La Corte Suprema ha autorizado la reanudación de la búsqueda de un tesoro millonario que se cree está oculto entre los cerros de la isla Robinson Crusoe, en el Archipiélago Juan Fernández. Esta autorización permite que el empresario holandés Bernard Keiser continúe con su cruzada en busca de este tesoro, valuado en unos 40 mil millones de dólares y compuesto por mil barriles de monedas de oro, entre otros tesoros de gran valor. Según la historia, este tesoro pertenece al cargamento de la embarcación Nuestra señora de Montecarmelo, que desapareció en el siglo XVIII y se cree que está escondido en el Parque Nacional administrado por Conaf. Los trabajos de búsqueda estaban paralizados hasta ahora, pero con la autorización de la Corte Suprema, podrían reactivarse pronto. En caso de encontrar el tesoro, el Estado chileno se quedaría con el 75% del dinero encontrado, mientras que el resto sería para quien lo descubra. A pesar de la expectativa generada por esta noticia, los habitantes locales mantienen una actitud tranquila y moderada ante esta situación. El alcalde de Juan Fernández, Pablo Manrique, comentó: Para nosotros es como una historia que la sabemos hace tiempo, y no revela tantas expectativas como pasa en el continente. Aunque Keiser lleva casi 30 años intentando encontrar este tesoro sin éxito hasta ahora, todavía existen señales que mantienen viva la esperanza de descubrirlo en algún lugar de la isla. Fuente: Publimetro
La presidenta de la Corte Suprema de Chile, Gloria Ana Chevesich, ha propuesto una medida que ha generado un intenso debate político y jurídico en el país. Su propuesta consiste en eliminar la figura del indulto presidencial y en su lugar crear un organismo colegiado encargado de evaluar estos casos. En una entrevista con 24 Horas, la magistrada expresó que el actual mecanismo debe ser eliminado y que sea un consejo el que analice los casos, porque con todo, un indulto depende también de las razones que se invoquen. Esta propuesta busca establecer criterios técnicos y mayor transparencia en decisiones que actualmente recaen exclusivamente en el jefe de Estado. Chevesich señaló: “Muy bien sabemos que hay una norma en la Constitución política de la República que dice que no se puede revivir procesos fenecidos, no se pueden criticar en el fondo decisiones de orden jurisdiccional. Entonces pareciera que mejor no debería estar el indulto”. Esta iniciativa surge en medio de controversias sobre el uso del indulto en años anteriores. Durante el gobierno de Gabriel Boric, esta medida generó críticas por los beneficios otorgados a personas detenidas durante el Estallido social en Chile. El actual presidente, José Antonio Kast, ha defendido públicamente la facultad del indulto. En una entrevista reciente con T13, afirmó: “la facultad del indulto es una facultad que hasta el día de hoy tiene el Presidente de la República y yo la voy a utilizar”. Kast argumentó que el país vivió un periodo de “violencia extrema” y abogó por avanzar hacia procesos de reconciliación. “Hay que partir perdonando”, dijo, agregando que estas decisiones pueden contribuir a “recuperar la paz con diálogo”. En relación a las intenciones del presidente, Chevesich mencionó: “tengo entendido, según lo que me manifestó el presidente (Kast) en su momento en calidad de electo, que no le gustaba la figura del indulto. Pero igual iba a analizar porque la facultad la tiene”. La propuesta de Chevesich busca descentralizar una atribución históricamente concentrada en el Ejecutivo, trasladándola a un consejo que evalúe cada situación bajo parámetros objetivos. La magistrada considera que este cambio fortalecería la confianza en las instituciones y evitaría cuestionamientos sobre criterios políticos en la concesión de indultos. Este debate, que comienza a ganar relevancia pública, podría dar lugar a una reforma estructural del sistema en un momento donde el uso del indulto sigue siendo motivo de tensiones entre el Poder Judicial y el Ejecutivo. Fuente: Publimetro
