La Asociación Chilena de Municipalidades (ACHM) y la Asociación de Municipalidades Rurales (AMUR) han emitido una alerta conjunta sobre la preocupante situación que enfrenta la salud primaria en Chile si el Gobierno decide mantener congelado el per cápita basal, el cual es el monto que el Estado otorga a los municipios por cada ciudadano inscrito en el sistema público. Este financiamiento, que cubre aspectos como sueldos, medicamentos, controles médicos, vacunación, salud dental y programas familiares, ha permanecido sin ajustes significativos durante los últimos dos años. Mientras los costos de vida aumentan en diversos sectores, los centros de atención primaria deben hacer frente a mayores demandas con un presupuesto estancado. De acuerdo con la ACHM, el incremento propuesto en el Presupuesto 2026 es de solo un 2,5 % nominal, lo que equivale a un aumento real de apenas un 1,5 %, es decir, $268 por persona, alcanzando un total de $12 066 por usuario. Estas cifras se sitúan muy por debajo de los $16 000 recomendados por la Comisión Nacional de Evaluación y Productividad y de los $12 460 solicitados por la CONFUSAM como mínimo para mantener el sistema operativo. Además, el proyecto presupuestario no contempla la creación de nuevos Centros de Salud Familiar (CESFAM), Servicios de Atención Rural (SAR) ni postas rurales más allá de los proyectos ya existentes. Asimismo, se prevé la eliminación de programas emblemáticos como Más Adulto Mayor Autovalente, Vida Sana, Salud Escolar y Cuidados Comunitarios, los cuales desempeñan un papel fundamental en la prevención de enfermedades y la promoción de estilos de vida saludables en las comunidades. En relación a esta situación, Gustavo Alessandri, presidente de la ACHM y alcalde de Zapallar, expresó su preocupación al afirmar: “Los municipios fuimos capaces de administrar una situación caótica durante la pandemia y sacar adelante al país. Por eso, no entendemos esta postura de congelar el per cápita y reducir programas. Así es imposible entregar un servicio digno y sostenible. Si el Gobierno no rectifica, esto podría generar un verdadero terremoto social”. “El corazón de la salud está en la atención primaria y está en los municipios. Para poder cumplir ese rol necesitamos recursos suficientes, no recortes ni programas suspendidos. Pedimos al Gobierno que reevalúe esta propuesta y que escuche a los alcaldes, que somos quienes enfrentamos diariamente las urgencias sanitarias de la gente”, agregó Alessandri. Por otro lado, Rodrigo Contreras, presidente de la AMUR, manifestó su inquietud ante esta situación al señalar: “Los municipios rurales vemos con mucha preocupación este congelamiento del per cápita basal. El corazón de la salud está en la atención primaria y está en los municipios. Para poder cumplir ese rol necesitamos recursos suficientes, no recortes ni programas suspendidos”. Durante una reunión con el senador Juan Luis Castro, miembro de la Comisión de Salud del Senado chileno, representantes de la ACHM expresaron su inquietud respecto a esta problemática. El senador Castro declaró: “ El per cápita basal, que hoy día es de $11 798, es una vergüenza que se mantenga congelado para el año 2026. Ya este año lo estuvo. Es imposible, sin un detrimento de los programas, las remuneraciones y todas las acciones que se realizan en atención primaria; que sea sostenible en el tiempo para los municipios más rurales o más pobres del país. Mi ánimo como integrante de la Comisión de Salud y además como futuro miembro de la Comisión Mixta al momento de votarla es rechazar las partidas destinadas a atención primaria mientras no se corrija esta propuesta y recogiendo el sentir de los municipios”. La ACHM subrayó que la Atención Primaria atiende al 80 % de la población chilena y destacó que un presupuesto insuficiente pone en peligro tanto la equidad territorial como el bienestar de millones de familias en Chile. “Congelar recursos, eliminar programas y detener infraestructura representa un retroceso en términos tanto de equidad como salud pública. Chile necesita una política sanitaria centrada en las personas y que fortalezca el papel crucial desempeñado por los municipios”, concluyeron desde las asociaciones involucradas. Fuente: Publimetro
