A primera vista, Max parece inofensivo. Es una aplicación online, y su anodino logotipo azul y blanco no da ninguna pista sobre su origen ni su siniestro propósito. Sin embargo, este servicio de mensajería aparentemente inocuo está destinado a convertirse en una herramienta importante en el intento del presidente Putin de imponer un control total sobre la vida en línea de los rusos comunes. La aplicación, lanzada en fase de prueba en marzo, fue desarrollada por orden de Putin y ofrece mensajería instantánea, videollamadas, pagos móviles, redes sociales y acceso a servicios gubernamentales. Fue desarrollada por VK, empresa controlada por el Kremlin. Según una nueva ley, se instalará de forma predeterminada en todos los dispositivos digitales que se vendan en Rusia a partir del 1 de septiembre. Los críticos la han descrito como un «programa espía» que instala software de vigilancia en el teléfono inteligente del usuario, el cual permanece activo incluso después de desinstalar la aplicación. Se la considera el equivalente ruso de la aplicación china WeChat, que Pekín utiliza para la vigilancia y la censura en línea. “[Max] está interesado en dónde estuvo el usuario, a quién llamó o escribió, incluso a través de otros servicios de mensajería, qué billeteras de criptomonedas y cuentas bancarias tiene, así como qué compras realizó, qué cafés visitó y qué buscó en internet”, escribió Red Binder, un canal ruso de Telegram que se centra en temas en línea. Los datos recopilados por Max serán fácilmente accesibles para los servicios de seguridad del FSB y los agentes del Kremlin podrían incluso monitorizar las conversaciones en línea en tiempo real, según los analistas. Andrey Okun, periodista de la oposición rusa, calificó a Max como una pieza clave en los planes del Kremlin para construir un “gulag digital”, en referencia a los campos de trabajo soviéticos. “Será un espacio estéril donde las autoridades tendrán control absoluto sobre el tiempo libre, las motivaciones y los pensamientos de los ciudadanos”, escribió en un artículo para el sitio web Republic. Cuando Putin llegó al poder hace 25 años, cerca del 1% de los rusos tenía acceso a internet y el Kremlin le prestaba poca atención. Incluso en 2010, Putin desdeñaba en gran medida su potencial, describiéndolo como «50% material pornográfico» y afirmando no haber estado nunca conectado. Para 2011, cuando estallaron las primeras grandes protestas contra Putin en Moscú, una de cada dos personas tenía acceso a internet, y sitios web extranjeros como YouTube y Facebook se convirtieron en las armas más poderosas del movimiento opositor. Putin comprendió que, si no se controlaba, internet podría destruirlo. «[Internet] es un proyecto de la CIA», afirmó en 2014, sin aportar pruebas. Para garantizar la popularidad de Max, Moscú planea prohibir WhatsApp, el servicio de mensajería estadounidense utilizado por el 70% de la población adulta rusa. Si bien Facebook e Instagram, también propiedad de Meta, la empresa tecnológica estadounidense, fueron prohibidas por Moscú por considerarlas «extremistas» al inicio de la invasión rusa de Ucrania en 2022, el Kremlin se mostró reacio a actuar contra WhatsApp hasta tener un sustituto listo. La semana pasada, Anton Nemkin, miembro del comité de tecnología de la información del parlamento ruso, acusó a WhatsApp de ser una amenaza para la seguridad nacional, mientras que fuentes del Kremlin dijeron a Meduza, un sitio web de la oposición, que era “99 por ciento” seguro que la aplicación se agregaría a una lista de software extranjero que sería prohibido por orden de Putin. En mayo, un empresario ruso se quejó a Putin sobre las empresas tecnológicas occidentales, como Microsoft y Zoom, que aún operaban en el país. «¡Estrangúlenlas!», espetó el líder ruso en respuesta. Aunque Rusia comenzó a reprimir la disidencia en línea después de la anexión de Crimea por parte del Kremlin, sus acciones escalaron a niveles sin precedentes tras la invasión de Ucrania en 2022. Casi 4.000 personas han sido procesadas por publicaciones en línea que criticaban la guerra en los últimos tres años. En junio, una mujer rusa de 28 años que ayudó a miles de ucranianos a huir de la zona de guerra fue condenada a 22 años de prisión por una publicación en Instagram en la que pedía donaciones para el Batallón Azov de Ucrania. Nadezhda Rossinskaya, también conocida como Nadin Geisler, negó haber escrito la publicación . En Rusia ya es ilegal compartir o incluso dar «me gusta» a sitios web u otros materiales en línea prohibidos por el Kremlin. Según una ley aprobada por el Parlamento la semana pasada, que probablemente entrará en vigor en septiembre, pronto será ilegal incluso buscar