La Corte Suprema respaldó la decisión que permite avanzar en la acción judicial presentada contra el exfiscal regional Manuel Guerra, al confirmar la admisibilidad de la querella de capítulos interpuesta por el Ministerio Público el pasado 24 de octubre. La resolución fue adoptada por la Segunda Sala de la Corte Suprema, que ratificó lo resuelto previamente el 2 de enero por la Corte de Apelaciones de Santiago. Con esta decisión, se habilita la continuación del procedimiento especial requerido para investigar a fiscales por actuaciones realizadas en el ejercicio de sus funciones. Manuel Guerra, quien encabezó la Fiscalía Regional Metropolitana Oriente, es investigado por un presunto intercambio de información con el abogado Luis Hermosilla en causas de alta relevancia pública, entre ellas los casos Penta, Dominga y Exalmar, además del proceso contra el exdirector de la Policía de Investigaciones, Héctor Espinosa. En su fallo, la Suprema señaló que, en la actual etapa de la investigación, los antecedentes expuestos por el Ministerio Público resultan plausibles y otorgan suficiente seriedad y verosimilitud a las imputaciones formuladas contra Guerra. Sin embargo, el tribunal enfatizó que esta decisión no implica establecer hechos ni determinar responsabilidades penales, sino únicamente permitir que el proceso siga su curso. La querella de capítulos funciona como un mecanismo previo —similar a un desafuero— exigido cuando se busca perseguir penalmente a jueces, fiscales judiciales o fiscales del Ministerio Público por actos vinculados a su cargo. Fuente: CNN Chile País
En el marco de la investigación por cohecho y lavado de activos en la trama “Muñeca Bielorrusa”, la exministra de la Corte Suprema, Ángela Vivanco, continuará en prisión preventiva, según determinó el tribunal este lunes 9 de febrero. La defensa de Vivanco, liderada por el abogado Jorge Valladares, solicitó modificar la medida cautelar argumentando la falta de elementos para configurar cohecho. Sin embargo, la fiscal regional de Los Lagos, Carmen Gloria Wittwer, insistió en mantener la prisión preventiva debido a la gravedad de los hechos investigados y los riesgos procesales asociados a diligencias pendientes. La investigación se centra en el conflicto judicial entre el consorcio Belaz-Movitec y Codelco, donde se sospecha de intervenciones irregulares en decisiones judiciales, recepción de pagos o beneficios, y una posible trazabilidad financiera bajo análisis. Estos elementos sustentan las imputaciones por cohecho y lavado de activos. El proceso judicial continúa en desarrollo, recordando que rige la presunción de inocencia para todos los involucrados. Fuente: CNN Chile País
La exministra y exvocera de la Corte Suprema, Ángela Vivanco, ha sido enviada a prisión preventiva este viernes 30 de enero, luego de una larga formalización que se extendió desde el lunes. La medida fue impuesta por tres delitos de cohecho y lavado de activos. El juez del 7° Juzgado de Garantía de Santiago, Cristián Sánchez, determinó que Vivanco deberá permanecer en el recinto de San Joaquín cumpliendo con esta medida cautelar. Según sus palabras, los antecedentes presentados por la Fiscalía y los querellantes desde el inicio de la semana justifican la prisión preventiva, especialmente en lo referente al delito de lavado de activos. En declaraciones posteriores a la audiencia, la fiscal expresó su satisfacción por la decisión del tribunal: “Nos encontramos satisfechos porque el tribunal ha dado por ratificado que tenemos una investigación sólida... acogió el planteamiento de que su libertad constituye un peligro para la seguridad de la sociedad y como autora de tres delitos de cohecho y un delito de lavado de activos, en ese sentido estamos tranquilos y estamos conformes y seguimos trabajando en esta investigación”. La fiscal también aseguró que la investigación se lleva a cabo con igual rigor para todas las personas, independientemente de su posición social o laboral. A pesar de tratarse en este caso de una exministra del máximo tribunal del país, se seguirá investigando con total imparcialidad. Según los antecedentes presentados por el Ministerio Público, se sospecha que Vivanco habría recibido sobornos por parte de la empresa Belaz Movitec SpA para emitir fallos favorables a dicha compañía en un litigio con Codelco. Esta decisión judicial resultó en un pago de 17 mil millones de pesos por parte de la estatal cuprífera a la empresa chileno-bielorrusa. Fuente: Publimetro
