En esta jornada de viernes, el parlamentario Stephan Schubert envió un oficio al Ministerio de Economía, liderado por Nicolás Grau, solicitando información detallada sobre las condiciones de funcionamiento de los llamados “malls chinos” a lo largo de nuestro país. PUBLICIDAD Bajo este contexto, esta petición del diputado del Partido Republicano llega luego de su preocupación por regular estos centros comerciales. Por consecuencia, busca obtener datos acerca de cuántos son los establecimientos de este tipo que actualmente se encuentran operando, cuántos otros han sido clausurados y las razones detrás de estas medidas. Es por esto que el congresista por el 23° Distrito, Región de La Araucanía, enfatizó en la necesidad de transparencia en la información respecto a estos comercios : “Es crucial entender si estos establecimientos cumplen con las normativas vigentes, ya que muchas veces se observan situaciones de competencia desleal o falta de regulación adecuada que afecta a los comerciantes locales”. Según datos del Servicio Nacional del Consumidor ( Sernac), entre enero y septiembre de 2024 han ingresado 49 reclamos en contra de estos locales a lo largo de Chile. Sin ir más lejos, esta cifra da cuenta de un aumento del 16,6% en relación al año anterior. Debido a estos antecedentes, en el escrito enviado por el legislador de oposición a la cartera de Economía, se solicita que se informe no solamente del número de establecimientos, sino también sobre los motivos que han llevado a la clausura de algunos de ellos, algo que podría incluir incumplimientos normativos, problemas sanitarios o de seguridad, entre otros aspectos. “Si bien la expansión de estos centros comerciales ha dinamizado el mercado y ampliado las opciones para los consumidores, también plantea desafíos en términos de competencia leal, cumplimiento normativo y protección de los derechos del consumidor”, sostuvo el diputado. Además de esto, el abogado y político de 46 años ha mostrado interés en revisar posibles modificaciones a las leyes vigentes para abordar las preocupaciones que existen en torno a estos malls : “La proliferación de estos malls podría generar desigualdades, ya que algunos no cumplen con las mismas obligaciones tributarias y laborales que el resto del comercio formal”. PUBLICIDAD Por lo anterior, el político sugiere que se refuercen los controles para asegurar que todos los actores logren cumplir con las mismas reglas. El objetivo de este trámite legislativo es garantizar que la actividad económica de estos centros comerciales se ajuste a las normativas chilenas, protegiendo tanto a los consumidores como a los empresarios locales.
El congresista Roberto Arroyo del Partido Social Cristiano ( PSC ) hizo un llamado al Frente Amplio para “recapacitar” acerca del proyecto del séptimo retiro y así no aportar con trabas a su respectiva discusión para que logre ser votada en Sala. PUBLICIDAD Fue mediante un oficio dirigido a la presidenta del Frente Amplio – Constanza Martínez – y al jefe de bancada – Jaime Saéz – que el parlamentario por la Región del Biobío solicitó que exista una reflexión sobre la iniciativa que busca un nuevo retiro de los Fondos de Pensiones para que las personas tengan la libertad de utilizar este dinero en un contexto de adversidades económicas que vive el país Esta invitación de Arroyo llega posterior a las críticas que ha recibido la colectividad oficialista, puesto que se opusieron a que este proyecto –que surgió de la Comisión de Constitución– sea puesto en tabla para que se pueda discutir en la Sala de la Cámara de Diputados. Dentro del contenido de la carta, el legislador por el 20° Distrito sostuvo que “ apelo a la coherencia que debiese tener el Frente Amplio y a la necesidad de no bloquear la posibilidad de que este proyecto sea puesto en tabla, discutido y votado en la Sala democráticamente”. “En Chile, las familias, especialmente de clase media, siguen enfrentando serios problemas económicos. Las recientes alzas en las cuentas de electricidad, el gas y los combustibles han empeorado la situación. Las tarjetas de crédito y los préstamos se han vuelto herramientas para sobrevivir, sumergiendo a las personas en una especie de ‘bicicleta financiera’ donde piden dinero para cubrir otras deudas, lo que finalmente termina siendo insostenible”, se refirió Arroyo acerca de la necesidad de la ciudadanía para gozar de estos recursos. Sumado a estas declaraciones, el exmiembro del Partido de la Gente evocó que “en el pasado, desde el Frente Amplio, esta medida fue defendida con fuerza como una solución real para las necesidades de muchas familias, especialmente aquellas más afectadas por la crisis económica y el alto costo de vida”.
