El ministro de Hacienda Jorge Quiroz detalló las medidas contempladas en el plan de reconstrucción presentado por el Gobierno, el cual implica ajustes en el sistema de financiamiento de la educación superior, incluyendo cambios en la gratuidad y modificaciones al Crédito con Aval del Estado (CAE). LEE MÁS: Ministro Quiroz firmará oficio para recortar gasto en ministerios por estrechez de caja fiscal En una intervención en Mesa Central, el ministro explicó que el objetivo del proyecto es racionalizar el gasto público y priorizar recursos, considerando la posibilidad de restringir el acceso a la gratuidad universitaria. Una de las propuestas es establecer límites de edad para acceder al beneficio, lo que significaría que personas mayores de 30 años no podrían acceder a la educación gratuita. En relación al tema, el ministro afirmó: “La idea es concentrar los recursos en quienes están en edad típica de estudiar y evitar que el beneficio se siga expandiendo sin control”, destacando la importancia de compatibilizar las ayudas estudiantiles con la situación fiscal actual. Respecto al CAE, Quiroz mencionó que se contempla fortalecer los mecanismos de cobro de la deuda existente, descartando una condonación generalizada. El sistema se mantendrá vigente, pero con cambios en la forma en que se recuperan los recursos. En sus palabras: “Lo que estamos planteando es que quienes tienen deuda deben cumplir sus compromisos, porque esos recursos son necesarios para financiar otras políticas públicas”, subrayando la necesidad del Gobierno de asegurar ingresos para hacer frente a los costos del proceso de reconstrucción. El ministro enfatizó que estas medidas forman parte de un conjunto más amplio de reformas destinadas a financiar el plan, que incluye incentivos económicos, ajustes tributarios y control del gasto público. Según sus declaraciones: “No se trata solo de reconstruir infraestructura, sino también de ordenar las finanzas del Estado para poder sostener el esfuerzo en el tiempo”. El proyecto será enviado al Congreso próximamente y se espera que genere debate, especialmente por los cambios en gratuidad y las medidas más estrictas en cuanto al cobro del CAE, temas que tradicionalmente han sido objeto de discusión tanto política como estudiantil. Fuente: Publimetro
El ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, ha anunciado que emitirá un comunicado dirigido a todos los ministerios para implementar un ajuste en el gasto público, en respuesta a la compleja situación financiera que enfrenta el Gobierno. Para más información: Grau responde a Quiroz por acusación de “fisco sin caja” y explica cifras de liquidez del Estado chileno Según explicó Quiroz, esta medida tiene como objetivo ordenar las finanzas públicas y hacer frente al estrecho margen presupuestario. El ministro advirtió que al cierre del año pasado, los recursos disponibles fueron inusualmente bajos en comparación con administraciones anteriores. De hecho, mencionó que la caja fiscal se situó en torno a los US$40 millones, cuando normalmente oscila entre US$3.000 millones y US$4.000 millones. Durante una entrevista en Mesa Central de Canal 13, Quiroz afirmó que “el deber del Ministerio de Hacienda es, primero, evaluar la situación actual. La situación es muy compleja en términos de caja, como hemos visto, muy anormal. En este sentido, destacó la importancia de reaccionar rápidamente mediante un comunicado dirigido a los demás ministerios para implementar una reducción general del gasto del 3%, con un adicional de 1.000 millones de dólares para ajustes específicos en cada cartera. El comunicado incluirá instrucciones para recortar el gasto en los ministerios y solicitar información sobre presiones presupuestarias no consideradas inicialmente, con el objetivo de identificar áreas donde se pueden realizar ajustes significativos. El Gobierno tiene como meta reducir el gasto en varios miles de millones de dólares durante el primer año, como parte de un plan para controlar el déficit fiscal y restablecer la disciplina en las cuentas públicas. Quiroz subrayó la necesidad de tomar medidas inmediatas dada la situación actual, especialmente ante factores externos como el aumento del precio del petróleo y los compromisos fiscales existentes. En este contexto, enfatizó que el Ministerio de Hacienda debe actuar con prontitud para evitar un mayor deterioro de las finanzas estatales. Además, el comunicado solicitará a los ministerios informar sobre presiones de gasto no registradas inicialmente en los presupuestos. Según Quiroz, hay desembolsos que figuran como obligaciones pendientes pero también compromisos no documentados formalmente. A modo ilustrativo, mencionó que el sector Salud tuvo un gasto un 6% mayor en enero respecto al mismo mes del año anterior, lo que sugiere aumentos no previstos. “Hay gastos registrados como cuentas por pagar, pero también nos preocupan aquellos que no están reflejados en ningún lado cuando se le dice a un proveedor ‘espérame y factura en enero’. Estamos revisando esos aspectos hoy y nuestra prioridad es evaluar esa situación”, explicó. Fuente: Publimetro
