Alcaldesa de Sierra Gorda se querella por malversación de fondos públicos

Un complejo caso ha sacudido a la Municipalidad de Sierra Gorda, donde la Alcaldesa Adriana Rivera Vega ha presentado una querella por Malversación de Caudales Públicos contra ex funcionarios de la Fundación Cultural de Sierra Gorda. Esta acción se tomó luego de una revisión que reveló la falta de documentación en la rendición de gastos.

Al asumir el cargo el actual Secretario Ejecutivo, se detectó una situación irregular en una revisión administrativa, donde se solicitaba el reintegro de $8.782.637 pesos. La Fundación no registra documentación suficiente que justifique el uso correcto de esos recursos. La ausencia de respaldos válidos impide acreditar el destino del gasto y abre la posibilidad de un caso de mal uso de fondos públicos, según alertó el nuevo funcionario por correo electrónico.

La alcaldesa, en su calidad de presidenta de la Fundación Cultural, inició una revisión que reveló la falta de existencia de documentos o respaldo del monto y que los recursos fueron utilizados para fines distintos a los destinados. Se descubrió la existencia de egresos para servicios de traslado y compra de vestimenta para proyectos de forma indebida, es decir, no con los recursos destinados efectivamente para dichos proyectos.

En este escenario, se señala que los hechos ocurrieron durante las gestiones de los ex secretarios Michael Díaz Brito y Luis Larrea Araya. Según la acusación, los ex funcionarios mantenían a la institución bajo una estructura precaria, sin controles internos y con una deficiente trazabilidad financiera.

Además, se identificó a Soledad Chacón Labbé y Rodrigo Alegre Alay como funcionarios claves ligados al área contable y con manejo directo de las chequeras y rendiciones. Se expusieron depósitos simbólicos en la cuenta corriente del Banco Estado para ajustar diferencias en las rendiciones.

Ante estas irregularidades, se habría producido una bicicleta financiera donde se utilizaban recursos provenientes de subvenciones municipales para cubrir gastos que debían ser pagados con otros recursos. También se emitían cheques desde una cuenta que luego aparecían como "nulos", mientras el mismo gasto se financiaba con otra cuenta. Todo esto era realizado eludiendo controles internos.

Se detectaron pagos irregulares aprobados por Michael Díaz, incluyendo financiamiento para trajes a una Agrupación Folclórica dedicada al caporal, ajena a la Fundación Cultural. Una operación especialmente significativa fue la compra de vestuario por un monto aproximado de $4.700.000 destinada a esta agrupación no relacionada con los fines institucionales financiados con subvención municipal.