El diputado Jorge Guzmán y el concejal de Constitución, Michael García, dieron a conocer los resultados del órgano contralor que acredita una serie de graves irregularidades en el municipio de Constitución, entre estas, la contratación vía trato directo de proveedores cercanos a la figura del alcalde Fabián Pérez, el uso injustificado de tratos directos por un monto cercano a los $630 millones y sobreprecios en el pago de artistas durante las actividades de verano en la comuna, entre otros hechos detectados. PUBLICIDAD En dicha denuncia, a partir de una investigación realizada por el concejal García, el edil s olicitó a control interno del municipio información sobre los excesivos tratos directos con el proveedor Maximiliano Hernández y su empresa Cuculí Group SpA, dado que entre los años 2022 y 2023, se celebraron cerca de 44 contrataciones por diversos giros y servicios, tales como adquisición de mediaguas, adquisición de kioskos, servicios de publicidad radial, servicios de producción, animación en actividad artística de verano y servicios de eventos rurales. Contrataciones que en su mayoría fueron objetadas por la unidad de control de la Municipalidad de Constitución. Asimismo, Hernández, cercano a la figura del actual alcalde, creó su empresa y presentó cotizaciones emitidas el mismo día en que fue constituida la sociedad, incluso con anterioridad a la iniciación de actividades ante el Servicio de Impuestos Internos. Luego de la investigación, que buscaba constatar si dichas acciones se ajustan a los principios de legalidad, eficiencia y eficacia en el proceso de adquisición de bienes y servicios, Contraloría confirmó las irregularidades denunciadas y determinó derivar de oficio los antecedentes al Ministerio Público de la comuna con el objeto de establecer eventuales responsabilidades, tal como lo solicitó el diputado Guzmán y el concejal García en su oportunidad por ser hechos constitutivos de delito. El informe de Contraloría ha logrado determinar eventuales faltas a la probidad, transparencia, además de sobreprecios de artistas, falta de fundamentación en contrataciones efectuadas mediante la modalidad de trato directo, extemporaneidad en las emisiones de orden de compra, emisión de cotizaciones antes de tener el giro en SII, ausencia de informes sociales en la entrega de viviendas de emergencia, entre otras. Además, el informe indica que el alcalde Pérez no informó al Concejo Municipal sobre las contrataciones efectuadas mediante la modalidad de trato directo a Hernández y Cuculí Group SpA. durante los años 2022 y 2023. Adicionalmente, todo lo señalado por el informe será objeto de un sumario a realizar por el propio organismo contralor. Al respecto, el diputado Jorge Guzmán señaló que “la Contraloría General de la República acreditó todos y cada uno de los hechos que denunciamos junto al concejal de la comuna, Michael García, respecto a los excesivos tratos directos efectuados por la Municipalidad de Constitución al proveedor Maximiliano Hernández y también a su empresa Cuculí Group SpA. Los antecedentes son tan graves y delicados que la propia Contraloría ha remitido estos al Ministerio Público y la Fiscalía porque pueden ser constitutivos de delito. Por nuestra parte, vamos a estudiar los antecedentes y no descartamos la presentación de una querella, porque con los recursos públicos no se puede estar beneficiando a los amigos. Esto es grave, afecta la probidad y la transparencia y podríamos estar en presencia de hechos de corrupción que son constitutivos de delitos”. Finalmente, el concejal de Constitución, Michael García indicó que “el informe final de la Contraloría ratifica las denuncias que realizamos hace aproximadamente un año, que daban cuenta de las irregularidades que se estaban cometiendo en el municipio de Constitución con un proveedor en cuestión”. Ante esto, la Contraloría hizo una auditoría en el municipio de Constitución donde se detectaron varias falencias más, como los pagos directos sin fundamento por más de 650 millones de pesos. Aparte de esto, los sobreprecios a artistas para eventos que se realizan en verano o en fiestas en Constitución, entre otros. Así que esperamos que se dé a conocer el informe final en estos días y que la ciudadanía también se entere”.