en línea material «extremista», aunque no se comparta. El Kremlin ha clasificado como extremista desde las investigaciones anticorrupción de Alexei Navalny, el líder opositor que murió en una prisión rusa el año pasado, hasta información sobre temas LGBT y una canción punk rusa sobre la muerte de Putin. El año pasado, Rusia bloqueó 420.000 sitios web. Sin embargo, millones de rusos utilizan redes privadas virtuales (VPN), que permiten a los usuarios eludir la censura gubernamental ocultando su ubicación. Aunque YouTube, que en su día utilizó la oposición para movilizar apoyos, no ha sido bloqueado, su velocidad de descarga se ha reducido drásticamente en Rusia, en un aparente intento del Kremlin por desalentar su uso. Según datos de Google, la plataforma ha perdido cerca del 80 % de su tráfico en el país desde diciembre. Por ahora, Telegram, el servicio de mensajería instantánea fundado por Pavel Durov, el magnate tecnológico ruso , puede seguir operando. Durov ha negado las acusaciones de que la empresa, que afirma no tener empleados en Rusia, haya colaborado con los servicios de seguridad del Kremlin. El historial de Moscú en materia de censura en línea dista mucho de ser impecable. Un intento anterior de bloquear Telegram fracasó. Sin embargo, Mikhail Klimarev, director de la Sociedad de Protección de Internet de Rusia, afirmó que esperaba que Moscú redoblara sus esfuerzos antes de fin de año. «La nueva política estatal es aplastar a la competencia», declaró.
La empresa de Meta anuncio que en un apartado de la aplicación se incluirán publicidad. La aplicación busca una nueva forma de promover el crecimiento de empresas y creadores de contenido con la opción de suscripción. WhatsApp pone en marcha nuevas funciones en su pestaña de novedades, con la posibilidad de incluir anuncios en el apartado estados, la suscripción de pago a canales y canales promocionados. Unos cambios que no afectarán a los usuarios que solo emplean esta red para chatear con sus contactos. WhatsApp , propiedad de Meta, creó hace año y medio la pestaña de novedades, que abre la puerta a experiencias opcionales, como los estados y los canales, más allá del chat con los contactos del usuario. Esta pestaña que es utilizada cada día por 1.500 millones de personas y es donde va la gente para “descubrir algo nuevo en WhatsApp ” es la que acogerá las nuevas funcionalidades, señaló en un encuentro virtual con periodistas la responsable de mensajería empresarial de Meta, Nikila Srinivasan. Estas funciones serán un lanzamiento mundial en el que se irá “avanzando poco a poco en los próximos meses”, destacó Srinivasan. Dentro de los canales, que la mensajería activó hace algo más de un año y permiten, por ejemplo a empresas, difundir mensajes a grandes audiencias, surgirán ahora los canales promocionados. El objetivo es “ayudar a la gente a descubrir nuevos canales que podrían serle interesantes y dar a los administradores la capacidad de promover algunos de sus canales en el directorio para ayudar a atraer nuevos seguidores y obtener una mayor distribución de su contenido”, explicó. Además, se abre la posibilidad de las suscripciones de pago a los canales, cuyos propietarios “podrán compartir actualizaciones exclusivas en el momento con sus seguidores más comprometidos”. La tercera novedad hace referencia a los estados, similares a las ' stories' de Instagram, que se usan para compartir fotos, videos, notas de voz y texto con los contactos en común y duran 24 horas. Ahora, los canales y las empresas podrán pagar para aparecer en estados, “de modo que se pueda iniciar fácilmente una conversación en WhatsApp sobre un producto o servicio”, agregó Srinivasan. La responsable de Meta hizo hincapié en que los mensajes, llamadas y estados personales siguen estando cifrados de extremo a extremo, por lo que nadie, salvo el destinatario puede verlos o escucharlos, y no se usan para mostrar anuncios o informar sobre los que los usuarios ven. En este sentido explicó que para mostrar anuncios en los apartados de canales y estados se basarán en “información básica” como el código de país o ciudad y el idioma del dispositivo, además de información sobre la actividad del usuario en la pestaña de novedades (por ejemplo los canales que se siguen). Además, si el usuario ha decidido usar el centro de Cuentas de Meta para el resto de sus aplicaciones de esa empresa, como Instagram o Facebook, se aplicarán sus preferencias de anuncios. Las nuevas funciones, hizo hincapié Srinivasan, estarán solo en la pestaña de novedades y separadas de los chats personales, por lo que si el usuario solo emplea WhatsApp para mensajería personal las nuevas funciones no las verá y no le afectarán.