Un error operativo de un proveedor externo ha tenido repercusiones más profundas de lo que se ha reconocido oficialmente en el ámbito educativo. Según el presidente de la Asociación Chilena de Municipalidades, Gustavo Alessandri, esta situación afecta a los municipios que buscan evitar la transferencia de sus colegios al Sistema Local de Educación Pública, como consecuencia de la falla sufrida recientemente con el SIMCE. Para Alessandri, el problema va más allá de la interrupción en la realización de la prueba: “Esta prueba no solo mide aprendizajes, sino que define estándares de gestión y calidad que inciden en decisiones estructurales del sistema educativo, entre ellas la evaluación de desempeño de los municipios que aún administran establecimientos educacionales”. El presidente de la Asociación Chilena de Municipalidades advierte sobre las implicancias de este incidente: “Cuando una prueba como el SIMCE fracasa por descoordinación del Estado, no solo se frustra a los niños y niñas que se prepararon durante meses; también se pone en riesgo la estabilidad de los proyectos educativos municipales. Los resultados de esta evaluación son uno de los indicadores que permiten a los municipios mantener sus establecimientos y evitar el traspaso forzoso al SLEP. Por lo tanto, una falla así no es neutra, tiene implicancias mayores”. Alessandri cuestiona la capacidad del Estado para exigir resultados en procesos complejos como el traspaso al nuevo sistema educativo: “Si el propio Estado no es capaz de garantizar un proceso de evaluación tan básico, ¿con qué legitimidad puede exigir resultados para procesos tan complejos como el traspaso al nuevo sistema de educación?”. En este sentido, el alcalde sostiene que la falla en el SIMCE no puede ser considerada simplemente como un accidente técnico: “Bajo nuestra experiencia, el nuevo sistema (SLEP) no ha mejorado las condiciones de la educación pública, sino que las ha debilitado, y desde esa perspectiva esta falla no puede seguir tratándose como un accidente técnico, porque afecta las condiciones institucionales con que los municipios intentan sostener la educación pública en sus comunas”. Fuente: Publimetro
El Consejo para la Transparencia (CPLT) ha dado a conocer los resultados de una fiscalización extraordinaria que evaluó el uso, reporte y destino de los recursos entregados a las municipalidades a través de los fondos transitorios del Royalty Minero durante 2024 y una muestra correspondiente a 2025. El análisis se enfocó en el nivel de transparencia y rendición de cuentas en la gestión de los fondos, específicamente en el Fondo de Comunas Mineras y el Fondo de Equidad Territorial, conocidos como “Fondos Puente”. Según el informe, en el período 2024 varias municipalidades de la Región de Antofagasta no cumplieron plenamente con la obligación de publicar sus reportes en los portales de transparencia activa. Entre ellas se encuentran Antofagasta, Calama, Tocopilla, Taltal, Sierra Gorda y Ollagüe, que presentaron incumplimientos al no publicar información, hacerlo de manera incompleta o en ítems erróneos. En particular, Ollagüe, una de las 20 municipalidades con mayor aumento proporcional en su presupuesto por el Royalty, respondió fuera de plazo una solicitud de información. En ella reconoció la transferencia de $24 millones al área de educación municipal, aunque en 2025 no publicó voluntariamente antecedentes sobre el uso de estos recursos. En cuanto a los montos recibidos, Calama se ubicó como la segunda municipalidad con mayores aportes en 2024, con $2.164 millones, mientras que Antofagasta alcanzó el décimo lugar con $993 millones. Sin embargo, se detectó que Sierra Gorda y San Pedro de Atacama no reportaron a la SUBDERE el uso del Fondo de Equidad Territorial, y que Antofagasta, Taltal y San Pedro tampoco cumplieron con reportar oportunamente los recursos provenientes del Fondo de Comunas Mineras. La presidenta del CPLT, Natalia González, recalcó que “la Región de Antofagasta recibe sumas muy considerables del Royalty, y es indispensable que los gobiernos locales cumplan cabalmente con sus obligaciones de transparencia, para que los ciudadanos puedan ejercer control social y exigir que estos fondos se traduzcan en mejoras concretas para su calidad de vida”. A nivel nacional, el CPLT advirtió que un 61% de las municipalidades beneficiadas por los Fondos Puente no cumplió de manera íntegra con la publicación de reportes sobre el uso de estos recursos en sus plataformas de transparencia activa. Fuente: Antofagasta TV Regional