En esta jornada de viernes, el parlamentario Stephan Schubert envió un oficio al Ministerio de Economía, liderado por Nicolás Grau, solicitando información detallada sobre las condiciones de funcionamiento de los llamados “malls chinos” a lo largo de nuestro país. PUBLICIDAD Bajo este contexto, esta petición del diputado del Partido Republicano llega luego de su preocupación por regular estos centros comerciales. Por consecuencia, busca obtener datos acerca de cuántos son los establecimientos de este tipo que actualmente se encuentran operando, cuántos otros han sido clausurados y las razones detrás de estas medidas. Es por esto que el congresista por el 23° Distrito, Región de La Araucanía, enfatizó en la necesidad de transparencia en la información respecto a estos comercios : “Es crucial entender si estos establecimientos cumplen con las normativas vigentes, ya que muchas veces se observan situaciones de competencia desleal o falta de regulación adecuada que afecta a los comerciantes locales”. Según datos del Servicio Nacional del Consumidor ( Sernac), entre enero y septiembre de 2024 han ingresado 49 reclamos en contra de estos locales a lo largo de Chile. Sin ir más lejos, esta cifra da cuenta de un aumento del 16,6% en relación al año anterior. Debido a estos antecedentes, en el escrito enviado por el legislador de oposición a la cartera de Economía, se solicita que se informe no solamente del número de establecimientos, sino también sobre los motivos que han llevado a la clausura de algunos de ellos, algo que podría incluir incumplimientos normativos, problemas sanitarios o de seguridad, entre otros aspectos. “Si bien la expansión de estos centros comerciales ha dinamizado el mercado y ampliado las opciones para los consumidores, también plantea desafíos en términos de competencia leal, cumplimiento normativo y protección de los derechos del consumidor”, sostuvo el diputado. Además de esto, el abogado y político de 46 años ha mostrado interés en revisar posibles modificaciones a las leyes vigentes para abordar las preocupaciones que existen en torno a estos malls : “La proliferación de estos malls podría generar desigualdades, ya que algunos no cumplen con las mismas obligaciones tributarias y laborales que el resto del comercio formal”. PUBLICIDAD Por lo anterior, el político sugiere que se refuercen los controles para asegurar que todos los actores logren cumplir con las mismas reglas. El objetivo de este trámite legislativo es garantizar que la actividad económica de estos centros comerciales se ajuste a las normativas chilenas, protegiendo tanto a los consumidores como a los empresarios locales.
El congresista Roberto Arroyo del Partido Social Cristiano ( PSC ) hizo un llamado al Frente Amplio para “recapacitar” acerca del proyecto del séptimo retiro y así no aportar con trabas a su respectiva discusión para que logre ser votada en Sala. PUBLICIDAD Fue mediante un oficio dirigido a la presidenta del Frente Amplio – Constanza Martínez – y al jefe de bancada – Jaime Saéz – que el parlamentario por la Región del Biobío solicitó que exista una reflexión sobre la iniciativa que busca un nuevo retiro de los Fondos de Pensiones para que las personas tengan la libertad de utilizar este dinero en un contexto de adversidades económicas que vive el país Esta invitación de Arroyo llega posterior a las críticas que ha recibido la colectividad oficialista, puesto que se opusieron a que este proyecto –que surgió de la Comisión de Constitución– sea puesto en tabla para que se pueda discutir en la Sala de la Cámara de Diputados. Dentro del contenido de la carta, el legislador por el 20° Distrito sostuvo que “ apelo a la coherencia que debiese tener el Frente Amplio y a la necesidad de no bloquear la posibilidad de que este proyecto sea puesto en tabla, discutido y votado en la Sala democráticamente”. “En Chile, las familias, especialmente de clase media, siguen enfrentando serios problemas económicos. Las recientes alzas en las cuentas de electricidad, el gas y los combustibles han empeorado la situación. Las tarjetas de crédito y los préstamos se han vuelto herramientas para sobrevivir, sumergiendo a las personas en una especie de ‘bicicleta financiera’ donde piden dinero para cubrir otras deudas, lo que finalmente termina siendo insostenible”, se refirió Arroyo acerca de la necesidad de la ciudadanía para gozar de estos recursos. Sumado a estas declaraciones, el exmiembro del Partido de la Gente evocó que “en el pasado, desde el Frente Amplio, esta medida fue defendida con fuerza como una solución real para las necesidades de muchas familias, especialmente aquellas más afectadas por la crisis económica y el alto costo de vida”.