Una situación inusual ocurrida en una comisaría ha generado un importante precedente judicial en relación al uso de plataformas de mensajería en entornos laborales. Un carabinero presentó un recurso de protección después de que su colega accediera a su sesión de WhatsApp Web, la cual él había dejado abierta en un computador compartido, y tomara capturas de pantalla de una conversación personal. A pesar de que el caso llegó hasta la Corte Suprema, el funcionario no logró revertir la decisión en su contra. Todo comenzó cuando el carabinero sorprendió a su compañera imprimiendo pantallazos de una conversación suya con la intención de entregárselos a un superior. Esto sucedió mientras ambos utilizaban un equipo institucional compartido. Ante lo que consideró una seria invasión a su privacidad, el funcionario decidió recurrir a la justicia, argumentando la violación de sus derechos fundamentales como la vida privada, la honra y la protección de sus datos personales. Sin embargo, la Corte de Apelaciones de Copiapó no encontró convincente el argumento del carabinero y rechazó su solicitud. Según el tribunal, es responsabilidad de cada funcionario, en calidad de usuario —de WhatsApp, en este caso—, el correcto cierre de las sesiones de los programas que abre, la seguridad de sus cuentas y contraseñas y, en general, todo el manejo de su información confidencial. Un punto crucial en la resolución fue que el propio carabinero admitió haber dejado su sesión activa en un computador compartido. Esto llevó a la conclusión de que permitió tácitamente que terceros pudieran acceder al contenido de su mensajería. Por lo tanto, se determinó que la acción de su colega, aunque controvertida, no constituye un acto ilegal o arbitrario. A pesar del intento del funcionario por revertir la decisión ante la Corte Suprema, el máximo tribunal del país confirmó lo dictaminado por la instancia previa. De esta manera, este caso sienta un precedente importante: dejar abierta una sesión personal en un equipo compartido puede interpretarse como consentimiento implícito para que terceros accedan, eximiendo de responsabilidad a quien accede si no se toman medidas básicas de protección. Fuente: Publimetro
A primera vista, Max parece inofensivo. Es una aplicación online, y su anodino logotipo azul y blanco no da ninguna pista sobre su origen ni su siniestro propósito. Sin embargo, este servicio de mensajería aparentemente inocuo está destinado a convertirse en una herramienta importante en el intento del presidente Putin de imponer un control total sobre la vida en línea de los rusos comunes. La aplicación, lanzada en fase de prueba en marzo, fue desarrollada por orden de Putin y ofrece mensajería instantánea, videollamadas, pagos móviles, redes sociales y acceso a servicios gubernamentales. Fue desarrollada por VK, empresa controlada por el Kremlin. Según una nueva ley, se instalará de forma predeterminada en todos los dispositivos digitales que se vendan en Rusia a partir del 1 de septiembre. Los críticos la han descrito como un «programa espía» que instala software de vigilancia en el teléfono inteligente del usuario, el cual permanece activo incluso después de desinstalar la aplicación. Se la considera el equivalente ruso de la aplicación china WeChat, que Pekín utiliza para la vigilancia y la censura en línea. “[Max] está interesado en dónde estuvo el usuario, a quién llamó o escribió, incluso a través de otros servicios de mensajería, qué billeteras de criptomonedas y cuentas bancarias tiene, así como qué compras realizó, qué cafés visitó y qué buscó en internet”, escribió Red Binder, un canal ruso de Telegram que se centra en temas en línea. Los datos recopilados por Max serán fácilmente accesibles para los servicios de seguridad del FSB y los agentes del Kremlin podrían incluso monitorizar las conversaciones en línea en tiempo real, según los analistas. Andrey Okun, periodista de la oposición rusa, calificó a Max como una pieza clave en los planes del Kremlin para construir un “gulag digital”, en referencia a los campos de trabajo soviéticos. “Será un espacio estéril donde las autoridades tendrán control absoluto sobre el tiempo libre, las motivaciones