La Asociación Chilena de Municipalidades (ACHM) y la Asociación de Municipalidades Rurales (AMUR) han emitido una alerta conjunta sobre la preocupante situación que enfrenta la salud primaria en Chile si el Gobierno decide mantener congelado el per cápita basal, el cual es el monto que el Estado otorga a los municipios por cada ciudadano inscrito en el sistema público. Este financiamiento, que cubre aspectos como sueldos, medicamentos, controles médicos, vacunación, salud dental y programas familiares, ha permanecido sin ajustes significativos durante los últimos dos años. Mientras los costos de vida aumentan en diversos sectores, los centros de atención primaria deben hacer frente a mayores demandas con un presupuesto estancado. De acuerdo con la ACHM, el incremento propuesto en el Presupuesto 2026 es de solo un 2,5 % nominal, lo que equivale a un aumento real de apenas un 1,5 %, es decir, $268 por persona, alcanzando un total de $12 066 por usuario. Estas cifras se sitúan muy por debajo de los $16 000 recomendados por la Comisión Nacional de Evaluación y Productividad y de los $12 460 solicitados por la CONFUSAM como mínimo para mantener el sistema operativo. Además, el proyecto presupuestario no contempla la creación de nuevos Centros de Salud Familiar (CESFAM), Servicios de Atención Rural (SAR) ni postas rurales más allá de los proyectos ya existentes. Asimismo, se prevé la eliminación de programas emblemáticos como Más Adulto Mayor Autovalente, Vida Sana, Salud Escolar y Cuidados Comunitarios, los cuales desempeñan un papel fundamental en la prevención de enfermedades y la promoción de estilos de vida saludables en las comunidades. En relación a esta situación, Gustavo Alessandri, presidente de la ACHM y alcalde de Zapallar, expresó su preocupación al afirmar: “Los municipios fuimos capaces de administrar una situación caótica durante la pandemia y sacar adelante al país. Por eso, no entendemos esta postura de congelar el per cápita y reducir programas. Así es imposible entregar un servicio digno y sostenible. Si el Gobierno no rectifica, esto podría generar un verdadero terremoto social”. “El corazón de la salud está en la atención primaria y está en los municipios. Para poder cumplir ese rol necesitamos recursos suficientes, no recortes ni programas suspendidos. Pedimos al Gobierno que reevalúe esta propuesta y que escuche a los alcaldes, que somos quienes enfrentamos diariamente las urgencias sanitarias de la gente”, agregó Alessandri. Por otro lado, Rodrigo Contreras, presidente de la AMUR, manifestó su inquietud ante esta situación al señalar: “Los municipios rurales vemos con mucha preocupación este congelamiento del per cápita basal. El corazón de la salud está en la atención primaria y está en los municipios. Para poder cumplir ese rol necesitamos recursos suficientes, no recortes ni programas suspendidos”. Durante una reunión con el senador Juan Luis Castro, miembro de la Comisión de Salud del Senado chileno, representantes de la ACHM expresaron su inquietud respecto a esta problemática. El senador Castro declaró: “ El per cápita basal, que hoy día es de $11 798, es una vergüenza que se mantenga congelado para el año 2026. Ya este año lo estuvo. Es imposible, sin un detrimento de los programas, las remuneraciones y todas las acciones que se realizan en atención primaria; que sea sostenible en el tiempo para los municipios más rurales o más pobres del país. Mi ánimo como integrante de la Comisión de Salud y además como futuro miembro de la Comisión Mixta al momento de votarla es rechazar las partidas destinadas a atención primaria mientras no se corrija esta propuesta y recogiendo el sentir de los municipios”. La ACHM subrayó que la Atención Primaria atiende al 80 % de la población chilena y destacó que un presupuesto insuficiente pone en peligro tanto la equidad territorial como el bienestar de millones de familias en Chile. “Congelar recursos, eliminar programas y detener infraestructura representa un retroceso en términos tanto de equidad como salud pública. Chile necesita una política sanitaria centrada en las personas y que fortalezca el papel crucial desempeñado por los municipios”, concluyeron desde las asociaciones involucradas. Fuente: Publimetro