La Corte Suprema ha autorizado la reanudación de la búsqueda de un tesoro millonario que se cree está oculto entre los cerros de la isla Robinson Crusoe, en el Archipiélago Juan Fernández. Esta autorización permite que el empresario holandés Bernard Keiser continúe con su cruzada en busca de este tesoro, valuado en unos 40 mil millones de dólares y compuesto por mil barriles de monedas de oro, entre otros tesoros de gran valor. Según la historia, este tesoro pertenece al cargamento de la embarcación Nuestra señora de Montecarmelo, que desapareció en el siglo XVIII y se cree que está escondido en el Parque Nacional administrado por Conaf. Los trabajos de búsqueda estaban paralizados hasta ahora, pero con la autorización de la Corte Suprema, podrían reactivarse pronto. En caso de encontrar el tesoro, el Estado chileno se quedaría con el 75% del dinero encontrado, mientras que el resto sería para quien lo descubra. A pesar de la expectativa generada por esta noticia, los habitantes locales mantienen una actitud tranquila y moderada ante esta situación. El alcalde de Juan Fernández, Pablo Manrique, comentó: Para nosotros es como una historia que la sabemos hace tiempo, y no revela tantas expectativas como pasa en el continente. Aunque Keiser lleva casi 30 años intentando encontrar este tesoro sin éxito hasta ahora, todavía existen señales que mantienen viva la esperanza de descubrirlo en algún lugar de la isla. Fuente: Publimetro
La presidenta de la Corte Suprema de Chile, Gloria Ana Chevesich, ha propuesto una medida que ha generado un intenso debate político y jurídico en el país. Su propuesta consiste en eliminar la figura del indulto presidencial y en su lugar crear un organismo colegiado encargado de evaluar estos casos. En una entrevista con 24 Horas, la magistrada expresó que el actual mecanismo debe ser eliminado y que sea un consejo el que analice los casos, porque con todo, un indulto depende también de las razones que se invoquen. Esta propuesta busca establecer criterios técnicos y mayor transparencia en decisiones que actualmente recaen exclusivamente en el jefe de Estado. Chevesich señaló: “Muy bien sabemos que hay una norma en la Constitución política de la República que dice que no se puede revivir procesos fenecidos, no se pueden criticar en el fondo decisiones de orden jurisdiccional. Entonces pareciera que mejor no debería estar el indulto”. Esta iniciativa surge en medio de controversias sobre el uso del indulto en años anteriores. Durante el gobierno de Gabriel Boric, esta medida generó críticas por los beneficios otorgados a personas detenidas durante el Estallido social en Chile. El actual presidente, José Antonio Kast, ha defendido públicamente la facultad del indulto. En una entrevista reciente con T13, afirmó: “la facultad del indulto es una facultad que hasta el día de hoy tiene el Presidente de la República y yo la voy a utilizar”. Kast argumentó que el país vivió un periodo de “violencia extrema” y abogó por avanzar hacia procesos de reconciliación. “Hay que partir perdonando”, dijo, agregando que estas decisiones pueden contribuir a “recuperar la paz con diálogo”. En relación a las intenciones del presidente, Chevesich mencionó: “tengo entendido, según lo que me manifestó el presidente (Kast) en su momento en calidad de electo, que no le gustaba la figura del indulto. Pero igual iba a analizar porque la facultad la tiene”. La propuesta de Chevesich busca descentralizar una atribución históricamente concentrada en el Ejecutivo, trasladándola a un consejo que evalúe cada situación bajo parámetros objetivos. La magistrada considera que este cambio fortalecería la confianza en las instituciones y evitaría cuestionamientos sobre criterios políticos en la concesión de indultos. Este debate, que comienza a ganar relevancia pública, podría dar lugar a una reforma estructural del sistema en un momento donde el uso del indulto sigue siendo motivo de tensiones entre el Poder Judicial y el Ejecutivo. Fuente: Publimetro
