suprema ratificó la ilegalidad de los pinchazos telefónicos a Josefina Huneeus en el marco de la investigación de la arista Procultura del caso Convenios. Tras la confirmación del fallo por parte de la Segunda Sala de la Corte de Apelaciones de Antofagasta, la Fiscalía Nacional se pronunció al respecto. El fiscal nacional, Ángel Valencia, destacó que de los cinco ministros presentes en la sala, tres eran ministros titulares y dos abogados integrantes, quienes por mayoría confirmaron la sentencia de la Corte de Apelaciones de Antofagasta. Sin embargo, hubo dos votos en minoría que respaldaron el planteamiento del Ministerio Público. Valencia también señaló que el fallo mayoritario reconoce que ciertos pasajes de la sentencia cuestionados previamente eran innecesarios en el contexto de la resolución final. Esta sentencia se refiere a una diligencia específica, pero el caso Convenio es mucho más amplio y complejo, al igual que el caso Procultura. En relación con el impacto del fallo en la investigación, el fiscal nacional afirmó que aunque esperábamos que la corte revocara esta sentencia, su decisión no afecta en absoluto el curso de las investigaciones. El viernes 17 de mayo, la Fiscalía Nacional anunció la remoción del fiscal Patricio Cooper de la arista Procultura y designó al fiscal regional de Antofagasta, Juan Castro Bekios, para liderar la investigación. Esta medida se tomó luego de declararse ilegal el pinchazo a Josefina Huneeus, exesposa de Alberto Larraín, implicado en el caso. En ese contexto, se explicó que estas decisiones se toman para proteger el interés público y los principios fundamentales que rigen la actuación del Ministerio Público. Nuestro compromiso es garantizar el estricto cumplimiento de la ley, asegurar procesos justos y mantener la confianza de la ciudadanía en el sistema judicial. Consultado sobre posibles sanciones contra el fiscal Cooper, el fiscal nacional indicó que solicitamos un informe al fiscal regional de Coquimbo y una vez recibido revisaremos si es necesario iniciar una investigación disciplinaria. Fuente: Publimetro