Un error operativo de un proveedor externo ha tenido repercusiones más profundas de lo que se ha reconocido oficialmente en el ámbito educativo. Según el presidente de la Asociación Chilena de Municipalidades, Gustavo Alessandri, esta situación afecta a los municipios que buscan evitar la transferencia de sus colegios al Sistema Local de Educación Pública, como consecuencia de la falla sufrida recientemente con el SIMCE. Para Alessandri, el problema va más allá de la interrupción en la realización de la prueba: “Esta prueba no solo mide aprendizajes, sino que define estándares de gestión y calidad que inciden en decisiones estructurales del sistema educativo, entre ellas la evaluación de desempeño de los municipios que aún administran establecimientos educacionales”. El presidente de la Asociación Chilena de Municipalidades advierte sobre las implicancias de este incidente: “Cuando una prueba como el SIMCE fracasa por descoordinación del Estado, no solo se frustra a los niños y niñas que se prepararon durante meses; también se pone en riesgo la estabilidad de los proyectos educativos municipales. Los resultados de esta evaluación son uno de los indicadores que permiten a los municipios mantener sus establecimientos y evitar el traspaso forzoso al SLEP. Por lo tanto, una falla así no es neutra, tiene implicancias mayores”. Alessandri cuestiona la capacidad del Estado para exigir resultados en procesos complejos como el traspaso al nuevo sistema educativo: “Si el propio Estado no es capaz de garantizar un proceso de evaluación tan básico, ¿con qué legitimidad puede exigir resultados para procesos tan complejos como el traspaso al nuevo sistema de educación?”. En este sentido, el alcalde sostiene que la falla en el SIMCE no puede ser considerada simplemente como un accidente técnico: “Bajo nuestra experiencia, el nuevo sistema (SLEP) no ha mejorado las condiciones de la educación pública, sino que las ha debilitado, y desde esa perspectiva esta falla no puede seguir tratándose como un accidente técnico, porque afecta las condiciones institucionales con que los municipios intentan sostener la educación pública en sus comunas”. Fuente: Publimetro
El Consejo para la Transparencia (CPLT) ha dado a conocer los resultados de una fiscalización extraordinaria que evaluó el uso, reporte y destino de los recursos entregados a las municipalidades a través de los fondos transitorios del Royalty Minero durante 2024 y una muestra correspondiente a 2025. El análisis se enfocó en el nivel de transparencia y rendición de cuentas en la gestión de los fondos, específicamente en el Fondo de Comunas Mineras y el Fondo de Equidad Territorial, conocidos como “Fondos Puente”. Según el informe, en el período 2024 varias municipalidades de la Región de Antofagasta no cumplieron plenamente con la obligación de publicar sus reportes en los portales de transparencia activa. Entre ellas se encuentran Antofagasta, Calama, Tocopilla, Taltal, Sierra Gorda y Ollagüe, que presentaron incumplimientos al no publicar información, hacerlo de manera incompleta o en ítems erróneos. En particular, Ollagüe, una de las 20 municipalidades con mayor aumento proporcional en su presupuesto por el Royalty, respondió fuera de plazo una solicitud de información. En ella reconoció la transferencia de $24 millones al área de educación municipal, aunque en 2025 no publicó voluntariamente antecedentes sobre el uso de estos recursos. En cuanto a los montos recibidos, Calama se ubicó como la segunda municipalidad con mayores aportes en 2024, con $2.164 millones, mientras que Antofagasta alcanzó el décimo lugar con $993 millones. Sin embargo, se detectó que Sierra Gorda y San Pedro de Atacama no reportaron a la SUBDERE el uso del Fondo de Equidad Territorial, y que Antofagasta, Taltal y San Pedro tampoco cumplieron con reportar oportunamente los recursos provenientes del Fondo de Comunas Mineras. La presidenta del CPLT, Natalia González, recalcó que “la Región de Antofagasta recibe sumas muy considerables del Royalty, y es indispensable que los gobiernos locales cumplan cabalmente con sus obligaciones de transparencia, para que los ciudadanos puedan ejercer control social y exigir que estos fondos se traduzcan en mejoras concretas para su calidad de vida”. A nivel nacional, el CPLT advirtió que un 61% de las municipalidades beneficiadas por los Fondos Puente no cumplió de manera íntegra con la publicación de reportes sobre el uso de estos recursos en sus plataformas de transparencia activa. Fuente: Antofagasta TV Regional