La Corte Suprema respaldó la decisión que permite avanzar en la acción judicial presentada contra el exfiscal regional Manuel Guerra, al confirmar la admisibilidad de la querella de capítulos interpuesta por el Ministerio Público el pasado 24 de octubre. La resolución fue adoptada por la Segunda Sala de la Corte Suprema, que ratificó lo resuelto previamente el 2 de enero por la Corte de Apelaciones de Santiago. Con esta decisión, se habilita la continuación del procedimiento especial requerido para investigar a fiscales por actuaciones realizadas en el ejercicio de sus funciones. Manuel Guerra, quien encabezó la Fiscalía Regional Metropolitana Oriente, es investigado por un presunto intercambio de información con el abogado Luis Hermosilla en causas de alta relevancia pública, entre ellas los casos Penta, Dominga y Exalmar, además del proceso contra el exdirector de la Policía de Investigaciones, Héctor Espinosa. En su fallo, la Suprema señaló que, en la actual etapa de la investigación, los antecedentes expuestos por el Ministerio Público resultan plausibles y otorgan suficiente seriedad y verosimilitud a las imputaciones formuladas contra Guerra. Sin embargo, el tribunal enfatizó que esta decisión no implica establecer hechos ni determinar responsabilidades penales, sino únicamente permitir que el proceso siga su curso. La querella de capítulos funciona como un mecanismo previo —similar a un desafuero— exigido cuando se busca perseguir penalmente a jueces, fiscales judiciales o fiscales del Ministerio Público por actos vinculados a su cargo. Fuente: CNN Chile País
En el marco de la investigación por cohecho y lavado de activos en la trama “Muñeca Bielorrusa”, la exministra de la Corte Suprema, Ángela Vivanco, continuará en prisión preventiva, según determinó el tribunal este lunes 9 de febrero. La defensa de Vivanco, liderada por el abogado Jorge Valladares, solicitó modificar la medida cautelar argumentando la falta de elementos para configurar cohecho. Sin embargo, la fiscal regional de Los Lagos, Carmen Gloria Wittwer, insistió en mantener la prisión preventiva debido a la gravedad de los hechos investigados y los riesgos procesales asociados a diligencias pendientes. La investigación se centra en el conflicto judicial entre el consorcio Belaz-Movitec y Codelco, donde se sospecha de intervenciones irregulares en decisiones judiciales, recepción de pagos o beneficios, y una posible trazabilidad financiera bajo análisis. Estos elementos sustentan las imputaciones por cohecho y lavado de activos. El proceso judicial continúa en desarrollo, recordando que rige la presunción de inocencia para todos los involucrados. Fuente: CNN Chile País
La exministra y exvocera de la Corte Suprema, Ángela Vivanco, ha sido enviada a prisión preventiva este viernes 30 de enero, luego de una larga formalización que se extendió desde el lunes. La medida fue impuesta por tres delitos de cohecho y lavado de activos. El juez del 7° Juzgado de Garantía de Santiago, Cristián Sánchez, determinó que Vivanco deberá permanecer en el recinto de San Joaquín cumpliendo con esta medida cautelar. Según sus palabras, los antecedentes presentados por la Fiscalía y los querellantes desde el inicio de la semana justifican la prisión preventiva, especialmente en lo referente al delito de lavado de activos. En declaraciones posteriores a la audiencia, la fiscal expresó su satisfacción por la decisión del tribunal: “Nos encontramos satisfechos porque el tribunal ha dado por ratificado que tenemos una investigación sólida... acogió el planteamiento de que su libertad constituye un peligro para la seguridad de la sociedad y como autora de tres delitos de cohecho y un delito de lavado de activos, en ese sentido estamos tranquilos y estamos conformes y seguimos trabajando en esta investigación”. La fiscal también aseguró que la investigación se lleva a cabo con igual rigor para todas las personas, independientemente de su posición social o laboral. A pesar de tratarse en este caso de una exministra del máximo tribunal del país, se seguirá investigando con total imparcialidad. Según los antecedentes presentados por el Ministerio Público, se sospecha que Vivanco habría recibido sobornos por parte de la empresa Belaz Movitec SpA para emitir fallos favorables a dicha compañía en un litigio con Codelco. Esta decisión judicial resultó en un pago de 17 mil millones de pesos por parte de la estatal cuprífera a la empresa chileno-bielorrusa. Fuente: Publimetro