El diputado Jorge Guzmán y el concejal de Constitución, Michael García, dieron a conocer los resultados del órgano contralor que acredita una serie de graves irregularidades en el municipio de Constitución, entre estas, la contratación vía trato directo de proveedores cercanos a la figura del alcalde Fabián Pérez, el uso injustificado de tratos directos por un monto cercano a los $630 millones y sobreprecios en el pago de artistas durante las actividades de verano en la comuna, entre otros hechos detectados. PUBLICIDAD En dicha denuncia, a partir de una investigación realizada por el concejal García, el edil s olicitó a control interno del municipio información sobre los excesivos tratos directos con el proveedor Maximiliano Hernández y su empresa Cuculí Group SpA, dado que entre los años 2022 y 2023, se celebraron cerca de 44 contrataciones por diversos giros y servicios, tales como adquisición de mediaguas, adquisición de kioskos, servicios de publicidad radial, servicios de producción, animación en actividad artística de verano y servicios de eventos rurales. Contrataciones que en su mayoría fueron objetadas por la unidad de control de la Municipalidad de Constitución. Asimismo, Hernández, cercano a la figura del actual alcalde, creó su empresa y presentó cotizaciones emitidas el mismo día en que fue constituida la sociedad, incluso con anterioridad a la iniciación de actividades ante el Servicio de Impuestos Internos. Luego de la investigación, que buscaba constatar si dichas acciones se ajustan a los principios de legalidad, eficiencia y eficacia en el proceso de adquisición de bienes y servicios, Contraloría confirmó las irregularidades denunciadas y determinó derivar de oficio los antecedentes al Ministerio Público de la comuna con el objeto de establecer eventuales responsabilidades, tal como lo solicitó el diputado Guzmán y el concejal García en su oportunidad por ser hechos constitutivos de delito. El informe de Contraloría ha logrado determinar eventuales faltas a la probidad, transparencia, además de sobreprecios de artistas, falta de fundamentación en contrataciones efectuadas mediante la modalidad de trato directo, extemporaneidad en las emisiones de orden de compra, emisión de cotizaciones antes de tener el giro en SII, ausencia de informes sociales en la entrega de viviendas de emergencia, entre otras. Además, el informe indica que el alcalde Pérez no informó al Concejo Municipal sobre las contrataciones efectuadas mediante la modalidad de trato directo a Hernández y Cuculí Group SpA. durante los años 2022 y 2023. Adicionalmente, todo lo señalado por el informe será objeto de un sumario a realizar por el propio organismo contralor. Al respecto, el diputado Jorge Guzmán señaló que “la Contraloría General de la República acreditó todos y cada uno de los hechos que denunciamos junto al concejal de la comuna, Michael García, respecto a los excesivos tratos directos efectuados por la Municipalidad de Constitución al proveedor Maximiliano Hernández y también a su empresa Cuculí Group SpA. Los antecedentes son tan graves y delicados que la propia Contraloría ha remitido estos al Ministerio Público y la Fiscalía porque pueden ser constitutivos de delito. Por nuestra parte, vamos a estudiar los antecedentes y no descartamos la presentación de una querella, porque con los recursos públicos no se puede estar beneficiando a los amigos. Esto es grave, afecta la probidad y la transparencia y podríamos estar en presencia de hechos de corrupción que son constitutivos de delitos”. Finalmente, el concejal de Constitución, Michael García indicó que “el informe final de la Contraloría ratifica las denuncias que realizamos hace aproximadamente un año, que daban cuenta de las irregularidades que se estaban cometiendo en el municipio de Constitución con un proveedor en cuestión”. Ante esto, la Contraloría hizo una auditoría en el municipio de Constitución donde se detectaron varias falencias más, como los pagos directos sin fundamento por más de 650 millones de pesos. Aparte de esto, los sobreprecios a artistas para eventos que se realizan en verano o en fiestas en Constitución, entre otros. Así que esperamos que se dé a conocer el informe final en estos días y que la ciudadanía también se entere”.