El Gobierno presentó al Congreso el proyecto de ley que establece el reajuste de remuneraciones para los funcionarios del sector público, con un costo fiscal superior a los US$ 1.700 millones durante 2026. La iniciativa formaliza un acuerdo previo entre el Gobierno y la Mesa del Sector Público, generando controversia en la oposición por posibles implicancias laborales ante el cambio de administración. El proyecto contempla un reajuste nominal del 3,4% para los funcionarios estatales, dividido en dos etapas: un 2% a partir del 1 de diciembre y un 1,4% adicional desde el 1 de junio de este año. Según el informe financiero, esto implica un costo fiscal de US$ 1.775 millones en 2026, US$ 1.274 millones en 2027 y US$ 1.267 millones en régimen. Además del reajuste salarial, se establecen cambios en los aguinaldos de Navidad y Fiestas Patrias para los funcionarios públicos activos, con montos específicos según sus ingresos mensuales. Por otro lado, se posterga el reavalúo de propiedades habitacionales hasta 2027 y se amplía el giro de empresas estatales, permitiendo nuevas actividades a Correos de Chile y ENAP. En cuanto al teletrabajo, se extiende su vigencia hasta 2028 para instituciones estatales de educación superior, Gobiernos Regionales, organismos del Gobierno Central y el Consejo Fiscal Autónomo. En materia laboral, se prohíbe suspender el pago de asignaciones a dirigentes sindicales por el uso de permisos y se establece que las asambleas deben realizarse preferentemente fuera del horario laboral. Finalmente, se incorporan excepciones a la norma que obliga al retiro de funcionarios mayores de 75 años, permitiendo que ocupen cargos específicos dentro del Estado. El proyecto abarca una serie de medidas misceláneas que buscan regular diversos aspectos laborales y financieros en el sector público. Fuente: CNN Chile País
El ministro de Hacienda Jorge Quiroz detalló las medidas contempladas en el plan de reconstrucción presentado por el Gobierno, el cual implica ajustes en el sistema de financiamiento de la educación superior, incluyendo cambios en la gratuidad y modificaciones al Crédito con Aval del Estado (CAE). LEE MÁS: Ministro Quiroz firmará oficio para recortar gasto en ministerios por estrechez de caja fiscal En una intervención en Mesa Central, el ministro explicó que el objetivo del proyecto es racionalizar el gasto público y priorizar recursos, considerando la posibilidad de restringir el acceso a la gratuidad universitaria. Una de las propuestas es establecer límites de edad para acceder al beneficio, lo que significaría que personas mayores de 30 años no podrían acceder a la educación gratuita. En relación al tema, el ministro afirmó: “La idea es concentrar los recursos en quienes están en edad típica de estudiar y evitar que el beneficio se siga expandiendo sin control”, destacando la importancia de compatibilizar las ayudas estudiantiles con la situación fiscal actual. Respecto al CAE, Quiroz mencionó que se contempla fortalecer los mecanismos de cobro de la deuda existente, descartando una condonación generalizada. El sistema se mantendrá vigente, pero con cambios en la forma en que se recuperan los recursos. En sus palabras: “Lo que estamos planteando es que quienes tienen deuda deben cumplir sus compromisos, porque esos recursos son necesarios para financiar otras políticas públicas”, subrayando la necesidad del Gobierno de asegurar ingresos para hacer frente a los costos del proceso de reconstrucción. El ministro enfatizó que estas medidas forman parte de un conjunto más amplio de reformas destinadas a financiar el plan, que incluye incentivos económicos, ajustes tributarios y control del gasto público. Según sus declaraciones: “No se trata solo de reconstruir infraestructura, sino también de ordenar las finanzas del Estado para poder sostener el esfuerzo en el tiempo”. El proyecto será enviado al Congreso próximamente y se espera que genere debate, especialmente por los cambios en gratuidad y las medidas más estrictas en cuanto al cobro del CAE, temas que tradicionalmente han sido objeto de discusión tanto política como estudiantil. Fuente: Publimetro
El ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, ha anunciado que emitirá un comunicado dirigido a todos los ministerios para implementar un ajuste en el gasto público, en respuesta a la compleja situación financiera que enfrenta el Gobierno. Para más información: Grau responde a Quiroz por acusación de “fisco sin caja” y explica cifras de liquidez del Estado chileno Según explicó Quiroz, esta medida tiene como objetivo ordenar las finanzas públicas y hacer frente al estrecho margen presupuestario. El ministro advirtió que al cierre del año pasado, los recursos disponibles fueron inusualmente bajos en comparación con administraciones anteriores. De hecho, mencionó que la caja fiscal se situó en torno a los US$40 millones, cuando normalmente oscila entre US$3.000 millones y US$4.000 millones. Durante una entrevista en Mesa Central de Canal 13, Quiroz afirmó que “el deber del Ministerio de Hacienda es, primero, evaluar la situación actual. La situación es muy compleja en términos de caja, como hemos visto, muy anormal. En este sentido, destacó la importancia de reaccionar rápidamente mediante un comunicado dirigido a los demás ministerios para implementar una reducción general del gasto del 3%, con un adicional de 1.000 millones de dólares para ajustes específicos en cada cartera. El comunicado incluirá instrucciones para recortar el gasto en los ministerios y solicitar información sobre presiones presupuestarias no consideradas inicialmente, con el objetivo de identificar áreas donde se pueden realizar ajustes significativos. El Gobierno tiene como meta reducir el gasto en varios miles de millones de dólares durante el primer año, como parte de un plan para controlar el déficit fiscal y restablecer la disciplina en las cuentas públicas. Quiroz subrayó la necesidad de tomar medidas inmediatas dada la situación actual, especialmente ante factores externos como el aumento del precio del petróleo y los compromisos fiscales existentes. En este contexto, enfatizó que el Ministerio de Hacienda debe actuar con prontitud para evitar un mayor deterioro de las finanzas estatales. Además, el comunicado solicitará a los ministerios informar sobre presiones de gasto no registradas inicialmente en los presupuestos. Según Quiroz, hay desembolsos que figuran como obligaciones pendientes pero también compromisos no documentados formalmente. A modo ilustrativo, mencionó que el sector Salud tuvo un gasto un 6% mayor en enero respecto al mismo mes del año anterior, lo que sugiere aumentos no previstos. “Hay gastos registrados como cuentas por pagar, pero también nos preocupan aquellos que no están reflejados en ningún lado cuando se le dice a un proveedor ‘espérame y factura en enero’. Estamos revisando esos aspectos hoy y nuestra prioridad es evaluar esa situación”, explicó. Fuente: Publimetro
El Gobierno presentó al Congreso el proyecto de ley que establece el reajuste de remuneraciones para los funcionarios del sector público, con un costo fiscal superior a los US$ 1.700 millones durante 2026. La iniciativa formaliza un acuerdo previo entre el Gobierno y la Mesa del Sector Público, generando controversia en la oposición por posibles implicancias laborales ante el cambio de administración. El proyecto contempla un reajuste nominal del 3,4% para los funcionarios estatales, dividido en dos etapas: un 2% a partir del 1 de diciembre y un 1,4% adicional desde el 1 de junio de este año. Según el informe financiero, esto implica un costo fiscal de US$ 1.775 millones en 2026, US$ 1.274 millones en 2027 y US$ 1.267 millones en régimen. Además del reajuste salarial, se establecen cambios en los aguinaldos de Navidad y Fiestas Patrias para los funcionarios públicos activos, con montos específicos según sus ingresos mensuales. Por otro lado, se posterga el reavalúo de propiedades habitacionales hasta 2027 y se amplía el giro de empresas estatales, permitiendo nuevas actividades a Correos de Chile y ENAP. En cuanto al teletrabajo, se extiende su vigencia hasta 2028 para instituciones estatales de educación superior, Gobiernos Regionales, organismos del Gobierno Central y el Consejo Fiscal Autónomo. En materia laboral, se prohíbe suspender el pago de asignaciones a dirigentes sindicales por el uso de permisos y se establece que las asambleas deben realizarse preferentemente fuera del horario laboral. Finalmente, se incorporan excepciones a la norma que obliga al retiro de funcionarios mayores de 75 años, permitiendo que ocupen cargos específicos dentro del Estado. El proyecto abarca una serie de medidas misceláneas que buscan regular diversos aspectos laborales y financieros en el sector público. Fuente: CNN Chile País