y los pensamientos de los ciudadanos”, escribió en un artículo para el sitio web Republic. Cuando Putin llegó al poder hace 25 años, cerca del 1% de los rusos tenía acceso a internet y el Kremlin le prestaba poca atención. Incluso en 2010, Putin desdeñaba en gran medida su potencial, describiéndolo como «50% material pornográfico» y afirmando no haber estado nunca conectado. Para 2011, cuando estallaron las primeras grandes protestas contra Putin en Moscú, una de cada dos personas tenía acceso a internet, y sitios web extranjeros como YouTube y Facebook se convirtieron en las armas más poderosas del movimiento opositor. Putin comprendió que, si no se controlaba, internet podría destruirlo. «[Internet] es un proyecto de la CIA», afirmó en 2014, sin aportar pruebas. Para garantizar la popularidad de Max, Moscú planea prohibir WhatsApp, el servicio de mensajería estadounidense utilizado por el 70% de la población adulta rusa. Si bien Facebook e Instagram, también propiedad de Meta, la empresa tecnológica estadounidense, fueron prohibidas por Moscú por considerarlas «extremistas» al inicio de la invasión rusa de Ucrania en 2022, el Kremlin se mostró reacio a actuar contra WhatsApp hasta tener un sustituto listo. La semana pasada, Anton Nemkin, miembro del comité de tecnología de la información del parlamento ruso, acusó a WhatsApp de ser una amenaza para la seguridad nacional, mientras que fuentes del Kremlin dijeron a Meduza, un sitio web de la oposición, que era “99 por ciento” seguro que la aplicación se agregaría a una lista de software extranjero que sería prohibido por orden de Putin. En mayo, un empresario ruso se quejó a Putin sobre las empresas tecnológicas occidentales, como Microsoft y Zoom, que aún operaban en el país. «¡Estrangúlenlas!», espetó el líder ruso en respuesta. Aunque Rusia comenzó a reprimir la disidencia en línea después de la anexión de Crimea por parte del Kremlin, sus acciones escalaron a niveles sin precedentes tras la invasión de Ucrania en 2022. Casi 4.000 personas han sido procesadas por publicaciones en línea que criticaban la guerra en los últimos tres años. En junio, una mujer rusa de 28 años que ayudó a miles de ucranianos a huir de la zona de guerra fue condenada a 22 años de prisión por una publicación en Instagram en la que pedía donaciones para el Batallón Azov de Ucrania. Nadezhda Rossinskaya, también conocida como Nadin Geisler, negó haber escrito la publicación . En Rusia ya es ilegal compartir o incluso dar «me gusta» a sitios web u otros materiales en línea prohibidos por el Kremlin. Según una ley aprobada por el Parlamento la semana pasada, que probablemente entrará en vigor en septiembre, pronto será ilegal incluso buscar en línea material «extremista», aunque no se comparta. El Kremlin ha clasificado como extremista desde las investigaciones anticorrupción de Alexei Navalny, el líder opositor que murió en una prisión rusa el año pasado, hasta información sobre temas LGBT y una canción punk rusa sobre la muerte de Putin. El año pasado, Rusia bloqueó 420.000 sitios web. Sin embargo, millones de rusos utilizan redes privadas virtuales (VPN), que permiten a los usuarios eludir la censura gubernamental ocultando su ubicación. Aunque YouTube, que en su día utilizó la oposición para movilizar apoyos, no ha sido bloqueado, su velocidad de descarga se ha reducido drásticamente en Rusia, en un aparente intento del Kremlin por desalentar su uso. Según datos de Google, la plataforma ha perdido cerca del 80 % de su tráfico en el país desde diciembre. Por ahora, Telegram, el servicio de mensajería instantánea fundado por Pavel Durov, el magnate tecnológico ruso , puede seguir operando. Durov ha negado las acusaciones de que la empresa, que afirma no tener empleados en Rusia, haya colaborado con los servicios de seguridad del Kremlin. El historial de Moscú en materia de censura en línea dista mucho de ser impecable. Un intento anterior de bloquear Telegram fracasó. Sin embargo, Mikhail Klimarev, director de la Sociedad de Protección de Internet de Rusia, afirmó que esperaba que Moscú redoblara sus esfuerzos antes de fin de año. «La nueva política estatal es aplastar a la competencia», declaró.
La empresa de Meta anuncio que en un apartado de la aplicación se incluirán publicidad. La aplicación busca una nueva forma de promover el crecimiento de empresas y creadores de contenido con la opción de suscripción. WhatsApp pone en marcha nuevas funciones en su pestaña de novedades, con la posibilidad de incluir anuncios en el apartado estados, la suscripción de pago a canales y canales promocionados. Unos cambios que no afectarán a los usuarios que solo emplean esta red para chatear con sus contactos. WhatsApp , propiedad de Meta, creó hace año y medio la pestaña de novedades, que abre la puerta a experiencias opcionales, como los estados y los canales, más allá del chat con los contactos del usuario. Esta pestaña que es utilizada cada día por 1.500 millones de personas y es donde va la gente para “descubrir algo nuevo en WhatsApp ” es la que acogerá las nuevas funcionalidades, señaló en un encuentro virtual con periodistas la responsable de mensajería empresarial de Meta, Nikila Srinivasan. Estas funciones serán un lanzamiento mundial en el que se irá “avanzando poco a poco en los próximos meses”, destacó Srinivasan. Dentro de los canales, que la mensajería activó hace algo más de un año y permiten, por ejemplo a empresas, difundir mensajes a grandes audiencias, surgirán ahora los canales promocionados. El objetivo es “ayudar a la gente a descubrir nuevos canales que podrían serle interesantes y dar a los administradores la capacidad de promover algunos de sus canales en el directorio para ayudar a atraer nuevos seguidores y obtener una mayor distribución de su contenido”, explicó. Además, se abre la posibilidad de las suscripciones de pago a los canales, cuyos propietarios “podrán compartir actualizaciones exclusivas en el momento con sus seguidores más comprometidos”. La tercera novedad hace referencia a los estados, similares a las ' stories' de Instagram, que se usan para compartir fotos, videos, notas de voz y texto con los contactos en común y duran 24 horas. Ahora, los canales y las empresas podrán pagar para aparecer en estados, “de modo que se pueda iniciar fácilmente una conversación en WhatsApp sobre un producto o servicio”, agregó Srinivasan. La responsable de Meta hizo hincapié en que los mensajes, llamadas y estados personales siguen estando cifrados de extremo a extremo, por lo que nadie, salvo el destinatario puede verlos o escucharlos, y no se usan para mostrar anuncios o informar sobre los que los usuarios ven. En este sentido explicó que para mostrar anuncios en los apartados de canales y estados se basarán en “información básica” como el código de país o ciudad y el idioma del dispositivo, además de información sobre la actividad del usuario en la pestaña de novedades (por ejemplo los canales que se siguen). Además, si el usuario ha decidido usar el centro de Cuentas de Meta para el resto de sus aplicaciones de esa empresa, como Instagram o Facebook, se aplicarán sus preferencias de anuncios. Las nuevas funciones, hizo hincapié Srinivasan, estarán solo en la pestaña de novedades y separadas de los chats personales, por lo que si el usuario solo emplea WhatsApp para mensajería personal las nuevas funciones no las verá y no le afectarán.
Una situación inusual ocurrida en una comisaría ha generado un importante precedente judicial en relación al uso de plataformas de mensajería en entornos laborales. Un carabinero presentó un recurso de protección después de que su colega accediera a su sesión de WhatsApp Web, la cual él había dejado abierta en un computador compartido, y tomara capturas de pantalla de una conversación personal. A pesar de que el caso llegó hasta la Corte Suprema, el funcionario no logró revertir la decisión en su contra. Todo comenzó cuando el carabinero sorprendió a su compañera imprimiendo pantallazos de una conversación suya con la intención de entregárselos a un superior. Esto sucedió mientras ambos utilizaban un equipo institucional compartido. Ante lo que consideró una seria invasión a su privacidad, el funcionario decidió recurrir a la justicia, argumentando la violación de sus derechos fundamentales como la vida privada, la honra y la protección de sus datos personales. Sin embargo, la Corte de Apelaciones de Copiapó no encontró convincente el argumento del carabinero y rechazó su solicitud. Según el tribunal, es responsabilidad de cada funcionario, en calidad de usuario —de WhatsApp, en este caso—, el correcto cierre de las sesiones de los programas que abre, la seguridad de sus cuentas y contraseñas y, en general, todo el manejo de su información confidencial. Un punto crucial en la resolución fue que el propio carabinero admitió haber dejado su sesión activa en un computador compartido. Esto llevó a la conclusión de que permitió tácitamente que terceros pudieran acceder al contenido de su mensajería. Por lo tanto, se determinó que la acción de su colega, aunque controvertida, no constituye un acto ilegal o arbitrario. A pesar del intento del funcionario por revertir la decisión ante la Corte Suprema, el máximo tribunal del país confirmó lo dictaminado por la instancia previa. De esta manera, este caso sienta un precedente importante: dejar abierta una sesión personal en un equipo compartido puede interpretarse como consentimiento implícito para que terceros accedan, eximiendo de responsabilidad a quien accede si no se toman medidas básicas de protección. Fuente: Publimetro
